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Palabra de Estudiante. El desafío de la identidad colectiva en el proceso constituyente

Nos pensamos colectivamente y nos preocupamos por cosas que no necesariamente nos afectan de manera directa, nos volvemos a llamar pueblo y rompemos así con la moral neoliberal que se instalaba como sinónimo de libertad. Instalamos y nos reapropiamos de la libertad como una necesidad colectiva.
Por Noam Vilches Rosales

El plebiscito constitucional se celebra a un año del estallido que dio vida a una protesta que abre las grandes alamedas, que nos ha dado la esperanza en un Chile distinto. Esta crisis tan vociferada como inesperada, de pronto se vuelve una respuesta casi obvia ante las políticas de gobiernos que no han sabido responder a las necesidades de la gente, que inventan bienestar de la población donde sólo hay riqueza y acumulación de las mismas personas de siempre. La lógica instalada según la cual la meritocracia era sinónimo de éxito económico y felicidad se termina de derrumbar, las promesas del dictador y la transición se muestran como lo que eran: mentiras.

Noam Vilches, delegade de Bienestar de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile (FECH).

Mientras la derecha se jacta de que el país es un oasis, el pago del crecimiento económico de un reducido grupo se traduce en que Chile ocupa el lugar número 13 de los países con las mayores tasas de suicidio del mundo (OCDE, 2013), en una desigualdad tremenda y en políticas que sin pudor alguno siguen precarizando nuestras vidas. Pero, claro, algunos sectores políticos creen que bienestar es hacer crecer el PIB, enfocando sus políticas públicas en ello y no en la población y sus necesidades, no en el bienestar de la gente.

Que el estallido social se iniciara producto de una movilización de estudiantes de liceo a causa de un alza en el pasaje que no repercutía directamente a estudiantes preparó el ambiente para que se rompiera la ideología del individualismo y volviéramos a pensarnos como colectivo. Este colectivo no pensaba sólo en las demandas de las grandes mayorías, incluyó en su reflexión a quienes somos constantemente marginalizades, como es el caso de las disidencias sexuales y de género o las personas de la tercera edad, ya no posicionando al pueblo como ente homogéneo, sino que estableciendo la precarización de la vida como el factor común, abordando en los cabildos y luego en la campaña por el Apruebo los diferentes factores que precarizan a esta masa que se reconoce y acepta heterogénea. Nos pensamos colectivamente y nos preocupamos por cosas que no necesariamente nos afectan de manera directa, nos volvemos a llamar pueblo y rompemos así con la moral neoliberal que se instalaba como sinónimo de libertad. Instalamos y nos reapropiamos de la libertad como una necesidad colectiva.

Este proceso abrió una oportunidad que no soluciona las demandas sociales, pero abre las puertas que nos pueden permitir, de una vez por todas, decidirnos democráticamente como país. Se enriquecía este proceso de cabildos, asambleas y organizaciones territoriales de maneras que no veíamos en años. Todo esto se vio abruptamente interrumpido por una pandemia. Pero la mente no es tan frágil, y ante la necesidad se organizan hasta el día de hoy ollas comunes que siguen gritando que sólo el pueblo ayuda al pueblo, y a un año del estallido salimos a las calles, retomamos los puntos de salud y reforzamos que esto sí prendió.

A pesar del optimismo expresado, no todo está dicho. No sólo hay un plebiscito que ganar, hay que ganar una Constitución y luego ganar leyes. Este proceso es largo, y la vida online no lo hace más fácil. Quedamos a merced de lo que dicten las redes sociales, la televisión y los medios de comunicación, que hace ya tiempo se posicionan como poco fiables. La comunicación de esta masa se ve limitada, empatizar se vuelve más complejo, la ayuda se virtualiza y se tensa eso que se construyó en la calle para volver al individuo, al yo y mi casa, al yo y mis cosas ahora no sólo como sinónimo de éxito, sino que además como sinónimo de seguridad, de sanidad, de vida.

Esta pandemia dificulta, por tanto, que reafirmemos ese sentido común que se construía en las calles, en los territorios, en los encuentros barriales, lo que no sólo es una mala noticia para una izquierda que afirma su quehacer y redirige su rumbo al dictado del pueblo, sino que también para la derecha, pues ese sentido común era la posibilidad de ese consenso que es fundamental para hablar de legitimidad, algo que sin duda le hace falta a este Gobierno. El desafío es claro, hay que seguir construyendo esa identidad colectiva.

Esta construcción no es interpretar, ya no basta con interpretar el estallido, con escudriñar en busca del sentido último de esta anomalía. Se vuelve necesario formar ese sentido, construirlo, decidirlo y posicionarlo con miras a las realidades y necesidades concretas que tenemos. Esto, de no ser hecho por el pueblo mismo, es decir, si no es esta misma masa que se manifiesta la que decide el país que quiere, tendrá que resignarse a aceptar que volveremos a estar bajo la voluntad de una clase política incapaz de abordar de manera contundente cualquiera de nuestras demandas. Teniendo la oportunidad de construir una nueva organización política, popular, que mire las necesidades reales de la gente, perderla es simplemente un sinsentido que nos mantendrá lejos de una vida digna.

