Paz Becerra, abogada: “Es necesario que se establezca una comisión de verdad, calificadora de víctimas de la represión”

Durante las recientes movilizaciones, la abogada —que se ha desempeñado en el ámbito de los derechos humanos, trabajando en materias de género, discriminación y en casos de responsabilidad civil producto de vulneraciones de derechos y crímenes de lesa humanidad en el contexto de la dictadura, además de llevar casos de relevancia nacional, como el de Nabila Riffo contra Canal 13—, ha colaborado con la Defensoría Jurídica de la Universidad de Chile, el Cordón Jurídico de la UC y ha sido parte fundamental de la sistematización de los casos de traumatismo ocular en la Unidad Traumatológica Ocular en el Hospital del Salvador. 

Por Macarena Pérez

—Respecto de la grave situación relacionada a los traumatismos oculares generados por los piquetes antidisturbios de Carabineros, que el Colegio Médico ha catalogado como una “catástrofe epidémica” y Sociedad de Oftalmología como una “emergencia sanitaria”, ¿Cuál es tu reflexión respecto del actuar de la fuerza policial y del gobierno?

Tanto las acciones como las omisiones de los órganos del Estado (ministerios del Interior, de Salud, de Justicia y Defensa), son omisiones que podrían llegar a generar responsabilidad no sólo política, sino también penal. Al día 22 de octubre, cuando tomo contacto directo con la UTO, ya existían 23 lesionados y el número ya había sido informado al MINSAL, pero hasta esa fecha no se había tomado ninguna medida concreta. Sólo recientemente hemos tenido un pronunciamiento del MINSAL que carece de profundidad y de medidas concretas. Las omisiones de estos órganos públicos son sumamente graves, ya estamos con índices que la Sociedad Oftalmológica ha indicado como desproporcionados. A tal punto, que se dice que en los últimos 20 años de conflicto armado del Medio Oriente los heridos con traumatismo ocular son 300. En cambio, en Chile llevamos más de 200 en tres semanas, por lo que nadie puede ignorar la extrema gravedad de este tipo de ataques indiscriminados e injustificados.

El Ministerio del Interior de manera explícita, tanto en sus alegatos en la corte como los informes que han acompañado en la corte, se desentiende del accionar policial. Sólo dicen que enviaron un oficio para preguntarle a Carabineros qué es lo que está pasando, una vez que presentamos los recursos en la corte. A su vez, han señalado que no tienen las facultades para hacer un control directo de ese accionar y lo limitan a una responsabilidad funcionaria, dando a entender que los sumarios fueran las instancias que corresponden para este tipo de hechos, cuando claramente no se trata de una responsabilidad individual del funcionario. Aquí estamos hablando de la respuesta del Estado hacia los manifestantes. Es algo mucho más complejo que sí genera responsabilidad del Estado, porque éste está consintiendo y avalando transversalmente el accionar de Carabineros.

—¿Cómo el Estado puede decir que no son prácticas sistemáticas, si hay más de 200 heridos con traumatismo ocular?

Según los relatos de las víctimas, todo indica que no son errores, sino que son decisiones: se decide atacar y dañar. Que eso sea una orden directa de los altos mandos, no lo puedo afirmar, sería irresponsable. Pero lo que sí puedo afirmar es que ese actuar está avalado a través de las declaraciones públicas de las autoridades. Lo que el Estado ha señalado es que las víctimas tienen derecho a realizar las investigaciones que correspondan. Lo que señalamos muchos abogados independientes es: perfecto, se realizarán las investigaciones, pero estas demoran meses, años. Por lo tanto, es una mirada restrictiva decir que sólo podemos parar esta situación con investigaciones penales o con sumarios internos. Detrás de esa supuesta evasión de tomar una decisión política para parar estos ataques hay una decisión política de permitirlos.

—¿Qué ayuda pueden entregar las y los abogados en estos momentos? ¿Cuál fue tu primer paso y cómo comenzaste a ayudar?

Existe una serie de grupos a lo largo de Chile que se componen de abogados, académicos y estudiantes que prestan asesoría jurídica, tanto en comisarías, hospitales, manifestaciones y en diversos lugares. Desde mi experiencia, sabía de la existencia de la Defensoría Jurídica de la Universidad de Chile con quien me contacté. Ellos están organizados, trabajando en terreno en comisarías, hospitales, redactan querellas, un trabajo muy potente y transversal. También conozco el trabajo del Cordón Jurídico de la Universidad Católica que está enfocado en comisarías.

Mi primera participación fue acercarme al Cordón Jurídico de la Universidad Católica, visitando comisarías con ellos. Ahí me di cuenta que se necesitaba presencia y apoyo concreto en la Unidad Traumatológica Ocular (UTO) del Hospital del Salvador. Como tramito causas de violación de derechos humanos en dictadura, tengo una idea de lo que el informe Valech ha entregado como consecuencias de los mecanismos de tortura. Me llamó de inmediato la atención que en los primeros días de movilización tuviésemos un número tan alto, y si la represión seguía igual, este tipo de consecuencia sería, sí o sí, una forma particular de aleccionar a los manifestantes, una violación a los derechos humanos que, claramente, se volvería algo sistemático. Por eso, comencé de manera independiente un trabajo en terreno en la UTO el día 24 de octubre. Tomé contacto con el Colegio Médico, ingresé a la UTO, me vinculé con los profesionales de enfermería y medicina. Inicié un apoyo directo de orientación con las víctimas de estos ataques, a medida que realizaba esta ayuda fui tomando sus testimonios y registré fotográficamente las lesiones con la autorización de ellos. También dejé registro de su documentación médica. En ese momento, los profesionales de la salud nos manifestaron la importancia de que los abogados se mantuvieran presencialmente en el establecimiento médico, ya que el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), independiente del valioso trabajo que realizan, no dan abasto para estar presentes en todas partes.

—¿En qué consiste tu trabajo diario?

Voy cada dos o tres días a la UTO, hay días en que no llegan pacientes, pero siempre después de una gran manifestación reciben nuevos heridos. Al ver esta realidad, es muy importante mantener el trabajo en terreno. Por un lado, la orientación a las víctimas y familiares, generando vínculos con equipos de psicólogos y conectándoles con el Colegio Médico para que realicen informes médicos con estándar de Estambul. Por otro lado, la orientación jurídica para que realicen las respectivas denuncias. En paralelo a las querellas que puedan tramitar las víctimas con la Defensoría Jurídica de la Universidad de Chile o con el INDH, algunos abogados, de manera independiente, nos estamos haciendo cargo de presentar acciones de amparo o de protección, que son acciones cautelares urgentes, para que la corte dicte orden de protección para las víctimas y ordene directamente a Carabineros para que dejen de disparar de manera horizontal a partes sensibles del cuerpo, de manera injustificada, utilizando proyectiles que, independiente del material, al ser disparados de cerca y directo al rostro, de todas maneras, van a causar mutilaciones o daño significativo.

¿Por qué hemos tratado de conseguir estos recursos de amparos a través de la Corte? Porque, efectivamente, son vulneraciones de derechos. Por tanto, deberían ser admisibles y son compatibles con una querella, ya que van por vías distintas. Y, por último, porque requerimos del pronunciamiento del poder judicial para ponerle límites al accionar de Carabineros, ya que el poder ejecutivo, el Ministerio del Interior y el General de Carabineros avalan el actuar de la policía y no han asumido ninguna responsabilidad. Frente a esto, lo que nos queda es el poder judicial, que hasta ahora ha dado buenos resultados en Antofagasta y Concepción. Llevamos varias acciones presentadas en Santiago, a la espera de que sean acogidas.

—¿Qué balance haces frente a la violencia que ha ejercido Carabineros durante las manifestaciones?

Es imposible disociar el nivel de represión que se ha ejercido en contra del movimiento actual del que se ejerció en dictadura, las consecuencias de ésta y de la forma en que la transición procesó esas consecuencias. En ese sentido, creo que es imprescindible exigir al poder judicial que actúe, de acuerdo a la declaración que el mismo poder realizó el año 2009, cuando hizo un mea culpa y asumió que fue omiso frente a las violaciones de derechos humanos en dictadura. Entonces, esta es la oportunidad para que el poder judicial haga carne, concretice esa declaración, esté a la altura de las circunstancias e impida que Carabineros siga actuando sin ningún control, de manera injustificada y absolutamente fuera de los protocolos que el propio Estado ha establecido para sí. Hay que considerar además la larga data de casos donde el accionar policial no sólo ha sido puesto en cuestión, sino que, derechamente, ha sido un accionar ilegal, como ocurrió en el caso de Camilo Catrillanca y Alex Lemún. Este último es sumamente relevante, porque a raíz de este caso, en un acuerdo de solución amistosa en la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el Estado de Chile dicta un protocolo para el uso de la fuerza pública, lineamientos que hoy no se están cumpliendo.

Considero que atendido el grave daño que causó la omisión del poder judicial en dictadura, hoy es absolutamente exigible que éste controle que esos protocolos se apliquen, porque el accionar policial no los está respetando. Además, estamos frente a un Ministerio del Interior que también está incumpliendo sus obligaciones, porque la misma CIDH ha señalado que los órganos que dictan los protocolos de actuación y uso de la fuerza pública no se pueden desentender de la forma y la fiscalización de cómo se aplican. Es decir, el Ministerio del Interior no puede lavarse las manos, diciendo que Carabineros está siguiendo solo las órdenes de la máxima autoridad de dicha institución. El Ministerio del Interior tiene que hacerse cargo, ya que tiene por ley la obligación del resguardo del orden público. Ante toda esa omisión institucional, el poder judicial tiene la obligación de actuar. Lo veo como una oportunidad y como una obligación, ya que se comprometieron a no repetir lo que sucedió en dictadura.

«Las consecuencias de las violaciones a los derechos humanos exceden lo jurídico y requieren de un procesamiento político y social con una comisión de verdad, sin secreto establecido como ocurrió con el informe Valech»

—¿Qué te parecen el audio filtrado de la máxima autoridad de Carabineros, quien daba respaldo absoluto a los miembros de la institución?

Las declaraciones de Rozas —quien afirmó que los carabineros se pueden quedar tranquilos porque no los van a castigar de manera grave— se vinculan con la impunidad, generando el discurso de que no hay responsabilidades políticas ni penales. Por lo tanto, pueden seguir actuando de esa manera porque quedarán impunes, no habrá castigo social, público, penal o institucional que les genere una consecuencia y que, por lo tanto, los inste desincentivar su accionar. Muy por el contrario, los incentiva.

Esta impunidad no es nueva. Este tipo de declaraciones son una expresión más de la impunidad instalada que hemos conocido a propósito de la mayoría de los casos de sobrevivientes de prisión política y tortura en Chile frente a los que no han existido las investigaciones que corresponden, ni el Estado se ha hecho cargo de sancionar esos hechos. En general, todas las instituciones de las FF.AA. saben que pueden actuar en impunidad. Y la impunidad también está instalada en otras esferas de la vida política y social, como por ejemplo en los delitos de cuello y corbata. Hay una dinámica en la cual, lamentablemente, desde el gobierno se insta a seguir actuando de la manera que se está haciendo.

