Frente al desafío de pensar un Chile nuevo, la poeta chilota Rosabetty Muñoz hace el ejercicio de imaginar una Constitución donde haya espacio para una gran pluralidad de voces y formas de vivir; un país, dice, que contemple todas las expresiones artísticas como parte esencial de la convivencia cívica.

Por Rosabetty Muñoz

La señora Olivia murió este año de la Peste. Con ella se fueron múltiples saberes, salvo los que dejó a sus hijos y nietos o grabados en la memoria viva de sus vecinas con las que sembraban y mariscaban en mingas mujeriles allá por la antigüedad sin tiempo de las islas menores del archipiélago. Sospechábamos que, con ella, se perdería un fragmento de mundo, así es que alguna vez tratamos de entrevistarla, pero ella se trabó, se puso rígida y sacó a relucir una lengua de salón, azumagada y oscura, como esas piezas de las casas chilotas que nunca se abren a menos que lleguen visitas importantes. Una lengua ajena, que no sentía como suya, esa con la que rabiaba y se emocionaba; la de su madre (porque el padre en estos lugares casi no habla), esa lengua lírica que la empujaba a la metáfora para decir su inteligencia sensible, más grande que lo aprendido en las escuelas. La lengua impostada, que parecía la correcta, era como los zapatos que nada más bajarse de la lancha, tiraba lejos para correr descalza sobre las piedras.

Recordando a la señora Olivia, pienso en una Constitución que se declare multicultural, que reconozca a los pueblos originarios, también a los migrantes y a las comunidades que han establecido identidades propias, realidades de pertenencia cultural distintas a la oficial. Necesitamos que se declare en forma explícita el fomento y desarrollo de las comunidades de acuerdo con sus particulares necesidades y formas de vida; esto se relaciona con otros aspectos como el económico y el social, como lo contempla el reconocimiento de la cultura como derecho humano de segunda generación.  La cultura propia del archipiélago de Chiloé, por ejemplo, ha sufrido los embates de una economía que prácticamente ha eliminado la posibilidad de autonomía que tuvo.

De esto tiene que hablar la Constitución. Quiero pensar en el ejercicio de la memoria como patrimonio. Más allá de las huellas materiales, de los objetos o construcciones que son señas de una determinada cultura (y que me parecen también importantes de considerar), pienso en las manifestaciones afectivas, emotivas que fueron conformando nuestra trama cultural. Todos esos elementos que parten de la gente y han dado cuerpo a imaginarios, a formas de entender el mundo y cómo dialogan con otros modos de ser y vivir; a esto me refiero con el reconocimiento multicultural. Pensando en una nueva Constitución y en el respeto a las diversas identidades, pienso en formas de resolución de problemas privilegiando el cooperativismo, la relación directa entre las necesidades y la colaboración de todos para alcanzar un bien común.

La señora Olivia era de Quenac, una isla que llegó a tener en los años 70 una capilla, una escuela, un pequeño retén de Carabineros, una posta, dos lanchas de recorrido a Achao. Ella fue viendo cómo se empobrecían las familias enviando a sus hijos a estudiar lejos; se retiraron los servicios públicos, muchas familias se vieron obligadas a emigrar en busca de oportunidades. Hoy ya quedan sólo ancianos y casas abandonadas. No alcanzó a disfrutar del progreso que tanto se anunciaba por televisión. Todos los relatos, el imaginario creado a partir de su particular modo de estar en el mundo, desaparecen, se disgregan. Recuerdo, por ejemplo, la experiencia de la representación “Fiesta de moros y cristianos”, que se hacía en la isla con toda la comunidad: bajaban desde los sectores altos a caballo, caracterizados, y se enfrentaban en el plano frente al mar con diálogos que se conservaban del castellano viejo. Todo el territorio como escenario, todos los habitantes como actores y público al mismo tiempo. ¿No es eso un deseo de quienes trabajamos con el arte?

El derecho a la cultura es interdependiente de otros derechos como la educación o la autodeterminación que permitirá que cada territorio responda a sus propias necesidades y formas de vida. Así no volverán a perderse ricas tradiciones o manifestaciones culturales por el obligado cambio de vida de los habitantes. Queremos un país donde esté representada toda la riqueza del gran tapiz que somos. Desde octubre de 2019 asistimos al despliegue de una cultura colorida, rica en ternuras ancestrales, antiguas memorias que buscan las formas de sanar las heridas que provoca un sistema injusto: escuelas de rock, muralismo, danzas pintadas, música, poesía; toda una resistencia que ha servido para hilvanar esta fuerza vital que ahora debe ser declarada y valorada en el nuevo pacto social. Reconocer la diversidad que somos y permitir que se desplieguen cuerpos, imaginarios, territorios, enriqueciendo la vida comunitaria.