Este tiempo de encierro ha dejado claro este último punto, pues le dio una oportunidad única al Gobierno para instalar los cambios y reformas que tanto ha vociferado como la real solución, aludiendo a que cambiar la Constitución no es la vía. Aun así, aun sin la presión que ejercíamos en las calles, su propuesta ha sido completamente deficiente. Esta deficiencia se vislumbra en que, a un año del estallido, la gente ha vuelto a dejar de manifiesto en las calles que las necesidades siguen ahí y que el actuar del Gobierno sigue siendo negligente.

Por último, no es menor recordar que esta posibilidad de una nueva Constitución no se ganó con un lápiz azul, se ganó en las calles. Y para que esa Constitución aborde nuestras necesidades tenemos que retomar lo que significa «nuestras», es decir, retomar el sentido común que se construía en el diálogo colectivo, en la escucha atenta, en la empatía, en el reconocerse como parte de un pueblo que sufre una desigualdad cruel y que se levanta ante la injusticia con organización colectiva, popular, feminista, crítica y, sobre todo, con ganas de cambiar todo lo necesario, hasta que la dignidad, de todes, se haga costumbre.

Palabra de Estudiante. Pandemia en Chile: los costos de una democracia restringida y neoliberal

Por Emilia Schneider

Las últimas semanas, a propósito del debate generado por el proyecto que permite el retiro del 10% de los fondos previsionales, hemos sido testigos de un álgido y polarizado debate público, el retorno de las protestas populares y del pueblo como actor político que determina la agenda y ejerce presión sobre los distintos sectores políticos para aprobar una medida que ideológicamente está lejos de ser un triunfo antineoliberal en sí, pero que tiene una implicancia muy importante. Esos días de fuertes cacerolazos a todas y todos nos trajeron recuerdos de la revuelta social, la primavera del pueblo de Chile, y renovaron nuestra convicción de que la organización social es la vía para la transformación, de que juntos y juntas somos más fuertes. Y es que la pandemia y el distanciamiento social no pueden dejar más clara una cosa: somos seres sociales y lo colectivo juega un rol esencial en nuestra conformación como sujetos y en la resolución de nuestros problemas, a diferencia del individualismo que promueve nuestro neoliberalismo salvaje y, cabe recordar, nuestro sistema de AFP y capitalización individual.

¿Por qué hemos llegado a fijar como demandas centrales proyectos que no necesariamente responden al ideario de los movimientos sociales del último tiempo?, ¿cómo es posible que sólo bajo la amenaza de las protestas los sectores políticos de la derecha y la vieja Concertación pongan celeridad a una agenda social para enfrentar la crisis social producto del Covid-19? Esos son los costos de años de políticas públicas neoliberales, que terminaron por modelar un Estado subsidiario incapaz de actuar y una democracia débil y restringida. El punto en el que estamos hoy requiere de medidas desesperadas, porque todas las propuestas viables que se han levantado desde el mundo social y las izquierdas antineoliberales (Ingreso Familiar de Emergencia por sobre la línea de la pobreza, congelamiento del pago de los servicios básicos y deudas, impuesto a los súper ricos, etc.) han chocado contra la muralla que la dictadura construyó y que la transición apuntaló para que los intereses sociales, que son antagónicos a la élite empresarial y conservadora, jamás tocaran la política y fueran incapaces de incidir directamente, por la vía institucional, en la toma de decisiones.

La presión social es la única herramienta que nos queda, y en tiempos de militarización, distanciamiento y confinamiento nos la habían quitado, pero de a poco nuestras voces vuelven a tomarse las calles y a ordenar la agenda de las desorientadas organizaciones sociales y políticas, que aún no logran adaptarse a los profundos cambios de la sociedad chilena tras la revuelta social.

La crisis de legitimidad de las instituciones es transversal y se acrecienta cuando la única solución que ofrece el Estado ante la pobreza, el hambre, la enfermedad y la violencia son bonos escasos, cajas de alimentos repartidas de forma improvisada y créditos. Enfrentamos los estragos que dejan años de cercenar lo público y el único margen de acción que tiene nuestro Estado es a través de los bancos u otras instituciones privadas, cuyo fin central claramente no es el bien común. Esto, sin duda, está agravado por un gobierno autoritario y de derecha, colapsado internamente y sin legitimidad para gobernar. ¿Quién conduce, entonces, nuestros destinos? Es lo que nos preguntamos mientras las izquierdas se reacomodan y el mundo social trata de recomponerse.

Estamos en esos momentos, diría Gramsci, donde lo viejo no termina de morir y lo nuevo no termina de nacer, que es justamente cuando salen los monstruos, los atajos electorales, el autoritarismo y la indiferencia, por mencionar algunos. La ultraderecha tiene poco futuro y los gérmenes de una emergente derecha democrática, que no terminan de cuajar, siguen siendo serviles a la barbarie a la que nos tiene sometida la élite. Mientras, las izquierdas tenemos en nuestras manos la posibilidad de enfrentar este ciclo con unidad, pero la pequeñez, la inmediatez y la falta de anclaje social nos juegan malas pasadas una y otra vez.