Creo que aquí la psicología o la sociología pueden hacerse cargo de un aspecto que es más profundo, como lo es la particularidad que implica la mutilación, sobre todo en el rostro, como mecanismo para irradiar terror. Así como en dictadura se torturaba a los detenidos y eran devueltos vivos a sus círculos sociales, estos irradiaban el terror en la forma en que regresaban, maltrechos, traumados. No podría afirmar que hoy hay una decisión concreta a realizar estos ataques, sería irresponsable de mi parte, pero esta práctica sistemática da cuenta que incluso el “dejar hacer” y no exigir la aplicación de protocolos es, también, una omisión culpable.

—¿Cuáles son los pasos a seguir en caso de ser herido por la fuerza policial durante una manifestación en el espacio público?

Primero tratar de tomar contacto con los equipos de salud que están prestando asistencia in situ. Lo principal es velar por la integridad de las personas, o dirigirte a un centro de salud. Es muy importante que en el parte médico o epicrisis indiquen la mayor cantidad de detalles.  Segundo, realizar la denuncia en Fiscalía. Luego te contactará la brigada de DD.HH. de la Policía de Investigaciones. Y en paralelo recurrir al Colegio Médico para realizar el informe médico con el estándar de Estambul cuando se es víctima del actuar policial. Tercero, realizar la denuncia en la web del INDH. Esta institución tiene mandato legal para actuar y hacerse parte en las diferentes causas por acción policial. También hay diferentes agrupaciones de DD.HH. que prestan apoyo jurídico, como también universidades, en el caso de la Defensoría Jurídica de la U. de Chile y el Cordón Jurídico UC.

—¿Qué debería ocurrir en términos legales desde ahora en adelante?

Quienes están a cargo de las investigaciones son las fiscalías, el Ministerio Público. Es importante hacer un llamado a que estén a la altura de lo que está pasando, atendido a los hechos que ya conocemos en cuanto al comportamiento y las decisiones que ha tomado el Ministerio Público en investigaciones como las de financiamiento ilícito de la política, donde su labor ha sido sumamente cuestionada. Hay que estar alerta a lo que vaya sucediendo en el escenario de estas investigaciones. Quienes hemos trabajado con las consecuencias de la dictadura, creemos que es necesario que se establezca una comisión de verdad, calificadora permanente de víctimas de la represión. Atendiendo a los efectos psicológicos que generan este tipo de ataques, es absolutamente entendible que existan personas que no se sentirán llamadas o convocadas de inmediato. Por eso es importante tener una comisión permanente y que se establezca un reconocimiento estatal, para que no tengamos que procesar nuevamente la tortura y las consecuencias de la represión, solamente desde el ámbito de lo jurídico.

Las consecuencias de las violaciones a los derechos humanos exceden lo jurídico y requieren de un procesamiento político y social con una comisión de verdad, sin secreto establecido como ocurrió con el informe Valech. Las comisiones de verdad recogen los testimonios, sistematiza la realidad de lo ocurrido, las dinámicas de represión, los centros de tortura. Es muy importante que esos archivos no sean secretos. Si se van a establecer reparaciones, que sean proporcionales a los daños causados, porque si se deja al arbitrio jurídico se depende del criterio jurídico del tribunal donde caiga la causa y de la composición de los ministros de determinadas salas que van a conocer cada caso. Si como sociedad asumimos que tenemos consecuencias nefastas en materia de DD.HH, no debemos dejar a la suerte de la tómbola de tribunales el reconocimiento de calidad de víctima de quienes hoy son víctimas del actuar policial.

Asimismo,es importante poder otorgar un apoyo permanente en el tiempo a las víctimas para que decidan seguir participando de los largos procesos penales y no desistan en el camino.

«El país venía despertando desde hace mucho rato y, justamente, lo jurídico ha sido un ámbito que, salvo excepciones, ha sido una tranca para que los movimientos sociales puedan avanzar en sus demandas. Con esto me refiero, por ejemplo, a la institucionalidad del Tribunal Constitucional»

—¿Qué papel crees que ha tenido en este estallido social el desempeño del poder judicial en las últimas décadas?

Creo que este estallido responde a diversos movimientos sociales, como, por ejemplo Aysén, Freirina, los movimiento por el agua, por la educación, por los derechos reproductivos; movimientos de trabajadores y la falta de cabida institucional que existe para los sindicatos. El país venía despertando desde hace mucho rato y, justamente, lo jurídico ha sido un ámbito que, salvo excepciones, ha sido una tranca para que los movimientos sociales puedan avanzar en sus demandas. Con esto me refiero, por ejemplo, a la institucionalidad del Tribunal Constitucional, donde vemos que muchas veces han existido proyectos que han logrado avances significativos en el Congreso, como por ejemplo el aborto, que luego, cuando son procesados por la institucionalidad, llegan al Tribunal Constitucional y se ven cercenados y se les agregan refuerzos que no pasaron por una deliberación democrática. Es el caso de la profundización y la fuerza que se le otorgó a la figura de la objeción de conciencia en el caso de la Ley de aborto en tres causales. Entonces, este caso nos permite ver cómo el ordenamiento jurídico y su institucionalidad, en su conjunto, no ha funcionado como un canalizador de demandas sociales, si no que termina siendo una obstrucción.

Esto también lo podemos ver en el tema de las Isapres, el poder judicial se ha comprometido a hacerse cargo, incluso se generó un edificio por completo dedicado a canalizar las acciones judiciales en que las personas se oponen año a año al alza de los planes de Isapres, y donde el poder judicial ha tenido que invertir en mayor infraestructura solamente para efectos de rechazar las alzas en su gran mayoría. Aun así, no tenemos una ley que impida ese comportamiento y, finalmente, el poder judicial tiene que terminar absorbiendo un problema que se podría solucionar de una manera mucho más rápida. Entonces, nuevamente, vemos que el poder judicial canaliza una demanda que en general no permite el alza unilateral de los planes, pero el entramado jurídico de intereses políticos económicos no permite que se establezcan trabas para el negocio que existe con la salud. Estos son ejemplos nos demuestran que la cuestión jurídica colaboró en el estallido social actual.

Lo que sabemos es que la problemática de los derechos sociales se tiene que canalizar por una vía política, y la jurídica no da el ancho, lamentablemente no resulta operativa.

Crónica de una audiencia incómoda

La sesión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cidh) para abordar la crisis política y social en Chile enfrentó al Estado y a la sociedad civil en dos posturas radicalmente opuestas: la defensa de los derechos humanos versus el vandalismo y el desorden público. El organismo más importante de la región en la materia escuchó con atención, formuló preguntas e hizo llamados que constituyeron la primera alerta internacional respecto a los vejámenes contra miles de manifestantes en nuestro país. Llamados que complican a un gobierno que día a día pierde respaldo ciudadano.

Por Bárbara Barrera

Los gestos casi siempre dicen más que las palabras. Mijail Bonito (44), abogado cubano, defensor del Estado chileno, ha hablado poco más de 22 minutos en total y ahora escucha, alternando su mirada hacia al frente y hacia abajo —con un dejo de preocupación—, la última intervención de la audiencia. “¡¿Carabineros capacitados?! —lanza la abogada Patricia Muñoz (41) y el énfasis en la pregunta importa— Le puedo decir, por si el señor Bonito no sabe, que Carabineros tiene instructores de derechos humanos liderados por la coronel Soza, que ha hecho un esfuerzo porque su institución respete los derechos humanos, pero ellos no son los que hacen la formación de las fuerzas policiales; quienes la hacen son exgenerales, excoroneles o personas en retiro que de derechos humanos no saben”.

El asesor del gobierno de Sebastián Piñera gira hacia su derecha. Allí se encuentra, uniformada, Karina Soza, jefa del Departamento de Derechos Humanos de Carabineros de Chile. “¿Es cierto?”, le pregunta Mijail Bonito segundos antes de que aquella tarde del lunes 11 de noviembre el salón del Swissôtel Quito se llenara de aplausos para la defensora de los Derechos de la Niñez. Los gestos dicen más que las palabras y eso parece saberlo la coronel Soza, que con la mirada fija en su computador asiente tímida, incómoda.

El desafío para los representantes de la sociedad civil es grande. No sólo porque ocho personas tengan un total de 20 minutos para hablar sobre la situación de los derechos humanos ante la Cidh, sino porque los representantes del gobierno de Sebastián Piñera son conocidos por ser de la “facción más dura”. A eso apuntan las críticas de Patricia Muñoz, que se pregunta dónde están los representantes de las subsecretarías de Derechos Humanos y la Niñez. Para ella, la respuesta es clara: “la delegación que se presenta desde el Estado es la mejor manifestación de la forma que ha elegido el gobierno de Chile para enfrentar una crisis social: la represión policial a través del Ministerio del Interior y Seguridad Pública”.

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Tres casos de impactos de proyectiles balísticos y 730 de proyectiles no balísticos, de los cuales 122 implican lesiones oculares. Fracturas de costilla, perforaciones de pulmón, esguinces cervicales. 48 casos de torturas y apremios ilegítimos que van desde golpizas reiteradas, quemaduras e intentos de ahorcamiento, hasta amenazas e intimidación, vejámenes y humillaciones. La exposición de la Defensoría Jurídica de la Universidad de Chile en la audiencia dio cuenta de un país mutilado por las fuerzas policiales, que amparadas en la impunidad siguen reencarnando los horrores de la dictadura chilena. Los datos presentados por la Defensoría de la Niñez y el Instituto Nacional de Derechos Humanos (Indh) fueron igualmente brutales: un total de 174 niños, niñas y adolescentes han sido víctimas de vulneraciones a los derechos humanos a lo largo de Chile. 12 de ellos heridos de bala, otros 12 por perdigones y cinco que han presentado traumas oculares.

El panorama narrado por las organizaciones sociales e instituciones autónomas no deja indiferente a nadie. El público escucha atento y cada tanto más de una cabeza se mueve en señal de sorpresa, de indignación. “El Estado condena cualquier delito, abuso, arbitrariedad o acción que pudiese representar una infracción de derechos humanos. (…). En Chile operan las instituciones del Estado de Derecho para investigar, juzgar y eventualmente sancionar cualquier ilícito”, dice Hernán Salinas, representante de Chile ante la Organización de Estados Americanos (Oea), en los primeros minutos de su intervención. Lo que no sabía Salinas es que el miércoles 13 de noviembre, sólo dos días después de la audiencia en Quito, se filtraría un audio del general director de Carabineros, Mario Rozas, en el que aseguraba a un grupo de suboficiales que “a nadie voy a dar de baja por procedimiento policial, aunque me obliguen”.

En agosto de 2013 Chile se alistaba para conmemorar los 40 años del golpe de Estado. Por primera vez desde el retorno a la democracia, un gobernante de derecha ocupaba el sillón presidencial. En ese contexto, Sebastián Piñera quiso dar una señal clara de moderación y desmarque de los sectores más vinculados a la dictadura: además de sostener que los altos mandos de las Fuerzas Armadas cometieron violaciones a los derechos humanos, Piñera responsabilizó a los “cómplices pasivos que sabían y no hicieron nada, o no quisieron saber”.

