“Tener una vivienda no necesariamente es habitar bien”, plantean los autores de esta columna, firmada por los integrantes del Instituto de la Vivienda (INVI) de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo de la Universidad de Chile. Enfrentar la crisis habitacional exige superar la mirada centrada solo en el déficit y avanzar hacia una comprensión más amplia del hábitat residencial, incorporando infraestructura, accesibilidad, cuidados, movilidad y calidad de vida en un país que envejece aceleradamente.
Por Equipo INVI (*) | Imagen principal: Martin Bernetti / AFP
En Chile se suele entender el “problema habitacional” como la cuantificación del déficit de viviendas. Así se ha venido escuchando en el debate nacional, donde gran parte de los esfuerzos se han concentrado en aumentar la producción de viviendas, con especial énfasis en la propiedad individual. Pero cuando caminamos por nuestros barrios, en particular los más vulnerables, o visitamos a una persona mayor que vive en una vivienda sin acceso adecuado a equipamientos, o vemos lo expuestos que están nuestros territorios a sufrir desastres socionaturales, se hace evidente que el problema no es solo cuántas casas faltan, sino qué tipo de hábitat residencial estamos construyendo (y dejando de construir).
El hábitat residencial no se limita a la vivienda; comprende también los barrios, las infraestructuras, los servicios, las redes de apoyo, los espacios de encuentro y las condiciones que permiten sostener la vida cotidiana de sus habitantes.
Entender la crisis habitacional desde el hábitat residencial implica desplazar el foco desde la vivienda como objeto hacia las condiciones que hacen posible el habitar. No se trata únicamente de cuántas viviendas existen, sino de cómo el territorio permite —o dificulta— cuidar y ser cuidados, desplazarse, acceder a oportunidades, construir vínculos y sostener la vida cotidiana a lo largo del curso de la vida.
Por eso, aunque el déficit habitacional es un indicador muy relevante, representa solo la punta de un iceberg que oculta procesos estructurales como el allegamiento, el envejecimiento acelerado de la población, las desigualdades en movilidad y acceso a servicios, la creciente exposición a riesgos ambientales y un país que continúa apostando principalmente por un único modelo de acceso a la vivienda: la propiedad individual.
El riesgo es que la emergencia habitacional termine justificando una discusión centrada exclusivamente en la producción de viviendas, dejando fuera preguntas estructurales sobre bienestar, desigualdad territorial y calidad de vida en Chile.
Esta mirada resulta especialmente limitada frente a los cambios demográficos en desarollo, donde el envejecimiento poblacional es uno de los procesos más decisivos de las próximas décadas. En Chile ya hay más de un 14% de personas mayores de 65 años y, para 2050, se proyecta que cerca de un tercio de la población pertenecerá a este grupo etario. Estos datos no solo describen un cambio demográfico, sino que ponen de relieve cómo las condiciones del habitar se construyen y acumulan a lo largo del curso de la vida, condicionando las posibilidades de bienestar, autonomía y participación en la vejez.
Muchas personas mayores viven en departamentos o casas sin accesibilidad, sin transporte ni servicios cercanos, y sin posibilidades reales de relocalización. La vivienda puede mantenerse en propiedad, pero ello no garantiza autonomía, bienestar ni acceso efectivo a oportunidades urbanas. Tener una vivienda no es necesariamente habitar bien. Un país que envejece exige que el hábitat residencial se piense como un ecosistema integrado e interdependiente de vivienda, barrio, servicios, movilidad y cuidados, no solo como unidades físicas emplazadas en un terreno.
Aquí entra el segundo gran punto crítico: la infraestructura urbana. La política habitacional chilena ha sido históricamente fuerte en la construcción de viviendas y relativamente débil en la dotación de infraestructura barrial y servicios. Vías sin pavimentar, veredas inexistentes, paraderos lejanos, falta de iluminación, plazas deterioradas o escasez de equipamientos siguen formando parte de la experiencia cotidiana en numerosos barrios de vivienda social y en campamentos.
La vivienda puede ser nueva, pero si el entorno permanece precarizado, el hábitat continúa siendo desigual. La evidencia acumulada durante décadas muestra que la calidad de vida no depende únicamente de la vivienda construida, sino de las condiciones territoriales que permiten acceder a educación, salud, trabajo, recreación y redes de apoyo. En otras palabras, el problema no es solamente dónde vivimos, sino cómo habitamos, cómo nos movemos, cómo cuidamos y cómo somos cuidados dentro de nuestros espacios cotidianos.
En este sentido, la discusión actual corre el riesgo de volver a soluciones que ya mostraron sus límites: aumentar densidad sin asegurar infraestructura, accesibilidad, equipamientos ni calidad del entorno. Y ahí emerge un tercer punto: la persistente dependencia de la propiedad individual como principal mecanismo de acceso a la vivienda. Si alguien pregunta cómo se accede a la vivienda en Chile, la respuesta casi automática sigue siendo: mediante la compra apoyada por subsidios.
Nuestra política habitacional se ha organizado históricamente en torno a la propiedad como sinónimo de seguridad. Sin embargo, para muchas personas —migrantes, hogares monoparentales, jóvenes, trabajadores precarios o personas mayores— esta trayectoria resulta cada vez más difícil o simplemente inaccesible.
Desde una perspectiva de hábitat residencial, esto evidencia la necesidad de ampliar las formas de acceso y comprender la vivienda más allá de la propiedad individual. Un hábitat residencial más democrático exige diversificar las alternativas disponibles: arriendo social regulado, vivienda pública en arriendo, cooperativas de cesión de uso y otras formas comunitarias de tenencia. Experiencias como las cooperativas de ayuda mutua en Uruguay, basadas en la autogestión y la propiedad colectiva, o los modelos de coresidencia para personas mayores desarrollados en el Reino Unido, muestran que existen alternativas capaces de combinar estabilidad residencial, apoyo comunitario y acceso a la vivienda sin depender exclusivamente de la propiedad individual. Más que discutir únicamente quién es propietario, necesitamos discutir cómo garantizar estabilidad residencial, arraigo territorial y condiciones dignas para habitar a lo largo del curso de vida.
En síntesis, el debate habitacional en Chile necesita ampliar su horizonte. La vivienda no puede seguir entendiéndose solo como una unidad construida o un bien de propiedad individual, sino como parte de un hábitat residencial que haga posible vivir, cuidar y permanecer en el territorio en condiciones de dignidad.
Las preguntas que debieran orientar la discusión son: ¿Cómo garantizamos condiciones dignas para habitar a lo largo de la vida en un país que envejece aceleradamente? ¿Cómo construimos políticas habitacionales capaces de articular vivienda, infraestructura, movilidad, cuidados y sostenibilidad territorial?
Después de décadas de políticas habitacionales centradas en reducir el déficit, Chile ha aprendido que construir viviendas, aunque indispensable, no basta para responder a la complejidad de la crisis habitacional contemporánea. La principal contribución del enfoque de hábitat residencial es ampliar esa mirada: comprender que el habitar se construye en la relación entre la vivienda, el territorio y la vida cotidiana de las personas. Solo así podremos responder a los desafíos de una sociedad que envejece, se transforma y demanda nuevas formas de habitar en el siglo XXI.
(*) Jorge Larenas S. (Director INVI), Rebeca Silva R. (Subdirectora INVI), Paola Jirón M., Mariela Gaete R., Valentina Saavedra M., Mónica Auban B., Luis Campos M., Gabriel Felmer P., Walter Imilan O., Carlos Lange V., Juan Pablo Urrutia M., Elisabeth Ávalos O., Sandra Rivera M., Katia Venegas F. y Carmen Cornejo C.
