«Un sistema de previsión debe ser fuertemente solidario para que los ingresos de los jubilados no sean un simple reflejo de las desigualdades del mundo laboral, incluyendo un importante componente de reparto: la única forma de mejorar las bajas pensiones actuales. Pero tal solidaridad inter e intrageneracional no nos obliga a un esquema donde cada peso que entra desde la población activa se gaste en la población ya jubilada.»
Por Nicolás Grau | Fotografía de portada: Martín Bernetti/AFP
El sistema de pensiones chileno tiene, en mi opinión, dos importantes falencias. Por un lado, entrega pensiones bajas y muy desiguales. Por otro, las decisiones de inversión de los fondos sólo están guiadas por su rentabilidad privada, lo que representa una oportunidad desperdiciada para el desarrollo de nuestra economía y sociedad.
Aquí me concentro en el segundo problema. En particular, defiendo un sistema de ahorro previsional que además de considerar un fuerte componente de solidaridad intra e intergeneracional, exprese de mejor manera los intereses de los cotizantes en las decisiones de inversión. Esto, porque si bien desde un punto de vista individual puede ser razonable invertir nuestros ahorros según su rentabilidad privada, éste no es el mejor criterio bajo una mirada sistémica. Esta perspectiva resulta especialmente pertinente dado el total acumulado en nuestros fondos: 170 mil millones de dólares (70% del PIB).
Otros criterios
Cualquier sistema de pensiones va a estar condicionado por la estructura salarial del país. Sin embargo, es un error pensar que el promedio y la desigualdad salarial son independientes de la forma en que se inviertan las pensiones.
A este respecto, es posible pensar nuevos criterios de inversión que, al mejorar los sueldos, mejoren también las pensiones. Por ejemplo, además de considerar la rentabilidad de las empresas, la inversión de los fondos previsionales debería tener en cuenta la fracción de sus ingresos que se paga en salarios y así no incentivar a las empresas a tratar de pagar los salarios más bajos posibles para aumentar su rentabilidad. También se deberían considerar indicadores de desigualdad salarial al interior de la empresa, en particular, la razón salarios mujer/ salarios hombre.
También sería pertinente incluir otros criterios de inversión que consideren importantes externalidades. Por ejemplo, la inversión debería tener un sesgo hacia las empresas que tienen bajos niveles de contaminación y políticas de sustentabilidad. Si la contaminación la sufrimos todos, no deberíamos incentivarla con nuestros ahorros.
A su vez, una política distinta de inversión podría fortalecer nuestra democracia. Para ilustrarlo basta recordar el debate tributario al comienzo de este Gobierno, marcado por la efectiva amenaza de que la inversión se iría a otros países. Paradójicamente, en el esquema actual no hay razón alguna para que nuestros fondos de pensiones no sigan la misma dinámica, tensionando nuestra democracia del mismo modo que lo haría el capital de cualquier privado al buscar maximizar su rentabilidad. Para revertir esta irracionalidad, la inversión de los fondos de pensiones no debería descontar de la rentabilidad de las empresas la pérdida producto del alza de sus tributos.
Una nueva institucionalidad
Para implementar esta diversificación de criterios de inversión se requiere de una nueva institucionalidad.
Sin descartar organizaciones de menor tamaño y eventualmente privadas que, como sucede en otros países, participaran en la licitación de fondos de inversión, la base de este diseño incluiría una nueva agencia nacional, multidisciplinaria y con alta capacidad técnica, encargada de desarrollar y monitorear un plan de inversión coherente con los objetivos democráticamente definidos. Esta institución podría tener una independencia similar a la del Banco Central, teniendo que rendir cuentas al Parlamento cada año respecto al cumplimiento de estos objetivos. A su vez, debería considerar un consejo ciudadano que hiciera recomendaciones y monitoreara su quehacer.
La nueva institucionalidad tendría una serie de externalidades positivas para el desarrollo de nuestra política económica. Por un lado, permitiría cierto control social sobre una parte sustantiva de la inversión. Por otro, tendría un fuerte efecto cultural y organizacional en el mundo empresarial y en la relación de poder entre los empresarios y los trabajadores, incentivando a las empresas a generar estrategias de inversión, innovación y de desarrollo organizacional que fueran compatibles con los objetivos sociales del país.
Pensiones, reparto y transición
Un nuevo sistema de reparto puro, entendido como un esquema donde lo cotizado por la generación activa financia –sin generar ahorro- la jubilación de la generación pasiva, implicaría perder la oportunidad de mejorar el promedio y distribución de los salarios y de democratizar las decisiones de inversión. Esto, porque sin ahorro previsional no existiría una inversión de esta magnitud que pudiera expresar los intereses de la mayoría y que, como tal, contrarrestara los intereses de la minoría, que naturalmente refleja la inversión capitalista.
Un sistema de previsión debe ser fuertemente solidario para que los ingresos de los jubilados no sean un simple reflejo de las desigualdades del mundo laboral, incluyendo un importante componente de reparto: la única forma de mejorar las bajas pensiones actuales. Pero tal solidaridad inter e intrageneracional no nos obliga a un esquema donde cada peso que entra desde la población activa se gaste en la población ya jubilada.
Gradualidad
Es evidente que hoy no tenemos ni la capacidad técnica ni institucional para lograr implementar un nuevo esquema de inversión como el descrito. Se requiere gradualidad. Así, es importante que además de ir avanzando hacia un sistema mixto (con ahorro colectivo y reparto), se vaya progresivamente invirtiendo una mayor parte de los fondos bajo este nuevo esquema. El aumento de las cotizaciones actualmente debatido puede ser una interesante oportunidad para aquello.
Conversar estos nuevos criterios de inversión puede ser complejo y muy riesgoso. A su vez, hay una importante dificultad técnico-política en integrar todos estos nuevos criterios a la hora de comparar distintos perfiles de inversión. Pero no discutirlo no significa ser neutros. Por el contrario, significa que con nuestros ahorros estamos votando para que en nuestra economía el poder de los trabajadores, el cuidado del medio ambiente y los derechos de las mujeres estén supeditados a la rentabilidad del capital, por nombrar algunos aspectos que nos parece relevante resguardar.
La reforma de pensiones de los ‘80 fue pensada, principalmente, como una forma de dinamizar y fortalecer el desarrollo capitalista chileno. Un capitalismo especialmente concentrado, con fuertes asimetrías de poder y muy desigual. Y fue exitosa en aquello. Debemos superar esta traumática experiencia y articular un sistema de pensiones que sin descuidar su objetivo principal, asegurar pensiones adecuadas para todas y todos nuestros adultos mayores, logre contribuir a la construcción de una sociedad con más igualdad y más democracia.