Sólo un mes después, el presidente anunciaba el cierre definitivo del Penal Cordillera, el recinto carcelario que albergó, en condiciones “cinco estrellas”, a exmilitares condenados por crímenes de lesa humanidad. Pese a estos gestos políticos, durante la transición el negacionismo pasó a ser una práctica institucionalizada, según Manuel Guerrero, académico de la Universidad de Chile, quien ha señalado: “si primero se trataba de la negación del derecho a la vida de un conjunto de sujetos que estaban calificados como grupo potencialmente peligroso, en el período posdictatorial hay una extensión simbólica en el plano discursivo y judicial de lo que fue esta practica material durante las violaciones sistemáticas a los derechos humanos”.

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Es el momento más esperado de la audiencia. Luego de escuchar a las tres partes, la Cidh comenta sus primeras impresiones. El comisionado y relator para Chile, Luis Ernesto Vargas, se mantiene tranquilo, pero apunta directamente al Estado. Acusa que desde febrero de 2018, previo al inicio del segundo mandato de Piñera, no ha tenido respuestas de los funcionarios de gobierno presentes para continuar trabajando en conjunto. Y algo que le preocupa más: las versiones de los hechos son diametralmente opuestas. “Mientras la sociedad civil hace una gran cantidad de denuncias, el Estado se toma el tiempo para decir la cantidad de daños materiales que se han producido en el contexto de las protestas […]. Si importan más los bienes materiales que la vida, que la integridad personal, pues ahí se marca una gran diferencia entre las visiones que podamos tener de las cosas”, asegura Vargas.

Hernán Salinas y Mijail Bonito intercambian miradas y de vez en cuando se acercan y se hablan al oído. Las palabras de Esmeralda Arosemena de Troitiño, presidenta de la Cidh y asesora en temas de infancia, niñez y adolescencia para organismos internacionales, los interpelan. “Mi llamado al Estado es a que encuentre en esa fuerza de los adolescentes una fuerza de progreso, de desarrollo, de compromiso”, dice la abogada panameña para abrir paso a los comentarios del relator especial para la Libertad de Expresión, Edison Lanza, quien le pide al Estado una respuesta frente al patrón de disparos por parte de Carabineros, que ha dejado a más de 200 personas con heridas oculares. El relator cierra preguntando por otro patrón: las supuestas presiones, telefonazos y reuniones que el gobierno ha tenido con directores de medios de comunicación para delinear las coberturas periodísticas sobre las movilizaciones.

El embajador ante la Oea toma el micrófono y a medida que habla comienza a elevar el tono. Hernán Salinas acusa al relator Vargas de “desvalorizar la posición del Estado”. “No estamos hablando de daños materiales, estamos hablando de los derechos humanos de todos quienes han sido vandalizados en sus personas y en sus bienes. Y eso quiero dejarlo claramente establecido aquí, señora presidenta, porque es inaceptable”, alega el abogado y cierra su intervención. Bonito contesta: “el propio gobierno, a través del Ministerio del Interior, dio instrucciones a Carabineros de defender y custodiar a varios canales de televisión que iban a ser saqueados (…). Desde el gobierno han salido las órdenes para permitir, justamente, que la libertad de prensa siga funcionando correctamente en Chile”. Sin embargo, lo que no considera el asesor es lo que varios periodistas han catalogado como un “atentado a la libertad de prensa”: desde el primer día del estallido social, el presidente de Chile no ha respondido ninguna pregunta de las y los periodistas que trabajan en La Moneda.

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Claudio Nash, abogado y coordinador académico de la Cátedra de Derechos Humanos de la Vicerrectoría de Extensión y Comunicaciones de la Universidad de Chile, critica el manejo del gobierno en el resguardo del orden público a partir de medidas que no han sido “ni oportunas ni efectivas”. Recordando a los cientos de hombres, mujeres, niñas y niños con lesiones oculares, Nash cierra su intervención con una analogía: “la dictadura militar chilena quedó marcada en la historia por la desaparición forzada de personas como un instrumento de terror. Este gobierno pasará a la historia por los cientos de jóvenes que vivirán con mutilaciones oculares como consecuencia de la violencia opresiva. No estamos hablando de casos aislados, estamos ante el terror instalado como práctica sancionatoria y atemorizante. Desde la antigüedad que la humanidad no veía un uso semejante de la ceguera como instrumento para callar a la ciudadanía”.

Los representantes del gobierno conversan entre ellos y de a poco se retiran del salón con sus rostros duros. El público se acerca a los representantes de la sociedad civil y a la defensora de la Niñez para felicitarlos. La postal de un Estado expuesto frente a las presentaciones de organizaciones sociales y organismos autónomos se proyecta con fuerza esa tarde desde Quito.

Con el paso de las semanas, los informes de Amnistía Internacional y Human Rights Watch reafirmaron las alarmas que sonaron con más fuerza tras la audiencia de la Cidh. “Chile desmiente el Informe de Comisión de Derechos Humanos”, tituló El Mercurio el 21 de octubre de 1975. “Gobierno rechaza y califica de ‘irresponsable’ duro informe de Amnistía Internacional”, se lee en La Tercera el 21 de noviembre de 2019. Una incómoda coincidencia que persigue al Estado tras 44 años. Demasiado incómoda, por cierto, para los esfuerzos de Sebastián Piñera por proyectar una imagen conciliadora, democrática y tajante en la defensa de los derechos humanos.

Un espacio público donde encontrarnos, participar y decidir

Por Ennio Vivaldi

Concentraciones multitudinarias y marchas entusiastas son dos elementos connotados de estas últimas semanas en Chile. Las primeras parecen aludir a un deseo, quizás una necesidad, de un reencuentro. Dejar atrás un individualismo extremo y volver a ser parte de una red de interacciones que generan conscientemente un destino común. En cuanto a las marchas, parecen indicar la resolución de avanzar y superar un estancamiento material y afectivo.

La voluntad de cambiar la Constitución se ha transformado en un tema esencial. Entender el cuestionamiento de ese compendio articulado y coherente de un modelo de sociedad que fue propuesto, definido y afinado durante la dictadura, ocupa hoy un lugar central para la comprensión y solución de la situación que vivimos. El problema no es, primariamente, su contenido; es anterior, y tiene que ver más bien con su carencia de validación popular. Nosotros, como universidad pública para la cual el pluralismo resulta esencial, no podemos descalificar prejuiciadamente ningún cuerpo de ideas. Se puede y debe discutir la ideología que fundamenta ese modelo, además de evaluar, hoy, los resultados que alcanzó. Sin embargo, lo difícil de aceptar es que un modelo de sociedad se haya impuesto sin ser sometido a un veredicto ciudadano.

Quienes acuden a las concentraciones parecen resistirse a seguir viviendo sometidos a normativas y convenciones de cuya génesis no fueron parte. Una visión tan individualista, en que cada cual ha de hacerse cargo de sí mismo y sólo de sí mismo, debería ser evaluada en su dimensión ética, es decir, puesto en los términos más simples, si a uno le gustaría o no vivir en una sociedad así concebida, o si preferiría otra basada en valores más solidarios. Pero también debe ser evaluada en su dimensión empírica, es decir, la satisfacción o descontento que cada cual siente respecto a sus condiciones de vida reales.

En efecto, las cuestiones más directamente atingentes a cada uno, tales como pensiones, salud, educación, vivienda, salarios, están determinadas por concepciones de la sociedad y la forma en que las personan interactúan en ella, en cuya definición ninguno de nosotros parece haber participado. Hubo quizás una excesiva fe en que los valores aplicados en Chile, tal como aquí se entendieron, eran parte de lo que ya irreversiblemente constituía una nueva realidad mundial.

Hubo también una marcada incapacidad de asumir la necesidad de un equilibrio entre las esferas pública y privada. Esto trajo notables consecuencias no sólo en las áreas de pensiones y de salud, sino fundamentalmente en el desconocimiento del rol de la educación pública como el gran agente de esa cohesión nacional que hoy tanto echamos de menos.

Hoy el pueblo de Chile se muestra ávido de regenerar un espacio de encuentro, conversación y convergencia. Esta expectativa habrá de transformarse en una propuesta de construcción de futuro que sea, a la vez, tranquila y enérgica.

Las universidades públicas estamos llamadas a aportar a una discusión que debe reconsiderar diversos ámbitos como educación, salud, previsión, salarios o vivienda. También plantearnos en términos más globales respecto de una nueva matriz productiva para Chile, en la cual, gracias al desarrollo y aplicación de conocimiento, superemos esta etapa de nuestra historia económica basada en la explotación de recursos naturales. Pero, sobre todo, nuestro objetivo debe ser que la sociedad entera haga suyos los nuevos problemas del mundo contemporáneo, tales como la revalidación y revaloración de la democracia, así como la toma de conciencia de la crisis medioambiental de este antropoceno.

La crisis actual será superada y se transformará en un avance social trascendente en la medida en que se cumplan dos condiciones que, siendo muy simples, hasta aquí han parecido lejanas: que la ciudadanía perciba nítidamente que es consultada en las cuestiones que para ella son relevantes y, más importante aún, que se le hace caso.

Manuel Antonio Garretón: Los desafíos del Chile de la “democracia expresiva”

De cierta forma, el Premio Nacional de Humanidades y Ciencias Sociales está viviendo el momento que por muchos años esperó, el de discusión sobre una nueva Constitución que siempre ha considerado indispensable para alcanzar una democracia completa. Por eso no duda en señalar que este es un hito histórico, a pesar de que advierte las complejidades de debatir en un contexto de crisis de la representación y exacerbación de lo que llama “democracia expresiva”, que vendría a ser algo así como la ilusión de estar decidiendo y participando políticamente sólo porque hacemos un comentario en redes sociales.

Por Jennifer Abate C.

¿Cómo nombra usted lo que ha pasado en Chile hasta hoy? ¿Se trata de un estallido?

Creo que hay una dimensión de estallido, que es clara y que uno puede definir en términos del tiempo, pero esto también tiene un aspecto de movimiento, y mi impresión es que lo que va a ir ocurriendo es la separación entre el estallido y el movimiento. El estallido es un momento que funda una situación, es una coyuntura crítica, pero el movimiento es algo con proyecto. Todo el problema está en si el estallido va a ser algo más, si se va a convertir en un movimiento y si va a tener consecuencias que vayan más allá de un estallido o ruptura de situaciones actuales, si va a tener una proyección.

—¿Y a dos meses del inicio del estallido, cree usted que va a tener proyección, que se va a convertir en un movimiento?

No todo estallido es un movimiento o proyecto, pero este tiene todas las de poder ser uno. Tengo la impresión de que en Chile este estallido se produce porque ya había un movimiento larvado, si no, no se hubiera producido. Lo que me llama la atención es la poca importancia que se le da en los análisis a la continuidad. Sin el 2006 y el 2011, sobre todo sin el 2011, no hubiéramos tenido esto. Ahora todos se hacen un poco los locos diciendo que nadie vio venir esto cuando había señales bien claras de un descontento que se iba manifestando.

