Mi único deseo es que podamos crear, impulsar, sostener y cuidar los lugares en los que podemos detenernos a pensar(nos). […]
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La responsabilidad de la esperanza
Por Victoria Guzmán
“Lo más maravilloso del mundo es, por supuesto, el mundo mismo”.
Robert Zemeckis
“El mundo es demasiado para nosotros”.
William Wordsworth
“Todos somos astronautas de una nave espacial llamada tierra”.
Buckminster Fuller
No fue sólo la pandemia. Llevamos por lo menos desde octubre del año pasado identificando el veneno. Asignando nombre, causas y consecuencias a los problemas. Pero también apuntándonos con el dedo; buscando culpables. Con el estallido social, el binarismo se fue acentuando a medida que los ambientes se enrarecían. O estás con nosotros, o estás contra nosotros, parecía ser el mensaje imperante en todos los espacios. A ratos, casi podías escuchar el tejido social rasgándose en la noche.
Pero el virus diluyó ese “marzo caliente” tan temido como ansiado, y los meses de confinamiento, por unas semanas, nos unieron bajo una meta común: aplanar la curva, cuidar a quienes nos rodean, hacer lo posible por ayudar. Sin embargo, recientemente hemos visto un rebrote del gol fácil y el golpe bajo, una vuelta a la ironía, la burla y el desprecio por las propuestas que no vienen del bando propio. Y hemos sido espectadores, en tiempo dolorosamente real, de lo mal que le hace a un país y sus comunidades la incapacidad de sus gobernantes de pedir ayuda, de escuchar, y trabajar transparente y colaborativamente.
Creo que la mayoría vivimos días de profunda impotencia y frustración. Algunos se organizan para ayudar; otros queman barricadas para acusar la urgencia del problema; quienes pueden escriben columnas y cartas al director; y unos pocos trafican con el terror, circulando videos en redes sociales que amenazan, por un lado, un nuevo golpe de la derecha dictatorial, y por otro, una inminente subversión de la izquierda que busca quemar todo. Cada uno proyectando sus miedos en el espejo. En ambas advertencias hay semillas de verdad, pero caen en generalizaciones que nos ahogan en disquisiciones binarias, que apuntan a un «enemigo» imaginario, abstracto y simplista, e invisibilizan formas de resolver los problemas que no sean a través de la violencia.
Los cimientos de esta época, hija del modernismo, hace rato se estremecen bajo nuestros pies. El cambio de paradigma se aparece como inevitable, tanto a nivel social, económico y ecológico, como valórico, laboral y legal. En Chile, una tras otra, importantes instituciones han ido perdiendo legitimidad social, base fundamental de una democracia sana: se desmorona la fe en la Constitución, el sistema de pensiones, el sistema de salud, la forma en que elegimos a nuestros gobernantes, cómo construimos y nos movemos en nuestras ciudades, el uso del espacio público, el trato a las minorías. No es algo específico a nuestro país: hace décadas que instituciones inamovibles han vivido un proceso de deconstrucción tal, que no sería extraño preguntarse si siguen siendo lo mismo, o ya algo totalmente nuevo y distinto. El género ya no se considera binario, o ligado indisolublemente al sexo biológico; la familia tradicional y sus rígidos roles han sido profundamente cuestionados; entendemos que los medios de información no son instituciones objetivas o despolitizadas; que la raza no es una cualidad biológica sino que una construcción social. La iglesia católica, antes guía moral, hoy a duras pena resiste sus escándalos internos; la democracia como forma de gobierno ha ido quedando reducida al uso desnudo del poder; y la universidad se interesa más por formar trabajadores modelos que personas con capacidad crítica y analítica.
De a poco, unos antes, otros después, hemos comprendido que existen otras formas de vivir en el mundo de las que la modernidad naturalizó y cimentó – muchas veces con violencia tanto explícita como implícita. Pero no son días fáciles. No es fácil vivir en un tiempo líquido, en que se habla del fin de la historia, de la doctrina del shock, en que vivimos sumidos en un eterno presente a causa de una pandemia global. Entre tanto terremoto, es difícil transitar hacia soluciones, especialmente cuando todavía estamos discutiendo sobre el pasado y barajando ideas tan distintas respecto del futuro. Están quienes se aferran a lo que hay, por muy pobre, insuficiente y dañino que sea. Soslayar el problema, esperar a que desaparezca. Hay otros que ven en quemar y destruir la solución, esperando que del derrumbe, como por acto de magia, nazca una sociedad justa e igualitaria. Solo de leerlo suelto un suspiro. Es una dialéctica agotadora y que nos atrapa: nos quita soluciones, nos despoja de nuestra agencia.
Es una falsa dicotomía, por lo demás. La desesperanza no es inevitable; no somos impotentes. No estamos despojados. Sí, es difícil bajar los brazos (y las armas) y escuchar al otro. Es difícil pensar en medio de una pandemia, en medio del hambre, la injusticia. Es difícil tener fe cuando vemos a los políticos y sus declaraciones, su desconexión absoluta. Cuando vemos (y vivimos) el machismo, el clasismo, el racismo en carne propia. ¿Pero se puede? Se puede.
La peste negra que asoló a Europa en el siglo XIV marcó el fin del oscurantismo de la Edad Media y el comienzo de algo nuevo: el Renacimiento. “Después de la Peste Negra, nada fue lo mismo”, afirma Gianna Pomata, experta en la historia de la medicina. Los efectos de la plaga fueron como un soplo de aire fresco, una bocanada de sentido común. Cuando experimentamos tan brutalmente la fragilidad de la vida, se da una maravillosa respuesta humana: pensar de maneras nuevas. El Renacimiento fue quizás la época de mayor efervescencia científica y artística de la civilización occidental: los artistas recuperaron antiguas técnicas para dibujar, como la perspectiva; los músicos retomaron la melodía; la medicina se sacudió de encima el dogma de la religión. Miguel Ángel, Da Vinci, Palladio, Brunelleschi, Boccaccio, Petrarca, Maquiavelo y Dante Alighieri se convirtieron en los cimientos del pensamiento europeo. Los exploradores italianos ampliaron el mapa de su mundo. Galileo estableció el método científico. Si las crisis tienen el poder de ser el punto de partida de transformaciones radicales, ¿qué efectos podría tener la crisis sanitaria actual?
Cuando experimentamos tan brutalmente la fragilidad de la vida, se da una maravillosa respuesta humana: pensar de maneras nuevas.
Este fin de semana leí una entrevista que hizo Elisa Balmaceda a Yayo Herrera para la revista Endémico. Un tema que tocaron me marcó profundamente: ¿Qué consideramos sagrado? La antropología dice que lo sagrado es aquello que hay que mantener y proteger, pues sostiene -a veces de forma casi invisible- la posibilidad de que una comunidad perdure en el tiempo. Es lo fundamental: el límite que no podemos cruzar, aquello que no podemos profanar. En las últimas décadas el dinero ha ocupado el espacio de lo sagrado. Bajo la lógica del progreso económico como valor absoluto, todo puede ser merecedor de ser sacrificado en pos de las bolsas, las inversiones y los capitales. Cuando lo sagrado es el dinero, justificar el sacrificio de otros bienes se da naturalmente: los bosques, las montañas, los glaciares, los ríos, las personas, la salud.
En tiempos de cuestionamiento y deconstrucción, entonces, tal vez debiéramos empezar por preguntarnos: ¿qué es, para nosotros, la riqueza? ¿Qué tiene, hoy, la calidad de tesoro? ¿Qué entendemos por dignidad, y qué rol debe jugar en una sociedad? ¿Qué es para nosotros el éxito?
¿Qué tendríamos que declarar sagrado para avanzar? ¿Qué sacralidades podemos rescatar y volver a centrar, qué ritos, espiritualidades y afectos?
Es difícil hacer predicciones sobre como será el mundo post-coronavirus, pero me arriesgaré con algunas. Empezando por el turismo: no es descabellado imaginar que vuelos más caros y complejos tendrán un impacto en la facilidad de viajar a otros países (y para qué decir continentes), gatillando un interés por el turismo local. Pues bien: ¿cómo nos afectará, como sociedad, movernos curiosamente por nuestros propios territorios? ¿Cómo nos cambiará valorar nuestra naturaleza, historia, cultura y habitantes? ¿Qué nuevos lazos afectivos surgirán hacia ellos? ¿Cómo será experimentar el efecto nocivo del turismo en nuestras tierras: la gentrificación, la contaminación, la erosión, el exceso?
Sin duda ocurrirán transformaciones quizás sutiles, quizás invisibles, cuando en vez de visitar y venerar viejos museos europeos, nos conectemos con el riquísimo patrimonio que tenemos en nuestro país y en nuestra América. Me pregunto cómo cambiarán ideas preconcebidas sobre nuestro arte, nuestros artistas, nuestra historia y nuestro pasado. Me pregunto cómo será reconectar con la sabiduría de las cosmovisiones de nuestros pueblos originarios, en vez de seguir encandilados con los griegos, los romanos, los europeos. Descubrir los secretos incaicos que pueblan Santiago, por ejemplo: sus templos, sus plazas, sus avenidas procesionales que miraban a la cordillera, honrando la salida del sol y el comienzo de un nuevo día. Asombrarnos con los ritmos sabios del We Tripantu, esa larga noche que contiene en sí el germen de la primavera, y sus ritos afectivos en que las comunidades se reúnen durante el fuego durante la noche, purificándose en el río al romper el nuevo amanecer.
