Derribar el Premio Nacional

Este año, se entrega el mayor galardón estatal en Literatura, y una campaña de la agrupación de Autoras Chilenas (AUCH) aboga para que se le entregue a una mujer poeta, la que se sumaría a la  única mujer premiada en ese género en la historia del premio: Gabriela Mistral. La crítica literaria Patricia Espinosa presenta su visión sobre el tema y lo pone en debate: “Las poetas postulantes tienen méritos de sobra y este reconocimiento debiera servir para comenzar a  resarcir en parte el histórico maltrato que han sufrido las poetas en Chile. Pero aun así y aunque vinieran 20 premiaciones más a mujeres, la historia de este premio seguirá siendo el mayor símbolo del dominio patriarcal en la literatura nacional y con ello de todas sus prácticas de silenciamiento, monopolización de la voz y construcción del canon por parte de los hombres”.

Por Patricia Espinosa H.

Este año se otorga el Premio Nacional en mención poesía y los nombres más resonantes y las escrituras más contundentes son de mujeres; no debería quedar duda alguna que este año sí o sí debe ganarlo una mujer y al hacerlo sería la primera vez que en dos entregas consecutivas lo ganan mujeres. ¿Algo para celebrar? Sí, por supuesto. Las poetas postulantes tienen méritos de sobra y este reconocimiento debiera servir para comenzar a  resarcir en parte el histórico maltrato que han sufrido las poetas en Chile. Pero aun así y aunque vinieran 20 premiaciones más a mujeres, la historia de este premio seguirá siendo el mayor símbolo del dominio patriarcal en la literatura nacional y con ello de todas sus prácticas de silenciamiento, monopolización de la voz y construcción del canon por parte de los hombres. 

La única poeta mujer ganadora del Premio Nacional ha sido Gabriela Mistral, quien lo recibió en 1951, cinco años después del Nobel.

El Premio Nacional de Literatura es un galardón creado por el patriarcado para el patriarcado, la inclusión de mujeres en el listado siempre ha sido una anomalía. De hecho cualquier varón, poeta o narrador mediocre o definitivamente sin mérito alguno, ha tenido siempre mil veces más posibilidades de ganárselo que cualquier mujer. El listado está plagado de ejemplos y en la sala de espera del premio hay una multitud de hombres al acecho. A tanto ha llegado esta práctica, que la hemos naturalizado,  como si fuera “normal” la exclusión de género, llegando a celebrar cuando gana una mujer. Conformarnos con la excepcionalidad es hacernos cómplices de la política sexista que destila este galardón. En este mismo momento los ataques a las poetas postulantes se multiplican en las redes sociales. Se les ha cuestionado  su condición ya sea de feminista, regionalista o, insólitamente, el hecho de ser “eterna candidata”. Esto ha venido tanto de parte de los hombres, mayoritariamente, como de mujeres. Lo cual tiene una explicación fácil: el patriarcado, que está conformado no sólo por varones sino también por mujeres patriarcalizadas, ha salido a defender su territorio con una fuerza pocas veces vista en sus escrituras literarias. 

Es más, la violencia contra las mujeres de este galardón ha sido tan desmesurada que históricamente la misoginia no ha sido obstáculo alguno para llevárselo. Así, poetas claramente machistas y misóginos de la envergadura de Neruda, Zurita, Rojas, Parra, Barquero, pueden lucir campantes su pasaporte a la inmortalidad literaria, mientras multitud de mujeres escritoras se han muerto esperando un reconocimiento. 

Tengo claro que ya van a salir con que las feministas queremos quemar los libros escritos por hombres y destruir las bibliotecas. A pesar de que es una estupidez, se hace tan constante que hay que responderla. No pretendo evitar su lectura ni remitir sus obras al bote de la basura, pero sí incitar a leer sus obras desde una mirada antipatriarcal. Para eso hay que comenzar por las representaciones de la mujer y de la masculinidad que sus escrituras levantan. El resultado es la imagen de la mujer desde el conjunto madre-virgen-prostituta-bruja-feminazi. 

Resulta verdaderamente ridículo que en pleno siglo XXI tengamos que estar justificando la presencia de mujeres postulantes. Solicitando, además, un jurado paritario en términos de género, lo cual no siempre ocurre; clamando, incluso, por representantes diversxs que aseguren un criterio desligado de lobby o intereses extraliterarios. ¡En treinta años de democracia sólo dos mujeres, Allende y Eltit, han obtenido el premio! ¡Dos en treinta años! Que una mujer obtenga el galardón no debiera ser nunca más una apertura circunstancial del canon, de la ley del patrón. Para ello es necesario elaborar y poner en práctica una política de la diversidad que permita romper de una vez y para siempre con el criterio sexista que articula a este Premio. 

Sólo dos mujeres han sido galardonadas con el Premio en estos últimos 30 años: Isabel Allende, en 2010 y Diamela Eltit, en 2018.

Reparar la exclusión de las autoras es posible y esto no pasa solo por premios o por ponerles nombres femeninos a bibliotecas o parques, sino por la destrucción del canon masculinizante y de todos los efectos que su predominio conlleva. Más allá de eso, lo que queda es una reflexión sobre la cultura del patronazgo y la necesidad de derribar su representación estatuaria. Llegó el momento de pensar en derribar unas cuantas estatuas oprobiosas. Nuestra literatura está plagada de estatuas que debemos eliminar y el Premio Nacional ha sido la mayor fábrica de estatuas literarias para la consolidación del canon masculino y la violenta exclusión de la producción literaria de mujeres. 

Vivimos en un contexto político-cultural necromachista, donde el fin último es hacer desaparecer cuerpos, escrituras y autoras. Los retoques y maquillajes con los cuales hoy el patriarcado intenta cambiarle el rostro a su sistema de dominio serán incapaces de hacernos olvidar que el Premio no es más que una pequeña muestra de la violencia con que la cultura dominante ataca a los cuerpos de las mujeres para exigirles su sometimiento. 

Para ser más clara, nos enfrentamos a dos opciones: reformular las bases del Premio, esto significa normar para que se alternen ganadores masculinos y femeninos o que derechamente el Premio desaparezca. Yo opto por su desaparición y la creación de otro tipo de reconocimiento a la labor de escritoras y escritores, obviamente bajo un estricto sistema de paridad, en tanto no se elimine la odiosa binariedad que parece ser la ley que rige todas las decisiones estatales. Ya no estamos para migajas, ha sido suficiente con la denigración constante que los gobiernos continúan ejerciendo contra las mujeres. No más escritoras premiadas cada treinta años que sirven para lavar la imagen del Premio o reformulaciones que en la práctica pierden toda relevancia. Más de lo mismo no tiene sentido. 

En tiempo de pandemia, la violencia hacia la mujer ha recrudecido. Las figuras de varones pululan en los medios de prensa y mesas de asesoría sanitaria exponiendo sus saberes científicos y políticos, pero basta que alguna mujer se atreva a levantar la voz para que las hordas patriarcales desaten su furia contra ella. Alejandra Matus e Izkia Siches son los ejemplos más claros en este periodo, agredidas constantemente por investigar y denunciar la catástrofe en las que el gobierno nos tiene sumergidxs. Las cifras de violencia intrafamiliar crecen y crecen de manera abismante. Las mujeres se encuentran recluidas haciendo teletrabajo y realizando labores de cuidado familiar. La cesantía ha golpeado especialmente a las mujeres. A pesar del épico 8 de marzo las mujeres no hemos conseguido transformaciones profundas que por lo menos equilibren el panorama. En este contexto, la actual preocupación por un premio literario podría sonar exagerada, pero contra el patriarcado y su política de silenciamiento o muerte no hay pelea chica.