—Hoy el estallido le pasa la cuenta a un gobierno de derecha, pero no podemos olvidar que desde la recuperación de la democracia hemos tenido cinco gobiernos de la ex Concertación o ex Nueva Mayoría. Hace un año usted dijo: “al no intentar alterar el modelo de acumulación, sino que más bien pensar que era posible una alianza con el empresariado para mantener ciertos niveles de crecimiento, lo que hizo la ex Concertación fue corregir pasar del 50% de pobreza a un 15%, de cinco mil dólares per cápita a 20 mil”. ¿Cree que el hecho de que esa coalición hiciera oídos sordos a las demandas ciudadanas incubó el actual malestar?

Yo no hablaría de oídos sordos. ¿Qué demanda de cambio al modelo económico había por parte de los movimientos ciudadanos si se dedicaron a consumir durante 20 años? No hay 30 años de sordera a las demandas, hay 30 años de mantención y sólo corrección del modelo económico. Es injusto decir que se hacía oídos sordos porque no se gritaba; para hacer oídos sordos tiene que haber un grito. Hay que tomar en cuenta que en Chile prácticamente nunca se expresaron las demandas ciudadanas si no era a través de los partidos políticos, y muchas de esas demandas fueron generadas desde los partidos. Por ejemplo, el plebiscito para derrocar a la dictadura: la ciudadanía no estaba para nada en eso, para nada. En Chile la manera en que se constituían las demandas ciudadanas era vía partidos, y eso hizo que estos siempre fueran algo más que sólo partidos.

—¿Es posible desprender de eso que si hoy la ciudadanía está disputando y exigiendo en las calles es porque perdió esa confianza en partidos políticos que hoy están desarticulados y no concitan tanto interés?

La idea de ciudadanía es inseparable de la idea de participación en la polis o de la idea de votar. Cuando hablamos de la ciudadanía hoy en día hablamos de otra cosa, de nuevas formas de ciudadanía, hablamos de una mezcla de ciudadanos y consumidores, porque detrás de ciertos reclamos, lo que hay son demandas de consumo.

—Hace décadas que usted plantea como urgente contar con una nueva Constitución. ¿Qué opina del acuerdo al que llegó el mundo político para realizar un proceso constituyente en un momento en que algunos partidos amenazan con salirse del acuerdo?

Considero que se trata de una cuestión histórica en el doble sentido: es la primera vez que Chile puede tener una Constitución definida a través de un proceso constituyente popular y, por otro lado, le da una salida a un conflicto que parecía sin salida política. Es un avance porque quiere decir que va haber un proceso en el cual van a haber elecciones para decidir quiénes participan en una asamblea constituyente y ella podrá hacer la Constitución que estime conveniente.

—¿Qué piensa de que actualmente la discusión constituyente se centre en la paridad de géneros y la representación de los pueblos indígenas?

Se hace un acuerdo que no contempla la paridad y el tema que se discute es la paridad. No me gusta esta frase que usa todo el mundo, de que “el discurso constituye realidad”, pero bueno, el discurso hoy en día apoya predominantemente la paridad y luego eso va a tener algún efecto.

—Sí, pero no ganamos nada con quedarnos en el discurso si finalmente no se toman medidas concretas para asegurar la paridad.

De acuerdo. ¿Pero qué hubiera pasado si la manifestación o movilización de las mujeres hubiera sido no sólo sobre Lastesis, que me parece muy interesante, sino que hubiera sido un llamado a la Plaza de la Dignidad o al Parque O’Higgins a todas las mujeres para exigir paridad? Hubiéramos tenido un 8M en términos de paridad y de asamblea constituyente. Muchas veces los movimientos dicen “ah, es que no me quiero meter porque no quiero legitimar esto”. Y por eso no se realiza una movilización masiva, un gran acto en el Parque O’Higgins y en todas las distintas ciudades del país, todos movilizados en torno a voto obligatorio, paridad, cuota de pueblos indígenas, participación durante la asamblea.

Crédito: Felipe PoGa

—¿Por qué cree que no se logran esos acuerdos más transversales?

Porque creo que la ciudadanía, que es más opinión pública que ciudadanía, no cree en esto. No puede ser que una enorme cantidad de gente considerara que el acuerdo era importante y una enorme cantidad dijera que no importaba nada. O sea, hay una ruptura, hay en la cultura de hoy un rechazo a lo institucional, a lo vertical, al que me digan algo: yo me represento a mí mismo. Hay un cuestionamiento universal del principio de representación. Pero hay ciertas cosas que la política debe hacer y que no siempre van a corresponder con lo que la gente quiere. Porque si la política hace lo que la gente quiere, entonces, primera cosa, desaparece la política. No hagamos política, hagamos lo que la gente quiere y que la gente se gobierne.

—Sin embargo, probablemente hay que encontrar una solución al problema de una clase política que no está escuchando a la ciudadanía y que por lo tanto no representa a nadie.

Usted necesita, de todas maneras, sistemas de representación, la pregunta es si los actuales sistemas de representación son capaces de garantizarla, y yo creo que probablemente nunca se va a asegurar totalmente, y por lo tanto hay que dejar espacio a la democracia deliberativa, a la democracia participativa, que es distinta a la representativa, y que propone participación, sobre todo a nivel territorial, directa, a través de referéndum, plebiscitos revocatorios, etc.

Desde esta perspectiva (desde otras son muy buenas), las redes sociales son nefastas porque dan la ilusión de estar decidiendo, de estar comunicando, de estar interactuando, estamos ante una nueva forma de democracia. Siempre se ha hablado de democracia representativa, democracia participativa, de democracia deliberativa, pero yo creo que estamos ante una nueva democracia, que se llama “democracia expresiva” y no es deliberativa, donde lo que importa es lo que yo pueda decir, no el debate con el otro. En ese sentido, es antirrepresentativa.

—¿Cuáles son los riesgos de creer que todo se puede resolver a través de esto que usted llama “democracia expresiva”?

La pura “democracia expresiva” no sirve porque no permite gobernar. Yo decía que me hubiera gustado que las mujeres hubieran hecho un 8M por la paridad, pero eso implica que se plieguen al proceso y que entiendan que el acuerdo es un avance, pero muchas veces los movimientos sociales no quieren aceptar este tipo de cosas pues se sentirían cooptados. Con eso perdemos la posibilidad de ligar los avances del movimiento social con los avances del movimiento político. Va a haber que pensar, además, en todo lo que es la democracia a nivel territorial, donde se puede avanzar mucho.

—Esta semana se dio a conocer el informe de la Onu, que al igual que el de Amnistía Internacional y el de Human Rights Watch da lapidarias conclusiones sobre la violación de derechos humanos en los últimos dos meses en Chile. ¿Cuáles son los riesgos de no actuar enérgicamente frente a denuncias tan graves como las que han salido a la luz?

Primero, quiero nombrar la importancia en la política chilena de Michelle Bachelet. Todo lo que está pasando hoy ella ya lo puso como un tema clave en su gobierno. Además, lo que ha hecho en su cargo, en ONU, ha sido de extremada relevancia. Creo que estamos frente a un tipo de violación de derechos humanos que no viene desde el dictador, pero que sí viene del aparato del Estado. A mi juicio, el gobierno no ha entendido nada y aquí tendría que haberse dado una propuesta de reforma muy estructural de las fuerzas de orden, cosa que no ha habido. Tenemos fuerzas policiales que no saben qué hacer con esto, que están desbordadas; una fuerza policial que está desbordada no es una fuerza policial.

Esta entrevista es una breve síntesis de la que se realizó el 13 de diciembre de 2019 en el programa radial Palabra Pública de Radio Universidad de Chile, 102.5. 

El capitalismo globalizado y América Latina

Por Grínor Rojo

El capitalismo globalizado está teniendo que lidiar en estos momentos con una crisis prolongada que podría ser la más grande de toda su historia. No soy yo el primero en detectarla, por supuesto. Destacados investigadores y filósofos, como Givanni Arrighi, Immnuel Wallerstein, Terence Hopkins, Slavoj Zizek y otros la han descrito con un vasto acarreo de argumentos y de pruebas. Es una crisis que cumplió ya cuatro décadas y que hoy se presenta abastecida con todos los elementos que se requieren para convertir al planeta en una nube de cenizas cósmicas. Desde 1971, que fue el año en que Richard Nixon puso fin en Estados Unidos al patrón oro para el dólar, a lo que se añadió en 1973 y 1974 un aumento de los precios del petróleo, las dificultades a que aquí me refiero no han hecho más que multiplicarse. Entre 1982 y 1989 sobrevino la llamada “crisis de la deuda”, la que aun cuando impactó a los países latinoamericanos principalmente, amenazaba internacionalizarse, desestabilizando como consecuencia de ello a la totalidad del sistema; en 1997 se desató en el sudeste asiático el dominó de las devaluaciones, ominosas estas asimismo, para las operaciones del capitalismo internacional, reproduciéndose a todo lo largo y ancho del globo terráqueo; luego se produjo el caos financiero de 2007, cuando Lehman Brothers fue el primero dentro de un grupo de grandes bancos estadounidenses que se declararon en quiebra; el de 2008, cuando se produjo el estallido de la burbuja inmobiliaria española; el de 2012-2013 en toda la eurozona, que dejó 24.7 millones de personas sin trabajo; así como el de 2015-2016, con una caída en picada de los precios de las materias primas, como los chilenos pudimos experimentar en el caso del cobre y los venezolanos, mexicanos y ecuatorianos en el del petróleo. Cuando redacto esta página, Paul Krugman, Premio Nobel de Economía de 2008, ha anunciado una nueva debacle para el 2020 y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, parece estar haciendo todo lo posible por darle la razón. Tales son sólo los hitos mayores de una curva descendente que ha durado más tiempo del que los capitalistas están dispuestos a tolerar.

Dado este estado de cosas, los capitalistas hacen lo que siempre han hecho en circunstancias análogas: se embarcan en una campaña de reacumulación del capital y lo hacen expandiendo territorialmente sus operaciones hacia comarcas del globo que no habían sido incorporadas hasta ahora dentro de la órbita de sus actividades o que no lo habían sido suficientemente, al mismo tiempo que profundizan la capacidad de extracción de plusvalía al interior de las comarcas que ya se encuentran bajo su dominio. Por más que no lo parezca, el enriquecimiento obsceno del decil más alto de la distribución mundial del ingreso, que según los cálculos de Thomas Piketty varió desde 30-35% a fines de la década del cuarenta a 50% en 2010, es un dato sistémico y no una consecuencia de la pura codicia.

“Desde mediados de los setenta, cuando los Chicago boys consiguen la oreja de Pinochet, la fórmula neoliberal empezó a implementarse en este país con un ímpetu que ha superado incluso al que se observa en las economías capitalistas metropolitanas”.