Los desafíos que tenemos en el horizonte –reconstrucción del país para enfrentar la crisis económica y social y el proceso constituyente– exigen que estemos a la altura del momento histórico complejo y convulsionado que estamos viviendo. Mientras, la revuelta social 2.0 que se avecina urge poner nuestros esfuerzos para que los golpes que demos al modelo de ahora en adelante sean certeros y afilados políticamente. Para ello necesitamos tomarnos en serio la tarea de construir y articular un polo social y político antineoliberal, cuyo gran consenso sea dar salida al neoliberalismo a través de la ampliación de la democracia y los derechos sociales, sexuales y reproductivos y el respeto de los DD.HH. Mientras la vieja Concertación se rearma, nosotras y nosotros debemos pujar por mejorar nuestra correlación de fuerzas dentro del sector e impedir consensos elitarios y neoliberales que coarten el impulso de transformación de la sociedad entera, y el plazo para ello ya está corriendo, debemos actuar cuanto antes para que los ritmos de las coyunturas electorales no subsuman nuestra política a la “medida de lo posible”.

Disputar y proteger el proceso constituyente es una urgencia y debe ser entendida como tal por todos los sectores que creemos que otra forma de vida es posible, y es esa la coyuntura ideal para dar una solución a la profunda ilegitimidad que tiene la política. Debemos construir instituciones y un Estado que, en vez de domesticar al nuevo pueblo que se constituye, dé canales para que las mayorías organizadas construyan, participen y modelen las instituciones, pues para hacerle frente al autoritarismo que emerge con fuerza en nuestros adversarios no basta con decir “más Estado”, sino que debemos construir otro Estado, uno en que las comunidades sean soberanas para decidir y resolver sus problemáticas. Una democracia radical y con derechos es la única posibilidad de un horizonte en que seamos libres y recuperemos la política para todos, todas y todes.

Palabra de Estudiante. Crisis de los cuidados, falta de derechos y Covid-19: urge una lectura feminista

Por Emilia Scheneider

En mayo de 2020 se cumplen dos años del histórico mayo feminista en Chile, que comenzó con masivas protestas feministas un 8 de marzo y cuya consigna fue “mujeres a la calle contra la precarización de la vida”. El movimiento alcanzó su clímax en mayo de 2018, cuando diversas instituciones educacionales –entre ellas, la Universidad de Chile– fueron ocupadas por las estudiantes que buscaban visibilizar y combatir la violencia de género, la discriminación y la violencia sexual que vivimos mujeres y disidencias sexuales. Para ello se valieron de la educación como herramienta de transformación social y levantaron con fuerza la demanda por una educación no sexista, que desde sus contenidos, prácticas y estructuras institucionales propicie la desnaturalización de las relaciones sociales basadas en la violencia y la jerarquía de lo masculino por sobre lo femenino, de lo heterosexual y de lo cisgénero por sobre el resto de las identidades. Sin embargo, los efectos sociales, políticos y culturales de esta revolución feminista escapan por mucho al campo de lo educacional, pues años antes ya observábamos un despertar del movimiento feminista desde distintos sectores que fuimos colaborando para que los feminismos fueran discusión cotidiana e ineludible en lo público y en lo privado, y que, en nuestra lucha contra la violencia, politizamos la vida misma y sus condiciones de reproducción para develar la violencia económica y la explotación de muchas mujeres, fenómeno que sostiene una sociedad sin derechos donde el mercado no tiene límites. Desde entonces, la centralidad de buena parte de los feminismos pasó a ser la defensa de la vida y la lucha por condiciones dignas para vivirla. Hoy, cuando todo lo que la humanidad ha construido parece más frágil que nunca y la pandemia impone desafíos tremendos en materia sanitaria y humanitaria, parece acertado decir que la contradicción principal del periodo histórico que nos toca enfrentar es esa: la lucha por la vida versus la mantención y profundización del modelo.

A dos años del 2018, uno de los momentos más álgidos de la lucha feminista contemporánea en Chile y el puntapié inicial de un ciclo intenso de movilizaciones, diversas voces feministas desde el campo social, político y académico advierten que la lucha contra la precarización de la vida está más vigente que nunca. Años de abandono estatal, desmantelamiento de lo público y subsidio estatal al mundo privado han sido la receta del neoliberalismo para el desarrollo y el crecimiento; tristemente, nuestro país es uno de los máximos exponentes de ese modelo. ¿Qué saldo nos dejan años de políticas neoliberales? ¿Con qué enfrentamos la crisis más grave de la historia contemporánea? Con un sistema de salud deteriorado y que difícilmente puede ser llamado sistema por la profunda desigualdad, competencia por recursos, proliferación de clínicas privadas subsidiadas por el Estado con altos costos, falta de insumos para profesionales de la salud, problemas de cobertura y, lo más importante, el abandono de la salud pública. Lo mismo vemos en educación, donde las comunidades deben preocuparse por sobrevivir y sostenerse tras años de financiamiento vía voucher, precarización y reducción de la participación del sistema público, estudiantes en instituciones privadas desamparados en el mercado educativo, altas tasas de endeudamiento y ninguna política de alivio económico, cuestión que impide que aprovechemos al máximo el potencial de ellas y el aporte que pueden significar para la superación de la crisis actual. Ejemplos sobran y dejan una incómoda verdad frente a nuestros ojos.

