«Al tratar de explicar por qué las AFP causan un enorme descontento en la sociedad chilena, lo primero que uno debería indicar es que el actual sistema es injusto con sus afiliados porque no es capaz de proveer a la mayoría las pensiones necesarias para sobrevivir durante la tercera edad. Una gran parte de la población viviría en un estado de extrema pobreza si en 2008 no se hubiera establecido un sistema de subsidio otorgado por el Estado, que incluye el que se entrega a las pensiones pagadas por las AFP.»
Por Leokadia Oreziak | Fotografía: Martín Bernetti / AFP
Las recientes manifestaciones masivas han confirmado que los chilenos están en contra del actual sistema de pensiones y, además, que el alto nivel de rechazo a las AFP requiere una solución decisiva. Tal solución fue presentada en la alternativa que ofrecí a través de la Propuesta Global C, publicada en el Reporte Final de la Comisión Bravo.
Ésta plantea terminar con el sistema de AFP y reemplazarlo con un modelo reconstruido y público de reparto, basado en la solidaridad intergeneracional, en donde todas las contribuciones de los trabajadores sean usadas para financiar las actuales pensiones. La solución no sólo es deseable desde un punto de vista social, sino que también es realizable desde una perspectiva económica y financiera.
La Propuesta Global C se basa en un modelo completo y riguroso de proyección desarrollado por el Centro de Estudios Nacionales de Desarrollo Alternativo (CENDA). Ésta asume que todos los afiliados al actual sistema de Aseguradoras de Fondos de Pensiones son transferidos a un nuevo modelo de reparto, con sus contribuciones y fondos, a cambio de mejores pensiones, no discriminatorias y claras para toda la vida. El monto total de las contribuciones sería usado como un fondo de ingresos públicos con el fin de pagar pensiones contributivas sin un subsidio estatal de por medio. La edad de jubilación efectiva (actualmente estimada en 70 años) se reduciría a un límite legal (65, 60 años), que luego no sería modificado. En promedio, los beneficios de jubilación aumentarían entre un 75% y 100%. Las tasas de contribución no aumentarían hasta el 2035 y luego crecerían en 25%. No sería necesario implementar impuestos adicionales. Al contrario, los subsidios directos e indirectos se acabarían inmediatamente, puesto que se generarán anualmente ahorros fiscales del orden del 1,8% del Producto Interno Bruto (PIB).
Los sistemas públicos de reparto operan en casi el 90% de los países, incluyendo aquellos altamente desarrollados e industrializados, donde son un elemento clave de la seguridad social. El de reparto es un sistema único capaz de entregar a los jubilados la seguridad necesaria. Al mismo tiempo, es la forma más barata y fácil de ajustarse a las condiciones económicas y demográficas. El sistema de reparto no puede colapsar porque eso significaría que el Estado dejaría de existir.
Los partidarios de un mercado basado en la capitalización de pensiones solían asustar a las personas con tendencias demográficas asociadas al envejecimiento para disuadirlos de la implementación de sistemas tradicionales de seguridad social y atraerlos hacia sus “productos de pensión financiera”. Lo que intentan es esconder el hecho de que una sociedad que envejece afecta las estrategias de capitalización de la misma manera que un sistema de reparto, ya que sólo aquellos que trabajan son capaces de mantener a aquellos que no. Sólo los trabajadores activos pueden producir comida, energía, cuidado médico y el resto de los bienes y servicios que los jubilados necesitan para sobrevivir. El volumen de bienes y servicios disponibles para las personas jubiladas depende no sólo del número de trabajadores activos, sino también de la productividad laboral. Al preocuparse de estos dos elementos, cada Estado podría ser capaz de asegurar pensiones en el marco de un sistema de reparto.
Todos los sistemas basados en un mercado financiero de inversiones (o especulación) sólo crean la ilusión de una pensión, la cual puede ser fácilmente arruinada por numerosas crisis financieras, inflación y altas comisiones descontadas por instituciones financieras y por sus frecuentes actividades fraudulentas. La experiencia polaca indica que el sistema de pensiones basado en la capitalización individual y los fondos de pensiones obligatorios, creados en 1999, resultan ser una catástrofe para las finanzas públicas y los jubilados. Es por esto que dicho sistema ha sido casi completamente desmantelado y se planea que lo que queda de él deje de existir el próximo año.