Respecto de la expansión territorial contemporánea, como sabemos, ella tiene lugar sobre todo en el Oriente Medio, en Irak, Libia y Siria, aunque la presa futura, a la que las transnacionales miran con avidez suprema, es Irán. El argumento del presidente George W. Bush, quien en 2003 puso en marcha la segunda guerra del Golfo Pérsico (la primera la había emprendido y perdido su papá en 1991) con la intención de “liberar” a la humanidad de la “amenaza nuclear” de Saddam Hussein y a los iraquíes de su “tiranía”, y de abrirle paso de esa manera a la formación de un “Medio Oriente democrático”, no fue más que un pretexto mentiroso para enmascarar un despliegue expansionista cuya finalidad era no sólo apoderarse de los pozos iraquíes de petróleo, lo que es obvio, sino “abrir” íntegramente esa región a los apetitos del deprimido sistema económico mundial a la vez que se le daba con ello un nuevo impulso a la producción de armamentos. Porque si por un costado la producción de armas es la que ha hecho posible la mantención de una hegemonía política estadounidense en franco declive, por el otro, es esa misma producción la que oxigena a un sistema económico que también lo está. Para pelear las guerras de Irak y de Afganistán, George W. Bush aumentó el gasto militar de Estados Unidos en un 11%. En 2017, Donald Trump lo hizo crecer de nuevo, esta vez en un 9% y por un total de 54.000 millones de dólares. Leo, además, en una noticia del 2 de agosto de 2019, que el actual presidente de Estados Unidos decidió poner fin al acuerdo con Rusia sobre control a la proliferación de armas nucleares, el que se hallaba en vigencia desde hace cincuenta años. Más que atribuir ese desatino a su irracionalidad belicista y a la aún más pronunciada de sus asesores, yo tiendo a creer que la motivación de fondo no ha sido otra que favorecer a la industria de armamentos.

Por otro lado, si ahora volvemos la mirada hacia adentro y nos fijamos en el espacio que el capitalismo ya controla, la sobreexplotación de los recursos naturales y la del trabajo humano —poniéndose en acción en este segundo frente toda clase de métodos mañosos, entre los que se cuenta el de la infame “flexibilidad laboral”—, así como la mercantilización de un conjunto de prácticas que hasta no hace tanto tiempo se mantenían libres o semilibres de contagio, como las que dicen relación con el deporte y la cultura, descubriremos ejemplos ostensibles de la estrategia a la que en su propio reducto el capitalismo global está recurriendo para salir del atolladero en que se encuentra metido. Y todo eso sin contar con el incesante bombardeo mediático por obra del cual se les crean a los buenos vecinos necesidades nuevas y se nos induce a precipitarnos en la borrachera consumista del mall.

Dos años antes de la primera Guerra del Golfo, el llamado “consenso de Washington” había puntualizado uno por uno los objetivos del proyecto. En el papel, por lo menos, el consenso de marras tuvo como su punto de partida el informe que en 1989 presentó en Washington el economista inglés John Williamson a especialistas de diez países latinoamericanos convocados por el Instituto de Economía Internacional con la intención expresa de ordenar la conducta financiera de los organismos crediticios respecto de las naciones “en desarrollo”, de preferencia, por cierto, las de nuestra región del mundo. Terminar de una vez por todas con la discusión ociosa acerca de los distintos “modelos de sociedad”, admitir que sólo existe uno y que con ese uno se deben adoptar las medidas que sean las más apropiadas para hacer que él dé todo de sí.

Los diez temas sobre los cuales, según escribe Williamson, habría acuerdo “en Washington” (¿acuerdo entre quiénes? me pregunto yo. Mi sospecha es que los “temas” de Williamson eran más bien lugares comunes ya instalados que circulaban por los corredores del Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y el Departamento del Tesoro de Estados Unidos), eran los siguientes: disciplina fiscal, reordenación de las prioridades del gasto público, reforma tributaria, liberalización de las tasas de interés, tipo de cambio competitivo, liberalización del comercio, liberalización de la inversión extranjera directa, privatización de las empresas estatales, desregulación para distender las barreras al ingreso y salida de productos, lo que estimulaba la competencia, y derechos de propiedad garantizados. No hace falta ser un especialista en economía para concluir de la lectura de este decálogo que los que iban a sacarle una tajada a su aplicación no eran los países subdesarrollados de América Latina o los de otras de las muchas áreas pobres del mundo, sino el capitalismo global. Se transformaban de este modo, en 1990, las que todavía eran un haz de prácticas dispersas en una política económica precisa.

La ideología neoliberal (la ideología y no la economía, ya que si queremos evitar malos entendidos se ha de nombrar a las cosas por su nombre. La economía es, no ha dejado de ser, la economía capitalista, sólo que ahora atrapada en una coyuntura de crisis y de intento de recuperación de su maltrecha salud recurriendo a una ortodoxia tecnocrática que justifica y promueve la exacerbación de tendencias curativas y paliativas radicales, pero que formaban parte desde siempre de su botiquín de remedios. De más está decir que lo de “postcapitalismo” no es más que un distractor para espíritus noveleros) es la que suministra el libreto de instrucciones “científicas” para estas maniobras.

En América Latina, la novedad neoliberal hizo su estreno en la década del setenta. Cierto, los golpes de Estado de los militares empezaron antes, en el 54 en Guatemala, y siguieron en el 64 en el Brasil y, aun cuando también sea verdad que el capitalismo global y, a la vanguardia del capitalismo global, el interés económico de Estados Unidos, tuvo más de algo que ver con tales atentados, así como con los que les dieron continuidad durante la década del setenta, no lo es menos que su razón de ser última fueron la insurgencia guerrillera posterior a la Revolución Cubana y una interpretación de esa insurgencia acorde con los parámetros paranoicos de la Guerra Fría.

El factor económico era aún, a esas alturas, de gravitación menor. Existían, entre los militares que se entronizaron entonces en el poder, nacionalistas coherentes, defensores del modelo económico previo, el que favorecía la industrialización nacional y la sustitución de importaciones. Las políticas económicas de los generales brasileños que abrieron ese país a la inversión extranjera, Castelo Branco, Garrastazu Médici y hasta el menos despótico Ernesto Geisel, no perdieron de vista ni el desarrollo económico de origen doméstico ni la supremacía regional del Brasil, que ellos avizoraban como una consecuencia forzosa del mismo. Más al sur, en la Argentina de la “Reorganización Nacional” el fracaso de las políticas neoliberales del ministro José Alfredo Martínez de Hoz constituye también una prueba fehaciente de que a fines de los sesenta e incluidos los setenta el nacionalismo económico seguía formando parte del imaginario hegemónico entre quienes conducían los destinos de ese país e independientemente de su origen, a veces muy poco agradable (aludo a los resabios corporativistas). Los militares brasileños y los militares argentinos fueron anticomunistas rabiosos, eso nadie se los puede mezquinar, guardianes juramentados de la “cultura occidental y cristiana” y fieles adherentes por eso a la doctrina de la “seguridad nacional”, admiradores boquiabiertos del american way of life y listos para pelear una “guerra interna” contra su propia gente para implantarlo en los espacios nacionales respectivos, con todas las atrocidades que según hay constancia cometieron, pero a pesar de todo eso continuaron creyendo en la posibilidad de un desarrollo industrial propio.

La excepción fue Chile. Desde mediados de los setenta, cuando los Chicago Boys consiguen la oreja de Pinochet y lo convencen de que su propuesta de “El ladrillo” era la mejor alternativa para sacar al país de su “ruina socialista”, la fórmula neoliberal empezó a implementarse en este país con un ímpetu que ha superado incluso al que se observa en las economías capitalistas metropolitanas. Es el caso de la privatización casi total de las pensiones, que no obstante múltiples tentativas, no ha logrado imponerse ni siquiera en Estados Unidos.

El camino que Chile se adelantó a seguir a mediados de los setenta es el mismo que entre el término de los ochenta y principios de los 2000 se procurará replicar en otros países de la región. Para anotar aquí sólo siete ejemplos tópicos: en México, desde el mandato de Carlos Salinas de Gortari (1948- ), entre 1988 y 1994; en Venezuela, durante la segunda presidencia de Carlos Andrés Pérez (1922-2010), de 1989 a 1993, y la segunda de Rafael Caldera (1916-2009), de 1994 a 1999, grandes amigos ambos del FMI; en Colombia, a partir de la presidencia de César Gaviria (1947- ), entre 1990 y 1994; en Brasil, con Fernando Collor de Melo (1949- ) y Fernando Henrique Cardoso (1931- ) entre 1990 y 2003; en Perú, sobre todo durante el periodo que sigue al autogolpe de Alberto Fujimori (1938- ), entre 1995 y 2000; en Bolivia, desde el fin del cuarto gobierno de Víctor Paz Estenssoro (1907-2001), en el 89, y especialmente durante el segundo gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada (1930- ), hasta la huida del Goni a Estados Unidos en 2003; y en Argentina, al principio durante Carlos Menem (1930- ), entre 1989 y 1990 (esa, una segunda intentona que como la de Martínez de Hoz no prosperó y dejó a Argentina sumida en el peor de los marasmos. En Argentina, un país productor de alimentos como no hay muchos en el mundo, ¡se registraron en esos años episodios de desnutrición!), luego con Fernando de la Rúa (1937-2019), quien después de endeudarse con el FMI en 38 mil millones de dólares en el 2000, debió huir en el 2001 desde la azotea de la Casa Rosada en helicóptero, y desde 2015 con Mauricio Macri (1959- ), quien ha estado rehaciendo el camino de Menem y de la Rúa y precipitando a su país en un marasmo aún peor.

En el Brasil de Michel Temer, hundido este hasta el cuello en una recesión económica feroz (con una caída del Pib de -3,8% en 2015, de -3,6 en 2016 y de 0,4 en 2017, según las cifras de la Cepal), el neoliberalismo empleó todas las medicinas que recomienda la ortodoxia para la recuperación del enfermo. Era el tratamiento del doctor Williamson casi en su integridad: reducción del gasto fiscal, liberalización del comercio, las finanzas y la inversión extranjera, privatización de las empresas estatales, etc. Con este mismo espíritu de reformas neoliberales, la Propuesta de Enmienda Constitucional (Pec) 55 y el Proyecto de Reforma de la Educación Media, ambos convertidos en ley por el Parlamento brasileño en 2016 y 2017, establecen la primera un congelamiento del presupuesto educacional por un plazo de veinte años (también el de salud), y el segundo un conjunto de medidas dizque pedagógicas, las que van desde el alza de la jerarquía (a asignatura obligatoria) y el tiempo (mayor) destinado en el currículumde la enseñanza media a las matemáticas y al uso instrumental de las lenguas portuguesa e inglesa, únicas que logran jerarquía de obligación, al rebajamiento de la jerarquía (a asignatura opcional) y el tiempo (menor) que se les otorga a las disciplinas artísticas, las humanísticas y a las ciencias sociales (a no ser que se trate de ciencias sociales “aplicadas”). Si en el Brasil de Temer con una mano el congelamiento presupuestario en la educación pública brasileña le dejaba la puerta libre a los privados, para robustecerse y acabar a corto o mediano plazo dictando las reglas del juego para todos los que entran en esta cancha, con la reforma curricular lo que se buscó fue cerrarle la puerta a las manifestaciones de la disconformidad.

