En este libro, Diamela Eltit, una de las más grandes narradoras e intelectuales chilenas, se remite fundamentalmente a tres ámbitos: arte, literatura y política, desde allí emerge la noción de estética del poder y la resistencia. Ese es el territorio en que se despliega Réplicas. Escritos sobre literatura, arte y política (Santiago, Planeta, 2016) un volumen que interpela a la catástrofe, rebate, marca la disidencia, subvierte la palabra, la ley y su representación de lo real.
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Es difícil pensar en funciones que deban ser asumidas más responsablemente que aquellas que le son encomendadas a la universidad. Destacan la formación profesional de los jóvenes, la investigación científica e innovación, la conservación del acervo cultural. En el caso de Chile resulta aún más difícil comprender que sea el Estado quien se desentienda de esas responsabilidades y se instale él mismo en ese paraíso de fácil acceso al cual, para ingresar, basta con ignorar la realidad. Cómodamente se asume que sólo se necesita la propia convicción de que todo está bien.
Las críticas fundadas que en todo el mundo han expuesto las universidades a un modelo que amenaza sus valores definitorios, así como el descontento airado del movimiento estudiantil, por muchos años no han constituido evidencia relevante para cuestionar ese modelo.
Recientemente, el Estado chileno tuvo que darse por enterado de que una corporación privada extranjera habría lucrado en nuestro país. Esto ocurrió no como resultado de una investigación propia; el Estado chileno no parecía preocupado de inquirir nada. La pregunta ¿usted lucra en Chile? no fue formulada por nosotros, sino por el país de origen de esa corporación.
La corporación privada en cuestión ha crecido desde el año 2005 a la fecha de 57 a 175 mil estudiantes. Esto le ha significado no sólo triplicar su matrícula, sino que superar a la totalidad del sistema universitario estatal que, con sus 167 mil estudiantes, prácticamente no mostró variación.
Es llamativo que estas cuestiones referidas a modelos de negocio y a matrícula, las que se arrastran por tanto tiempo y que son tan evidentes, hayan sido ignoradas por el Estado chileno. Éste -si se me permite la ironía- tampoco optó por imitar a estas instituciones que habían sido productivas en aumentar matrícula, u ofrecer alternativas aún más exitosas para competir en el mercado. No dijo “lo que estas privadas han hecho con tanto éxito lo haremos nosotros en nuestras universidades estatales para expandir la matrícula”. Tampoco dijo “haremos otra cosa, cuyo resultado será aumentar significativamente la matrícula”. ¿Por qué? Quizás porque no le interesaba que sus propias universidades crecieran. O quizás por otra razón, infinitamente más preocupante, a saber: porque no las consideraba “nuestras” universidades.
Tampoco el Estado mostró gran interés por conocer la calidad de la educación resultante de la expansión de la matrícula. La educación por la cual se ilusionaban y se endeudaban “nuestros” jóvenes. A estos jóvenes nuestros, pareciera que el Estado les cumpliera de sobra con facilitar los créditos para que estudien. Allá ellos qué carrera, qué universidad eligen. El Estado no se hace responsable de nada, se desentiende de lo que a esos estudiantes les ocurra. Eso no podría hacerlo si asumiera la responsabilidad de sus universidades estatales. Por ejemplo, las vacantes que ofrecen sus propias universidades debieran responder a las necesidades reales y resultar coherentes con el desarrollo regional y nacional.
Más allá de cuánto financiamiento cada cual puede conseguir hoy en el contexto de las discusiones presupuestarias o intentar asegurar para el futuro en la nueva ley de Educación Superior, el tema más importante parece ser otro. Lo que hoy debe decidirse es si el Estado va a empezar a comprometerse de verdad con “nuestras” universidades y si se va a proponer garantizar el derecho a una educación de calidad a “nuestros” jóvenes.
La cuestión de fondo es si podremos reencontrarnos en una idea de bien común, de cohesión social, si hay tareas que afectan a ese ámbito público que comprende áreas como educación, salud, derecho, tecnologías, cultura, entre otras, en las cuales las universidades del Estado están llamadas a jugar un rol primordial. Finalmente, establecer si hay voluntad de concebir un gran proyecto conjunto en el cual las universidades del Estado han de reencontrar la razón de ser que siempre fundamentó su existencia en cuanto tales, en cuanto planteles públicos.