Hay que dejarlo claro, este año sí o sí el Premio Nacional de Literatura debe ser para una mujer y es de esperar que en los siguientes dos años el territorio sobre el cual establecemos esta discusión haya cambiado lo suficiente para no tener que volver a la carga en defensa de las narradoras, cosas que claramente vamos a hacer.

Hacia una nueva salud pública en Chile: claves para responder a los desafíos del país

Por Verónica Iglesias

La crisis de la salud pública en nuestro país se viene desarrollando desde hace un par de décadas. El gasto público en salud en Chile es más bajo comparado con los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), y durante el 2019 el porcentaje disminuyó en 0,11 puntos respecto de 2018 (5,4% y 5,51%, respectivamente, del Producto Interno Bruto –PIB–). Si estas cifras se llevan al gasto en el sector público, este porcentaje es aún menor, lo que se traduce en menor infraestructura, menor dotación de recursos humanos, falta de insumos, falta de equipos de alta tecnología, largas listas de espera, pocos recursos destinados a la promoción de la salud y prevención de la enfermedad, entre otras variables. Todas estas son condiciones a las que se enfrenta de manera permanente la población que se atiende en el sector público (78%). El desfinanciamiento y las limitaciones en la respuesta del sistema en su conjunto frente a las necesidades de salud de la población fueron parte sustancial de las demandas elaboradas desde la sociedad civil durante el estallido social, que puso sobre la mesa los cambios estructurales que el sistema de salud necesita. 

Ilustración: Fabián Rivas.

No es de extrañar entonces que en el contexto de crisis basal, la crisis provocada por la pandemia haya puesto de manifiesto nuevamente las condiciones desiguales en las que vive nuestra población, desnudando las deficiencias que nuestro sistema tiene para enfrentarlas. La salud es expresión de cómo se han experimentado los determinantes sociales desde que las personas nacen y aquellos determinantes relacionados con el sistema de salud. De manera fundamental, influye la estratificación social, entornos y condiciones de vida a nivel colectivo con su resultado en los estilos de vida. El contexto de la actual epidemia es una situación que por afectar simultáneamente a toda la población deja muy al desnudo las determinaciones sociales, incluido el propio sistema de salud. Las desigualdades en salud son materia conocida, y en este contexto resulta evidente que se requiere abordar con recursos y estrategias factores que están determinando una mayor carga de morbilidad y mortalidad. En nuestro país, las enfermedades cardiovasculares y el cáncer son las patologías que generan una mayor tasa de mortalidad y representan alrededor de un 27% y 25% del total de las defunciones, respectivamente. 

Las enfermedades cardiovasculares están muy relacionadas con los estilos de vida (sedentarismo o alimentación saludable) y factores de riesgo en los cuales nuestro país está en los primeros lugares del ranking de la OCDE, con altas frecuencias de consumo de tabaco, obesidad, hipertensión y diabetes, siendo varios de estos factores más prevalentes en el nivel socioeconómico más bajo. En niños, preocupa la alta prevalencia de sobrepeso y obesidad, la que alcanza cifras cercanas al 45%, lo que debe ser abordado con urgencia dado el riesgo que representa para la salud mantener esta condición. 

Un aspecto relevante para el análisis en el contexto de pandemia ha sido el rol fundamental de la Atención Primaria en Salud (APS), pieza clave de la red asistencial en la respuesta territorial, cuya ausencia, por definición, en el sistema privado ha mostrado la cara de ese subsistema en términos de su compromiso real con la salud de las personas. En esta pandemia, las labores de seguimiento y trazabilidad, principales actividades en el enfrentamiento de la misma, representan el acompañamiento preventivo que no es posible garantizar desde lo privado. Es fundamental hoy y mañana destinar más recursos para fortalecer a la Atención Primaria que, bajo el Modelo de Salud Integral, Familiar y Comunitario, tiene como desafío implementar las acciones de promoción y prevención, y favorecer la participación comunitaria, empoderando a la ciudadanía como agente de cambio de su propia situación de salud. Para ello, antes de la pandemia, se había establecido como mínimo necesario que el per cápita aumentase de $7.000 a $10.000, pero hoy, en función de la pandemia, parece claro que también es relevante repensar la forma de financiamiento de la APS. En relación a la participación de la comunidad organizada, esta ha tenido un papel relevante a nivel territorial, muchas veces sin un diálogo posible con las estructuras del gobierno local, lo que ha dejado de manifiesto las deficiencias actuales en los mecanismos y las limitadas formas de participación y transferencia de poder a las personas y comunidades. Las organizaciones sociales y comunitarias han desplegado su trabajo no sólo en tiempos de crisis, sino siempre que el Estado no ha logrado dar respuesta con el sentido de urgencia requerido a las necesidades básicas de grupos más vulnerables.

El ambiente psicosocial es parte fundamental en las determinaciones sociales de la salud, y evidentemente estas van mucho más allá de las políticas del sector salud, pues involucran un amplio espectro de políticas públicas intersectoriales, las que deberían estar orientadas a hacer posible una mejor calidad de vida y evitar la enfermedad, disminuyendo las brechas de desigualdad en la salud en su más amplio sentido. Para ello se requiere que concurran sectores como economía, trabajo, vivienda, medio ambiente y otros, cuyas políticas también deberían estar al servicio del bienestar de la población. Hemos visto en esta pandemia que la falta de enfrentamiento conjunto de las dimensiones sanitarias, sociales y económicas ha llevado a que sólo un segmento acotado de la población haya podido “quedarse en casa”, lo que ha dado como resultado un elevado número de casos y personas contagiantes, que nos podrían mantener en una situación peligrosa de endemia prolongada mientras no se cuente con una vacuna. Esta situación ha afectado con mayor fuerza a comunas en que se concentran determinantes como menor nivel socioeconómico, mayor hacinamiento, mayor porcentaje de personas migrantes, precariedad e informalidad laboral, entre otras. Es fundamental comprender, como sociedad, que en la medida en que los países disminuyen la desigualdad, también alcanzan mayor nivel de bienestar y paz social, lo que va acompañado de mayor progreso. De esta manera, las acciones que se realicen hoy o la falta de ellas tendrá sus resultados en el mediano o largo plazo, por eso resulta urgente actuar: no se puede esperar resultados diferentes si no se generan cambios. 

“En la medida en que los países disminuyen la desigualdad, también alcanzan mayor nivel de bienestar y paz social, lo que va acompañado de mayor progreso”.

A nivel del sistema de salud se requiere de una reforma estructural que, en el marco de una nueva Constitución, nos conduzca hacia un sistema público universal de salud, con una red pública fortalecida y sin lucro, lo que permitirá avanzar hacia una reducción de las inequidades en salud. También se necesita transitar desde el modelo biomédico orientado a la atención de salud y la sobremedicalización, que ha quedado en evidencia en el enfrentamiento inicial de la pandemia, hacia un modelo de salud pública colectiva. Un modelo de atención que, más allá del discurso, tenga su eje en la APS, que considere las particularidades del territorio y las necesidades de salud de su población, que reconozca los saberes de pueblos originarios, que participe activamente del empoderamiento de su comunidad para el ejercicio de sus derechos en salud, a fin de que alcance mayores niveles de participación y le permita ser corresponsable del proceso de salud.