La falta de derechos sociales ha agudizado fuertemente la desigualdad durante la crisis, pues si bien, como dice Judith Butler, el virus no discrimina, el modelo se encargará de que sí lo haga, lo que nos hará ver el rostro más salvaje e inhumano del neoliberalismo y enfrentaremos una verdadera “política de la muerte”, la administración de la cruda realidad de que hay vidas que se entienden como más valiosas que otras. En ese contexto, sujetas particularmente sacrificadas y precarizadas son, nuevamente, las mujeres y disidencias sexuales; ciudadanas de segunda clase, vidas prescindibles. Esto se devela en la crisis de los cuidados, que tiene hoy a buena parte de las mujeres con altísimos grados de explotación por la sobrecarga de trabajo reproductivo y el auge de los cuidados –remunerados y no remunerados– en un contexto de crisis sanitaria, lo que se suma a la precariedad laboral e informalidad a la que ya están acostumbradas y a las iniciativas que ha impulsado nuestro gobierno para retroceder aún más en materia de derecho laboral. También podemos verlo en el auge de la violencia de género y discriminación en el hogar producto del distanciamiento social y medidas como la cuarentena, absolutamente necesarias, pero que sin políticas públicas que aborden el tema suponen un problema de sobrevivencia para mujeres y disidentes sexuales que se exponen a convivir con sus agresores, con quienes niegan sus identidades y con quienes abusan de ellas. Es como si estuviéramos viviendo nuevamente un confinamiento al mundo privado, de la familia, perdiendo espacio en el mundo público.

Todo lo anterior será un problema del futuro a la hora de repensar la vida en sociedad posterior a la pandemia. Por nombrar un ejemplo, la reincorporación de las mujeres a la vida laboral sin duda será un dilema si persiste el abandono total por parte del Estado de las tareas de cuidado de la sociedad, sobre todo en un contexto donde hay que hacerse cargo de la población de riesgo, de reproducir condiciones de vida para el personal médico que es primera línea contra la pandemia, y cuidar niños y niñas en las casas por la suspensión de clases. Por todo lo mencionado y mucho más se hace necesario contar con una lectura feminista para la crisis, una que ponga en el centro de nuestras preocupaciones como sociedad la vida y su reproducción, rompiendo con la lógica neoliberal del “sálvese quien pueda”; aumentar el gasto social directo a los servicios públicos (sin mediar la banca o las empresas, como estamos acostumbrados a que opere el Estado en Chile) y fortalecerlos; garantizar una renta básica de emergencia; recuperar un rol participativo del Estado en la economía y, sobre todo, garantizar acceso a la salud, educación y otros derechos sociales, así como también a los servicios básicos. Citando nuevamente a Butler, en caso de que la revuelta social del 2019 y el proceso constituyente no lo hayan dejado del todo claro, el capitalismo tiene un límite, y urge –sobre todo en Chile– repensar el rol del Estado y el modelo de desarrollo. La crisis debe ser una oportunidad, no una excusa para clausurar los importantes procesos de transformación que hemos abierto a punta de movilización social.

coronavirus Feminismo

Palabra de Estudiante. Necesitamos otra democracia: apuntes sobre la crisis política

Por Emilia Schneider

“No lo vimos venir”. Durante estas semanas en que nuestro país ha vivido un estallido social sin precedentes, muchos actores políticos y sociales han sostenido que esta crisis y este nivel de malestar social “no se veían venir”, cuestión que si bien es real en tanto nos toma por sorpresa tras la ascendente movilización por el pasaje del Metro, le quita carácter histórico a este proceso y lo sitúa como algo espontáneo. La verdad es que nuestro país lleva años movilizándose en rechazo a la forma de vida que el modelo nos ofrece, rechazando la privatización de nuestros derechos fundamentales y representando estos malestares a través del movimiento estudiantil, del movimiento en contra de las AFP, del movimiento feminista, entre otras expresiones del mundo social organizado, que más que autorepresentarse en tanto sector, toman un rol político en las calles y con su acción representan a mayorías sustantivas que no habían tenido un lugar en la restringida democracia chilena.

Así, podemos situar este momento histórico como un largo proceso de politización y acumulación de descontento tras años de impugnación del neoliberalismo chileno y el despojo de derechos sociales que vivimos desde la dictadura en adelante; también es una respuesta a las nulas posibilidades que da el sistema político de procesar democráticamente el malestar social, puesto que en la transición a la democracia se consagró un modelo poco participativo y que posibilita la profundización de la desarticulación de actores sociales iniciada por quienes fueron liderados por Augusto Pinochet y Jaime Guzmán, cuya obra prima fue la Constitución de 1980, la cual podría estar viviendo sus últimos días por los cerrojos que se han roto y la oportunidad histórica que abre la movilización social. La verdad es que este momento, si bien no es espontáneo y ha sido generado por años de impugnación del modelo en la que participaron fuerzas sociales y políticas muy variadas, nos toma en un momento muy complejo para el campo social, caracterizado por el rearme tras la emergencia de fuerzas políticas y liderazgos que se construyen al calor de la lucha social (pendiente evaluar hasta qué punto cumplen/defraudan su promesa), la descomposición de organizaciones sociales históricas e importantes derrotas políticas e ideológicas en el ciclo anterior, donde nuevamente las demandas por derechos sociales que había instalado el movimiento social fueron procesadas a la medida del mercado, profundizando el modelo. Sin duda, años de movilizaciones que chocan contra la muralla de un sistema político cerrado y distante suponen un desgaste para la institucionalidad del movimiento social. Pese a todo, Chile es un país donde los últimos años están marcados por masivas movilizaciones —la de 2018 y marzo de 2019, protagonizadas con fuerza por el movimiento feminista, cabe mencionar— que dan cuenta de formas de organizarse por fuera y con independencia de los referentes tradicionales, lo que da cuenta de una profunda sospecha en la representación.