El acelerado envejecimiento nacional, que proyecta que un tercio de la población tendrá más de 60 años en 2030, ha puesto a prueba a las autoridades y a los investigadores, quienes enfrentan el desafío de hacer de Chile un país que desde lo médico, lo social y lo político esté a la altura de una tercera edad empobrecida y con urgentes problemas de salud. ¿Qué hacer? Trabajar transdisciplinariamente, responden los especialistas en este ámbito, quienes aseguran que la confluencia de miradas es la única forma de avanzar en propuestas de largo plazo.
Por Jennifer Abate | Fotografías: Alejandra Fuenzalida y Felipe Poga
Chile es un país viejo. Suena exagerado, pero las cifras lo corroboran. Según el informe World Population Data Sheet, elaborado por la Oficina de Referencia de la Población de Estados Unidos y publicado hace algunos días, en 2030 la población nacional habrá llegado a los 20 millones de habitantes, de los cuales un tercio corresponderá a mayores de 60 años.
Esto se explica por la menguada tasa de natalidad (1,8 hijos por mujer, una de las más bajas del Cono Sur) y por la mejora de las condiciones sanitarias de nuestro país, que en pocas décadas erradicó la desnutrición infantil y disminuyó notoriamente la muerte por enfermedades infecciosas. Sin embargo, eso aumentó dramáticamente el padecimiento de enfermedades crónicas asociadas a la vejez, que, en palabras del Doctor Sergio Lavandero, Director del Centro de Estudios Avanzados en Enfermedades Crónicas (ACCDiS), solían ser “un patrimonio de los países desarrollados. Antes uno podía calificar a un país como desarrollado o subdesarrollado en base a las enfermedades que tenía. Nosotros teníamos enfermedades infecciosas, nos moríamos, teníamos desnutrición”. Ya no. Hoy los problemas más urgentes están radicados en patologías como el cáncer y las afecciones cardiovasculares y neurodegenerativas, propias de un país que envejece.
Estas últimas, sobre todo, han tenido un gran aumento en el país. Según el Primer Estudio Global de Carga de Enfermedades, realizado por el Instituto para la Medición y Evaluación de la Salud de la Universidad de Washington y la Fundación Bill y Melinda Gates, que analiza la evolución de las enfermedades en el mundo, el Alzheimer es la causa de muerte que más aumento ha tenido en Chile. En sólo dos décadas, la enfermedad pasó de ser la 29ª causa de muerte a la quinta, lo que representa un alza de 526%.
Por cierto, el drama no es sólo médico, sino también, y quizás sobre todo, social. El aumento de enfermedades de este tipo, que pueden inhabilitar a las personas, comienza a configurar un panorama en el que confluyen la falta de especialistas, la pobreza y sistemas de pensiones, transporte y salud, por nombrar algunos, que no están preparados para este desafío.
Las alertas en Chile comenzaron en los ‘90. A mediados de la década el Estado creó la Comisión Nacional para el Adulto Mayor, que se convirtió en el Servicio Nacional del Adulto Mayor (Senama) en 2002. Esto también incentivó que el envejecimiento comenzara a considerarse de manera más recurrente por los investigadores nacionales, ávidos de encontrar soluciones para un país en cambio.
Sólo en la Universidad de Chile, el Programa Interdisciplinario de Estudios Gerontológicos, el Observatorio Social de Envejecimiento y Vejez en Chile y el Programa de Estudios Sistémicos en Vejez y Envejecimiento, por nombrar algunos, fueron instancias precursoras para abordar la problemática. Sin embargo, faltaba un esfuerzo extra.
Fue por eso que en junio de 2014 y a petición del Rector Ennio Vivaldi, La Universidad creó la Red Transdisciplinaria sobre Envejecimiento, apoyada por la Vicerrectoría de Investigación y Desarrollo, con un fin claro: plantear, desde lo público, una solución para los problemas que acarrea el aumento de la esperanza de vida, que en nuestro país alcanza la cifra más alta de América Latina.
Actualmente, en la red dirigida por el Doctor Benjamín Suárez, académico de la Facultad de Medicina de la Universidad, confluyen 51 profesionales, expertos y académicos provenientes de disciplinas como nutrición, humanidades, medicina, economía, sociología, sicología, arquitectura, ciencias y odontología. La unión hace la fuerza, dice el refrán. Y fuerza es poco comparado con lo que requiere el país a la hora de buscar soluciones públicas acordes a los desafíos que hoy impone el envejecimiento.