La pandemia también ha puesto de manifiesto la necesidad de que la gestión pública del sector salud cuente con profesionales sólidamente formados en salud pública. Nuestra Universidad de Chile, a través de la Escuela de Salud Pública de la Facultad de Medicina, forma anualmente entre 60 y 70 estudiantes de posgrado y especialidad médica en salud pública, y cuenta con el único Doctorado en Salud Pública de nuestro país. Adicionalmente, la formación de más de mil estudiantes al año en cursos y diplomas de educación continua permite la actualización de un importante grupo de profesionales de instituciones públicas. Pero, sin duda, se requiere un mayor aporte financiero del Estado para que las universidades públicas puedan cumplir con su rol en la formación de profesionales y equipos capaces de enfrentar los desafíos actuales y futuros, mucho más allá de los recursos individuales. En el ámbito de la investigación, la Universidad de Chile ha respondido con mucha creatividad y potencia frente a las necesidades que ha levantado la pandemia, y esto ha dejado de manifiesto las limitaciones en la disponibilidad de fondos para la investigación en el área de salud pública. 

La pandemia deja a su paso aprendizajes e interrogantes e interpela a toda la institucionalidad pública a realizar los cambios necesarios para enfrentar los grandes desafíos del país y responder frente a las legítimas demandas de justicia social de la ciudadanía.

Adiós Machuca

Por Federico Galende

Machuca no era un crítico de arte. Esa definición le quedaba corta y lo excedía a la vez, porque su estilo era más bien el de quien extraía de la materia desvalida y suntuosa del arte los retazos con los que armaba su teoría personal del conocimiento. Esta teoría conjugaba una poética profundamente intuitiva con una filosofía de los transportes: tomaba algo de acá para llevarlo allá y viceversa. Su método era el del pelambre, pero porque el pelambre era un aparato de portabilidad. Y por eso no se esforzaba —como suelen hacerlo las críticas o los críticos— en explicar sus invectivas, que atesoraban cuotas parejas de gracia e injuria a la manera de un Borges con calle. Esas explicaciones que no daba a nadie, tampoco las solicitaba.

Guillermo Machuca, crítico de arte y docente de la Universidad de Chile, fue hallado muerto el 8 de junio pasado en su departamento de calle Antonio Varas. Tenía 58 años.

Machuca usaba el lenguaje en estado de ebullición, como agolpamiento libre de las palabras y como sustancia volátil. No le importaba lo que uno dijera; lo que le importaba era el espacio que se formaba entre las palabras, los gestos, el decorado y las circunstancias. De todo eso extraía la esencia cómica de la vida, que imaginaba como un texto abierto por voces anudadas en bares, galerías y esquinas. En esto era un experto, no porque aspirara a alguna experticia, sino porque estaba especializado involuntariamente en el poder. Su único antecedente en esto era Kafka, quien como se sabe hizo de esta especialidad el fundamento de toda su literatura, quizás la mejor que se escribió durante el siglo XX. Machuca era también una suerte de Kafka, un Kafka cocinado en el punk y vertido en pócimas refinadas y venenosas. Jamás conocí a alguien que, siendo tan indiferente al poder, lo pensara de un modo así de radical.

El poder era para él una forma de lo humano, una forma inmanente a la vida, y precisamente por esto vivir le daba vergüenza. Cargaba el peso de esa vergüenza en la rigidez de sus hombros, en sus pies lentos e inconmovibles, como si vivir significara estar destinado, algo que alcanzaba a comunicar con esos ojos que se movían chispeantes pero confinados a ocupar un segundo plano detrás de la malla de carne que los rodeaba. En esto estaba todo: en su dificultad para soportar que se aspirara a una forma y en la fatalidad de corroborar que la vida era a la larga modelada por esta. Residía quizás aquí el secreto que le impedía servirse la vida de un modo más fácil, y de esto provenía a la vez la dificultad de conversar con él sin tratar al mismo tiempo con su doble.

Había dos Machucas, y en general uno se relacionaba con el que él empujaba hacia afuera levantándole las compuertas a las palabras, que salían a chorros para recubrir por detrás la plegaria del solitario que interrogaba con circunspección la tristeza del existir. Machuca pertenecía al selecto grupo de los críticos y las escritoras que concebían la vida como degradación, y este juicio delicado lo convertía en un piloto suicida. No sabía frenar en las curvas, y si respetaba alguna era porque perduraba en él un tipo de clasicismo. Era el clasicismo que empleaba para su escritura, un modelo tomado del tardoromanticismo del siglo XIX y reinterpretado a la luz de las mitologías de Barthes, lo que le permitía no dejarse vencer por el caramelo de las causas organizadas. No era un revolucionario, era un amante de las inocencias que padecían los seres que no tenían cómo cambiar el mundo, un enamorado discreto de las pequeñas supervivencias que flotaban en el abandono y el desamparo, en todas aquellas y aquellos que se habían venido a pique donándole al universo de las causas un último testimonio de indefensión y de pena.

Él mismo portaba esta pena, que rodeaba de una poética única y totalmente curiosa: la del que habla por lo que no dice. Y esto que no decía era la muerte de la que esperaba una segunda chance, una que concibió como su parte faltante y a la que confió en secreto la sombra completa que un día trazaría en todas nosotras, en todos nosotros. Sabía como pocos mostrar el mundo en la boca de la decrepitud y la humillación, y atisbaba en la nada su salvataje, que en sus libros, agudos y magistrales, decoraba con un manejo de écfrasis y enumeraciones que diagramaban la edad de todas las inocencias. Lo hacía recuperando los gestos sencillos que veía transitar en los bares, las pocilgas y las madrigueras de los perdedores. Tenía una banderita en el corazón (uno de los corazones más nobles que conocí en mi vida) y esperaba el momento en el que pudiera bajarla para decirnos que por fin se había estacionado donde siempre había querido. Había nacido para pensar en serio, y pensar en serio lo llevó a considerar la vida como un chiste pasajero, minado de chispas y atribulaciones.

La doble crisis de legitimidad y la solidaridad como camino

Por Carlos Huneeus

La doble crisis de legitimidad que vive hoy el país tiene una larga historia que es necesario recordar, pero que se puso de relieve a partir del 18 de octubre cuando, seguido al salto masivo del torniquete que hicieron los secundarios como protesta por el alza del pasaje de Metro, la ciudadanía siguió manifestando su malestar por otros tantos problemas. Los altos costos de la educación, los servicios de salud y los medicamentos, las bajas pensiones que entregaban las AFP, los abusos de casas comerciales y la colusión de precios por parte de grandes empresas situadas en diversos sectores –farmacias, pollos, papel higiénico y pañales–, todos ellos de alto consumo masivo. 

Concentración histórica en Plaza Italia, post 18 de octubre de 2019. Crédito de foto: Alejandra Fuenzalida.

Los manifestantes marcharon por las principales plazas y avenidas del país. No portaron banderas de los partidos de oposición y tampoco participaron en las movilizaciones de dirigentes o parlamentarios opositores, lo que ratifica el alejamiento de los partidos respecto de la ciudadanía, su debilidad y la baja confianza de esta en las instituciones y élites políticas. 