Un tema ineludible es el de la ecología. Espero que tras meses de encierro y pantalla podamos considerarnos no solo como habitantes de este planeta, sino que como parte de ecosistemas vivos, complejos y maravillosos, que requieren cuidado, compromiso y atención. Hemos contemplado, pasmados, cómo las aguas que solían ser turbias hoy son transparentes; con sorpresa cómo los animales – pumas, jabalíes, monos- se pasean libremente por la ciudad. El aire está limpio; el mundo está más limpio. Hemos atesorado la ausencia del rugido del tráfico en la ciudad; la imagen de ciclistas entusiasmados por las calles; el canto de los pájaros, nuevamente audible. En Punjab, India, por primera vez se pudieron ver los Himalaya, después de décadas de estar velados por smog. Las estrellas son, súbitamente, más visibles – más límpidas y nítidas.
Sé que todo lo anterior ha sido a costa de economías colapsadas. Sé que el tráfico, el petróleo y los aviones volverán. Pero me pregunto si la experiencia gloriosa de vivir con menos contaminación, aunque haya sido momentánea, permanecerá en nuestra conciencia como un destino realizable – y un recordatorio de que sí son posibles grandes transformaciones. Lo sagrado da la medida (la mesura) de nuestras acciones: nos señala una hoja de ruta hacia adelante. Si buscamos lo sacro en ideas menos economicistas, tal vez podamos entender que la economía es un subconjunto de la naturaleza, y no al revés. Que somos interdependientes, y que la riqueza de nuestro patrimonio cultural no se reduce a “recursos naturales”, mecánicos y utilitarios. Que hay una banalidad inherente al consumo; que, en realidad, no necesitábamos tantas cosas.
Por otro lado, espero con fiereza que estos días de encierro, en que nos han salvado de la locura libros, películas, música, conciertos, series, dibujos, teatro, sepamos dar un valor real al arte y la cultura. No sólo nos han ayudado a sobrevivir: también han sido herramientas para procesar y pensar esta pandemia. Lo mismo respecto del espacio público y las comunidades. Como señala Zadie Smith en su lúcida colección de ensayos “Feel free», la importancia de las bibliotecas públicas va más allá de los libros; son un espacio en el que no necesitamos consumir para justificar nuestra presencia ahí. Son espacios que permiten encuentros, reflexiones, diálogos. Al igual que los parques; al igual que las universidades. Son las caras, los gestos, los abrazos. Las tardes tocando guitarra, tomando cerveza, y divagando sobre cómo cambiar el mundo. Son los flechazos, las campañas universitarias, las formas de vivir el estrés compartido, las caminatas por el barrio conociendo sus rincones, sus antros, sus plazas.
Esta pandemia puede ser el golpe de gracia a un sistema que ya no se soporta: injusto, desigual, e insostenible. La normalidad ya era una crisis.
Por último, espero que esta pandemia de una vez por todas nos haga conscientes de la profunda desigualdad de nuestro país. Espero que tras ella ya nadie pueda, con un mínimo de responsabilidad, decir que no conoce las condiciones en que viven grupos de personas: la pobreza, la violencia, el hacinamiento, la necesidad, el hambre. Espero que nos empuje a construir nuevos paradigmas para una nueva época: nuevos monumentos, sistemas y leyes. En que se valoren los procesos, las digresiones, las derivas.
A finales de marzo, cuando la crisis sanitaria se extendía por Chile, muchos compartieron un sombrío mensaje: «nosotros somos el virus». Pues no. Tenemos la capacidad de cometer las peores atrocidades. Pero también el poder de encarnar grandes actos de belleza, de generosidad, de solidaridad. Como escribía con tanta lucidez Mariana Matija: “cuando nos despreciamos, despreciamos una parte de la naturaleza y nuestra propia capacidad de proteger(nos) y también de regenerarla(nos).” Reforzar la idea de que somos una plaga sólo nos permite revolcarnos en el veneno. Nos roba nuestra potencia transformadora; la indiferencia neutraliza ese impulso por cambiar las cosas. Lo entiendo. Estamos cansados. A ratos es más fácil aceptar el estatus quo: requiere poco esfuerzo hundirse en las aguas espesas de la desesperanza. En cambio, movilizarnos hacia cambios sí que requiere trabajo. Es estar ahí para las conversaciones difíciles; es practicar el acto radical de escuchar y comprender; es abrazar lo distinto; es ceder poder cuando es necesario; reconocer el valor de experiencias que son ajenas, y los conocimientos y sufrimientos que éstas engendran. Aceptar la complejidad, por frustrante que sea. La complejidad de nuestras emociones, de nuestros ecosistemas, de otros seres humanos, de la crisis, de las soluciones que se requieren. La complejidad del dolor de otros.
Solo despierta el que ha soñado, como decía Pedro Prado. Tenemos la responsabilidad de la esperanza. De avanzar de las distopías presentes a posibles utopías; de dejar atrás el veneno que ya identificamos y empezar el proceso de nutrición; de pasar de centrarnos en el problema a dibujar las soluciones. Dejar de tener miedo a las ideas del otro. Si no entiendes cómo alguien podría creer algo a tus ojos tan estúpido, es más probable que esto sea una falta de comprensión de tu parte, que una falta de razón suya. Una buena democracia no es una donde escasean los problemas; es un sistema de gobierno en el que los políticos y demás actores pueden canalizar los intereses y tensiones que cruzan a la sociedad. Es muchísimo más fructífero salir de lo binario en que unos ganan y otros pierden: reconocer los puntos válidos de quienes no están en nuestro bando. Pasar de oídos sordos que prefieren “ganar” una discusión en vez de, bueno, tenerla. Dar paso a una escucha atenta, intencional. Repensar esta sociedad enferma implica un esfuerzo de imaginación y creación ciclópeo, colectivo.
Esta pandemia puede ser el golpe de gracia a un sistema que ya no se soporta: injusto, desigual, e insostenible. La normalidad ya era una crisis. Podemos empezar por plantearnos el horizonte de lo posible. La crisis hoy es sistémica, y eso requiere una multiplicidad de respuestas que estén a la altura. Un horizonte ético que nos conmueva y seduzca. Las grandes crisis traen profundos cambios sociales, para bien o para mal: la historia nos ofrece lecciones mixtas. La plaga de Atenas llevó a un largo período de desorden e inmoralidad, de desconfianza en la democracia. Pero las guerras mundiales aceleraron la integración de la mujer en el espacio y discurso público. La pandemia será como una especie de ácido, disolviendo y liquidando. Pero también, una oportunidad para reformular a partir de ello. Pomata describe las pandemias como «un acelerador de la renovación mental […] escuchamos más, quizás. Estamos más listos para hablar entre nosotros». El futuro es lo único ineludible. ¿Manos a la obra?
Barbarie supremacista
Por Claudia Zapata
Un rewe en llamas en las afueras de la Municipalidad de Victoria. La imagen quedará en mi memoria como símbolo de una de las jornadas más vergonzosas de nuestra historia reciente, protagonizada por grupos de civiles que, de manera orquestada y como respuesta al llamado de una organización de ultra derecha, atacó a los comuneros mapuche que se encontraban en esa sede municipal realizando una toma en apoyo a los huelguistas de hambre que llevan tres meses sin ser oídos por el Gobierno. Escenas similares de violencia se produjeron en Curacautín, donde el desalojo violento de los comuneros, a punta de piedras, botellazos y palos (también se escucharon disparos), estuvo acompañado de gritos festivos cuando la operación iniciada por ellos fue concluida por las Fuerzas Especiales de Carabineros: “El que no salta es indio” y “El que no salta es mapuche”, era lo que se oía.
La quema de un símbolo sagrado y las menciones directas al Pueblo Mapuche en los gritos de la turba, no dejan lugar a dudas de que lo que se vivió la noche del 1 de agosto en Curacautín, Victoria, Ercilla y Traiguén, fue una jornada de violencia racista. Mientras ocurrían los hechos, el poeta Jaime Huenún comparó a los agresores con el Ku Klux Klan, algo que, por vergonzoso que sea, no está lejos de la realidad, incluso, pienso que en algún punto lo ocurrido esa noche fue peor, porque el KKK opera con el rostro tapado, sabiendo que pese al supremacismo blanco que tiñe la historia de Estados Unidos, deben huir de algo. Aquí en cambio, el ataque fue a cara descubierta, durante un toque de queda y sin siquiera llevar la mascarilla que exigen las normas sanitarias para enfrentar la pandemia, pero peor aún, a vista y paciencia de la policía, que como muestran los numerosos videos que circulan en las redes sociales, ocuparon por largo rato una posición observante (¿debería decir que la prensa no reparó en este hecho? Debería, pero la historia es tan repetida que hasta produce pereza insistir en ella).
Esa noche me topé con la transmisión en vivo que hicieron las mujeres desde la toma en Victoria. Lo que en un principio era confusión fue dando paso a una secuencia de terror en la que se sucedían insultos, gritos y sonidos estruendosos de piedras, vidrios quebrados y balazos. Va a ser muy difícil olvidar ese “El que no salta es mapuche” que vociferaba la turba mientras golpeaba el furgón de Carabineros que tenía en su interior a los comuneros detenidos. La rabia dio paso a la tristeza, un sentimiento compartido por miles que no dábamos crédito a lo que veíamos y escuchábamos. También asomó la decepción, resumida en frases como “Chile no despertó”, que empezaron a circular desde entonces.