Eso que Brasil le estaba mostrando a Latinoamérica en 2016 era el proyecto neoliberal llevado, en la periferia y en medio de una coyuntura de grandes penurias económicas, hasta el extremo de la caricatura. Un proyecto atroz y que ha tenido después, en el año y medio de la presidencia de Jair Bolsonaro, una continuidad que lo es más aún. En nombre del crecimiento capitalista, Bolsonaro está quemando la Amazonía, dejando a cientos de miles de indígenas despojados de sus tierras y poniendo en peligro la existencia misma del globo terráqueo. Pero el asalto no lo inició él. Por eso, no debiera extrañarnos que entre 2015 y 2016 Brasil haya aumentado sus emisiones de carbono en un 8,9% y que esto haya ocurrido no en los estados urbanos e industriales, como pudiera pensarse, sino en Pará y Mato Grosso, donde los latifundistas ganaderos y los productores de soja son los responsables por la deforestación, muchas veces a causa de incendios deliberados. Mientras tanto, Bolsonaro reduce una vez más los presupuestos educacionales y, sobre todo, con saña indisimulada, los que dicen relación con el cultivo de las ciencias sociales, las humanidades y las artes.

Y para volver a Argentina, el empresario futbolero Mauricio Macri ha hecho allí también lo suyo. En menos de cuatro años en la Casa Rosada, procurando imponer a su país un régimen neoliberal, los resultados son un Pib que se contrajo en un 5,8% sólo en el primer trimestre de 2019, una inflación del 60%, un desempleo por sobre el 10%, una deuda reciente con el Fmi de 57.000 millones y, según cálculos no oficiales (los oficiales son impensables), un 30% de la población subalimentada. Entre tanto, las otrora excelentes universidades argentinas languidecen.

En todos estos casos, el proyecto y su fundamentación son idénticos: el neoliberalismo hace en y para el país lo que hay que hacer. Es la “ciencia económica” la que así lo determina.

Pero la ciencia neoliberal no es una solución para América Latina. Los costos que involucra su implementación son comprobadamente mayores que los beneficios si es que nosotros estamos pensando en quienes sufren las artimañas reacumulativas y no en aquellos que obtienen ventaja de ellas. Para decirlo con las palabras de Atilio Borón, el neoliberalismo no es más que el último episodio de la reiterada incapacidad del capitalismo para enfrentar y resolver los problemas y desafíos originados en su propio funcionamiento. En la medida en que el sistema prosiga condenando a segmentos crecientes de las sociedades contemporáneas a la explotación y todas las formas de opresión —con sus secuelas de pobreza, marginalidad y exclusión social—, y agrediendo sin pausa a la naturaleza mediante la brutal mercantilización del agua, el aire y la tierra, las condiciones de base que exigen una visión alternativa de la sociedad y una metodología práctica para poner fin a este orden de cosas seguirán estando presentes.

Que el viernes 18 de octubre de 2019 el pueblo chileno haya salido a protestar en las calles, a todo lo largo de nuestro país, que un mes después la protesta siga viva y sin que la “clase” política sepa reaccionar como debiera o, mejor dicho, sin que la clase política se muestre dispuesta a tener en cuenta a la gente y a adoptar las medidas que a gritos reclama, no tiene por qué sorprendernos.

Los indios de Chile

Por Rodrigo Karmy

En El Fantasma de la sin razón, Armando Uribe Arce cuenta que: “Poco después del Golpe de Estado de 1973, el Presidente Frei Montalva, que lo fue hasta 1970, lo explicó así el 74 en Nueva York a un ex ministro suyo que era alto funcionario de Naciones Unidas: ‘Toda la historia de Chile consiste en evitar que los indios atraviesen el Bío Bío (…) con el gobierno de Allende y la Unidad Popular, los indios lo atravesaron; ¡por eso se produjo el Golpe!’. Naturalmente —prosigue Uribe— se trata de una metáfora; muy interesante porque el hijo de suizo señor Frei, calificaba así de indio al pueblo chileno que representaba el Presidente Allende y la izquierda (…)”.El comentario de Uribe expresa el anudamiento mítico sobre el que se juega el devenir histórico y político de Chile. La máquina mitológica de una oligarquía blanca e hispánica que despreció a los indios durante la colonia, no ha dejado de despreciar al pueblo en su fase republicana. Indio y pueblo yuxtapuestos en una intensidad irreductible que habita los bordes del orden y que, de vez en cuando, irrumpe en las superficies: la asonada popular —la indiada— que llevó a Allende al poder vuelve a emerger después de varios desgarros iniciados desde el “eslabón más débil” que se cristaliza en los estudiantes secundarios.

Los indios —toda esa potencia popular— están de regreso. “Indios”, ese nombre puesto por equívoco que se aferra a la “indi-gencia” en que vive un pueblo durante la República, da la medida para pensar esa irrupción tan infinita y múltiple como es la imaginación popular. Siendo equívoco, el término “indio” implica una exclusión del sistema de verdad, la “indi-gencia” del indio traza un lugar sin lugar que puebla los bordes del orden, sus fronteras, sus límites –tras el Bío Bío. La indi-gencia del indio, la indiada indi-gente no es más que porosidad en la que los muros se han disuelto y las identidades se intersectaron en la apuesta de un mundo común. La indi-gencia del mundo se abalanza contra su entera destrucción propiciada por la oligarquía financiera que hoy domina el planeta y que en Chile encuentra en su Constitución (la de 1980) el texto que legaliza su infinito saqueo.   

Para el 18 de octubre el error indio mostró la indi-gencia de la República al “atravesar el Bío Bío” y tomarse un país por más de un mes. La indiada se refugia en las calles, se parapeta en árboles frente al ojo policial, ataca y se fuga, abraza la ciudad como si fuera suya, no teme más que lo que festeja. Irrumpe en la singular “normalidad” de los poderosos y acampa en sus bordes para “despertar”. Porque la indiada no habita, sino  acampa. Ha llegado el momento de cognoscibilidad donde los “abusos” parciales contra los que se opuso con fuerza, se anudan en la imagen de un sistema completo: el pueblo quiere la caída del régimen —gritan desde el mundo árabe; todo el pueblo quiere un nuevo régimen, claman desde las “grandes alamedas” que otra vez abiertas en medio del país.

“La asonada popular —la indiada— que llevó a Allende al poder vuelve a emerger después de varios desgarros iniciados desde el ‘eslabón más débil’ que se cristaliza en los estudiantes secundarios”

La indiada recorrió las calles, expuso su vida a la violencia de militares y policías que defendían la “frontera” y, en el instante en que sus representantes del Congreso suscribieron el “Acuerdo por la Paz Social y la Nueva Constitución”, el primer significante obliterado fue el de “asamblea constituyente”, que fue imperceptiblemente sustituido por el de “convención constitucional” (o mixta, en caso que así lo dirima el plebiscito). Recordemos que la indiada de Chile ha expresado que la “asamblea constituyente” sería el lugar en el que el intelecto común puede cristalizar una forma precisa de deliberación política. La indiada es apabullante potencia de un deseo sin dirección ni liderazgo que, sin embargo, ha destituido al orden de las cosas. Porque, en tanto cristalización del intelecto común, el pueblo quiere sentarse en el vacío dejado por parlamentarios y gobierno. Pero no para investirse de su autoridad oligárquica y reproducir la soberanía que él mismo ha destituido, sino para abrazar una “democracia popular” que no habrá que entenderse  por un específico “régimen” de gobierno, sino por una “potencia igualitaria” capaz de destituir el ensamble militar-empresarial sobre el que se ha fundado el pacto oligárquico de Chile.

Crédito: Fabián Rivas

Que los parlamentarios de turno —por presión del capital financiero y presunta digitación expresa de Washington— hayan sustituido el significante “asamblea” por el de “convención” no puede ser algo casual. Ante todo, los juristas se han apresurado a subrayar que el asunto de nombres no importa porque, en el fondo, el dispositivo será el mismo. ¿Será el mismo? Y si es el mismo, ¿entonces por qué no recurrir al término “asamblea constituyente”? La sustitución de “asamblea” por “convención” es una operación que sustituye el vocabulario popular por el de la oligarquía en su versión parlamentaria, obliterando la posibilidad de un simple “agenciamiento” que emerge desde la propia potencia popular, en favor de la “aristocratización” promovida por el paradigma parlamentario. En ese plexo, el “acuerdo” se erige desde una primera derrota popular, pero, a la vez, nos abre a un segundo tiempo por disputar.

Sin política no habrá disputa y hoy, más que nunca, a pesar de todo, la indiada nuevamente tendrá que asaltar los elegantes palacios y abrir su lugar en la futura Carta Fundamental. Porque la indiada ha ganado demasiado para bajar los brazos frente al “acuerdo” y dejarle el nuevo artefacto a los de siempre: más bien, no tendrá que restarse ni sumarse, sino que tendrá que actuar políticamente para transformarlo. A pesar de que el Estado la sigue acribillando y hace pasar todo como si la violencia sistemática ejecutada por militares y policía hubieran sido “hechos aislados”, todos sabemos que se trata de una política que, permeada del mito colonial, pretende que la indiada retroceda de las calles y vuelva al Bio Bío. Pero, como se ha visto, ella no volverá, sino que ingresará a las calles para destituir lo que sea necesario del nuevo artefacto (el “acuerdo”) y no renunciar a su imaginación popular. Su disputa ya ha comenzado desde el instante en que después del anuncio del “acuerdo” el pueblo se ha volcado a las calles.

“Sin política no habrá disputa y hoy, más que nunca, a pesar de todo, la indiada nuevamente tendrá que asaltar los elegantes palacios y abrir su lugar en la futura Carta Fundamental”

Los indios de Chile no descansarán. La presencia simultánea de banderas mapuche y chilena en las marchas expresa la intempestividad de la potencia popular. La indiada es el punto de intersección entre ambas banderas, el lugar sin lugar en que acampa el sitio baldío, más allá de toda representación. Porque la indiada no es más que el sobrante –el resto- del pacto oligárquico de Chile, aquel que se ha restituido demasiadas veces (1833-1925-1980) y que no ha consistido más que en el atrincheramiento de una oligarquía en desmedro del indio. Este sigue siendo el “error” al orden y la “indi-gencia” que no se quiere ver. Pero la indiada popular —esa multitud acéfala— se levanta y aterra a su oligarquía, deviene monstruosidad inmanente a la República, la sombra que puede ser calificada de “alienígena”: de otro mundo, de otra lengua, de otra frontera.

La indiada deviene inactual consigo misma y, por esa misma intensidad, no puede sino temblar intempestiva. Por eso, no da lo mismo “asamblea” que “convención”: si esta última se deja regular por el régimen de representación parlamentaria, dejando de lado el vocabulario popular, reproducirá en un “segundo tiempo” la expulsión de la indiada y terminará haciendo de la nueva Constitución una nueva frontera del pacto oligárquico de Chile. Sin embargo, los indios de Chile están aquí para disputar esos dispositivos y actuar políticamente frente a la posibilidad de una nueva injusticia.

Galería de fotos: El estallido

Desde el 18 de octubre, día en que comenzó el estallido social en Santiago y luego en el resto del país, los fotógrafos de la Universidad de Chile, Felipe PoGa y Alejandra Fuenzalida, han estado cubriendo lo que ha ocurrido en las calles de la capital. Ejercer el periodismo en estos tiempos no ha sido fácil: PoGa recibió balines en su mano y espalda mientras cubría las manifestaciones en Plaza Italia el lunes 21 de octubre. Este es un registro de algunas de sus imágenes.