En tanto, el gobierno no supo responder ni encauzar estas demandas, a pesar de contar con todos los resortes institucionales para hacerlo. Tras la chispa inicial del llamado “estallido social”, en lugar de prevenir y evitar la violencia y el vandalismo previsibles se limitó a reaccionar después. El presidente Sebastián Piñera declaró el Estado de Emergencia y sacó a los militares a las calles por primera vez desde la dictadura. No abordó ni buscó aplacar las causas de fondo de las manifestaciones y declaró una “guerra” contra “un enemigo poderoso e implacable”, convencido, como también sus ministros y asesores más cercanos, de que el país retornaría a la normalidad en dos o tres meses. Después, Carabineros reprimió en forma indiscriminada, sin diferenciar entre manifestantes pacíficos y vándalos. Piñera, finalmente, se allanó a respaldar un acuerdo político que tiene como fin cambiar la Constitución de 1980 –considerada ilegítima al haberse instaurado en dictadura y hoy entendida como el freno institucional a las demandas de cambio– por una nueva Carta Magna que interprete los valores e intereses de todos los chilenos y no sólo los de quienes la concibieron hace 40 años. Debido a los efectos del Covid-19, el plebiscito para una nueva Constitución se postergó para el 25 de octubre de este año. La pandemia “rescató” a Piñera del estallido social, pero cayó al poco tiempo en otra crisis más profunda todavía, sanitaria, económica y social. En pocos meses, Chile ha pasado a ser uno de los países del mundo con mayor número de contagios y fallecidos por millón de habitantes debido a la pandemia.

La crisis de legitimidad política 

La caída de la participación electoral, el debilitamiento y fragmentación de los partidos y la baja confianza de los ciudadanos en las instituciones son reflejo de la crisis actual que vivimos. En ese contexto, el presidente, como institución y persona, tiene bastante responsabilidad. Piñera es débil porque fue elegido en segunda vuelta por una minoría del electorado (26,5% del padrón electoral, con una votación del 49,1% de este); tiene minoría además en las dos ramas del Congreso Nacional y una baja aprobación en las encuestas. Piñera no es un político que tenga las habilidades de quienes lo han precedido, a pesar de que hoy es presidente por segunda oportunidad (2010-2014 y 20182022) y antes fue senador (1990-1998). Es, más bien, un exitoso hombre de negocios del sector financiero –uno de los billonarios chilenos según la revista Forbes–, que actúa en política a partir de su experiencia en el sector privado y no como un hombre de Estado. 

Por otro lado, los mismos partidos se han debilitado como organización. Tienen hoy un número reducido de afiliados, la mayoría de ellos funcionarios públicos (gobierno central o municipal), y ha caído su capacidad de participar en el gobierno. Carecen de programas que convoquen a los electores y no cuentan con profesionales con credenciales y sin conflictos de interés para ocupar los puestos del Ejecutivo, un fenómeno que deteriora la calidad de la gestión pública y abre camino a malas prácticas, especialmente al clientelismo, el patronazgo y la corrupción. 

En 2014, el fiscal Carlos Gajardo develó el financiamiento ilegal de campañas y políticos al revisar la contabilidad del grupo económico Penta. La Fiscalía sumó a otras –como SQM y Corpesca, del grupo Angelini, uno de los tres principales del país– que favorecieron a numerosos candidatos, especialmente de derecha, y a los candidatos presidenciales de 2009 y 2013. Todo esto terminó por agravar la desconfianza de la ciudadanía en las instituciones y la élite política. Este fenómeno de desconfianza se extiende a los tribunales de justicia, el Parlamento, la Iglesia Católica, Carabineros y el Ejército. Esto último es un hecho relativamente reciente, como consecuencia de los casos de corrupción (Pacogate y Milicogate), la violencia y las prácticas de obstrucción a la justicia en la región de La Araucanía y durante “el estallido social”. La violencia de Carabineros puso de relieve la fragilidad del Estado de derecho. La fuerza pública no respeta el orden jurídico, la vida y la integridad física de las personas, actúa con una amplia autonomía y desconoce su subordinación, lo que pone en tela de juicio al propio Estado, aunque por definición este tiene el monopolio de la fuerza legítima (Weber).

La crisis de legitimidad económica 

El país tiene un sistema económico de “mercado puro”, en la tipología de Linz y Stepan (1996), que impide el desarrollo de una democracia moderna y estable pues no provee los bienes públicos en salud, educación y vivienda, no combate los monopolios y no protege a los consumidores. Además, se estableció en dictadura, siguiendo un paradigma de neoliberalismo radical que desmanteló al Estado empresario con las privatizaciones, y al Estado de bienestar con la privatización del sistema de pensiones y la introducción de instrumentos de mercado en la educación y en la salud, entendidos como ámbitos de negocios. La función reguladora del Estado fue desconocida, abriendo espacio para decisiones abusivas y hasta delictivas, que pavimentaron el camino a la corrupción. Los gobiernos de la Concertación tomaron la decisión estratégica de optar más por la continuidad que por la reforma del sistema económico, sin revisar después esta decisión. Esto produjo un efecto de path dependence que se mantuvo y reforzó en los siguientes gobiernos de la coalición por los incentivos creados al favorecer el crecimiento económico y el fortalecimiento de la economía con control de los privados.

Esta decisión fue comprensible durante el primer gobierno democrático, de Patricio Aylwin (1990-1994), por las difíciles condiciones políticas imperantes, con la presencia de Augusto Pinochet en la arena política como comandante en jefe del Ejército, sus principales colaboradores en el Congreso elegidos o como senadores designados, y sin tener mayoría en la cámara alta. Sin embargo, esta ausencia de reformas estructurales del modelo de “mercado puro” no se justificó en el segundo gobierno democrático de Eduardo Frei Ruiz-Tagle (19942000) y menos aún cuando la izquierda volvió a La Moneda con Ricardo Lagos (2000-2006), el primer presidente socialista después de Salvador Allende. No se impulsaron cambios institucionales al sistema económico guiados por otro paradigma –la economía mixta o una economía social de mercado, como la de Alemania–, sino que se hicieron reformas parciales que no alteraron su arquitectura institucional.

“Los gobiernos de la Concertación tomaron la decisión estratégica de optar más por la continuidad que por la reforma del sistema económico, sin revisar después esta decisión. Esto produjo un efecto de path dependence que se mantuvo y reforzó en los siguientes gobiernos de la coalición por los incentivos creados al favorecer el crecimiento económico y el fortalecimiento de la economía con control de los privados”.

Reformar el sistema de pensiones para recuperar la legitimidad 

La solidaridad es un valor indispensable para enfrentar los desafíos del planeta, como el cambio climático y la protección del medio ambiente. Más aún, para abordar la pandemia del Covid-19. Más allá de los graves errores cometidos por el presidente Piñera y el ex ministro de Salud Jaime Mañalich, las instrucciones de la autoridad sanitaria a la ciudadanía no han conseguido sus objetivos porque chocaron con el individualismo que prevalece en la sociedad, el cual es reforzado por las AFP, un sistema que nació en los 80 y que se basa en las cotizaciones individuales del trabajador para reunir fondos que financien su jubilación. Los empresarios no aportan a la pensión, a diferencia de muchos otros países. 