¿Había motivos para sorprenderse? Sí, porque la humanidad que portamos siempre debería remecerse frente a la injusticia, no hay ingenuidad en ello. Pero al mismo tiempo, un mínimo conocimiento de la historia de este país, en especial de la construcción del territorio nacional y de las grandes fortunas, arroja pistas para leer el presente y comprender que lo ocurrido la noche del sábado no carece de explicación, incluido su elemento más perturbador, que fue el protagonismo de los civiles en estas peligrosas acciones de odio.
Esos grupos, integrados por sujetos de sectores populares y medios, se identificaron en esta oportunidad con los intereses de la Asociación para la Paz y la Reconciliación en la Araucanía (APRA), un grupo de ultraderecha que los convocó a confrontar a los mapuche que realizaban las acciones de toma. Lo que se movilizó allí fue un racismo enquistado en una región donde los “chilenos” -es decir, los no mapuche- son descendientes en gran parte de la soldadesca que dejó la invasión militar del Wallmapu y de los colonos que trajo el Estado desde distintos países europeos con el objetivo de “mejorar la raza”, en una operación eugenésica que incluyó beneficios directos, como tierras e instrumentos de labranza.
Era muy difícil que ese origen bélico y de políticas supremacistas para poblar el territorio expropiado a los mapuche no dejara su impronta en la conformación de la sociedad regional de la Araucanía, cuya principal característica es que sus habitantes, pese a ser también despreciados por la oligarquía económica y política durante igual período de tiempo, han internalizado una idea de superioridad frente al pueblo mapuche. Lejos de ser un capricho, ese sentimiento es resultado de una política estatal que siempre ha insistido en esa superioridad y no de manera simbólica precisamente (así lo demuestra este episodio, en que ninguno de estos civiles fue detenido).
¿Por qué racismo?, preguntan el despistado, el ignorante y el incrédulo. ¿Por qué ocupar esa palabra tan fea para caracterizar un conflicto como este? La respuesta está en que uno de los productos de esta larga historia es el supremacismo -mestizo, blanco, chileno o lo que sea- que asume distintas formas: indiferencia, desprecio, explotación y, como ahora, violencia directa. Ese desprecio y esa negación no es propiedad exclusiva de los poderosos, tampoco de la región de la Araucanía. Bien en el fondo sabemos que las jerarquías raciales nos recorren como sociedad chilena porque, aunque no lo nombremos de ese modo -el racista nunca se identifica como tal- sabemos que el color y el origen social nos asignan un lugar y un relato sobre nuestras posibilidades.
Era muy difícil que ese origen bélico y de políticas supremacistas para poblar el territorio expropiado a los mapuche no dejara su impronta en la conformación de la sociedad regional de la Araucanía, cuya principal característica es que sus habitantes, pese a ser también despreciados por la oligarquía económica y política durante igual período de tiempo, han internalizado una idea de superioridad frente al pueblo mapuche.
Parte de lo que asomó como reacción frente a estos hechos fue la ira frente a ese racismo popular encarnado por personas incapaces de advertir su morenidad y su insignificancia frente a los grupos de poder con quienes se identifican. Se les ha dicho de todo, especialmente que no son blancos. Incluso han salido al ruedo argumentos científicos o seudocientíficos (la investigación de turno de alguna universidad lejana) que nos encaran cuestiones como la sangre o el genoma. “Todos somos mapuche”, parecen indicar esos estudios (dudo que digan eso exactamente), y así, transformada en consigna, la frase circula como forma de solidaridad, pero de tan corto alcance que a poco andar se diluye en una amplitud poco útil para confrontar un racismo que no nos afecta a todos de la misma manera.
Siempre es una ganancia recordar que la blanquitud es una construcción ideológica y situada, incluida -agregaría yo- la de las de las clases altas, pues salvo excepciones, ningún blanco de estas tierras pasa la prueba de la blancura en otras sociedades donde imperan códigos raciales distintos, en los cuales ser chileno y latinoamericano marca, de por sí, una distancia. Como sea, el combate al racismo necesita alejarse de este tipo de argumentos, pues de lo contrario, se obstaculiza la visión del problema de fondo, que no es el color ni la cultura, sino los procesos históricos de dominación colonial y sus secuelas. Porque este es un problema de vencedores y de vencidos, no de “sangres”: es el vencedor el que impone sus códigos; es el vencedor quien racializa; es el vencedor el que destina esfuerzos para construir la ideología de su superioridad.
Si algo se ha ganado en esta jornada triste, es que nuestras pretensiones históricas de blanquitud han quedado al descubierto en esa agresión brutal hacia el Pueblo Mapuche, también que algunos y algunas estamos dispuestos a discutirlo. No obstante, el argumento biologicista para enfrentar ese debate entraña un riesgo equivalente a caminar por el borde de un precipicio. Que la sangre de nuestras venas sea mapuche, española, alemana o marciana poco importa para aquellos con quienes el racismo se ensaña, en este caso, un pueblo que confronta esa ideología y sus efectos materiales recordando la historia de usurpación de la que han sido objeto desde hace 140 años.
El pesimismo que a muchos nos invadió la noche del 1 de agosto dio paso, al menos para mí, a una reflexión más pausada que obliga a asumir que estos grupos racistas existen desde hace mucho. Se trata de los convencidos militantes del supremacismo chileno, a quienes por ningún motivo debemos dejarles espacio. No es prudente minimizar su existencia, ni mirarlos con excesiva distancia; sino permanecer vigilantes al mismo tiempo que interrogamos nuestras prácticas, concediendo a este problema un lugar prioritario en los debates públicos. Porque estamos ad portas de iniciar un proceso inédito en la historia de este país, que es la posibilidad de participar en la elaboración de una nueva Constitución Política. Conviene, por lo tanto, no olvidar que la constitución actual es la fuente jurídica fundamental de esa chilenidad exclusiva y excluyente que exacerban los supremacistas, y aprovechar la coyuntura para pensarnos de otro modo. El momento constituyente será un espacio para disputar el campo popular e impedir que el fascismo y el racismo experimenten avances. Eso es política y la política es irrenunciable.
Derribar el Premio Nacional
Este año, se entrega el mayor galardón estatal en Literatura, y una campaña de la agrupación de Autoras Chilenas (AUCH) aboga para que se le entregue a una mujer poeta, la que se sumaría a la única mujer premiada en ese género en la historia del premio: Gabriela Mistral. La crítica literaria Patricia Espinosa presenta su visión sobre el tema y lo pone en debate: “Las poetas postulantes tienen méritos de sobra y este reconocimiento debiera servir para comenzar a resarcir en parte el histórico maltrato que han sufrido las poetas en Chile. Pero aun así y aunque vinieran 20 premiaciones más a mujeres, la historia de este premio seguirá siendo el mayor símbolo del dominio patriarcal en la literatura nacional y con ello de todas sus prácticas de silenciamiento, monopolización de la voz y construcción del canon por parte de los hombres”.
Por Patricia Espinosa H.
Este año se otorga el Premio Nacional en mención poesía y los nombres más resonantes y las escrituras más contundentes son de mujeres; no debería quedar duda alguna que este año sí o sí debe ganarlo una mujer y al hacerlo sería la primera vez que en dos entregas consecutivas lo ganan mujeres. ¿Algo para celebrar? Sí, por supuesto. Las poetas postulantes tienen méritos de sobra y este reconocimiento debiera servir para comenzar a resarcir en parte el histórico maltrato que han sufrido las poetas en Chile. Pero aun así y aunque vinieran 20 premiaciones más a mujeres, la historia de este premio seguirá siendo el mayor símbolo del dominio patriarcal en la literatura nacional y con ello de todas sus prácticas de silenciamiento, monopolización de la voz y construcción del canon por parte de los hombres.
El Premio Nacional de Literatura es un galardón creado por el patriarcado para el patriarcado, la inclusión de mujeres en el listado siempre ha sido una anomalía. De hecho cualquier varón, poeta o narrador mediocre o definitivamente sin mérito alguno, ha tenido siempre mil veces más posibilidades de ganárselo que cualquier mujer. El listado está plagado de ejemplos y en la sala de espera del premio hay una multitud de hombres al acecho. A tanto ha llegado esta práctica, que la hemos naturalizado, como si fuera “normal” la exclusión de género, llegando a celebrar cuando gana una mujer. Conformarnos con la excepcionalidad es hacernos cómplices de la política sexista que destila este galardón. En este mismo momento los ataques a las poetas postulantes se multiplican en las redes sociales. Se les ha cuestionado su condición ya sea de feminista, regionalista o, insólitamente, el hecho de ser “eterna candidata”. Esto ha venido tanto de parte de los hombres, mayoritariamente, como de mujeres. Lo cual tiene una explicación fácil: el patriarcado, que está conformado no sólo por varones sino también por mujeres patriarcalizadas, ha salido a defender su territorio con una fuerza pocas veces vista en sus escrituras literarias.
Es más, la violencia contra las mujeres de este galardón ha sido tan desmesurada que históricamente la misoginia no ha sido obstáculo alguno para llevárselo. Así, poetas claramente machistas y misóginos de la envergadura de Neruda, Zurita, Rojas, Parra, Barquero, pueden lucir campantes su pasaporte a la inmortalidad literaria, mientras multitud de mujeres escritoras se han muerto esperando un reconocimiento.