De lo anterior, sumado a una situación generalizada de descrédito de los partidos políticos y poderes del Estado, queda de manifiesto la necesidad de que el próximo año tengamos un momento de reflexión por parte de las fuerzas políticas y sociales que permita repensar las formas de organizarnos políticamente para aglutinar intereses, construir proyectos de sociedad e incidir en el rumbo de la sociedad, pues de lo contrario eludimos la gran tarea de reconstruir tejido social y actores colectivos para construir una democracia robusta y participativa.

Aquí, partidos políticos, movimientos, coordinadoras y colectivos/as que estén por la transformación deberán dejar de lado mezquindades e identitarismos para poner por delante la reconstrucción del debate público y democrático como forma de resolver malestares e intereses sociales, sin desconocer las nuevas posibilidades que se abren con la creación de organizaciones territoriales y sectoriales al calor de esta movilización, sino que más bien poniéndose al servicio de fortalecerlas y articularlas en pos de un proyecto antineoliberal que se proponga superar el Estado subsidiario. Sin duda, esta es una tarea a largo plazo, pero oportunidades concretas para avanzar en ello se abren, por ejemplo, en el proceso constituyente, donde tendremos la oportunidad —mucho más favorable en caso de emprender el camino de la asamblea (o convención) constituyente con participación representativa de mujeres, disidencias sexuales, pueblos indígenas y personas en situación de discapacidad, que sigue siendo una disputa pendiente— de construir un sistema político que dé garantías para una democracia participativa en la que la organización social tenga más capacidad de autorrepresentación en los grandes debates del país, por ejemplo, a través de la incorporación de cuestiones tan simples como la iniciativa popular de ley y la posibilidad de convocar a consultas nacionales.

Si somos capaces de vincular la disputa institucional que se abre con el acuerdo por la nueva Constitución del día 15 de noviembre con el momento de rearme de lo social y el reacomodo de la izquierda, seremos capaces de vincular planos de intervención política sin acrecentar el quiebre entre la política formal y la amplia realidad que existe fuera de ella, cuestión que hasta el momento ha sido un desafío para las fuerzas transformadoras en Chile. De lo contrario, seguiremos el camino de deterioro de la política y sólo habremos desordenado un poco el tablero, sin una ampliación sustantiva de la democracia y sin haber favorecido la emergencia de actores políticos y sociales que puedan conducir un ciclo político posterior, pues quien piense que la caída del neoliberalismo la decreta una nueva Carta Magna está muy equivocado. Hoy tenemos distintos conceptos de democracia en juego: “de un lado, la concepción oligárquica reinante, es decir, el recuento de voces a favor y en contra en respuesta a una determinada pregunta que se plantea; y del otro, la concepción propiamente democrática: la acción colectiva que declara y verifica la capacidad de cualquiera a la hora de formular las preguntas mismas”, como ha señalado Jacques Rancière.

Necesitamos un gran acuerdo por una nueva democracia, por otra democracia, una que sin duda no esté fundada sobre la base de violaciones a DD.HH. e impunidad, y para ello se necesitan muchas voluntades puestas en un 2020 que ayude a superar el divisionismo y la inacción para dar golpes certeros en un año cargado de disputas.

Palabra de Estudiante. No queremos más ausentes en la historia

La dictadura cívico-militar chilena dejó una marca profunda en nuestra sociedad en relación a las graves violaciones a los Derechos Humanos. Ejemplo de ello son los casos de tortura, desaparición y muerte de civiles, además de la implantación del modelo neoliberal que dejó en manos del mercado derechos sociales básicos como educación, vivienda y salud. Por ello, tras la caída del régimen, distintas organizaciones civiles exigieron verdad, justicia, memoria y reparación, porque era imposible cimentar las bases de una democracia real sobre la impunidad, cuestión que fue asumida por los gobiernos de la transición de forma fiel a su icónica consigna “en la medida de lo posible”.

De este abandono son cómplices todos los gobiernos que han pasado por La Moneda. La forma en que como sociedad hemos afrontado la memoria y las violaciones a los Derechos Humanos ha sido clave para construir la frágil y restringida democracia que hay en Chile. De aquí que la crisis del sistema político, la crisis de representación y el ascenso de los discursos de odio de hoy estén íntimamente relacionados con la impunidad y el pacto de silencio que decretó la transición.