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Fotografías Felipe PoGa

Fotografías Alejandra Fuenzalida

Número especial: El estallido

Edición de Palabra Pública con más de 100 páginas dedicadas a la crisis social y política que comenzó el 18 de octubre de 2019, y en la que participaron más de 30 destacados escritores, académicos, periodistas y activistas con columnas, entrevistas y ensayos.

Carlos Ruiz Encina: “Tenemos que reconstruir la política como el espacio donde delibera racionalmente la sociedad”

Si de algo sabe el sociólogo, académico y presidente de la Fundación Nodo XXI, es de crisis políticas. El descalabro actual, que encuentra al mundo político disgregado y enfrentando una muy baja credibilidad ciudadana, también afecta a su sector, el Frente Amplio, que, a su juicio, “no puede quedar atrapado en los procesos más recientes de descomposición de esa política de la transición”. A pesar de todo, Ruiz es optimista, y en esta entrevista plantea tener “la impresión de estar en una de esas raras situaciones históricas en que lo que se puede venir es un cambio de ciclo más largo”.

Por Jennifer Abate y Evelyn Erlij

—¿Cuál es tu análisis breve de la situación actual?

Tengo la impresión de estar en una de esas raras situaciones históricas en que lo que se puede venir es un cambio de ciclo más largo. Uno que se proyecta para mediados de este siglo se está definiendo, y está en juego cuál va a ser el Chile del 2050.

—La madrugada del 15 de noviembre ocurrió lo impensado y el mundo político logró un acuerdo, que a ratos parece desarticularse, para trabajar en una nueva Constitución. ¿Cuáles son tus expectativas frente a este proceso?

Lo primero que hay que decir es que esto no es un regalo,es algo que se obtiene a un costo altísimo de la sociedad, son decenas de muertos, son miles de heridos, una sociedad absolutamente conmocionada por todo lo que está pasando. Por lo mismo, también es muy importante mantenerse movilizado, o sea, en ningún caso bajar los brazos, porque esta es una situación que puede tener regresiones, es un campo todavía muy lábil de correlaciones de fuerzas, por lo tanto, el tema es seguir movilizados y de alguna manera presionar claramente hacia una participación más determinante.

Es esa presión popular, me parece, la que logró sitiar a la política, es decir, el 15 de noviembre responde a una especie de política sitiada, una casta política sitiada por la asonada popular, de ahí que ofrecen iniciar un proceso constituyente. Ahora bien, ahí agregaría que todavía es una cuestión muy ambigua en muchos puntos, porque se produce en un momento de alta desorganización, incluso en la derecha.

—Respecto al acuerdo para iniciar un proceso constituyente, gran parte de la discusión se ha centrado en el mecanismo, pero no se ha hablado tanto sobre los contenidos que debería incluir el cuerpo legal a fin de cambiarlo estructuralmente y que dé respuesta a las demandas sociales. ¿Cómo deberíamos abordar el tema del tipo de país que se construye a partir de una Constitución?

Una Constitución consagra un modelo de sociedad, un modelo socioeconómico, incluso, y creo que el agotamiento de la que actualmente nos rige es el agotamiento de estos modelos hoy existentes. Por lo tanto, pensar una nueva Constitución es la oportunidad de pensar un nuevo modelo de sociedad y un nuevo modelo socioeconómico. En estos momentos, son los sectores más rentistas del empresariado los que se repliegan y tratan de estrujar esa situación al extremo. Lo impresionante de lo que estamos viendo es que todos los sectores empiezan a movilizarse, o sea, incluso los sectores que tú menos hubieras pensado. Tenemos que preguntarnos qué Chile queremos para el 2050.

“A lo que ocurre en Chile yo le he llamado ‘neoliberalismo avanzado’ para compararlo con el caso brasileño y argentino, que son las otras dos analogías que utilizo en el libro, pero prácticamente no tiene equivalente universal”

—Y pensando en esta oportunidad, ¿cuáles, a tu juicio, son las discusiones que deberíamos estar teniendo respecto al carácter que debe tener la Constitución? ¿Quiénes deberían estar participando en esa conversación?

Hay dos dimensiones. Una, la que tú mencionabas, es la de los métodos, la discusión procedimental. Eso es muy importante y tiene que ver, sobre todo, con garantizar la participación. Creo que esta es una sociedad que ha dejado clarísimo que no quiere ser representada y que está exigiendo participar directamente en esto. Por lo tanto, métodos como la asamblea constituyente y otros similares están siendo muy demandados en estos días. Otra dimensión, que tiene que ver más bien con el fondo y el contenido, ha sido un poco postergada, y me parece que es muy importante tenerla en cuenta.

Por ejemplo, hasta ahora nos basamos en modelos de crecimiento en función de la explotación de recursos naturales, que es lo que se conoce como modelo extractivista o modelo primario exportador. Es muy sabido que esos modelos tienden a producir una enorme concentración de la riqueza porque explotan un trabajo muy precario, de muy poca capacidad de agregar valor a las exportaciones, porque lo que arrancan son las materias primas y las mandan en estado líquido, prácticamente, hacia afuera. Esas sociedades tienden a producir modelos de crecimiento que intrínsecamente producen una sociedad muy desigual, y contra esa desigualdad está estallando toda esta sociedad en este momento.

Crédito: José Miguel Méndez

—En tu último libro, La política en el neoliberalismo, trazas los orígenes y el desarrollo de este sistema hasta llegar a Chile, un caso que suele conocerse como el “experimento chileno”. Tomando la idea de que Chile fue el laboratorio del neoliberalismo, al parecer los tubos de ensayo de ese laboratorio explotaron. ¿Por qué crees que este estallido se produce justamente en nuestro país?

—A lo que ocurre en Chile yo le he llamado “neoliberalismo avanzado” para compararlo con el caso brasileño y argentino, que son las otras dos analogías que utilizo en el libro, pero prácticamente no tiene equivalente universal. Hay dos ciclos de privatizaciones que se realizan en Chile: el primero es más o menos común a diferentes países, que corresponde al remate de las grandes empresas estatales, y es lo que relata María Olivia Mönckeberg en su libro El saqueo de los grupos económicos al Estado chileno. Eso ocurre en Chile en la segunda mitad de los años 70.

Pero a partir del inicio de los años 80, años 81, 82, lo que empieza es la privatización de los servicios sociales, y eso no lo encuentras replicado, en la intensidad de la experiencia chilena, casi en ninguna parte. Bush hijo no quiso instalarla en Estados Unidos y Menem quiso establecerla en Argentina y tuvo que echarla para atrás a mediados de los años 90. Ha sido irreplicable en otras partes. Cuando tú privatizas eso, privatizas las condiciones de reproducción social de las personas: el individuo chileno tiene privatizadas sus condiciones de reproducción social a un nivel que prácticamente no existe en otras partes del mundo. Privatizar significa volver mercancía algo que no lo era antes, convertir en mercancía la salud, las pensiones, la educación. Ahí tienes un individuo que ha ido perdiendo más soberanía sobre su propia vida en nombre de la libertad, la libertad prometida, que es una libertad simplemente mercantil.

“Yo creo que lo único que tienen para defender sus intereses los dominados, los que no tienen grandes recursos de poder, es la política, es la democracia”.

—Y un mercado donde, como lo has señalado, no hay competencia, ya que las empresas que ofrecen estos servicios, que ya no son derechos, están subsidiadas por el Estado.

Y donde tienen condiciones monopólicas de explotación. Una clínica privada “x” obtiene la concesión de tal o cual patología y no compite con nadie más. La paradoja de eso es que está fuera del capitalismo, de la doctrina neoliberal, entonces se empieza a convertir en una suerte, diría yo, de burguesía norcoreana, porque a lo que se le tiene miedo es a la competencia y, por lo mismo, se protegen estos nichos de acumulación regulados por el Estado, lo que es una especie de capitalismo de servicio público. Por supuesto, esta no es la realidad de todos los empresarios, hay otras empresas que viven en el mundo de la competencia, sencillamente.

—El rol de la izquierda, que ha estado dividida de cara a este acuerdo, ha sido bastante criticado. ¿Por qué dirías tú que es tan difícil encontrar puntos en común dentro de la oposición?

Creo que la izquierda chilena es parte de esa esfera política que está anonadada, como hablábamos al comienzo, que ha sido superada de alguna manera por esta rebelión de las masas. Aquí se reflejan varias décadas de derrotas, la dificultad de poder reaccionar de una manera más o menos articulada. Lo que viene es un periodo largo de reorganización muy fuerte de la política. Porque lo que se ha acabado es la política en la cual se estructuró todo el proceso político de la transición en adelante, ese sistema político se acabó. Lo que podría llamar la atención en este sentido es que el Frente Amplio no viene de esa historia y su gran dilema es que no puede quedar atrapado en los procesos más recientes de descomposición de esa política de la transición.

—Basta estar en una marcha para darse cuenta de que lo que falta en esta movilización son las banderas de los partidos políticos, que están bastante deslegitimados en esta vuelta. ¿Hay algún futuro para ellos en Chile de cara a esta crisis?

Los necesitamos. Nosotros no podemos prescindir de la política y creo que, al revés, si a algo hay que aferrarse como única salida es a la democracia. Yo he salido a las marchas y es absolutamente cierto, lo he comentado antes: no hay ninguna bandera de partido. En una marcha, estábamos acostumbrados a bloques de partido, y el militante que se metía en otro bloque estaba perdido. Eso queda absolutamente arrasado en este momento. Creo que tiene que ver, sobre todo, con un desborde completo de la política y, de alguna manera, la política reacciona anonadada, aturdida, se encierra, no sabe qué decir, tarda mucho. Esto lo he compartido con el sector con el que más me identifico, que es el Frente Amplio: ese intento de superar la política de la transición, que surge en 2011, tiene en este momento una gran demanda histórica sobre sus hombros, y si no le responde a esa demanda histórica, bueno, las sociedades son dinámicas y van a construir otro liderazgo. Lo que viene en adelante es un proceso de reorganización de la política que es necesario.

—Los partidos son necesarios, pero ¿no crees que deberían buscar nuevas formas de organizarse que no resulten tan verticales?

Yo te diría que esa fisonomía, esa forma de hacer de los partidos, ya está agotada, y el que no se ha dado cuenta, se va a comenzar a secar. Esa utopía de la política de los acuerdos que se generó está completamente eliminada como posibilidad, porque con ella sólo se va a llegar a más estallidos.

Yo creo que lo único que tienen para defender sus intereses los dominados, los que no tienen grandes recursos de poder, es la política, es la democracia. En cambio, los otros, los poderosos, tienen una serie de recursos para debilitar la democracia y con eso, debilitar la política. Una de las transformaciones más complejas que hace el neoliberalismo como proyecto histórico es cambiar el estatuto del lugar de la política en la sociedad: ya no es el medio por el que se delibera, pues se cambia la política por el mercado. Nosotros tenemos que reconstruir la política como el espacio donde delibera racionalmente la sociedad. Y es ahí donde vamos a tener que construir. ¿Qué tipo de expresiones políticas? Los partidos, o como quieran llamarles, van a ser los que van a incidir en ese tipo de deliberación racional que es la democracia.