Tengo claro que ya van a salir con que las feministas queremos quemar los libros escritos por hombres y destruir las bibliotecas. A pesar de que es una estupidez, se hace tan constante que hay que responderla. No pretendo evitar su lectura ni remitir sus obras al bote de la basura, pero sí incitar a leer sus obras desde una mirada antipatriarcal. Para eso hay que comenzar por las representaciones de la mujer y de la masculinidad que sus escrituras levantan. El resultado es la imagen de la mujer desde el conjunto madre-virgen-prostituta-bruja-feminazi.
Resulta verdaderamente ridículo que en pleno siglo XXI tengamos que estar justificando la presencia de mujeres postulantes. Solicitando, además, un jurado paritario en términos de género, lo cual no siempre ocurre; clamando, incluso, por representantes diversxs que aseguren un criterio desligado de lobby o intereses extraliterarios. ¡En treinta años de democracia sólo dos mujeres, Allende y Eltit, han obtenido el premio! ¡Dos en treinta años! Que una mujer obtenga el galardón no debiera ser nunca más una apertura circunstancial del canon, de la ley del patrón. Para ello es necesario elaborar y poner en práctica una política de la diversidad que permita romper de una vez y para siempre con el criterio sexista que articula a este Premio.
Reparar la exclusión de las autoras es posible y esto no pasa solo por premios o por ponerles nombres femeninos a bibliotecas o parques, sino por la destrucción del canon masculinizante y de todos los efectos que su predominio conlleva. Más allá de eso, lo que queda es una reflexión sobre la cultura del patronazgo y la necesidad de derribar su representación estatuaria. Llegó el momento de pensar en derribar unas cuantas estatuas oprobiosas. Nuestra literatura está plagada de estatuas que debemos eliminar y el Premio Nacional ha sido la mayor fábrica de estatuas literarias para la consolidación del canon masculino y la violenta exclusión de la producción literaria de mujeres.
Vivimos en un contexto político-cultural necromachista, donde el fin último es hacer desaparecer cuerpos, escrituras y autoras. Los retoques y maquillajes con los cuales hoy el patriarcado intenta cambiarle el rostro a su sistema de dominio serán incapaces de hacernos olvidar que el Premio no es más que una pequeña muestra de la violencia con que la cultura dominante ataca a los cuerpos de las mujeres para exigirles su sometimiento.
Para ser más clara, nos enfrentamos a dos opciones: reformular las bases del Premio, esto significa normar para que se alternen ganadores masculinos y femeninos o que derechamente el Premio desaparezca. Yo opto por su desaparición y la creación de otro tipo de reconocimiento a la labor de escritoras y escritores, obviamente bajo un estricto sistema de paridad, en tanto no se elimine la odiosa binariedad que parece ser la ley que rige todas las decisiones estatales. Ya no estamos para migajas, ha sido suficiente con la denigración constante que los gobiernos continúan ejerciendo contra las mujeres. No más escritoras premiadas cada treinta años que sirven para lavar la imagen del Premio o reformulaciones que en la práctica pierden toda relevancia. Más de lo mismo no tiene sentido.
En tiempo de pandemia, la violencia hacia la mujer ha recrudecido. Las figuras de varones pululan en los medios de prensa y mesas de asesoría sanitaria exponiendo sus saberes científicos y políticos, pero basta que alguna mujer se atreva a levantar la voz para que las hordas patriarcales desaten su furia contra ella. Alejandra Matus e Izkia Siches son los ejemplos más claros en este periodo, agredidas constantemente por investigar y denunciar la catástrofe en las que el gobierno nos tiene sumergidxs. Las cifras de violencia intrafamiliar crecen y crecen de manera abismante. Las mujeres se encuentran recluidas haciendo teletrabajo y realizando labores de cuidado familiar. La cesantía ha golpeado especialmente a las mujeres. A pesar del épico 8 de marzo las mujeres no hemos conseguido transformaciones profundas que por lo menos equilibren el panorama. En este contexto, la actual preocupación por un premio literario podría sonar exagerada, pero contra el patriarcado y su política de silenciamiento o muerte no hay pelea chica.
Hay que dejarlo claro, este año sí o sí el Premio Nacional de Literatura debe ser para una mujer y es de esperar que en los siguientes dos años el territorio sobre el cual establecemos esta discusión haya cambiado lo suficiente para no tener que volver a la carga en defensa de las narradoras, cosas que claramente vamos a hacer.
Hacia una nueva salud pública en Chile: claves para responder a los desafíos del país
Por Verónica Iglesias
La crisis de la salud pública en nuestro país se viene desarrollando desde hace un par de décadas. El gasto público en salud en Chile es más bajo comparado con los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), y durante el 2019 el porcentaje disminuyó en 0,11 puntos respecto de 2018 (5,4% y 5,51%, respectivamente, del Producto Interno Bruto –PIB–). Si estas cifras se llevan al gasto en el sector público, este porcentaje es aún menor, lo que se traduce en menor infraestructura, menor dotación de recursos humanos, falta de insumos, falta de equipos de alta tecnología, largas listas de espera, pocos recursos destinados a la promoción de la salud y prevención de la enfermedad, entre otras variables. Todas estas son condiciones a las que se enfrenta de manera permanente la población que se atiende en el sector público (78%). El desfinanciamiento y las limitaciones en la respuesta del sistema en su conjunto frente a las necesidades de salud de la población fueron parte sustancial de las demandas elaboradas desde la sociedad civil durante el estallido social, que puso sobre la mesa los cambios estructurales que el sistema de salud necesita.
No es de extrañar entonces que en el contexto de crisis basal, la crisis provocada por la pandemia haya puesto de manifiesto nuevamente las condiciones desiguales en las que vive nuestra población, desnudando las deficiencias que nuestro sistema tiene para enfrentarlas. La salud es expresión de cómo se han experimentado los determinantes sociales desde que las personas nacen y aquellos determinantes relacionados con el sistema de salud. De manera fundamental, influye la estratificación social, entornos y condiciones de vida a nivel colectivo con su resultado en los estilos de vida. El contexto de la actual epidemia es una situación que por afectar simultáneamente a toda la población deja muy al desnudo las determinaciones sociales, incluido el propio sistema de salud. Las desigualdades en salud son materia conocida, y en este contexto resulta evidente que se requiere abordar con recursos y estrategias factores que están determinando una mayor carga de morbilidad y mortalidad. En nuestro país, las enfermedades cardiovasculares y el cáncer son las patologías que generan una mayor tasa de mortalidad y representan alrededor de un 27% y 25% del total de las defunciones, respectivamente.
Las enfermedades cardiovasculares están muy relacionadas con los estilos de vida (sedentarismo o alimentación saludable) y factores de riesgo en los cuales nuestro país está en los primeros lugares del ranking de la OCDE, con altas frecuencias de consumo de tabaco, obesidad, hipertensión y diabetes, siendo varios de estos factores más prevalentes en el nivel socioeconómico más bajo. En niños, preocupa la alta prevalencia de sobrepeso y obesidad, la que alcanza cifras cercanas al 45%, lo que debe ser abordado con urgencia dado el riesgo que representa para la salud mantener esta condición.
Un aspecto relevante para el análisis en el contexto de pandemia ha sido el rol fundamental de la Atención Primaria en Salud (APS), pieza clave de la red asistencial en la respuesta territorial, cuya ausencia, por definición, en el sistema privado ha mostrado la cara de ese subsistema en términos de su compromiso real con la salud de las personas. En esta pandemia, las labores de seguimiento y trazabilidad, principales actividades en el enfrentamiento de la misma, representan el acompañamiento preventivo que no es posible garantizar desde lo privado. Es fundamental hoy y mañana destinar más recursos para fortalecer a la Atención Primaria que, bajo el Modelo de Salud Integral, Familiar y Comunitario, tiene como desafío implementar las acciones de promoción y prevención, y favorecer la participación comunitaria, empoderando a la ciudadanía como agente de cambio de su propia situación de salud. Para ello, antes de la pandemia, se había establecido como mínimo necesario que el per cápita aumentase de $7.000 a $10.000, pero hoy, en función de la pandemia, parece claro que también es relevante repensar la forma de financiamiento de la APS. En relación a la participación de la comunidad organizada, esta ha tenido un papel relevante a nivel territorial, muchas veces sin un diálogo posible con las estructuras del gobierno local, lo que ha dejado de manifiesto las deficiencias actuales en los mecanismos y las limitadas formas de participación y transferencia de poder a las personas y comunidades. Las organizaciones sociales y comunitarias han desplegado su trabajo no sólo en tiempos de crisis, sino siempre que el Estado no ha logrado dar respuesta con el sentido de urgencia requerido a las necesidades básicas de grupos más vulnerables.
El ambiente psicosocial es parte fundamental en las determinaciones sociales de la salud, y evidentemente estas van mucho más allá de las políticas del sector salud, pues involucran un amplio espectro de políticas públicas intersectoriales, las que deberían estar orientadas a hacer posible una mejor calidad de vida y evitar la enfermedad, disminuyendo las brechas de desigualdad en la salud en su más amplio sentido. Para ello se requiere que concurran sectores como economía, trabajo, vivienda, medio ambiente y otros, cuyas políticas también deberían estar al servicio del bienestar de la población. Hemos visto en esta pandemia que la falta de enfrentamiento conjunto de las dimensiones sanitarias, sociales y económicas ha llevado a que sólo un segmento acotado de la población haya podido “quedarse en casa”, lo que ha dado como resultado un elevado número de casos y personas contagiantes, que nos podrían mantener en una situación peligrosa de endemia prolongada mientras no se cuente con una vacuna. Esta situación ha afectado con mayor fuerza a comunas en que se concentran determinantes como menor nivel socioeconómico, mayor hacinamiento, mayor porcentaje de personas migrantes, precariedad e informalidad laboral, entre otras. Es fundamental comprender, como sociedad, que en la medida en que los países disminuyen la desigualdad, también alcanzan mayor nivel de bienestar y paz social, lo que va acompañado de mayor progreso. De esta manera, las acciones que se realicen hoy o la falta de ellas tendrá sus resultados en el mediano o largo plazo, por eso resulta urgente actuar: no se puede esperar resultados diferentes si no se generan cambios.