Una parte especialmente oscura e invisibilizada de este periodo son los crímenes cometidos contra mujeres y disidencias sexuales, hechos que sólo han salido a la luz gracias al esfuerzo de historiadoras, activistas y organizaciones sociales que no han permitido que nos borren de la historia, pero todavía falta mucho. Respecto de la situación de las disidencias sexuales, existe un mito de que la dictadura fue relativamente tolerante con la población homosexual, cuestión sustentada en la existencia de la discotheque Fausto y la presencia de ciertos personajes en la vida pública, por dar algunos ejemplos. Dicha afirmación no podría estar más alejada de la realidad: basta escuchar los testimonios de activistas de la época y analizar cómo en el régimen de Pinochet se reforzaron cuestiones esenciales para el orden patriarcal y heteronormativo, a saber, el rol social de la mujer ligado al espacio doméstico y el rol masculino de fortaleza, virilidad y liderazgo, cuestiones que encarnaban muy bien Augusto Pinochet y Lucía Hiriart como matrimonio insigne del modelo cultural de la familia chilena. No había espacio para las disidencias sexuales, que sufrieron la persecución y la obligación de habitar ocultes en los márgenes de la sociedad.

“La forma en que como sociedad hemos afrontado la memoria y las violaciones a los Derechos Humanos ha sido clave para construir la frágil y restringida democracia que hay en Chile”.

Los activistas de la diversidad y disidencia sexual que vivieron en esa época han aportado relatos que apuntan a lo mismo: los militares cometieron actos de humillación, violencia e incluso asesinatos contra quienes según su apariencia mostraban una orientación sexual o identidad de género diversa, viéndose afectadas de forma más brutal la población trans/travesti y todes quienes desafiaran de forma más visible la heteronorma y los roles de género. Al igual que la militancia política, la orientación sexual y la identidad de género eran motivos para agravar los castigos y abusos que se daban en las cárceles.

8 de marzo de 1989. Estadio Santa Laura, Santiago. Último día de la mujer conmemorado en dictadura. Crédito: Archivos Vicaría de la Solidaridad. Gentileza MMDH.

Otro ejemplo claro de la violación a los Derechos Humanos de la población LGBTIQ+ en dictadura es lo ocurrido con la crisis del VIH/SIDA en el país: en 1984 falleció la primera persona notificada con el virus en Chile, hecho que fue titulado por La Tercera como: “Murió paciente del cáncer gay chileno”. Esta situación fue tratada con la misma irresponsabilidad del titular por el Estado y la junta militar, haciendo omisión de una problemática que más de treinta años después nos sitúa como uno de los diez países en el mundo donde más aumenta el virus.

Por todo lo anterior, en esta conmemoración también es necesario visibilizar cómo resistieron y sobrevivieron durante ese período oscuro las disidencias sexuales y las organizaciones feministas, partiendo por recabar información de forma sistemática respecto de los crímenes cometidos. Este asunto —como también la invisibilización de la violencia política y sexual que vivieron muchas mujeres, cuestión que queda en evidencia con la reciente venta del excentro de tortura “La Venda Sexy”— debería ser asumida como una deuda por parte del Estado y las organizaciones de DDHH.

Ya que la violencia, la discriminación y la exclusión que viven las disidencias sexuales persiste hasta hoy, es urgente tomar medidas de reparación histórica que se orienten hacia la inclusión y el otorgamiento de plenos derechos hacia estas comunidades. Por ejemplo, a través de una Ley de Educación Sexual Integral con perspectiva en las diversas orientaciones, identidades y expresiones de género; una Ley Integral Trans que incluya medidas de reparación hacia las personas que han vivido violaciones a sus derechos en dictadura y en democracia, como también garantías de acceso a salud, trabajo y educación.

Sólo así podemos ir saldando las profundas deudas que tenemos como sociedad con las mujeres y disidencias sexuales. Sólo así construiremos un país menos excluyente y una verdadera democracia.

Palabra de Estudiante. Recuperar el feminismo para rearticular el movimiento social por la educación

2018 dejó postales que pasarán a la historia. El Mayo feminista remeció todo y fue el escenario principal de una revuelta contra las instituciones educacionales en la que estudiantes, profesoras, académicas, trabajadoras y disidencias sexuales pasaron al frente para denunciar el sexismo, la heteronormatividad y la violencia de una educación a la medida del mercado, profundizando un proyecto alternativo impulsado desde el movimiento social que buscó introducir y relevar cuestionamientos, reflexiones y discusiones en torno a una educación no sexista.

Todo este proceso dio gran visibilidad al feminismo, que con su amplitud de nociones volvió a circular en el debate público. Sobre todo, significó un momento de acumulación de fuerzas para el movimiento feminista, que hace años venía trabajando su rearme tras un largo silencio, al alero, principalmente, de la lucha contra la violencia en sus manifestaciones más brutales, como el acoso, el abuso y la violencia sexual. En este caso particular, al interior de las instituciones educacionales, que por sus estructuras poco democráticas, sus currículum sexistas y sus dinámicas de exclusión de las disidencias sexuales se convirtieron en espacios propicios para el abuso de poder y la reproducción de un orden social basado en la división sexual del trabajo, la heterosexualidad obligatoria y la desigualdad.