Se apoya en supuestos teóricos que nunca ocurrieron: salarios dignos y un mercado laboral que incentive la estabilidad del empleo de los trabajadores. El cambio del sistema de pensiones es urgente y necesario para que los trabajadores tengan una expectativa de jubilaciones dignas, ya que, además, el carácter individualista de las AFP responde a un argumento ideológico: en la sociedad hay individuos, no comunidades. Cada uno labra su propio futuro. Este fundamento contradice un componente central de la democracia, que es la existencia de adhesiones y vínculos sociales entre organizaciones, grupos y estratos sociales que dan cohesión a la sociedad y son un pilar primordial de la democracia: estas relaciones existen en una comunidad cuando predominan valores de solidaridad y cooperación. 

Debe llevarse a cabo con otro paradigma, en torno a la solidaridad y no al individualismo, con un papel activo del Estado, que no debe subvencionar a las AFP con los recursos de todos los chilenos. La solidaridad permitiría resolver la crisis del sistema de pensiones y constituye un pilar fundamental para enfrentar la doble crisis de legitimidad a través de cambios en el sistema económico que instauren otro paradigma, y transformaciones institucionales que faciliten llegar a una democracia soberana, con gobiernos que enfrenten las limitaciones y carencias del sistema económico, entre las cuales destaca la desigualdad.

Por el derecho a la igualdad: mujer y emancipación

Por Patricia Espinosa

Ediciones Libros del Cardo liderada por la poeta, gestora cultural y feminista Gladys González, reedita (La 1ra edición es patrocinada por el SERNAM y publicada en 1998) el volumen Crónica del sufragio femenino en Chile (Valparaíso, 2018), una rigurosa investigación realizada por nuestra Premio Nacional Diamela Eltit.

Estamos ante una crónica que posee dos niveles de relato: por un lado enfocado en la sujeta, particularizada, y en el colectivo, por lo mismo, no sólo conforma una genealogía en torno a la lucha por el sufragio, sino que da cuenta de voces específicas, testimonios individualizados.

Me parece destacable que Eltit señale que la historia se construye de múltiples acciones, activismos, gestos, riesgos, voces que, la mayor parte de las veces, tienden a perderse en el anonimato. Esta consciencia de la cronista sobre las mujeres anónimas me parece de gran relevancia en cuanto contribuye a reflexionar sobre la condición fragmentaria, no totalizante, de la crónica, la historiografía y aquellos nombres, vidas, que no quedaron inscritos en los registros, pero que con su batallar contribuyeron al logro del derecho a sufragio igualitario.

Crónica del sufragio femenino en Chile. Diamela Eltit Ediciones Libros del Cardo, 2018 128 páginas

Los diversos feminismos tuvieron que enfrentarse al más duro orden patriarcal para hacer ver sus demandas. Esto, podríamos afirmar, da cuenta de un itinerario que poco ha cambiado en más de un siglo. Sin embargo, lo que claramente es posible inferir de esta crónica es que sin articulación en comunidades, los cambios respecto a las políticas de la mujer serán imposibles de realizar.

Crónica del sufragio es un libro que nos aproxima a la épica, a la comunidad, a la utopía de cambio social, la incomodidad de la mujer y sus insubordinaciones, que irían progresivamente armando una trama política. Al respecto, la narración expone en detalle la amplia red de asociaciones de mujeres que contribuyeron con su trabajo en la proposición de demandas que finalizan con la adquisición del derecho a voto en 1949 bajo el gobierno de Gabriel González Videla. Por debajo de esa épica se puede apreciar la fractura entre el trabajo de las mujeres de la élite y las mujeres de los sectores populares. Esa fractura sigue presente hasta el día de hoy, amenazando la validez misma de esa épica. Es decir, el tremendo logro alcanzado con el sacrificio de las sufragistas, su extraordinaria lucha se desmorona con la crisis del mito del voto como parte de la desvalorización general de las creencias que sustentaron la validez del camino eleccionario como forma de alcanzar nuevos niveles de libertad.

Sin embargo, si pensamos en la pérdida de significación del voto hoy en día, salvo para los que quieran participar de los beneficios que trae el clientelismo eleccionario, esta pérdida de significación debiera convertirse en una gran oportunidad. Primero, para desarmar la falacia del feminismo neoliberalizado que celebra cada vez que se logra suavizar mínimamente los efectos de la cultura patriarcal. La corrupción del aparataje político-partidista es tan abrumadora que dificulta en extremo participar de él sin que se terminen defendiendo los privilegios de la clase política.

La escritora y Premio Nacional de Literatura 2018, Diamela Eltit.

La condición épica del sufragio se ha degradado al acto de votar rutinariamente por el mal menor. Un simulacro de inclusión que instrumentaliza el sentido último de ciudadanía. Junto con la radicalización de la derecha y una buena parte de la izquierda luchando denodadamente por el derecho a participar del sistema, una parte mayoritaria de la población ha optado por la suspensión del sufragio. Las respuestas desde la élite, que sigue votando, acusan a las masas de ignorancia, individualismo extremo y hasta de fascismo; contra ello, ofrecen mejorar la oferta electoral con más honestidad, nuevos rostros y más reformas, incluido, cómo no, más mujeres y más feminismo, con feministas que voten, eso sí. No votar, de tal manera, será comprendido como una actitud de ciudadanía degradada, negada a la inclusión y futuro derecho a crítica. Pero en esa despreciada masa que no vota se sigue repitiendo la historia, la lucha a muerte entre el poder y el deseo de emancipación. Paradojalmente, se cumple así un viejo anhelo, la huelga general y el sabotaje a la producción, en este caso, la huelga de votantes y el sabotaje a la producción de votos. Si alguna vez fue un derecho negado a las mujeres y por el cual era obligatorio luchar, hoy parece ser no más que un placebo, un simulacro de participación. Por lo mismo, desde mi perspectiva, hemos de celebrar el pasado, el sentido épico de la historia de lucha feminista del derecho a voto, un gran paso sin lugar a dudas, pero, a la vez, reflexionar sobre cómo debe darse hoy el entrecruce entre la lucha de emancipación feminista y el voto, preguntarnos si es necesario votar ante un escenario donde se consolida el sexismo y se limita a la mujer a la producción de hijos o fuerza laboral, despojada de toda autonomía.

“Los diversos feminismos tuvieron que enfrentarse al más duro orden patriarcal para hacer ver sus demandas. Esto, podríamos afirmar, da cuenta de un itinerario que poco ha cambiado en más de un siglo. Sin embargo, lo que claramente es posible inferir de esta crónica es que sin articulación en comunidades, los cambios respecto a las políticas de la mujer serán imposibles de realizar”.

Palabra de Estudiante. Pandemia en Chile: los costos de una democracia restringida y neoliberal

Por Emilia Schneider

Las últimas semanas, a propósito del debate generado por el proyecto que permite el retiro del 10% de los fondos previsionales, hemos sido testigos de un álgido y polarizado debate público, el retorno de las protestas populares y del pueblo como actor político que determina la agenda y ejerce presión sobre los distintos sectores políticos para aprobar una medida que ideológicamente está lejos de ser un triunfo antineoliberal en sí, pero que tiene una implicancia muy importante. Esos días de fuertes cacerolazos a todas y todos nos trajeron recuerdos de la revuelta social, la primavera del pueblo de Chile, y renovaron nuestra convicción de que la organización social es la vía para la transformación, de que juntos y juntas somos más fuertes. Y es que la pandemia y el distanciamiento social no pueden dejar más clara una cosa: somos seres sociales y lo colectivo juega un rol esencial en nuestra conformación como sujetos y en la resolución de nuestros problemas, a diferencia del individualismo que promueve nuestro neoliberalismo salvaje y, cabe recordar, nuestro sistema de AFP y capitalización individual.