“En la medida en que los países disminuyen la desigualdad, también alcanzan mayor nivel de bienestar y paz social, lo que va acompañado de mayor progreso”.
A nivel del sistema de salud se requiere de una reforma estructural que, en el marco de una nueva Constitución, nos conduzca hacia un sistema público universal de salud, con una red pública fortalecida y sin lucro, lo que permitirá avanzar hacia una reducción de las inequidades en salud. También se necesita transitar desde el modelo biomédico orientado a la atención de salud y la sobremedicalización, que ha quedado en evidencia en el enfrentamiento inicial de la pandemia, hacia un modelo de salud pública colectiva. Un modelo de atención que, más allá del discurso, tenga su eje en la APS, que considere las particularidades del territorio y las necesidades de salud de su población, que reconozca los saberes de pueblos originarios, que participe activamente del empoderamiento de su comunidad para el ejercicio de sus derechos en salud, a fin de que alcance mayores niveles de participación y le permita ser corresponsable del proceso de salud.
La pandemia también ha puesto de manifiesto la necesidad de que la gestión pública del sector salud cuente con profesionales sólidamente formados en salud pública. Nuestra Universidad de Chile, a través de la Escuela de Salud Pública de la Facultad de Medicina, forma anualmente entre 60 y 70 estudiantes de posgrado y especialidad médica en salud pública, y cuenta con el único Doctorado en Salud Pública de nuestro país. Adicionalmente, la formación de más de mil estudiantes al año en cursos y diplomas de educación continua permite la actualización de un importante grupo de profesionales de instituciones públicas. Pero, sin duda, se requiere un mayor aporte financiero del Estado para que las universidades públicas puedan cumplir con su rol en la formación de profesionales y equipos capaces de enfrentar los desafíos actuales y futuros, mucho más allá de los recursos individuales. En el ámbito de la investigación, la Universidad de Chile ha respondido con mucha creatividad y potencia frente a las necesidades que ha levantado la pandemia, y esto ha dejado de manifiesto las limitaciones en la disponibilidad de fondos para la investigación en el área de salud pública.
La pandemia deja a su paso aprendizajes e interrogantes e interpela a toda la institucionalidad pública a realizar los cambios necesarios para enfrentar los grandes desafíos del país y responder frente a las legítimas demandas de justicia social de la ciudadanía.
Adiós Machuca
Por Federico Galende
Machuca no era un crítico de arte. Esa definición le quedaba corta y lo excedía a la vez, porque su estilo era más bien el de quien extraía de la materia desvalida y suntuosa del arte los retazos con los que armaba su teoría personal del conocimiento. Esta teoría conjugaba una poética profundamente intuitiva con una filosofía de los transportes: tomaba algo de acá para llevarlo allá y viceversa. Su método era el del pelambre, pero porque el pelambre era un aparato de portabilidad. Y por eso no se esforzaba —como suelen hacerlo las críticas o los críticos— en explicar sus invectivas, que atesoraban cuotas parejas de gracia e injuria a la manera de un Borges con calle. Esas explicaciones que no daba a nadie, tampoco las solicitaba.
Machuca usaba el lenguaje en estado de ebullición, como agolpamiento libre de las palabras y como sustancia volátil. No le importaba lo que uno dijera; lo que le importaba era el espacio que se formaba entre las palabras, los gestos, el decorado y las circunstancias. De todo eso extraía la esencia cómica de la vida, que imaginaba como un texto abierto por voces anudadas en bares, galerías y esquinas. En esto era un experto, no porque aspirara a alguna experticia, sino porque estaba especializado involuntariamente en el poder. Su único antecedente en esto era Kafka, quien como se sabe hizo de esta especialidad el fundamento de toda su literatura, quizás la mejor que se escribió durante el siglo XX. Machuca era también una suerte de Kafka, un Kafka cocinado en el punk y vertido en pócimas refinadas y venenosas. Jamás conocí a alguien que, siendo tan indiferente al poder, lo pensara de un modo así de radical.
El poder era para él una forma de lo humano, una forma inmanente a la vida, y precisamente por esto vivir le daba vergüenza. Cargaba el peso de esa vergüenza en la rigidez de sus hombros, en sus pies lentos e inconmovibles, como si vivir significara estar destinado, algo que alcanzaba a comunicar con esos ojos que se movían chispeantes pero confinados a ocupar un segundo plano detrás de la malla de carne que los rodeaba. En esto estaba todo: en su dificultad para soportar que se aspirara a una forma y en la fatalidad de corroborar que la vida era a la larga modelada por esta. Residía quizás aquí el secreto que le impedía servirse la vida de un modo más fácil, y de esto provenía a la vez la dificultad de conversar con él sin tratar al mismo tiempo con su doble.
Había dos Machucas, y en general uno se relacionaba con el que él empujaba hacia afuera levantándole las compuertas a las palabras, que salían a chorros para recubrir por detrás la plegaria del solitario que interrogaba con circunspección la tristeza del existir. Machuca pertenecía al selecto grupo de los críticos y las escritoras que concebían la vida como degradación, y este juicio delicado lo convertía en un piloto suicida. No sabía frenar en las curvas, y si respetaba alguna era porque perduraba en él un tipo de clasicismo. Era el clasicismo que empleaba para su escritura, un modelo tomado del tardoromanticismo del siglo XIX y reinterpretado a la luz de las mitologías de Barthes, lo que le permitía no dejarse vencer por el caramelo de las causas organizadas. No era un revolucionario, era un amante de las inocencias que padecían los seres que no tenían cómo cambiar el mundo, un enamorado discreto de las pequeñas supervivencias que flotaban en el abandono y el desamparo, en todas aquellas y aquellos que se habían venido a pique donándole al universo de las causas un último testimonio de indefensión y de pena.
Él mismo portaba esta pena, que rodeaba de una poética única y totalmente curiosa: la del que habla por lo que no dice. Y esto que no decía era la muerte de la que esperaba una segunda chance, una que concibió como su parte faltante y a la que confió en secreto la sombra completa que un día trazaría en todas nosotras, en todos nosotros. Sabía como pocos mostrar el mundo en la boca de la decrepitud y la humillación, y atisbaba en la nada su salvataje, que en sus libros, agudos y magistrales, decoraba con un manejo de écfrasis y enumeraciones que diagramaban la edad de todas las inocencias. Lo hacía recuperando los gestos sencillos que veía transitar en los bares, las pocilgas y las madrigueras de los perdedores. Tenía una banderita en el corazón (uno de los corazones más nobles que conocí en mi vida) y esperaba el momento en el que pudiera bajarla para decirnos que por fin se había estacionado donde siempre había querido. Había nacido para pensar en serio, y pensar en serio lo llevó a considerar la vida como un chiste pasajero, minado de chispas y atribulaciones.
La doble crisis de legitimidad y la solidaridad como camino
Por Carlos Huneeus
La doble crisis de legitimidad que vive hoy el país tiene una larga historia que es necesario recordar, pero que se puso de relieve a partir del 18 de octubre cuando, seguido al salto masivo del torniquete que hicieron los secundarios como protesta por el alza del pasaje de Metro, la ciudadanía siguió manifestando su malestar por otros tantos problemas. Los altos costos de la educación, los servicios de salud y los medicamentos, las bajas pensiones que entregaban las AFP, los abusos de casas comerciales y la colusión de precios por parte de grandes empresas situadas en diversos sectores –farmacias, pollos, papel higiénico y pañales–, todos ellos de alto consumo masivo.
Los manifestantes marcharon por las principales plazas y avenidas del país. No portaron banderas de los partidos de oposición y tampoco participaron en las movilizaciones de dirigentes o parlamentarios opositores, lo que ratifica el alejamiento de los partidos respecto de la ciudadanía, su debilidad y la baja confianza de esta en las instituciones y élites políticas.
En tanto, el gobierno no supo responder ni encauzar estas demandas, a pesar de contar con todos los resortes institucionales para hacerlo. Tras la chispa inicial del llamado “estallido social”, en lugar de prevenir y evitar la violencia y el vandalismo previsibles se limitó a reaccionar después. El presidente Sebastián Piñera declaró el Estado de Emergencia y sacó a los militares a las calles por primera vez desde la dictadura. No abordó ni buscó aplacar las causas de fondo de las manifestaciones y declaró una “guerra” contra “un enemigo poderoso e implacable”, convencido, como también sus ministros y asesores más cercanos, de que el país retornaría a la normalidad en dos o tres meses. Después, Carabineros reprimió en forma indiscriminada, sin diferenciar entre manifestantes pacíficos y vándalos. Piñera, finalmente, se allanó a respaldar un acuerdo político que tiene como fin cambiar la Constitución de 1980 –considerada ilegítima al haberse instaurado en dictadura y hoy entendida como el freno institucional a las demandas de cambio– por una nueva Carta Magna que interprete los valores e intereses de todos los chilenos y no sólo los de quienes la concibieron hace 40 años. Debido a los efectos del Covid-19, el plebiscito para una nueva Constitución se postergó para el 25 de octubre de este año. La pandemia “rescató” a Piñera del estallido social, pero cayó al poco tiempo en otra crisis más profunda todavía, sanitaria, económica y social. En pocos meses, Chile ha pasado a ser uno de los países del mundo con mayor número de contagios y fallecidos por millón de habitantes debido a la pandemia.