La huelga feminista del 8 de marzo pasado también fue un momento de gran avance para las feministas, quienes dieron un claro mensaje en las calles a los sectores que negaban el movimiento y su potencia, y marcaron, a su vez, una importante distancia con el gobierno, que desde el Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género llamaba a no manifestarse. Esto creó más certezas todavía de que el feminismo llegó a la política para quedarse y para ser una perspectiva esencial a incorporar en todo proyecto alternativo de sociedad. Más aún, se perfiló como la posibilidad de rearticulación de la oposición al avance de la ultraderecha y la condición para consolidar una fuerza capaz de dirigir un proceso de transformaciones para terminar con la precarización de la vida en el modelo actual. Sin duda, para este hito fueros esenciales tanto lo ocurrido en 2018 como las trincheras que ganamos.

“Para fomentar el debate, debemos retomar demandas que ya han sido expresadas en las calles, como la democratización del curriculum educativo, una educación sexual integral y un enfoque feminista para combatir el auge de la violencia y la discriminación”.

Sin embargo, y sin perjuicio de la amplitud social inusitada que ha alcanzado el feminismo, este año nuevamente vemos la ausencia de nuestras perspectivas en las movilizaciones sociales que protagonizan el debate y son puntal de las fuerzas de cambio. Una vez más pareciera que la irrupción feminista fue un paréntesis en la historia y que todo el peso de la restauración conservadora se abalanza sobre nosotras, ahora no sólo de parte del conservadurismo y la derecha, sino también desde el interior de los movimientos sociales.

El escenario actual del conflicto educacional en Chile sirve de ejemplo. La movilización docente, que ha tenido un rol protagónico en la oposición social al gobierno este año, con demandas justas para las y los profesores de Chile, está llena de entusiasmo, creatividad y fuerza, pero ha carecido de una perspectiva feminista, cuestión que llama la atención, pues se trata de un gremio altamente feminizado, donde alrededor de un 75% del total de profesores son mujeres, según cifras de la Red Docente Feminista, y las educadoras parvularias y diferenciales se acercan al 96%, de acuerdo a datos del Mineduc. Pese a esto, hemos visto una carencia de vocerías ostentadas por mujeres, una falta de visibilidad de dirigencias y organizaciones feministas y de las disidencias sexuales dentro del gremio, y más importante aún, una ausencia de las demandas y del programa que el movimiento feminista instaló en materia de educación, lo que preocupa de sobremanera, pues en caso de no conquistar esas demandas se mantendría la desigualdad salarial y la discriminación a las docentes, al no ser reconocidas en las mismas condiciones que el resto.

Por otra parte, el conflicto de las y los estudiantes secundarios relativo a la violencia en las instituciones educacionales también requiere con urgencia una lectura feminista: para combatir la violencia no bastan las sanciones, se necesita educación para transformar las comunidades y una democratización radical para que en la resolución de conflictos no medie el abuso de poder. Hasta ahora, la respuesta del Mineduc ha sido calificar a los estudiantes de “delincuentes” o “violentistas”, sobre todo en liceos de varones, reproduciendo estereotipos machistas y de clase sin resolver los problemas de fondo ni en la educación ni en las formas de relacionarse al interior de las comunidades educativas, centrando el foco, además, en algunos establecimientos —los llamados “emblemáticos”— de forma tendenciosa e ignorando el abandono y la precarización de la educación a la que acceden las mayorías sociales en todos sus niveles.

Para enfrentar este escenario complejo se necesita rearticular el movimiento feminista en la lucha educacional, ya que ha mostrado ser una de las expresiones más masivas del movimiento social en el último tiempo. Se necesita una fuerte oposición social y política anclada en la perspectiva feminista para enfrentar un ciclo de avance de la ultraderecha, el empresariado y el conservadurismo, que buscan consolidar y ampliar aún más un modelo educativo que excluye y discrimina por origen, género, orientación sexual y nivel socioeconómico, extinguiendo lo poco que tenemos de educación pública.

Para fomentar el debate y orientar este ciclo político que viene, debemos retomar demandas que ya han sido expresadas en las calles, como la democratización del curriculum educativo, una educación sexual integral y un enfoque feminista tanto para combatir el auge de la violencia y la discriminación, como para reconocer a las profesoras diferenciales y parvularias como parte del gremio. Esperamos que este segundo semestre podamos volver a las calles, porque se necesita de forma urgente una educación feminista y disidente.

Palabra de Estudiante. Nunca más sin nosotras

A un año de la ola feminista de 2018, quedó claro que nunca más se hablará de una sociedad distinta si no es con nosotras. La demanda histórica del movimiento estudiantil por una educación pública, gratuita y de calidad, que movilizó a amplias franjas de la sociedad chilena, impresionó al mundo por la audacia y rebeldía de miles de estudiantes que se levantaron en todo el país para exigir el fin del negocio educativo. Sin embargo, lo que poco se ha dicho es que en ese momento histórico aparecían las primeras banderas moradas entre las multitudes reclamando una educación no sexista en marchas y concentraciones a lo largo y ancho de Chile.