Sueño un país que privilegia otra manera o maneras de ser humano, donde es más importante la persona que los bienes, y es más importante armar formas de ser con los otros como una celebración de vivir juntos, una forma de resolver los problemas en forma comunitaria.

Entrar de lleno a vivir una educación que piense orgánicamente en formas distintas de enseñar, de aprender los saberes de las comunidades y, al mismo tiempo, dialogar con el mundo abierto más allá de la cordillera. Una educación que valore el papel de las mujeres y permita el desarrollo de cada persona sin distinciones de género. En estas islas, la riqueza cultural se ha mantenido en la voz de las mujeres, que en corro y a pesar de todos los pesares, continúan un relato complejo, denso, repleto de una humanidad que nos hace mucha falta.

En el nuevo país, se dejará claro una forma de desarrollo que no fomente la competencia y el individualismo. Que considere la recomposición del tejido social desde el trato de las personas hasta el lenguaje para referirse a ellas, desde las instituciones, desde el Estado, desde los medios de comunicación, desde todo el aparato informativo. En la Carta Fundamental se abandonará la nomenclatura económica para hablar de nuestro desarrollo cultural: industrias culturales / consumo cultural / mercado / mercancía para referirse a las obras y personas. Todo empieza y termina en el lenguaje, por eso, como dice Adriana Valdés, la Constitución debe estar escrita en forma bella, que podamos memorizar algunas partes, que la pueda leer un niño. Ese mismo niño que soñaba Mistral, nutrido de clásicos aunque no los entienda a cabalidad, pero puestos a su alcance desde el principio, le permitirá asomarse a los misterios de la realidad abierto de mente, fundido en ella.

Tenemos la posibilidad de soñar un Chile que nos acoja, que abra sus profundas capas vivas y que guarde la fragancia de lo que ha sido en distintas épocas. Que es capaz de transformarse sin dejar sus maravillas atrás.

Y a propósito de la creación artística, recuerdo haberme conmovido con una escena de película: la cámara seguía los pormenores de una presentación privada de una cantante de ópera muy reputada. Mientras ella sacaba de sí el dolor del texto y elevaba su esfuezo vocal dejando su pasión a vista de todos, los presentes hablaban en voz baja entre ellos, algunos salían, otros entraban; en la trama de sus vidas no se percibía ninguna variación. Antes habían discutido incluso si la artista debía comer en la cocina con los sirvientes o en la mesa con los invitados.

Ese lugar del artista como un adorno o recurso suntuario para consumo de una elite limita otras formas de entender el papel del arte en nuestro espacio cultural. Sueño más bien con un país que contemple todas las expresiones artísticas como parte esencial de la convivencia ciudadana. Para quienes nos formamos en tiempo de dictadura, el quehacer artístico está ligado a la vida de la comunidad, al devenir histórico. En contraste con la imagen de la cantante ignorada, recuerdo otro espacio también difícil para la presentación artística: las peñas, que se convirtieron en lugar de encuentro y espacio de resistencia en la década de los 80. También allí  había ruido y era un desafío hacerse oír, pero la diferencia está en la profunda unión que se producía en torno a las palabras que solían elevarse por sobre las conversaciones y quedar reverberando en los espíritus de todos. Se fundían y alimentaban algo mayor que las voces individuales.

Olga Torkaczuk, en su discurso de aceptación del Premio Nobel, critica la literatura del yo. Aún cuando los libros son una enorme plaza donde todos pueden contar su destino, se han acabado convirtiendo en “un coro de solistas, voces ahogándose unas a otras: nos falta la parábola”. El nuevo pacto social nos debería garantizar la libertad de buscar esa parábola.

Sueño un país donde la cultura es un derecho esencial y el arte un pan que debe estar en todas las mesas.

Siento mucho la muerte de la señora Olivia, ella era un vínculo esencial con la cultura de las islas que, por cierto, no es una sola. Su voz y sus afanes eran necesarios para seguir el hilo de la narración completa de quiénes somos y quiénes quisiéramos ser. Insisto en la microhistoria que tanto nos cuesta ver a veces, porque considero que su latido es imprescindible en el país que queremos pensar. Precisamente se trata de convocar a todas y todos, que nadie sienta que no pertenece o no tiene un lugar. Imagino la nueva Constitución conteniendo una enorme pluralidad de voces y formas de vivir.