La crisis de legitimidad política
La caída de la participación electoral, el debilitamiento y fragmentación de los partidos y la baja confianza de los ciudadanos en las instituciones son reflejo de la crisis actual que vivimos. En ese contexto, el presidente, como institución y persona, tiene bastante responsabilidad. Piñera es débil porque fue elegido en segunda vuelta por una minoría del electorado (26,5% del padrón electoral, con una votación del 49,1% de este); tiene minoría además en las dos ramas del Congreso Nacional y una baja aprobación en las encuestas. Piñera no es un político que tenga las habilidades de quienes lo han precedido, a pesar de que hoy es presidente por segunda oportunidad (2010-2014 y 20182022) y antes fue senador (1990-1998). Es, más bien, un exitoso hombre de negocios del sector financiero –uno de los billonarios chilenos según la revista Forbes–, que actúa en política a partir de su experiencia en el sector privado y no como un hombre de Estado.
Por otro lado, los mismos partidos se han debilitado como organización. Tienen hoy un número reducido de afiliados, la mayoría de ellos funcionarios públicos (gobierno central o municipal), y ha caído su capacidad de participar en el gobierno. Carecen de programas que convoquen a los electores y no cuentan con profesionales con credenciales y sin conflictos de interés para ocupar los puestos del Ejecutivo, un fenómeno que deteriora la calidad de la gestión pública y abre camino a malas prácticas, especialmente al clientelismo, el patronazgo y la corrupción.
En 2014, el fiscal Carlos Gajardo develó el financiamiento ilegal de campañas y políticos al revisar la contabilidad del grupo económico Penta. La Fiscalía sumó a otras –como SQM y Corpesca, del grupo Angelini, uno de los tres principales del país– que favorecieron a numerosos candidatos, especialmente de derecha, y a los candidatos presidenciales de 2009 y 2013. Todo esto terminó por agravar la desconfianza de la ciudadanía en las instituciones y la élite política. Este fenómeno de desconfianza se extiende a los tribunales de justicia, el Parlamento, la Iglesia Católica, Carabineros y el Ejército. Esto último es un hecho relativamente reciente, como consecuencia de los casos de corrupción (Pacogate y Milicogate), la violencia y las prácticas de obstrucción a la justicia en la región de La Araucanía y durante “el estallido social”. La violencia de Carabineros puso de relieve la fragilidad del Estado de derecho. La fuerza pública no respeta el orden jurídico, la vida y la integridad física de las personas, actúa con una amplia autonomía y desconoce su subordinación, lo que pone en tela de juicio al propio Estado, aunque por definición este tiene el monopolio de la fuerza legítima (Weber).
La crisis de legitimidad económica
El país tiene un sistema económico de “mercado puro”, en la tipología de Linz y Stepan (1996), que impide el desarrollo de una democracia moderna y estable pues no provee los bienes públicos en salud, educación y vivienda, no combate los monopolios y no protege a los consumidores. Además, se estableció en dictadura, siguiendo un paradigma de neoliberalismo radical que desmanteló al Estado empresario con las privatizaciones, y al Estado de bienestar con la privatización del sistema de pensiones y la introducción de instrumentos de mercado en la educación y en la salud, entendidos como ámbitos de negocios. La función reguladora del Estado fue desconocida, abriendo espacio para decisiones abusivas y hasta delictivas, que pavimentaron el camino a la corrupción. Los gobiernos de la Concertación tomaron la decisión estratégica de optar más por la continuidad que por la reforma del sistema económico, sin revisar después esta decisión. Esto produjo un efecto de path dependence que se mantuvo y reforzó en los siguientes gobiernos de la coalición por los incentivos creados al favorecer el crecimiento económico y el fortalecimiento de la economía con control de los privados.
Esta decisión fue comprensible durante el primer gobierno democrático, de Patricio Aylwin (1990-1994), por las difíciles condiciones políticas imperantes, con la presencia de Augusto Pinochet en la arena política como comandante en jefe del Ejército, sus principales colaboradores en el Congreso elegidos o como senadores designados, y sin tener mayoría en la cámara alta. Sin embargo, esta ausencia de reformas estructurales del modelo de “mercado puro” no se justificó en el segundo gobierno democrático de Eduardo Frei Ruiz-Tagle (19942000) y menos aún cuando la izquierda volvió a La Moneda con Ricardo Lagos (2000-2006), el primer presidente socialista después de Salvador Allende. No se impulsaron cambios institucionales al sistema económico guiados por otro paradigma –la economía mixta o una economía social de mercado, como la de Alemania–, sino que se hicieron reformas parciales que no alteraron su arquitectura institucional.
“Los gobiernos de la Concertación tomaron la decisión estratégica de optar más por la continuidad que por la reforma del sistema económico, sin revisar después esta decisión. Esto produjo un efecto de path dependence que se mantuvo y reforzó en los siguientes gobiernos de la coalición por los incentivos creados al favorecer el crecimiento económico y el fortalecimiento de la economía con control de los privados”.
Reformar el sistema de pensiones para recuperar la legitimidad
La solidaridad es un valor indispensable para enfrentar los desafíos del planeta, como el cambio climático y la protección del medio ambiente. Más aún, para abordar la pandemia del Covid-19. Más allá de los graves errores cometidos por el presidente Piñera y el ex ministro de Salud Jaime Mañalich, las instrucciones de la autoridad sanitaria a la ciudadanía no han conseguido sus objetivos porque chocaron con el individualismo que prevalece en la sociedad, el cual es reforzado por las AFP, un sistema que nació en los 80 y que se basa en las cotizaciones individuales del trabajador para reunir fondos que financien su jubilación. Los empresarios no aportan a la pensión, a diferencia de muchos otros países.
Se apoya en supuestos teóricos que nunca ocurrieron: salarios dignos y un mercado laboral que incentive la estabilidad del empleo de los trabajadores. El cambio del sistema de pensiones es urgente y necesario para que los trabajadores tengan una expectativa de jubilaciones dignas, ya que, además, el carácter individualista de las AFP responde a un argumento ideológico: en la sociedad hay individuos, no comunidades. Cada uno labra su propio futuro. Este fundamento contradice un componente central de la democracia, que es la existencia de adhesiones y vínculos sociales entre organizaciones, grupos y estratos sociales que dan cohesión a la sociedad y son un pilar primordial de la democracia: estas relaciones existen en una comunidad cuando predominan valores de solidaridad y cooperación.
Debe llevarse a cabo con otro paradigma, en torno a la solidaridad y no al individualismo, con un papel activo del Estado, que no debe subvencionar a las AFP con los recursos de todos los chilenos. La solidaridad permitiría resolver la crisis del sistema de pensiones y constituye un pilar fundamental para enfrentar la doble crisis de legitimidad a través de cambios en el sistema económico que instauren otro paradigma, y transformaciones institucionales que faciliten llegar a una democracia soberana, con gobiernos que enfrenten las limitaciones y carencias del sistema económico, entre las cuales destaca la desigualdad.
Por el derecho a la igualdad: mujer y emancipación
Por Patricia Espinosa
Ediciones Libros del Cardo liderada por la poeta, gestora cultural y feminista Gladys González, reedita (La 1ra edición es patrocinada por el SERNAM y publicada en 1998) el volumen Crónica del sufragio femenino en Chile (Valparaíso, 2018), una rigurosa investigación realizada por nuestra Premio Nacional Diamela Eltit.
Estamos ante una crónica que posee dos niveles de relato: por un lado enfocado en la sujeta, particularizada, y en el colectivo, por lo mismo, no sólo conforma una genealogía en torno a la lucha por el sufragio, sino que da cuenta de voces específicas, testimonios individualizados.
Me parece destacable que Eltit señale que la historia se construye de múltiples acciones, activismos, gestos, riesgos, voces que, la mayor parte de las veces, tienden a perderse en el anonimato. Esta consciencia de la cronista sobre las mujeres anónimas me parece de gran relevancia en cuanto contribuye a reflexionar sobre la condición fragmentaria, no totalizante, de la crónica, la historiografía y aquellos nombres, vidas, que no quedaron inscritos en los registros, pero que con su batallar contribuyeron al logro del derecho a sufragio igualitario.
Los diversos feminismos tuvieron que enfrentarse al más duro orden patriarcal para hacer ver sus demandas. Esto, podríamos afirmar, da cuenta de un itinerario que poco ha cambiado en más de un siglo. Sin embargo, lo que claramente es posible inferir de esta crónica es que sin articulación en comunidades, los cambios respecto a las políticas de la mujer serán imposibles de realizar.