¿Por qué hemos llegado a fijar como demandas centrales proyectos que no necesariamente responden al ideario de los movimientos sociales del último tiempo?, ¿cómo es posible que sólo bajo la amenaza de las protestas los sectores políticos de la derecha y la vieja Concertación pongan celeridad a una agenda social para enfrentar la crisis social producto del Covid-19? Esos son los costos de años de políticas públicas neoliberales, que terminaron por modelar un Estado subsidiario incapaz de actuar y una democracia débil y restringida. El punto en el que estamos hoy requiere de medidas desesperadas, porque todas las propuestas viables que se han levantado desde el mundo social y las izquierdas antineoliberales (Ingreso Familiar de Emergencia por sobre la línea de la pobreza, congelamiento del pago de los servicios básicos y deudas, impuesto a los súper ricos, etc.) han chocado contra la muralla que la dictadura construyó y que la transición apuntaló para que los intereses sociales, que son antagónicos a la élite empresarial y conservadora, jamás tocaran la política y fueran incapaces de incidir directamente, por la vía institucional, en la toma de decisiones.

Performance durante la protesta social post 18 de octubre. Crédito de foto: Alejandra Fuenzalida.

La presión social es la única herramienta que nos queda, y en tiempos de militarización, distanciamiento y confinamiento nos la habían quitado, pero de a poco nuestras voces vuelven a tomarse las calles y a ordenar la agenda de las desorientadas organizaciones sociales y políticas, que aún no logran adaptarse a los profundos cambios de la sociedad chilena tras la revuelta social. 

La crisis de legitimidad de las instituciones es transversal y se acrecienta cuando la única solución que ofrece el Estado ante la pobreza, el hambre, la enfermedad y la violencia son bonos escasos, cajas de alimentos repartidas de forma improvisada y créditos. Enfrentamos los estragos que dejan años de cercenar lo público y el único margen de acción que tiene nuestro Estado es a través de los bancos u otras instituciones privadas, cuyo fin central claramente no es el bien común. Esto, sin duda, está agravado por un gobierno autoritario y de derecha, colapsado internamente y sin legitimidad para gobernar. ¿Quién conduce, entonces, nuestros destinos? Es lo que nos preguntamos mientras las izquierdas se reacomodan y el mundo social trata de recomponerse. 

Estamos en esos momentos, diría Gramsci, donde lo viejo no termina de morir y lo nuevo no termina de nacer, que es justamente cuando salen los monstruos, los atajos electorales, el autoritarismo y la indiferencia, por mencionar algunos. La ultraderecha tiene poco futuro y los gérmenes de una emergente derecha democrática, que no terminan de cuajar, siguen siendo serviles a la barbarie a la que nos tiene sometida la élite. Mientras, las izquierdas tenemos en nuestras manos la posibilidad de enfrentar este ciclo con unidad, pero la pequeñez, la inmediatez y la falta de anclaje social nos juegan malas pasadas una y otra vez. 

Los desafíos que tenemos en el horizonte –reconstrucción del país para enfrentar la crisis económica y social y el proceso constituyente– exigen que estemos a la altura del momento histórico complejo y convulsionado que estamos viviendo. Mientras, la revuelta social 2.0 que se avecina urge poner nuestros esfuerzos para que los golpes que demos al modelo de ahora en adelante sean certeros y afilados políticamente. Para ello necesitamos tomarnos en serio la tarea de construir y articular un polo social y político antineoliberal, cuyo gran consenso sea dar salida al neoliberalismo a través de la ampliación de la democracia y los derechos sociales, sexuales y reproductivos y el respeto de los DD.HH. Mientras la vieja Concertación se rearma, nosotras y nosotros debemos pujar por mejorar nuestra correlación de fuerzas dentro del sector e impedir consensos elitarios y neoliberales que coarten el impulso de transformación de la sociedad entera, y el plazo para ello ya está corriendo, debemos actuar cuanto antes para que los ritmos de las coyunturas electorales no subsuman nuestra política a la “medida de lo posible”. 

Disputar y proteger el proceso constituyente es una urgencia y debe ser entendida como tal por todos los sectores que creemos que otra forma de vida es posible, y es esa la coyuntura ideal para dar una solución a la profunda ilegitimidad que tiene la política. Debemos construir instituciones y un Estado que, en vez de domesticar al nuevo pueblo que se constituye, dé canales para que las mayorías organizadas construyan, participen y modelen las instituciones, pues para hacerle frente al autoritarismo que emerge con fuerza en nuestros adversarios no basta con decir “más Estado”, sino que debemos construir otro Estado, uno en que las comunidades sean soberanas para decidir y resolver sus problemáticas. Una democracia radical y con derechos es la única posibilidad de un horizonte en que seamos libres y recuperemos la política para todos, todas y todes.

Brasil y Covid-19: un estudio de caso sobre necropolítica

Por Arthur Chioro*

La ciencia viene produciendo conocimiento respecto a la pandemia de Covid-19 a una velocidad increíble. Nuestros sistemas de vigilancia y asistencia sanitaria, particularmente los servicios de cuidados intensivos, están siendo puestos a prueba. Nunca la salud y sus trabajadores tuvieron tanta visibilidad. En medio de la crisis, parece que la sociedad finalmente logró reconocer cuán imprescindibles son y cuánto deben ser valorados. 

Aún más, en esta emergencia sanitaria de escala global se percibe cómo han sido las medidas “no farmacológicas”, como el cuidado de la higiene, uso de mascarillas, cuarentena y aislamiento social, las que han demostrado impactos más significativos sobre el Covid-19. Esto, por sí solo, nos permitiría reflexionar sobre el real alcance de las tecnologías duras y del modelo biomédico (centrado en el médico, en procedimientos y en el hospital) y sobre cómo hemos despreciado condiciones de vida y de trabajo, desigualdad social, modos de vivir y usufructuar de la naturaleza a la hora de comprender los determinantes del proceso salud-enfermedad. 

El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro

Mirando a Brasil, se comprueba que el país se aproxima, de manera acelerada y preocupante, a una situación desastrosa, debido a que se conjugan tres dimensiones críticas: a) los graves errores en el enfrentamiento sanitario de la pandemia; b) la inefectividad parcial o total de los programas de apoyo financiero a las poblaciones vulnerables, empresas y entes administrativos (municipios y estados); y c) el sabotaje explícito del gobierno federal, y en particular del presidente de la República, a las iniciativas de combate a la pandemia. 

Pasados más de 90 días desde la notificación de los primeros casos, el cuadro epidemiológico del Covid-19 en Brasil aún es de ascenso explosivo. El país ocupa el segundo lugar en números absolutos de casos y decesos, concentrando más del 20% de las nuevas notificaciones efectuadas en el mundo en las dos últimas semanas, a pesar de contar con apenas el 2,7% de la población mundial. 

Hasta el 17 de junio había 960.309 casos confirmados, 46.665 fallecidos, con letalidad del 4,9% y coeficiente de mortalidad de 22,1 / 100 mil habitantes. 