Sueño con decir a mis nietos: armaremos otras ciudades, ya lo verás.

Reconstruir, refundar, rearmar, son las palabras del futuro.

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Crédito Ilustración: Fabián Rivas

Es necesario que el proceso institucional sepa conectarse con la discusión no institucional, informal, que estará ocurriendo en el país. Aquí el piso es, contra algunas sugerencias que ya se han escuchado, transparencia y publicidad, pero también audiencias públicas y mecanismos de vinculación de los convencionales con los distritos que los eligieron.

Por Fernando Atria

El problema

Al aproximarnos al inicio formal del proceso constituyente, es útil preguntarse qué es lo que una nueva Constitución significa para Chile. Y para responder esta interrogante sirve preguntarse qué es y que hace una Constitución.

Los profesores de derecho constitucional suelen decir que su función principal es limitar el poder. Esto es, a mi juicio, manifiestamente errado, aunque no porque el poder no necesite ser limitado. Es que eso no puede ser pensado como la primera función de una Constitución, sino como la segunda. Antes de limitar el poder, éste necesita ser creado, constituido. Esa es la función principal de toda Constitución.

Esto sirve para explicar el problema constitucional actual y las características fundamentales de una nueva Constitución que lo solucione. El problema actual es que la Constitución constituye el poder con la finalidad de neutralizarlo, de hacer imposible cualquier decisión genuinamente transformadora. Y la solución es una genuina Constitución, la de un poder democrático.

¿Cómo hacerlo? ¿Cómo constituir, en nuestras condiciones, un poder democrático eficaz? La respuesta no es obvia, porque nos encontramos en una etapa muy avanzada de un proceso de deslegitimación institucional que tiene al menos 15 años de desarrollo, durante el cual los conceptos democráticos se han ido vaciando de contenido. Una institucionalidad neutralizadora de la agencia política del pueblo se deslegitima en la medida en que su dimensión neutralizadora se hace evidente, pública. Esto comenzó a ocurrir en 2006, con el movimiento secundario (llamado “pingüino”). Y luego sólo fue aumentando: en 2011, el movimiento contra HidroAysén y luego el movimiento estudiantil; en 2017, No+AFP; en 2018, el movimiento feminista, por mencionar sólo los más notorios. Todas estas demandas ciudadanas de transformación chocaron con una política que, por neutralizada, aparecía ante los ciudadanos como indiferente e indolente a ellas. Esto comenzó a crear un divorcio entre la política institucional y la sociedad, que la miraba con cada vez más suspicacia. Ese divorcio hizo y hace que la política institucional tenga menos poder que el que tenía antes, lo que hace que actúe de modo más indiferente e indolente y esto aumenta el divorcio, en un círculo vicioso cuyo punto de llegada fue el 18 de octubre.

El resultado de todo esto ha sido la crisis de legitimación que hoy sufren todas las instituciones políticas. Bajo la Constitución de 1980 la idea democrática de que el poder viene del pueblo ha perdido toda realidad en la experiencia de las personas. O, para decirlo de otro modo, la idea de representación política no sobrevivió a los primeros 15 años de intervención del Senado por los senadores designados y a 25 años de un sistema electoral cuyo sentido era manipular el resultado de las elecciones. Irónicamente, la campaña del Rechazo ha intentado explotar esta destrucción de las condiciones sociales del principio democrático, con su insistencia de que decir que la nueva Constitución será redactada por “la gente” es un engaño, porque en realidad será redactada por un conjunto de personas elegidas por votación popular. Este discurso pretende conectar con lo que los ciudadanos y ciudadanas han aprendido en estos treinta años: que el hecho de que un órgano esté integrado por representantes elegidos en una votación popular no implica que ese órgano represente, porque no son los ciudadanos los que deciden. La campaña del Rechazo es la mejore explicación del daño que la Constitución ha causado, el que la nueva Constitución debe reparar.