Crónica del sufragio es un libro que nos aproxima a la épica, a la comunidad, a la utopía de cambio social, la incomodidad de la mujer y sus insubordinaciones, que irían progresivamente armando una trama política. Al respecto, la narración expone en detalle la amplia red de asociaciones de mujeres que contribuyeron con su trabajo en la proposición de demandas que finalizan con la adquisición del derecho a voto en 1949 bajo el gobierno de Gabriel González Videla. Por debajo de esa épica se puede apreciar la fractura entre el trabajo de las mujeres de la élite y las mujeres de los sectores populares. Esa fractura sigue presente hasta el día de hoy, amenazando la validez misma de esa épica. Es decir, el tremendo logro alcanzado con el sacrificio de las sufragistas, su extraordinaria lucha se desmorona con la crisis del mito del voto como parte de la desvalorización general de las creencias que sustentaron la validez del camino eleccionario como forma de alcanzar nuevos niveles de libertad.
Sin embargo, si pensamos en la pérdida de significación del voto hoy en día, salvo para los que quieran participar de los beneficios que trae el clientelismo eleccionario, esta pérdida de significación debiera convertirse en una gran oportunidad. Primero, para desarmar la falacia del feminismo neoliberalizado que celebra cada vez que se logra suavizar mínimamente los efectos de la cultura patriarcal. La corrupción del aparataje político-partidista es tan abrumadora que dificulta en extremo participar de él sin que se terminen defendiendo los privilegios de la clase política.
La condición épica del sufragio se ha degradado al acto de votar rutinariamente por el mal menor. Un simulacro de inclusión que instrumentaliza el sentido último de ciudadanía. Junto con la radicalización de la derecha y una buena parte de la izquierda luchando denodadamente por el derecho a participar del sistema, una parte mayoritaria de la población ha optado por la suspensión del sufragio. Las respuestas desde la élite, que sigue votando, acusan a las masas de ignorancia, individualismo extremo y hasta de fascismo; contra ello, ofrecen mejorar la oferta electoral con más honestidad, nuevos rostros y más reformas, incluido, cómo no, más mujeres y más feminismo, con feministas que voten, eso sí. No votar, de tal manera, será comprendido como una actitud de ciudadanía degradada, negada a la inclusión y futuro derecho a crítica. Pero en esa despreciada masa que no vota se sigue repitiendo la historia, la lucha a muerte entre el poder y el deseo de emancipación. Paradojalmente, se cumple así un viejo anhelo, la huelga general y el sabotaje a la producción, en este caso, la huelga de votantes y el sabotaje a la producción de votos. Si alguna vez fue un derecho negado a las mujeres y por el cual era obligatorio luchar, hoy parece ser no más que un placebo, un simulacro de participación. Por lo mismo, desde mi perspectiva, hemos de celebrar el pasado, el sentido épico de la historia de lucha feminista del derecho a voto, un gran paso sin lugar a dudas, pero, a la vez, reflexionar sobre cómo debe darse hoy el entrecruce entre la lucha de emancipación feminista y el voto, preguntarnos si es necesario votar ante un escenario donde se consolida el sexismo y se limita a la mujer a la producción de hijos o fuerza laboral, despojada de toda autonomía.
“Los diversos feminismos tuvieron que enfrentarse al más duro orden patriarcal para hacer ver sus demandas. Esto, podríamos afirmar, da cuenta de un itinerario que poco ha cambiado en más de un siglo. Sin embargo, lo que claramente es posible inferir de esta crónica es que sin articulación en comunidades, los cambios respecto a las políticas de la mujer serán imposibles de realizar”.
Palabra de Estudiante. Pandemia en Chile: los costos de una democracia restringida y neoliberal
Por Emilia Schneider
Las últimas semanas, a propósito del debate generado por el proyecto que permite el retiro del 10% de los fondos previsionales, hemos sido testigos de un álgido y polarizado debate público, el retorno de las protestas populares y del pueblo como actor político que determina la agenda y ejerce presión sobre los distintos sectores políticos para aprobar una medida que ideológicamente está lejos de ser un triunfo antineoliberal en sí, pero que tiene una implicancia muy importante. Esos días de fuertes cacerolazos a todas y todos nos trajeron recuerdos de la revuelta social, la primavera del pueblo de Chile, y renovaron nuestra convicción de que la organización social es la vía para la transformación, de que juntos y juntas somos más fuertes. Y es que la pandemia y el distanciamiento social no pueden dejar más clara una cosa: somos seres sociales y lo colectivo juega un rol esencial en nuestra conformación como sujetos y en la resolución de nuestros problemas, a diferencia del individualismo que promueve nuestro neoliberalismo salvaje y, cabe recordar, nuestro sistema de AFP y capitalización individual.
¿Por qué hemos llegado a fijar como demandas centrales proyectos que no necesariamente responden al ideario de los movimientos sociales del último tiempo?, ¿cómo es posible que sólo bajo la amenaza de las protestas los sectores políticos de la derecha y la vieja Concertación pongan celeridad a una agenda social para enfrentar la crisis social producto del Covid-19? Esos son los costos de años de políticas públicas neoliberales, que terminaron por modelar un Estado subsidiario incapaz de actuar y una democracia débil y restringida. El punto en el que estamos hoy requiere de medidas desesperadas, porque todas las propuestas viables que se han levantado desde el mundo social y las izquierdas antineoliberales (Ingreso Familiar de Emergencia por sobre la línea de la pobreza, congelamiento del pago de los servicios básicos y deudas, impuesto a los súper ricos, etc.) han chocado contra la muralla que la dictadura construyó y que la transición apuntaló para que los intereses sociales, que son antagónicos a la élite empresarial y conservadora, jamás tocaran la política y fueran incapaces de incidir directamente, por la vía institucional, en la toma de decisiones.
La presión social es la única herramienta que nos queda, y en tiempos de militarización, distanciamiento y confinamiento nos la habían quitado, pero de a poco nuestras voces vuelven a tomarse las calles y a ordenar la agenda de las desorientadas organizaciones sociales y políticas, que aún no logran adaptarse a los profundos cambios de la sociedad chilena tras la revuelta social.
La crisis de legitimidad de las instituciones es transversal y se acrecienta cuando la única solución que ofrece el Estado ante la pobreza, el hambre, la enfermedad y la violencia son bonos escasos, cajas de alimentos repartidas de forma improvisada y créditos. Enfrentamos los estragos que dejan años de cercenar lo público y el único margen de acción que tiene nuestro Estado es a través de los bancos u otras instituciones privadas, cuyo fin central claramente no es el bien común. Esto, sin duda, está agravado por un gobierno autoritario y de derecha, colapsado internamente y sin legitimidad para gobernar. ¿Quién conduce, entonces, nuestros destinos? Es lo que nos preguntamos mientras las izquierdas se reacomodan y el mundo social trata de recomponerse.
Estamos en esos momentos, diría Gramsci, donde lo viejo no termina de morir y lo nuevo no termina de nacer, que es justamente cuando salen los monstruos, los atajos electorales, el autoritarismo y la indiferencia, por mencionar algunos. La ultraderecha tiene poco futuro y los gérmenes de una emergente derecha democrática, que no terminan de cuajar, siguen siendo serviles a la barbarie a la que nos tiene sometida la élite. Mientras, las izquierdas tenemos en nuestras manos la posibilidad de enfrentar este ciclo con unidad, pero la pequeñez, la inmediatez y la falta de anclaje social nos juegan malas pasadas una y otra vez.
Los desafíos que tenemos en el horizonte –reconstrucción del país para enfrentar la crisis económica y social y el proceso constituyente– exigen que estemos a la altura del momento histórico complejo y convulsionado que estamos viviendo. Mientras, la revuelta social 2.0 que se avecina urge poner nuestros esfuerzos para que los golpes que demos al modelo de ahora en adelante sean certeros y afilados políticamente. Para ello necesitamos tomarnos en serio la tarea de construir y articular un polo social y político antineoliberal, cuyo gran consenso sea dar salida al neoliberalismo a través de la ampliación de la democracia y los derechos sociales, sexuales y reproductivos y el respeto de los DD.HH. Mientras la vieja Concertación se rearma, nosotras y nosotros debemos pujar por mejorar nuestra correlación de fuerzas dentro del sector e impedir consensos elitarios y neoliberales que coarten el impulso de transformación de la sociedad entera, y el plazo para ello ya está corriendo, debemos actuar cuanto antes para que los ritmos de las coyunturas electorales no subsuman nuestra política a la “medida de lo posible”.
Disputar y proteger el proceso constituyente es una urgencia y debe ser entendida como tal por todos los sectores que creemos que otra forma de vida es posible, y es esa la coyuntura ideal para dar una solución a la profunda ilegitimidad que tiene la política. Debemos construir instituciones y un Estado que, en vez de domesticar al nuevo pueblo que se constituye, dé canales para que las mayorías organizadas construyan, participen y modelen las instituciones, pues para hacerle frente al autoritarismo que emerge con fuerza en nuestros adversarios no basta con decir “más Estado”, sino que debemos construir otro Estado, uno en que las comunidades sean soberanas para decidir y resolver sus problemáticas. Una democracia radical y con derechos es la única posibilidad de un horizonte en que seamos libres y recuperemos la política para todos, todas y todes.
Brasil y Covid-19: un estudio de caso sobre necropolítica
Por Arthur Chioro*
La ciencia viene produciendo conocimiento respecto a la pandemia de Covid-19 a una velocidad increíble. Nuestros sistemas de vigilancia y asistencia sanitaria, particularmente los servicios de cuidados intensivos, están siendo puestos a prueba. Nunca la salud y sus trabajadores tuvieron tanta visibilidad. En medio de la crisis, parece que la sociedad finalmente logró reconocer cuán imprescindibles son y cuánto deben ser valorados.