Según la encuesta Casen 2013, actualmente las personas mayores representan el 16,7% de la población, equivalente a 2.885.157 habitantes. La cifra es alta, pero semejante a la de los países desarrollados. Lo realmente preocupante es la velocidad con la que Chile ha alcanzado estos números. Mientras Francia demoró 115 años en doblar su población de adultos mayores de 65 años (de 7% a 14%), se espera que en Chile este proceso tome menos de tres décadas.
Esto impone a nuestro país una “doble carga”, sugieren los expertos. En Europa o Estados Unidos, por ejemplo, primero se conquistó el desarrollo y luego vino el envejecimiento acelerado. Es decir, primero solucionaron los problemas de la pobreza más acuciante y luego envejecieron. En nuestro país tenemos que hacer frente a los dos problemas al mismo tiempo.
“En Chile se nos viene una debacle económica porque nos vamos a llenar de viejos”, dice el Doctor Claudio Hetz, miembro de la Red Transdisciplinaria y Director del Laboratorio de Estrés Celular y Biomedicina. “Se van a empezar a enfermar y no tenemos un sistema social que se haga cargo de los viejos. Ahora son las mismas familias las que se hacen cargo de ellos, entonces finalmente hay que preparar a la sociedad y al país para generar políticas a largo plazo, porque este problema está a la vuelta de la esquina”.
Según Hetz, Estados Unidos le destina sólo al Alzheimer el 20% del presupuesto nacional en salud, lo que implica alrededor de 120 billones de dólares. Además, dice, “cuando se tiene un paciente con Alzheimer, alguien de la familia tiene que dejar de trabajar para cuidarlo, por lo que el costo se duplica y hablamos de más de 200 billones. Estados Unidos estima que en el 2050 el costo va a ser de un trillón de dólares”. Ciertamente, Chile no está preparado para enfrentar cifras de ese tipo.
Pero los investigadores quieren dar la pelea. Y juntos. Hace un año la Universidad de Chile se adjudicó un Fondap revolucionario, llamado Geroscience Center for Brain Health and Metabolism, que en ese momento fue clasificado por su subdirectora, la neuróloga y acadé- mica de la Facultad de Medicina Andrea Slachevsky, como “el primer gran esfuerzo que se hace a nivel nacional para empezar a investigar en torno al tema del envejecimiento y en particular a nivel cerebral”.
Si bien el centro dirigido por el Doctor Christian González-Billault, de la Facultad de Ciencias, tiene una clara impronta médica (de hecho, una de sus principales lí- neas de trabajo es desarrollar células madre capaces de generar cultivos neuronales humanos de pacientes chilenos con el fin de estudiar a nivel cerebral la evolución de las enfermedades mentales), sus objetivos van mucho más allá y buscan describir, además, cómo los aspectos sociales afectan la calidad del envejecimiento.
Según la Doctora Slachevsky, quien además es Vicepresidenta de la Corporación Profesional Alzheimer y otras Demencias (Coprad), esto “no se puede hacer sin una mirada transdisciplinaria. Si uno ve las trayectorias de envejecimiento y sólo observa las variables clínicas sin considerar las variables psicosociales, uno va a tener una visión muy parcial de las cosas. Si uno no considera el conjunto, lo multidisciplinario, no va a entender los problemas”. Las redes sociales, la historia laboral y la exposición al estrés, además de la neurobiología celular, serán elementos a analizar a la hora de determinar las trayectorias patológicas asociadas al envejecimiento y cuáles son sus factores de riesgo.
Precisamente para socializar y contribuir con resultados como los que se esperan de este Fondap y muchas otras investigaciones relacionadas con la Red Transdisciplinaria sobre Envejecimiento, este año la Universidad de Chile firmó un protocolo de colaboración con el Senama, que formaliza un trabajo colaborativo que ya venían realizando ambas instituciones, centrado en la visibilización del tema y, por cierto, en la investigación e innovación con la que puede contribuir la Universidad al país.
Así lo valora el Director Nacional del Senama, Rubén Valenzuela, quien señala que “la investigación científica desarrollada por esta Casa de Estudios es sin duda un insumo para la toma de decisiones informada. Estoy convencido de que la coordinación entre nuestras instituciones creará un círculo virtuoso entre la generación de conocimiento y la pertinencia de las políticas públicas, más si ambos procesos están concebidos con la participación activa de las personas mayores del país”.