El análisis comparado de coeficientes de incidencia indica que Brasil (519,2), en el contexto de América Latina, está apenas por detrás de Chile (965,2), Perú (731,1) y Panamá (524) en relación al número de casos por cada 100 mil habitantes. Esos datos todavía esconden la enorme subnotificación que ocurre en Brasil, donde sólo los casos graves son sometidos a diagnóstico virológico. Los estudios de seroprevalencia indican que nueve brasileños están infectados por cada caso notificado, lo que permite estimar que más de nueve millones de brasileños ya fueron infectados por el nuevo Coronavirus (Fuente: Worldometers, accedido el 17 de junio de 2020).

La subnotificación puede ser confirmada por el análisis comparativo del número de exámenes realizados por millón de habitantes: EE.UU.: 70.302; UK: 104.930; España: 103.232; Italia: 78.945; Chile: 46.372; Perú: 43.028; Uruguay: 156.872, mientras que en Brasil se habían realizado apenas 8.044 exámenes. 

Las proyecciones indican que la cumbre de la curva de contagios podría llegar a mediados de julio, pero en función del comportamiento asincrónico de la enfermedad en distintas regiones del país, las variaciones regionales podrían alargar la incidencia de casos por un tiempo aún indeterminado. 

Un estudio realizado por el Imperial College (UK) en marzo evaluó posibles escenarios para el futuro de la epidemia en Brasil. El más grave, sin aislamiento social, estimaba la cifra de 1,1 millón de fallecidos. El menos comprometedor, con aislamiento social precoz, auguraba 44 mil decesos, número ya sobrepasado el 15 de junio y que debería llegar, según nuevas proyecciones, a un techo superior a las 120 mil muertes. 

“Para entender por qué Brasil se tornó el nuevo epicentro de la pandemia es necesario comprender la crisis política producida por un presidente de extrema derecha, negacionista y anticiencia que, instaurando una suerte de ‘terraplanismo epidemiológico’, viene provocando un verdadero genocidio en nuestro país”.

La respuesta sanitaria ha sido un terrible fracaso. La red de atención primaria se ha comportado como un sujeto ausente, a pesar de que 80% de los casos sean asintomáticos o leves, lo que implica que, por lo tanto, deben ser seguidos en las propias comunidades, con la orientación de aislamiento y búsqueda de contactos infectados. La oferta de exámenes de biología molecular (RT-PCR) ha sido mucho menor a la necesaria y la red de laboratorios de salud pública, semiautomatizada y precarizada, sufre por el desfinanciamiento. El tiempo transcurrido hasta la aparición de casos autóctonos no fue utilizado para la adquisición de equipamiento de protección individual, mascarillas, kits de diagnóstico, medicamentos, insumos, respiradores o para la ampliación del número de camas UCI. 

El presidente de la República se situó como el principal opositor a las directrices del Ministerio de Salud que recomendaban el aislamiento social. Se estableció una disputa política con alcaldes y gobernadores respecto de la adopción de tales medidas, que jamás llegaron a ser debidamente cumplidas. El Sistema Nacional de Salud (SUS), históricamente subfinanciado y desde el golpe de 2016 desfinanciado por el Nuevo Régimen Fiscal que impuso el congelamiento de gastos públicos por 20 años, se encontraba en una situación profundamente incompetente y aún así, gracias a su simple existencia, miles de vidas se pudieron salvar. Aparte de eso, es sabido que sin un soporte financiero efectivo, que asegure las condiciones de sobrevivencia a las personas y empresas o que la administración intermedia mantenga servicios públicos funcionando, es imposible sostener políticas de aislamiento social, única medida eficaz para el control, mitigación y contención de la pandemia. El gobierno federal dispuso hasta ahora US$ 77,67 mil millones para enfrentar la crisis, pero apenas US$ 28,89 de ellos fueron efectivamente liberados (37,3%). En el área de la salud, de US$ 7,48 mil millones presupuestados para enfrentar el Covid-19, apenas US$ 2,52 fueron gastados. Brasil se sumerge, por lo tanto, en dirección a un caos social. 

El Covid-19 no es democrático. Distinto a lo que se observó en el hemisferio norte, los países de ingresos bajos y medios, como marca la realidad en América Latina, además de los desafíos sanitarios tienen que lidiar con el impacto de la pandemia sobre las poblaciones vulnerables. Es el caso de Brasil, con más de 13 millones de personas viviendo en la miseria de las favelas y conventillos o en situación de calle, sin condiciones para protegerse de la transmisión de la enfermedad o de cumplir el aislamiento social. 

Dicho drama se manifiesta, además, en la exposición desigual a la enfermedad de la población carcelaria (700 mil) y de los pueblos indígenas (912 mil) descendientes de los antiguos quilombos y que viven en asentamientos rurales extremadamente precarios y sin ninguna ayuda gubernamental. El nuevo Coronavirus, que penetró al país por medio de las clases adineradas de los grandes centros urbanos, vive ahora un intenso proceso de “periferización” y de flujo al interior; los que están muriendo, fundamentalmente, son los pobres. 

Para entender por qué Brasil se tornó el nuevo epicentro de la pandemia es necesario comprender la crisis política producida por un presidente de extrema derecha, negacionista y anticiencia que, instaurando una suerte de “terraplanismo epidemiológico”, viene provocando un verdadero genocidio en nuestro país. Además de negar la existencia del Covid-19, Bolsonaro destituyó en dos ocasiones a su ministro de Salud, en plena pandemia, hasta que, con la militarización del ministerio, encontró un general interino capaz de cumplir las más controvertidas decisiones: imponer un protocolo para uso profiláctico y terapéutico de medicamentos sin evidencias científicas; alterar el sistema de divulgación de informaciones epidemiológicas; interrumpir la participación del gobierno brasileño en la OMS y otros espacios multilaterales; retener recursos destinados a los estados y municipios para combatir el Covid-19; secuestrar respiradores y otros insumos adquiridos por otros niveles de la administración. 

El gobierno federal se deslindó de sus responsabilidades en la coordinación nacional del enfrentamiento de la pandemia, un hecho sumamente delicado cuando se considera que Brasil tiene una dimensión continental; se trata de un país sobrepoblado cuya estructura político-administrativa atribuye responsabilidades y exige la colaboración entre sus 5.570 municipios, 26 estados, el distrito federal y el gobierno federal. 

Lo más grave, sin embargo, es la postura de escarnio de Bolsonaro y la total falta de empatía para con las familias de los muertos por la pandemia. El presidente trata al Covid-19, desde su inicio, como un mero “resfriado o gripecita”. Incumple cotidianamente las medidas de aislamiento y promueve aglomeraciones con sus aficionados sin siquiera utilizar mascarillas. Utiliza las redes sociales –en una táctica que le es constitutiva– para diseminar fake news que ponen en entredicho el conjunto de esfuerzos emprendidos por las autoridades sanitarias. Llegó incluso a instigar a sus seguidores a invadir hospitales para que comprobaran que estaban vacíos y que los datos de casos y fallecidos presentados por alcaldes, gobernadores y secretarios de salud eran falsos, hecho rápidamente atendido por los fanáticos que le dan sustento. Al ser cuestionado por la prensa sobre los miles de decesos, respondió: “¿Y qué?”, lo que originó una dura editorial en la revista The Lancet. 

Para quien aún trata de entender lo que es la necropolítica, concepto desarrollado por el filósofo camerunés Achille Mbembe, que cuestiona los límites de la soberanía cuando el Estado escoge quién debe vivir y quién debe morir, cuando niega la humanidad del otro y cuando cualquier violencia se torna posible, desde agresiones hasta la muerte, invito a tomar como caso de estudio a Brasil, las conductas del gobierno de Bolsonaro –y de él mismo– en relación a la pandemia de Covid-19.

