Por Claudio Nash
La trágica experiencia de las violaciones de los derechos humanos (DD.HH.) durante la dictadura cívico-militar generó un acuerdo político y social sobre su centralidad en el diseño de la convivencia democrática y un compromiso explícito con el Nunca Más al terrorismo de Estado.
Estos parecían ser acuerdos profundos en la sociedad chilena, pero los años fueron demostrando su fragilidad.
Desde el retorno de la democracia comenzó un lento pero persistente proceso de degradación de la centralidad de los DD.HH. como base de la convivencia democrática. Así, los “límites de lo posible” en materia transicional y los cerrojos constitucionales para satisfacer derechos económicos, sociales y culturales fueron generando un escenario donde el acuerdo sobre los DD.HH. dejó de ser un espacio compartido, para transformarse en un campo de disputa y controversia.
En dicho contexto, la crisis de DD.HH. que vive el país desde el 18 octubre no es un paréntesis histórico lamentable e inexplicable, sino que es la consecuencia del proceso de degradación del acuerdo sobre derechos fundamentales en Chile. El estallido social dio cuenta, precisamente, de la insatisfacción ciudadana con un modelo económico que no resguarda derechos económicos y sociales; reveló evidentes déficits democráticos que no generaban espacios de participación real; y evidenció el desmantelamiento de las formas asociativas tradicionales (sindicatos, colegios profesionales, organizaciones estudiantiles) y la falta de credibilidad a las instituciones políticas (partidos, Parlamento).
“La crisis de DD.HH. que vive el país desde el 18 octubre no es un paréntesis histórico lamentable e inexplicable, sino que es la consecuencia del proceso de degradación del acuerdo sobre derechos fundamentales en Chile”.
Por otra parte, la respuesta gubernamental ante la protesta ciudadana ha generado una crisis de DD.HH. inédita en democracia, pero que ya venía dando señales preocupantes en el último tiempo. En efecto, desde hace décadas venía desarrollándose un contexto de violencia estatal que se fue normalizando y no tuvo respuestas efectivas que permitieran prevenir la actual crisis. Algunos ejemplos pueden ser de utilidad para aclarar el punto.
Un primer ejemplo es la violencia constante y creciente contra el pueblo mapuche. La militarización de la respuesta estatal ante sus demandas tuvo su expresión más evidente en el asesinato del comunero mapuche Camilo Catrillanca y la tortura de un niño de 15 años que lo acompañaba. En este caso concurren los principales elementos que hoy aquejan al país: fuerza desmedida y criminal por parte de Carabineros, intentos destinados a ocultar la verdad de lo sucedido, creación de un ambiente que permitiera la impunidad, falta absoluta de responsabilidades de mando y políticas.
Un segundo ejemplo es la creciente violencia en contra del movimiento estudiantil secundario ante demandas de mejoras en materia de calidad de la educación. Durante todo el 2019 se llevó a cabo un verdadero laboratorio de lo que ha sido la respuesta social ante la legítima protesta ciudadana: énfasis en los hechos de violencia, uso indiscriminado de la fuerza represiva (uso de gas lacrimógeno, violencia física, psicológica y sexual), afectación del derecho a la educación e incapacidad de aislar y sancionar a quienes incurrían en actos violentos.
Finalmente, una muestra de cómo se horadó el acuerdo del Nunca Más son los retrocesos en el ámbito de la justicia transicional. Si bien el país había podido avanzar en materia de verdad, la justicia comenzó a abrir profundas grietas por donde la impunidad fue consolidándose, y, lo más grave, se dio amplio espacio a discursos que buscaban justificar o contextualizar las graves violaciones a los DD.HH. ocurridas en dictadura.
En este escenario ya no parece ni tan extraordinario ni tan inexplicable que la respuesta frente a las movilizaciones ciudadanas diera paso a un cuadro de graves, masivas y sistemáticas violaciones de derechos humanos.
¿Es posible que el acuerdo parlamentario para iniciar un proceso constituyente sea un punto de inflexión para los DD.HH. en Chile? La respuesta a esta pregunta dependerá de tres cuestiones: la respuesta ante las graves violaciones de estos; el rol que cumplan en el procedimiento del nuevo acuerdo constitucional; y, sobre todo, la forma en que estos derechos serán incorporados en la Constitución.
“El proceso de degradación de la centralidad de los DD.HH. que se ha dado en nuestro proceso post dictadura ha tenido su expresión más brutal en la violencia ejercida por el Estado contra la población movilizada en 2019”.
En primer lugar, frente a las violaciones de DD.HH. que se han producido en Chile debe haber verdad, justicia e íntegra reparación a las víctimas. Chile no resiste un nuevo proceso de impunidad y olvido.
Segundo, el proceso constituyente debe dar plenas garantías de expresión ciudadana (derecho de reunión y expresión), participación sin discriminación (medidas de acción afirmativa respecto de grupos en situación de discriminación) e información completa, oportuna y veraz a la población para que esta decida y apruebe el nuevo texto constitucional.
Finalmente, la legitimidad sustantiva del nuevo acuerdo constitucional estará dada por ciertos mínimos. La forma en la que la Constitución resuelva la relación del derecho internacional de los derechos humanos con el derecho interno o los principios constitucionales que uniforman las bases de la institucionalidad son cuestiones esenciales para un diseño institucional basado en los DD.HH. Asimismo, hay temas en los que la Constitución no parte de una “hoja en blanco”, sino que tienen una base mínima en los compromisos internacionales del Estado (catálogo de derechos y la protección de estos). Asimismo, se deberá resolver la forma en que los órganos del Estado estarán vinculados con la protección de los DD.HH., aspecto que hasta hoy ha estado ausente de los diseños constitucionales del país.
En definitiva, el proceso de degradación de la centralidad de los DD.HH. que se ha dado en nuestro proceso post dictadura ha tenido su expresión más brutal en la violencia ejercida por el Estado contra la población movilizada en 2019. El proceso constituyente, junto a la respuesta ante las demandas sociales, son una oportunidad para un nuevo pacto político y social que esta vez sí se sustente en un acuerdo profundo sobre los derechos humanos.