Aún más, en esta emergencia sanitaria de escala global se percibe cómo han sido las medidas “no farmacológicas”, como el cuidado de la higiene, uso de mascarillas, cuarentena y aislamiento social, las que han demostrado impactos más significativos sobre el Covid-19. Esto, por sí solo, nos permitiría reflexionar sobre el real alcance de las tecnologías duras y del modelo biomédico (centrado en el médico, en procedimientos y en el hospital) y sobre cómo hemos despreciado condiciones de vida y de trabajo, desigualdad social, modos de vivir y usufructuar de la naturaleza a la hora de comprender los determinantes del proceso salud-enfermedad.
Mirando a Brasil, se comprueba que el país se aproxima, de manera acelerada y preocupante, a una situación desastrosa, debido a que se conjugan tres dimensiones críticas: a) los graves errores en el enfrentamiento sanitario de la pandemia; b) la inefectividad parcial o total de los programas de apoyo financiero a las poblaciones vulnerables, empresas y entes administrativos (municipios y estados); y c) el sabotaje explícito del gobierno federal, y en particular del presidente de la República, a las iniciativas de combate a la pandemia.
Pasados más de 90 días desde la notificación de los primeros casos, el cuadro epidemiológico del Covid-19 en Brasil aún es de ascenso explosivo. El país ocupa el segundo lugar en números absolutos de casos y decesos, concentrando más del 20% de las nuevas notificaciones efectuadas en el mundo en las dos últimas semanas, a pesar de contar con apenas el 2,7% de la población mundial.
Hasta el 17 de junio había 960.309 casos confirmados, 46.665 fallecidos, con letalidad del 4,9% y coeficiente de mortalidad de 22,1 / 100 mil habitantes.
El análisis comparado de coeficientes de incidencia indica que Brasil (519,2), en el contexto de América Latina, está apenas por detrás de Chile (965,2), Perú (731,1) y Panamá (524) en relación al número de casos por cada 100 mil habitantes. Esos datos todavía esconden la enorme subnotificación que ocurre en Brasil, donde sólo los casos graves son sometidos a diagnóstico virológico. Los estudios de seroprevalencia indican que nueve brasileños están infectados por cada caso notificado, lo que permite estimar que más de nueve millones de brasileños ya fueron infectados por el nuevo Coronavirus (Fuente: Worldometers, accedido el 17 de junio de 2020).
La subnotificación puede ser confirmada por el análisis comparativo del número de exámenes realizados por millón de habitantes: EE.UU.: 70.302; UK: 104.930; España: 103.232; Italia: 78.945; Chile: 46.372; Perú: 43.028; Uruguay: 156.872, mientras que en Brasil se habían realizado apenas 8.044 exámenes.
Las proyecciones indican que la cumbre de la curva de contagios podría llegar a mediados de julio, pero en función del comportamiento asincrónico de la enfermedad en distintas regiones del país, las variaciones regionales podrían alargar la incidencia de casos por un tiempo aún indeterminado.
Un estudio realizado por el Imperial College (UK) en marzo evaluó posibles escenarios para el futuro de la epidemia en Brasil. El más grave, sin aislamiento social, estimaba la cifra de 1,1 millón de fallecidos. El menos comprometedor, con aislamiento social precoz, auguraba 44 mil decesos, número ya sobrepasado el 15 de junio y que debería llegar, según nuevas proyecciones, a un techo superior a las 120 mil muertes.
“Para entender por qué Brasil se tornó el nuevo epicentro de la pandemia es necesario comprender la crisis política producida por un presidente de extrema derecha, negacionista y anticiencia que, instaurando una suerte de ‘terraplanismo epidemiológico’, viene provocando un verdadero genocidio en nuestro país”.
La respuesta sanitaria ha sido un terrible fracaso. La red de atención primaria se ha comportado como un sujeto ausente, a pesar de que 80% de los casos sean asintomáticos o leves, lo que implica que, por lo tanto, deben ser seguidos en las propias comunidades, con la orientación de aislamiento y búsqueda de contactos infectados. La oferta de exámenes de biología molecular (RT-PCR) ha sido mucho menor a la necesaria y la red de laboratorios de salud pública, semiautomatizada y precarizada, sufre por el desfinanciamiento. El tiempo transcurrido hasta la aparición de casos autóctonos no fue utilizado para la adquisición de equipamiento de protección individual, mascarillas, kits de diagnóstico, medicamentos, insumos, respiradores o para la ampliación del número de camas UCI.
El presidente de la República se situó como el principal opositor a las directrices del Ministerio de Salud que recomendaban el aislamiento social. Se estableció una disputa política con alcaldes y gobernadores respecto de la adopción de tales medidas, que jamás llegaron a ser debidamente cumplidas. El Sistema Nacional de Salud (SUS), históricamente subfinanciado y desde el golpe de 2016 desfinanciado por el Nuevo Régimen Fiscal que impuso el congelamiento de gastos públicos por 20 años, se encontraba en una situación profundamente incompetente y aún así, gracias a su simple existencia, miles de vidas se pudieron salvar. Aparte de eso, es sabido que sin un soporte financiero efectivo, que asegure las condiciones de sobrevivencia a las personas y empresas o que la administración intermedia mantenga servicios públicos funcionando, es imposible sostener políticas de aislamiento social, única medida eficaz para el control, mitigación y contención de la pandemia. El gobierno federal dispuso hasta ahora US$ 77,67 mil millones para enfrentar la crisis, pero apenas US$ 28,89 de ellos fueron efectivamente liberados (37,3%). En el área de la salud, de US$ 7,48 mil millones presupuestados para enfrentar el Covid-19, apenas US$ 2,52 fueron gastados. Brasil se sumerge, por lo tanto, en dirección a un caos social.
El Covid-19 no es democrático. Distinto a lo que se observó en el hemisferio norte, los países de ingresos bajos y medios, como marca la realidad en América Latina, además de los desafíos sanitarios tienen que lidiar con el impacto de la pandemia sobre las poblaciones vulnerables. Es el caso de Brasil, con más de 13 millones de personas viviendo en la miseria de las favelas y conventillos o en situación de calle, sin condiciones para protegerse de la transmisión de la enfermedad o de cumplir el aislamiento social.
Dicho drama se manifiesta, además, en la exposición desigual a la enfermedad de la población carcelaria (700 mil) y de los pueblos indígenas (912 mil) descendientes de los antiguos quilombos y que viven en asentamientos rurales extremadamente precarios y sin ninguna ayuda gubernamental. El nuevo Coronavirus, que penetró al país por medio de las clases adineradas de los grandes centros urbanos, vive ahora un intenso proceso de “periferización” y de flujo al interior; los que están muriendo, fundamentalmente, son los pobres.
Para entender por qué Brasil se tornó el nuevo epicentro de la pandemia es necesario comprender la crisis política producida por un presidente de extrema derecha, negacionista y anticiencia que, instaurando una suerte de “terraplanismo epidemiológico”, viene provocando un verdadero genocidio en nuestro país. Además de negar la existencia del Covid-19, Bolsonaro destituyó en dos ocasiones a su ministro de Salud, en plena pandemia, hasta que, con la militarización del ministerio, encontró un general interino capaz de cumplir las más controvertidas decisiones: imponer un protocolo para uso profiláctico y terapéutico de medicamentos sin evidencias científicas; alterar el sistema de divulgación de informaciones epidemiológicas; interrumpir la participación del gobierno brasileño en la OMS y otros espacios multilaterales; retener recursos destinados a los estados y municipios para combatir el Covid-19; secuestrar respiradores y otros insumos adquiridos por otros niveles de la administración.
El gobierno federal se deslindó de sus responsabilidades en la coordinación nacional del enfrentamiento de la pandemia, un hecho sumamente delicado cuando se considera que Brasil tiene una dimensión continental; se trata de un país sobrepoblado cuya estructura político-administrativa atribuye responsabilidades y exige la colaboración entre sus 5.570 municipios, 26 estados, el distrito federal y el gobierno federal.
Lo más grave, sin embargo, es la postura de escarnio de Bolsonaro y la total falta de empatía para con las familias de los muertos por la pandemia. El presidente trata al Covid-19, desde su inicio, como un mero “resfriado o gripecita”. Incumple cotidianamente las medidas de aislamiento y promueve aglomeraciones con sus aficionados sin siquiera utilizar mascarillas. Utiliza las redes sociales –en una táctica que le es constitutiva– para diseminar fake news que ponen en entredicho el conjunto de esfuerzos emprendidos por las autoridades sanitarias. Llegó incluso a instigar a sus seguidores a invadir hospitales para que comprobaran que estaban vacíos y que los datos de casos y fallecidos presentados por alcaldes, gobernadores y secretarios de salud eran falsos, hecho rápidamente atendido por los fanáticos que le dan sustento. Al ser cuestionado por la prensa sobre los miles de decesos, respondió: “¿Y qué?”, lo que originó una dura editorial en la revista The Lancet.
Para quien aún trata de entender lo que es la necropolítica, concepto desarrollado por el filósofo camerunés Achille Mbembe, que cuestiona los límites de la soberanía cuando el Estado escoge quién debe vivir y quién debe morir, cuando niega la humanidad del otro y cuando cualquier violencia se torna posible, desde agresiones hasta la muerte, invito a tomar como caso de estudio a Brasil, las conductas del gobierno de Bolsonaro –y de él mismo– en relación a la pandemia de Covid-19.
*Traducción de Jonás Chnaiderman, académico de la Facultad de Medicina de la U. de Chile.