Para Valenzuela es crucial trabajar en conjunto. “Cuando nos referimos a la multidimensionalidad de la vejez y a la multidisciplinariedad del conocimiento, la relevancia del trabajo intersectorial y transdisciplinario es creciente, debido a las demandas sociales que implican la concepción del sujeto a partir de su integralidad”.
Trabajar de este modo es urgente, ya que interconectar distintas disciplinas para conocer a cabalidad las características y el comportamiento de la población con la que se está trabajando permite, a la larga, una cuestión clave: la prevención tanto de las enfermedades como de las crisis sociales asociadas a ellas. Es simple: si se detalla por qué ocurre algo, es mucho más fácil prevenirlo.
Es por eso que el Fondap en el que Claudio Hetz y Andrea Slachevsky participan ha decidido trabajar con el concepto de “gerociencia”. “Lo que la gerociencia plantea es que la inversión mayoritaria no tiene que ir al enfermo, porque cuando estás enfermo ya pasó lo que tenía que pasar. Te enfermaste de Alzheimer o de Parkinson y la mayoría de las neuronas afectadas ya murió. En términos de políticas públicas se está pensando atacar las etapas previas a la enfermedad”, explica Hetz.
A lo mismo apunta el Doctor Sergio Lavandero, Director del ACCDiS, un centro entre cuyos objetivos está identificar los elementos comunes que vinculan a las principales enfermedades crónicas, fuertemente relacionadas con el envejecimiento, a fin de desarrollar estrategias de prevención.
“Nuestro sistema está más orientado al tratamiento de las enfermedades cuando la persona ya las tiene. Un aspecto que nosotros descuidamos y donde podemos hacer la diferencia es en la prevención, que es lo más barato y lo más efectivo”, dice Lavandero. El ACCDiS, administrado en conjunto por la Universidad de Chile y la Pontificia Universidad Católica de Chile, se enfoca en lo más urgente, es decir, en las enfermedades cardiovasculares y cáncer, que representan más del 55% de la causa de muerte en Chile.
Lavandero explica que “asociados a estas enfermedades hay una serie de factores de riesgo. Hay algunos modificables y otros que no lo son; por ejemplo, nuestra genética no la podemos cambiar, pero hay otras cosas que sí, como el sedentarismo, los hábitos alimenticios”.
Con eso en mente, se puede prevenir, sobre todo en la población más vulnerable, ya que como señala el especialista, “todas estas enfermedades tienen un contexto; no da lo mismo según el estrato social el impacto que tiene. Tienen un impacto mucho mayor en personas que son de estratos socioeconómicos más bajos”.
Para mapear ese efecto, el ACCDiS inició el estudio poblacional Mauco (Maule Cohorte), focalizado en la ciudad de Molina, que durante 10 años observará y evaluará la historia natural del cáncer y las patologías cardiovasculares, cuya incidencia en la zona es de las más altas de Chile. Sus más de 200 investigadores ya han dado a conocer hallazgos relacionados con los biomarcadores que pueden contribuir a la detección de enfermedades como insuficiencia cardiaca y cáncer gástrico.
Los aportes que los investigadores de la Universidad de Chile están haciendo resultan fundamentales para el abordaje del tema del envejecimiento poblacional de nuestro país. Vincular la excelencia científica, que es un sello institucional, con la pertinencia temática requiere, a mi juicio, de una articulación política y académica y en ese esfuerzo nos encontramos en VID. Trabajamos en un esfuerzo conjunto con las unidades, facultades e institutos, generando espacios de cooperación y diálogo que ya están dando frutos.
Un ejemplo es la red de envejecimiento, que agrupa a investigadores de disciplinas diversas, desde la medicina a la arquitectura, pasando por las ciencias sociales y la ingeniería. De esta forma se genera una visión integrada que permite un diálogo mucho más productivo con los organismos del Estado encargados de implementar las políticas públicas. Esto se corrobora en la excelente relación de colaboración con el Senama y en el diálogo con Conicyt que se tradujo en un nuevo concurso Fondef específico para la temática de envejecimiento. Esperamos que este ejemplo se transfiera a otras temáticas como desastres socionaturales, energía y alimentos saludables, entre otros.
Dos han sido las marchas multitudinarias que la agrupación “No + AFP” ha realizado en menos de un mes. De estas manifestaciones nacionales, a las que ha concurrido un público transversal, no ha emergido una tesis única respecto al modo de mejorar el sistema, pero sí una conclusión compartida: los chilenos no pueden vivir con las pensiones que ofrecen las AFP tal como las conocemos.