—El neoliberalismo es una ideología y muchos hemos sido educados en ella, lo que ha impactado en nuestras formas de pensar, de trabajar, de habitar el mundo. ¿Crees que es posible lograr un cambio de hábitos, de mentalidad en Chile? ¿Crees que podamos reemplazar las formas de vida actuales por otras más comunitarias, más colectivas?

Creo que una de las luchas más trascendentes que se ha dado en términos de las formas de organización cultural de la sociedad, de los sistemas de autoridad y de dominación que existen a nivel extendido en la base de la sociedad, es la del feminismo. El neoliberalismo generó una modalidad de trabajo que ya no existe en el espacio tradicional donde se realizaba, como la oficina o la fábrica, sino que se hace en cualquier lugar, en la casa, en el camino, el domingo y en cualquier horario. Eso significa que también se rompen los viejos límites entre lo público y lo privado, es decir, lo que era la esfera privada ya no funciona, y aquí se nos cae el viejo sustentador masculino. Empieza a florecer otro tipo de organización de la vida social y la política está compelida hoy a dar cuenta de todo ese gigantesco fenómeno. Creo que las demandas de los movimientos feministas van a ser las más estructurantes. La política va a tener que estar muy abierta a cómo se van a construir partidos para ese tipo de situaciones.

Esta entrevista es una breve síntesis de la que se realizó el 15 de noviembre de 2019 en el programa radial Palabra Pública de Radio Universidad de Chile, 102.5.

Rodrigo Mundaca: cambio radical o gatopardismo

El acceso al agua y su desprivatización son los objetivos diarios del vocero de Modatima, que en el último año ha alcanzado notoriedad por los premios con que ha sido distinguido en el extranjero. Sin embargo, no pierde la oportunidad de vincular esa disputa cotidiana con las exigencias de la protesta social que partió en Chile el 18 de octubre de este año. No importa si habla de la depredación del agua o de las demandas por mayor justicia que aún mantienen a miles de personas en las calles, para Rodrigo Mundaca los responsables son los mismos: la inequidad y políticos que no han estado a la altura del rol que deben cumplir.

Por Jennifer Abate C.

Desde siempre, en su casa, en La Ligua, Rodrigo Mundaca ha vivido una vida sencilla. Lava, plancha, sale a tomar un helado, recorre la plaza, vive tranquilo. Otra cosa ha sido su vida en los últimos meses. Como secretario general y vocero del Movimiento de Defensa por el Acceso al Agua, la Tierra y la Protección del Medio Ambiente (Modatima) ha puesto el tema de la depredación de los bienes naturales comunes (se rehúsa a llamarlos recursos naturales por la vocación extractivista del concepto) en el centro de la discusión internacional, una tarea que recientemente le valió ser distinguido con el Premio Internacional de Derechos Humanos de Núremberg por su lucha a favor del acceso al agua de todas las comunidades.

El costo no ha sido sólo la fama que hoy lo hace protagonizar debates y ser invitado a programas de televisión, lo que sin duda le ha quitado el carácter sencillo a sus días. Mundaca ha recibido querellas de parte de connotados políticos por injurias y calumnias, hace unos meses tuvo que encarar el horror de la circulación en redes sociales de una foto suya que simulaba un disparo en la cabeza, y recientemente tuvo que poner un recurso de amparo contra el General Director de Carabineros tras enterarse de que se había convertido, junto con otros dirigentes y figuras del mundo político y académico, en “blanco de interés” de la inteligencia policial. Más desconocido aún es que tuvo que enfrentar la amenaza de secuestro de uno de sus hijos como consecuencia directa de su activismo medioambiental.

Crédito: Alejandra Fuenzalida

¿Por qué seguir, entonces, en una senda que trazó hace 25 años, cuando llegó como ingeniero agrónomo a trabajar con los campesinos de Petorca? “Porque era un imperativo ético, moral, porque era de sentido común. Era lo que había que hacer, mi deber ético era eso, no podía hacer otra cosa, no podía asesorar a ricos a costa de dejar a la gente sin agua. Yo creo que hay un punto en la vida de las personas en que uno tiene que tomar decisiones y a veces son correctas o erradas, pero uno tiene que estar tranquilo con uno mismo. No me arrepiento en lo absoluto de lo que decidí”.

—La movilización que tiene lugar hoy en Chile se ha atribuido al descontento de la ciudadanía por las condiciones de privatización de derechos básicos. ¿Cuál es tu análisis de las causas del estallido?

Una semana antes del famoso 18 de octubre, los estudiantes secundarios, particularmente aquellos estudiantes que estaban siendo fuertemente reprimidos —estoy pensando en el Instituto Nacional y la conducta criminal que ha tenido el alcalde de Santiago, Felipe Alessandri—, levantaron una consigna que se llamó “evadir, no pagar, otra forma de luchar”. Creo que esa acción fue la gota que rebalsó el vaso y que provocó que ese día miles de personas a lo largo de todo el país salieran a la calle, muy inorgánicamente, por cierto, porque son más de 30 años en que la elite política y económica se ha enriquecido a costa de las personas, se ha enriquecido a través de las privatizaciones de los trabajadores, de la privatización de la salud, de la educación, a costa de la privatización de la vivienda digna, a costa de la privatización de los bienes comunes, del agua y la tierra en particular. Creo que estamos viviendo una sublevación nacional y desde el 18 en adelante nos hemos dado cuenta de cómo se estaba incubado en la sociedad criolla un profundo descontento con el modelo de fondo.

—¿Cómo evalúas el acuerdo del mundo político para iniciar un proceso constituyente?

Es un acuerdo que se toma con partidos políticos que tienen representación parlamentaria, un acuerdo que se toma a espaldas del movimiento social, un acuerdo que, en la práctica, lo que hace es darle un salvavidas al gobierno, que hasta ese momento estaba totalmente deslegitimado y que marcaba un 9% de adhesión, que tenía un record increíble en materia de violaciones a los DD.HH. Ahí hay un porcentaje de la casta que es directamente responsable del modelo de despojo que existe en nuestro territorio, una casta que ha administrado el Estado ocupando altos cargos como ministros y subsecretarios, y una vez que han salido del Estado han pasado a administrar cargos en los fondos de pensiones, en las Isapres, en las hidroeléctricas, en las forestales, una casta que se ha caracterizado por las sillas musicales, una casta que no ha dado respuesta a las demandas reales de la ciudadanía.

—¿Y qué vía te parece que debería haber tomado el mundo político para intentar buscar una salida a la crisis?

Lo que hay que señalar es que quienes corrimos el cerco más allá de lo posible somos el movimiento popular. ¿Qué esperamos? Sin duda, seguir corriendo el cerco, y creo que lo que se requiere también es que el movimiento social protagonice. Porque el movimiento social, lo social y lo político, no están divorciados, el movimiento social es profundamente político. Nosotros luchamos por el agua, que es una demanda profundamente política y que tiene que ver con terminar con la Constitución política del 80.

—¿Tienes expectativas en que los acuerdos alcanzados permitan cambiar las lógicas de la política que criticas?

Si bien es cierto que recuperar los fondos de pensiones de los trabajadores es tremendamente importante, así como regular la salud y la educación como derechos, aquí hay temas que no se han instalado con la fuerza suficiente, como que el origen de las desigualdades en el país tiene que ver precisamente con la apropiación de los recursos naturales comunes. Yo creo que hay un divorcio absoluto con la casta, creo que hay un segmento de la casta política que hoy definitivamente tiene que dar un paso al costado, y lo van a dar porque nosotros finalmente vamos a correr el cerco de lo posible. Ellos hoy no pueden marchar, ellos no pueden salir a las calles. A mí me daría una profunda vergüenza ufanarme de ser parte de la casta política o ser parlamentario y no poder salir a la calle. Es una contradicción absoluta porque se supone que estás en política porque estás velando por el bien común y no puedes salir a la calle porque te golpean, te escupen, porque la política está en un nivel tal de descrédito que da vergüenza. Lo voy a decir en términos populares, sencillamente: se tienen que ir a la chucha, hay un sector de la casta política que vale hongo, que vale callampa, que son los responsables de lo que sucede en nuestros territorios.

—A propósito de los problemas que afectan a los territorios, hablemos sobre tu tema, el agua. ¿Por qué has planteado que lo que ocurre en comunidades como Petorca se explica por el saqueo y no por la sequía?

La provincia de Petorca es el epicentro nacional de la violación del derecho humano al agua, todo el mundo conoce lo que ocurre en esa localidad, en Núremberg, en París, en Madrid, en todas partes se dan cuenta de que en la provincia de Petorca hoy es más importante la producción de paltas que la vida de las personas. En esa provincia, a 140 km de la capital, más del 70% de la población toma agua de camiones aljibe, los ríos no existen, no hay escurrimiento superficial de los ríos hace más de 15 años. Una pléyade de políticos conspicuos y empresarios llegaron en la década del 90 a instalarse en nuestra provincia y desmontaron toda la flora y la fauna nativa de los cerros y empezaron a cultivar paltas. ¿Se puede hacer eso en Chile? Sí, porque no hay ordenamiento del uso agrícola de los suelos, por tanto, un empresario o político bien conectado a los centros neurálgicos del poder puede destruir toda la flora y la fauna nativa del cerro Santa Lucía o el San Cristóbal en Santiago y poner paltos.

—A tu juicio, ¿hay algo de la actual crisis de acceso al agua que se explique por el impacto de la sequía?

Si la sequía fuera real y no motivada por el cambio climático ni la intervención del hombre, sería pareja, estaríamos todos afectados. Pero cuando tú caminas por los territorios te encuentras con grandes plantaciones de paltos, de uva de mesa, rebosantes de agua, y con predios y territorios completamente secos, depredados, principalmente de campesinos que han perdido la tierra y el agua en el último tiempo.

—¿Cuál es la salida para esto? En Valparaíso estás vinculado a la Mesa de Trabajo por el Agua, que reúne a integrantes del mundo social y político, una experiencia no muy usual.

En la quinta región tenemos una experiencia que es bastante inédita. Construimos una mesa regional que ha recorrido toda la región levantando iniciativas desde los territorios para la recuperación democrática del agua. Tenemos un texto largo que diagnostica lo que sucede en todos los territorios y que levanta demandas que son lógicas, como eliminar el artículo 19, numeral 24 de la Constitución política (que consagra la propiedad privada del agua), construir un acuerdo popular de aguas, restituir la propiedad del agua en el dominio en la tierra, construir una nueva institucionalidad hídrica, establecer prioridades de uso, etc. Pero yo he llegado al convencimiento, y a lo mejor voy a correr la frontera de las declaraciones, de que si no hay una revolución en el país, un cambio cualitativo y radical del patrón de despojo que existe en el país, si no hay un cambio cualitativo o radical protagonizado por los sectores populares, por el pueblo pobre y el pueblo sencillo, vamos a caer en las mismas políticas gatopardistas de siempre en América Latina: todo va a cambiar para que todo siga igual.