Al transcurrir los años, fuimos las estudiantes quienes tuvimos que ponernos las gafas violetas para mirar con ojos críticos cómo nos organizábamos, entendiendo que las formas de movilización de 2011 —de las cuales éramos herederas— se habían agotado. Esto no quiere decir que las tomas, asambleas y paros estuvieran obsoletos, sino que los términos en que la política tradicional nos enseñó a organizarnos estaban pendiendo de un hilo que hace mucho tiempo venía desgastándose.

“Una educación de calidad significa erradicar una enseñanza que ha sido una máquina de reproducción patriarcal al servicio del mercado; implica eliminar la idea de que las carreras vinculadas a la ciencia y la tecnología son principalmente para hombres”.

Cuando terminaba abril, las estudiantes dijimos fuerte y claro a compañeros, profesores y rectores que no permitiremos más acosadores, abusadores y violadores en la educación. Nuestra inexperiencia en esta movilización se transformó en sororidad y energías de construir una sociedad distinta y radicalmente democrática, porque nuestros miedos, sentimientos de rabia y ganas de abortar el patriarcado nos llevaron a pensar que la educación pública, gratuita y de calidad no existe si ésta no es feminista. De la ira pasamos a la organización, y decidimos profundizar la demanda que sacó a miles a la calle. Exigimos una educación que nos entregue espacios seguros para poder desarrollarnos como futuras profesionales con dignidad y derechos.

Citando a la ensayista y crítica Nelly Richard, la radicalidad feminista de querer denunciar las relaciones patriarcales de poder que gobiernan el sistema sexo-género nos llevó a reemplazar el ideologismo neoliberal de la “calidad” como lo conocíamos, es decir, como un término vaciado de toda referencialidad social y cultural, como un concepto abstracto e imparcial. Una educación de calidad significa erradicar una enseñanza que ha sido una máquina de reproducción machista al servicio del mercado; implica eliminar la idea de que las carreras vinculadas a la ciencia y la tecnología son principalmente para hombres, y que las asociadas a los servicios y al cuidado son para mujeres.

Nosotras tomamos las lecciones de Julieta Kirkwood y quisimos llevar adelante una operación histórica del feminismo, porque sabíamos que eso significaba una toma de decisión que emprendimos y con la que hicimos estallar la ola feminista estudiantil de 2018. En términos simples, decidimos dejar de ser las migajas de la historia, como bien dice la filósofa Alejandra Castillo.

La construcción de esta nueva educación pública no sexista debe ir de la mano con la existencia de espacios seguros, ya que es imposible concebir ambientes educativos donde la violencia patriarcal esté permitida. No bastan los protocolos ni los cursos

de género en las distintas carreras, ya que es la misma sociedad la que le otorga determinado valor a las profesiones conforme a si quienes las ejercen son hombres o mujeres, decidiendo bajo ese paradigma qué trabajo se paga mejor o peor. Allí se funda la estrepitosa alianza entre mercado y patriarcado: lo masculino es éxito, lo femenino es precarización.

Es por esto que aprendimos que la “departamentalización” del feminismo no resuelve la violencia estructural: esa fue la respuesta que nos entregó la Concertación durante todos sus gobiernos al ver al feminismo como un problema exclusivo de las mujeres y no de la sociedad. Es así como el Sernam y el Ministerio de la Mujer y la Equidad de Género, en conjunto con la Agenda Mujer que presentó el año pasado el presidente Sebastián Piñera, fueron las únicas respuestas que nos entregó un feminismo liberal de la transición y un machismo avasallador de la derecha que nos refriega en la cara el supuesto carácter esencialista y conservador que tiene la mujer en una sociedad patriarcal.

Con todo, el mayor rechazo social que se ha logrado ante el avance del neoconservadurismo tuvo lugar el 8 de marzo de este año, cuando, a pesar de que Isabel Plá, ministra de la Mujer y la Equidad de Género, dijera que la huelga parecía “una convocatoria de la oposición”, nosotras llenamos las calles y demostramos la potencia, amplitud, masividad y radicalidad de este movimiento. El gobierno ha tomado una postura y nosotras respondimos de forma contundente.

Las estudiantes llevamos más de un año denunciando el sexismo en una educación al servicio del mercado. Es por esto que la manifestación que hicimos junto a miles de trabajadoras la levantamos como una oposición al gobierno y a su agenda antiderechos, porque esta lucha la hacemos todas las mujeres: madres, trabajadoras, estudiantes, indígenas, migrantes e integrantes de las disidencias sexuales.

Hemos madurado nuestra demanda por una educación no sexista y hemos dicho que terminar con la deuda en la educación es terminar con la precarización de la vida de miles de mujeres y sus familias. Dijimos que exigir la condonación de ésta es la única forma de poner fin al abandono en que el Estado dejó a miles de estudiantes, a quienes endeudó para llenarle el bolsillo a los bancos.

La llamada ola feminista llegó para quedarse, llegó para decir: basta, esto amerita huelga hoy, mañana y siempre, hasta que la revolución tenga nombre de mujer. Nosotras no descansaremos hasta ser socialmente iguales, humanamente diferentes y totalmente libres.