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Cuatro fueron las fases de participación ciudadana que sentarán las bases del proyecto de Constitución que el Gobierno presentará al Congreso. En total, casi 83 mil personas respondieron la consulta individual online, algo más de 100 mil participaron en los Encuentros Locales Autoconvocados, 12 mil 852 en los Cabildos Provinciales y en los Cabildos Regionales se estima que fueron 10 mil. A la espera de la síntesis que se presentará en octubre, dos ciudadanas, mujeres santiaguinas, participantes del proceso, madre e hija, representantes de distintas formas de mirar la política, reflexionan sobre este inédito ejercicio de la democracia y manifiestan sus aprehensiones sobre lo que viene.
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Por Faride Zerán
En el marco del intenso debate sobre el proyecto de ley de Reforma a la Educación Superior, ya en discusión en el Congreso, se produjeron varios hechos que contribuyeron a avivar la controversia y las suspicacias en torno a la naturaleza de dicha reforma en dos frentes; tanto en relación al fortalecimiento de un sistema de universidades estatales como a la necesaria autonomía e independencia de dichas casas de estudios frente al poder político o gobiernos de turno, cuestión que desde los tiempos de Federici no había sido un tema relevante.
Uno de ellos, acaso el principal por el impacto mediático y el rechazo transversal que provocó, fue la intempestiva petición de renuncia a la ex Rectora de la Universidad de Aysén, Roxana Pey, a casi un año de haber sido nombrada para estructurar y poner en marcha el proyecto de una de las dos universidades regionales del Estado que la Presidenta de la República había comprometido.
“No es posible que el gobierno de turno le solicite la renuncia ni al rector ni a ningún académico de una universidad pública”, señaló el Cuech en una declaración emitida el 28 de julio y dada a conocer por el Rector Ennio Vivaldi, quien además reiteró su apoyo a Pey y el respeto a la autonomía universitaria. Todo esto, mientras rectores del Cruch, el Senado Universitario y personalidades del mundo de la cultura y la educación condenaban este acto que, como lo explicitaran en una carta abierta cerca de dos mil académicos, “desnuda claramente el sesgo ideológico del Ministerio, orientado a favorecer a las grandes corporaciones educacionales y sus políticas neoliberales de privatización, toda vez que la rectora Pey –en conjunto con los rectores el Cuech– ha sido coherente en exigir una universidad estatal y pública para Chile que no obedezca a las lógicas corporativas–financieras”.
De cualquier forma, pese a la falta de prolijidad del hecho, sustentado en argumentos poco convincentes, y al desdén hacia la opinión del mundo académico, el Gobierno, a través del Ministerio de Educación, no dio pie atrás en su decisión, mientras se ponía el foco en otra controversial propuesta de dicha cartera.
Paralelamente al proceso de renuncia de la ex Rectora Pey se conocía la propuesta gubernamental contenida en la ley de Reforma a la Educación Superior, que sugiere un directorio con cuatro representantes del Estado, sumados a los cuatro de la comunidad universitaria más el rector, asumiendo que esta adición no afecta la autonomía ni independencia porque los primeros serían representantes del “Estado”, no del gobierno. Un argumento que nos remite al lamentable cuoteo de TVN, donde la diversidad o pluralismo de su directorio –nombrado por el Presidente de la República y ratificado por el Senado– se aloja en los partidos políticos ahí representados, y cuya defensa de una “televisión pública” ha tenido como correlato alianzas entre los miembros de las coaliciones políticas para defender no una mirada de país, sino aquella más bien acotada que tiene que ver con los intereses partidarios y el juego de oposición-gobierno que en general hegemoniza las reuniones de los directorios.
Estos antecedentes, más la poca empatía exhibida por el Gobierno ante propuestas concretas de autoridades de la U. de Chile y del propio Cuech, que permitan fortalecer –y no perjudicar- a las universidades del Estado, por ejemplo a través del aumento de su matrícula, hacen pensar que hoy está en riesgo no sólo la autonomía de las universidades del Estado, sino su futuro, en tanto las señales hasta hoy han sido erráticas o simplemente confusas.