Al tratar de explicar por qué las AFP causan un enorme descontento en la sociedad chilena, lo primero que uno debería indicar es que el actual sistema es injusto con sus afiliados porque no es capaz de proveer a la mayoría las pensiones necesarias para sobrevivir durante la tercera edad. Una gran parte de la población viviría en un estado de extrema pobreza si en 2008 no se hubiera establecido un sistema de subsidio otorgado por el Estado, que incluye el que se entrega a las pensiones pagadas por las AFP.
A pesar de este gran aporte público, el nivel general de las pensiones es muy bajo. Sólo una pequeña parte de las contribuciones entregadas al sistema se usa para financiar las actuales pensiones, mientras que el resto permanece en el mercado en manos de instituciones financieras y grandes grupos corporativos.
Además, hay que destacar que desde el inicio el sistema de AFP ha generado un enorme costo para las finanzas públicas, equivalente al 5% del PIB anual. Si este sistema no se desmantela, este costo (llamado “costo transicional”), aunque irá disminuyendo, se mantendrá hasta el 2050. Chile tiene un déficit presupuestario, por tanto, no hay un excedente que pueda ser invertido en el mercado financiero para futuras pensiones. Al final, esto significa que el sistema de AFP se mantiene gracias a una deuda estatal que sigue aumentando.
El objetivo específico de la reforma presentada en la Propuesta Global C es aumentar sustancialmente las actuales pensiones y reducir la edad de jubilación efectiva, especialmente en el caso de las mujeres. Asimismo, busca terminar con los subsidios fiscales directos e indirectos, de modo de contribuir a las pensiones y reducir la proporción de las no contributivas, así como aumentar las más bajas. Con ella, todos los valores acumulados hasta ahora en las cuentas individuales de los afiliados a una AFP serían transferidos en su totalidad a un fondo especial (por ejemplo, Fondo de Reserva Demográfica), manejado por una institución estatal. Esta reserva financiera se usaría para pagar las actuales pensiones cuando las contribuciones sean insuficientes.
La reciente propuesta de la Presidenta Michelle Bachelet, realizada el 10 de agosto, no contiene ningún cambio considerable al actual modelo de pensiones en Chile y sólo contribuiría a mantener el sistema de AFP. La propuesta implica una gran carga financiera para el Estado y sus empleadores, incluyendo los pequeños negocios que deberán contratar a la mayoría de la población trabajadora. Los empleadores deberán pagar un 5% extra de contribución, lo que será una carga adicional para la sociedad chilena.
Además, durante las próximas décadas las AFP seguirán descontando un 12,5% de los salarios de los trabajadores. De este modo, el actual excedente de las contribuciones sobre los beneficios pagados por las AFP y las compañías de seguros continúa creciendo. Éste no se devolverá a las finanzas públicas ni a los chilenos si no se desmantela el sistema de AFP. El sistema continuará funcionando como una fuente de enormes ganancias para las instituciones financieras y para quienes están vinculados a la administración de los fondos de pensiones.
La creación de una AFP estatal no eliminará la principal debilidad del actual sistema, porque las contribuciones monetarias continuarán circulando hacia los mercados financieros en vez de ser usadas para pagar actuales pensiones. Aunque la AFP estatal sea administrada a costo cero, esto no permitiría aumentar las pensiones de manera significativa. Durante las próximas décadas los montos seguirán siendo muy bajos y requerirán de un subsidio estatal. El sistema de pensiones, a través del Estado y las AFP privadas, continuará transfiriendo un volumen del salario e impuestos en constante crecimiento al sector financiero, tanto chileno como extranjero, y a grandes grupos corporativos. De mantenerse, el sistema individual de capitalización sólo será capaz de entregar pensiones que alcanzan un tercio del nivel posible bajo un modelo público de reparto, que es el único que puede asegurarle al pueblo chileno la seguridad que espera y le gustaría tener.