La solución

Después de haber identificado el problema, es claro cuál es la solución: una nueva Constitución que dé al principio democrático realidad en la experiencia de las personas. Esta realidad no ha de ser pensada de modo ingenuo, como si cada decisión política fuera una decisión que cada ciudadano entienda, “sienta” o haya sido directamente tomada por él o ella. Esto es un estándar imposible de satisfacer. Pero es innecesario, como lo muestra el que probablemente es el único caso en que la política institucional ha sido vista actuando de modo representativo: el de la reforma constitucional que autorizó el retiro del 10% de los ahorros previsionales. Se trató de algo enteramente inédito: una demanda que surgió de la sociedad y respecto de la cual la política institucional entendió que, por su propia debilidad, no podía sino conducir. El resultado fue una decisión que las personas vieron como propia, no de “los políticos”.

La nueva Constitución necesita constituir una política que esté a la altura del principio democrático; esto quiere decir, que las personas se vean representadas por ella. Esto tiene dos dimensiones, una de contenido y otra de forma. Por un lado, necesita constituir una política que esté habilitada en vez de neutralizada. Puede parecer irónico que la solución a una política deslegitimada sea una política con más poder, y esta apariencia de ironía por cierto ha sido explotada en la campaña del plebiscito del 25 de octubre por quienes quieren mantener el statu quo de una política neutralizada. Pero en realidad es una cuestión bastante simple. El poder de la política institucional es la medida del poder de la ciudadanía. Así, sólo si la política institucional tiene poder para acabar con las AFPs puede decirse que corresponde al pueblo decidir si ha de seguir habiendo o no AFPs. Si la política, como ocurre hoy, no tiene ese poder, entonces la voluntad manifestada por los ciudadanos en torno a esta cuestión es indiferente (como ha sido hasta ahora).

En cuanto a su contenido, entonces, la nueva Constitución ha de configurar una política no neutralizada, una que tenga poder y que pueda tomar decisiones transformadoras. Eso implicaría re-habilitar al pueblo para tomar esas decisiones, lo que no se logrará de un día para otro, pero el círculo vicioso que destruyó a la Constitución de 1980 nos anuncia la posibilidad de una inversión que cree un círculo virtuoso contrario: una nueva política muestra su capacidad de actuar y con eso contribuye a restablecer su vínculo con la sociedad, la realidad de la representación, lo que le da, en los hechos, más capacidad de actuar.

Para lograr lo anterior, la nueva Constitución deberá darle realidad en la experiencia al principio democrático, introduciendo mecanismos de partición democrática como iniciativa popular de ley, referéndums revocatorios de leyes, etc. Estas formas participativas no han de verse, a mi juicio, como una alternativa a la democracia representativa, sino como condición para que la representación tenga realidad.

En segundo lugar, la representación debe ser hecha realidad en el proceso constituyente mismo, lo que quiere decir que la convención constitucional que decidirá la nueva Constitución debe ser vista como representativa del pueblo.

La convención constitucional será el espacio institucional para la discusión constituyente. Esa discusión, sin embargo, no será la única. Al mismo tiempo habrá una discusión ciudadana sobre la nueva Constitución que ocurrirá, informalmente, en plazas, calles, juntas de vecinos, sindicatos, federaciones estudiantiles, etc. Y la idea fundamental en la que descansa el principio democrático, pero que hoy no tiene realidad alguna en la experiencia de las personas, es que las discusiones y decisiones institucionales representan las discusiones y decisiones informales que ocurren en la sociedad. Por cierto, esto último va contra la idea de representación propia de la política de los últimos treinta años, que es una mera formalidad sin contenidos, de acuerdo con la cual un diputado representa porque hay una norma que dice que representa. Pero precisamente de eso se trata: de que la Constitución dé paso a una política distinta de la de los últimos treinta años. Y el primer paso es que la discusión y decisión de la nueva Constitución sea genuinamente representativa, que sea vista y reconocida como tal. Pero para que sea vista y reconocida como tal no basta la forma, no basta que sea elegida en una votación popular, no basta que haya una norma que disponga que será representativa. Es necesario que el proceso institucional sepa conectarse con la discusión no institucional, informal, que estará ocurriendo en el país. Aquí el piso es, contra algunas sugerencias que ya se han escuchado, transparencia y publicidad, pero también audiencias públicas y mecanismos de vinculación de los convencionales con los distritos que los eligieron.

Del modo de operación de la convención constitucional dependerá si esto es posible. Y de que sea así, de que la convención logre ser vista como genuina representante del pueblo chileno en la discusión y decisión relacionada con la nueva Constitución, depende que de ella surja una Constitución que contribuya a solucionar el problema de deslegitimación política que ha sido el legado de treinta años bajo la Constitución tramposa.