Más de 450 artistas, académicos e investigadores de todo el mundo se reunieron en Santiago entre el 17 y el 23 de julio en “eX-céntrico: disidencias, soberanías, performance”. Esta fue la X° versión del Encuentro organizado por el Instituto Hemisférico de Performance y Política de la Universidad de Nueva York, que en esta oportunidad fue co-organizado con la Universidad de Chile y el Consejo Nacional de la Cultura y las Artes.
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Un sistema de previsión debe ser fuertemente solidario para que los ingresos de los jubilados no sean un simple reflejo de las desigualdades del mundo laboral, incluyendo un importante componente de reparto: la única forma de mejorar las bajas pensiones actuales. Pero tal solidaridad inter e intrageneracional no nos obliga a un esquema donde cada peso que entra desde la población activa se gaste en la población ya jubilada.
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«Al tratar de explicar por qué las AFP causan un enorme descontento en la sociedad chilena, lo primero que uno debería indicar es que el actual sistema es injusto con sus afiliados porque no es capaz de proveer a la mayoría las pensiones necesarias para sobrevivir durante la tercera edad. Una gran parte de la población viviría en un estado de extrema pobreza si en 2008 no se hubiera establecido un sistema de subsidio otorgado por el Estado, que incluye el que se entrega a las pensiones pagadas por las AFP.»
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Por Pablo Perelman
A los directores y guionistas del cine nacional el anuncio presidencial de la creación de un Canal Público Cultural y Educativo (CCE) nos llenó de entusiasmo: por fin un gobierno comprendía la dimensión cultural de la TV y su enorme potencial para apoyar una educación de calidad.
A nivel popular no hay otro medio, ni siquiera el aula o la familia, que supere a la TV (por comercial y liviana que sea) a la hora de dotarnos de “un contexto coordinado de valores, creencias, conceptos y simbolizaciones”, como dice Sartori. Si a esto agregamos su capacidad de informar y formar opinión es fácil imaginar las posibilidades que tendría si su finalidad fuera directa y honradamente “cultural y educativa” en vez de solapadamente “comercial”.
Dirigida a un público carenciado culturalmente, le permitiría a éste acceder a materiales y herramientas para progresar en ese plano, complementando su educación formal.
Dirigida a un público infantil, daría contenidos adecuados que no se encuentran en ningún canal de TV abierta.
Basando su programación en producción nacional de calidad, rentabilizaría el patrimonio cultural creado por intelectuales, artistas, científicos y educadores chilenos de todos los tiempos.
Liberada de la presión comercial, sus logros culturales y educativos no se medirían con criterios de masividad tipo rating, sino a través de estudios cualitativos de audiencia.
Ésta era la expectativa de los cineastas.
Pero luego de un año de secretismo e incertidumbre respecto del modelo a implementar, el Gobierno propone una Indicación Sustitutiva a la Ley de TVN donde incluye al CCE como filial, dependiente de su directorio y de su administración.
Tal dependencia nos provoca la mayor desconfianza.
TVN, junto al resto de la televisión abierta, hace (y seguirá haciendo, ya que la Indicación Sustitutiva mantiene la exigencia de autofinanciamiento) un tipo de televisión cuyo fin es atraer y conservar audiencias medibles en rating que permitan captar la mayor y más cara publicidad posible. Esa fórmula implica una ideología y una forma de hacer televisión ad hoc. Define un punto de vista concreto.
La Indicación Sustitutiva dice que el punto de vista desde el cual se definirán los fines, la programación y la forma de evaluar calidad e impacto del CCE será igual a TVN, ya que su directorio y gobernanza en general dependerán completamente de dicha estación. Es como si, al nacer, el Metro de Santiago hubiera dependido de los Ferrocarriles del Estado.
Sólo un directorio autónomo del gobierno y de TVN, representativo del mundo de la cultura, la ciencia y la educación, estará en condiciones de exigirle a la dirección del CCE que no haga más de lo mismo en materia de televisión abierta.
“Una búsqueda explícita de la educación en sí misma, fundada en la comprensión, el placer, la transmisión de lo mejor que la razón y la imaginación han producido en el pasado y producen en la actualidad”, al decir de George Steiner, debe ser su misión.
Su programa debería:
Si bien es lógico que el Estado quiera rentabilizar su inversión en la infraestructura de TVN, eso no obliga a someter al CCE a la dependencia administrativa, programática y de gestión que propone el Gobierno. Es algo que el Parlamento tiene la oportunidad de corregir y donde concurrirán de buena gana los sectores naturalmente concernidos: educadores, científicos y audiovisualistas, entre otros, con sus aportes.