*Traducción de Jonás Chnaiderman, académico de la Facultad de Medicina de la U. de Chile.

¿Nuevo Orden Mundial? Entre el pesimismo de la razón y el optimismo de la voluntad

Por Juan Gabriel Valdés

Son ya miles las páginas que aventuran predicciones sobre el tipo de mundo que vendrá tras la pandemia y, hasta el momento, parafraseando a un pensador italiano, el pesimismo de la razón parece imponerse sobre el optimismo de la voluntad. Hay un mundo de intelectuales y economistas que advierte que la pobreza aumentará y con ella el hambre y la miseria; que crecerán las migraciones y el conflicto racial en sociedades cada vez más nacionalistas; que se reforzarán las tendencias autoritarias en gobiernos dotados de tecnologías invasivas que acabarán por destruir toda semblanza de democracia liberal. Noah Harare habla del surgimiento de regímenes caracterizados por la “vigilancia totalitaria” y declara que estos ya existen. Incluso en áreas del mundo donde los regímenes extremos no son probables, como en Europa Occidental, son muchos los que piensan que el ser humano aprende poco de la historia. El historiador británico Keith Lowe dice de la postpandemia: “contaremos los muertos y lamentaremos la devastación de nuestras economías. Pero entonces volveremos a la austeridad, la desigualdad de riqueza y el infinito resentimiento hacia nuestros vecinos. Como siempre”.

Ilustración: Fabián Rivas

Hay, por otro lado, visiones progresistas que perciben –como lo hace, por ejemplo, el socialista inglés Will Hutton– “que agoniza una cierta globalización desregulada y de libre mercado, con su propensión a las crisis y a las pandemias. Pero que está naciendo otra forma que reconoce la interdependencia y la primacía de la acción colectiva de base empírica”. Y la columnista Michelle Goldberg afirma en The New York Times que “tras el Coronavirus, ideas progresistas que hasta ahora parecían imposibles se transformarán en deseables”. Žižek, por su parte, bien sorprendentemente, no hace predicciones, pero llama a no quedarse en la reflexión inmediata de la superación de la pandemia e “ir más allá y pensar qué forma de organización social sustituirá al Nuevo Orden Mundial liberal-capitalista”. El mundo de la postpandemia tiene entonces luz. 

Optar por el optimismo es por estos días una necesidad psicológica, pero no es este el momento para olvidar algunas lecciones elementales de la historia. Una principal es que, si bien todas las crisis generan cambios, estos sólo se orientan en un sentido de más democracia, libertad y progresismo cuando hay voluntad y organización política para respaldarlos. Es probable que en el mundo postpandemia exista un arco con un extremo autoritario y nacionalista y otro solidario y global, pero nada nos dice aún hacia qué lado se inclinará la historia. Lo único seguro es que para que se oriente hacia una sociedad más humana y democrática se requieren uno o varios grupos políticos organizados, dotados de un proyecto político y de la voluntad de convocar a la sociedad tras objetivos de bien común. Tan ilusoria es la idea del desmoronamiento espontáneo del capitalismo como la creencia de que el sufrimiento colectivo desvanece el afán de lucro de los que ven la vida como un negocio. El sociólogo francés Michel Wieviorka tiene razón cuando dice que “la epidemia es también una fuente de actividades ciudadanas o asociativas renovadas, de solidaridad, a la escala de un inmueble, de un barrio o de una ciudad, o a un nivel mucho más amplio”, pero ellas no derivan necesariamente en un proyecto en el que la sociedad se torna democrática, igualitaria y participativa. Para lograrlo se requiere de un poder político tras el cambio social. 

Nada muy diferente puede ocurrir en el sistema internacional. Richard Haass ha argumentado convincentemente que el mundo que seguirá a la pandemia no será demasiado distinto del que lo precedió; que el Covid-19 no va tanto a cambiar la dirección básica de los acontecimientos como a acelerarlos. Es decir, que va a reforzar las caracteristicas de la geopolítica actual. De esta manera, los fenómenos que vemos actualmente, como la descomposición del liderato norteamericano, la competencia cada vez más agresiva con China y el debilitamiento de la cooperación internacional, incluyendo por cierto el de las organizaciones internacionales, mostrarían una tendencia a acelerarse. Pero acelerarse y profundizarse, puede también significar conflictuarse, y por lo tanto los riesgos de un caos internacional son reales.

“Optar por el optimismo es por estos días una necesidad psicológica, pero  no es este el momento para olvidar algunas lecciones elementales de la historia. Una principal es que, si bien todas las crisis generan cambios, estos sólo se orientan en un sentido de más democracia, libertad y progresismo cuando hay voluntad y organización política para respaldarlos”.

El primer elemento ya estaba presente desde hace años: el liderato norteamericano está en retirada. El punto de inicio fue la guerra de Irak y la violación abierta de la Carta de las Naciones Unidas. Luego, el intento de recuperación de Barack Obama fue breve e insuficiente. Su impulso a una política multilateral con el Acuerdo de París y la negociación nuclear con Irán fue destruido en un par de años por la política de tierra arrasada de Donald Trump. La política exterior de Estados Unidos entró en una total confusión. Tal como dice el ex primer ministro de Australia Kevin Rudd, “hoy ya sabemos lo que ‘America First’ quiere decir en términos prácticos: ante una genuina crisis global, no busque ayuda de los Estados Unidos, porque ellos ni siquiera pueden cuidarse a sí mismos”. 

Al mismo tiempo, la presencia internacional de China sigue avanzando. Su política comercial y de inversiones se extiende por el mundo y de manera muy notoria en América Latina. Un acuerdo reciente con Irán la introduce en el Medio Oriente, el terreno de mayor presencia internacional de Estados Unidos desde la Segunda Guerra Mundial. La posibilidad de un conflicto mayor con Estados Unidos existe, pero la pandemia lo hace menos inmediato de lo que parece: ambos países salen debilitados de la peste. El prestigio de China ha sido dañado y el conflicto en Hong Kong no contribuye a repararlo. Tanto Estados Unidos como China parecen obligados a volcarse al interior de sus sociedades. Ninguno de los dos es capaz de imponer un orden global. 

El sistema de Naciones Unidas, organizado hace setenta años, se encuentra paralizado porque la contienda entre Estados Unidos y China no lo deja funcionar. Peor aún, sus organismos, como la Organización Mundial de Comercio o la Organización Mundial de la Salud, son espacios de disputa y rivalidad. No hay un árbitro que regule disputas, el derecho internacional se ha desvanecido.

La situación bien podría describirse como la Guerra Gris. Es una nebulosa de conflictos marcada por una competencia entre dos grandes potencias volcadas primero hacia su interior, pero luego a una competencia comercial y tecnológica global que bordea el conflicto, pero no llega a él, y que no incorpora aliados, sino socios, porque no es ideológica. 

La única ideología que puede imponerse en este mundo gobernado por la necesidad de combatir pandemias y catástrofes ecológicas es la de la interdependencia. Pero esa no es una ideología de grandes potencias, sino es más bien de países pequeños e intermedios seriamente amenazados por la crisis económica y sanitaria, sociedades involucradas en una lucha por la supervivencia. Es desde ahí de donde pueden surgir dinámicas virtuosas que reproduzcan internacionalmente la voluntad política de organizar la supervivencia, de dotarla de reglas comunes y hacerla democrática. Son dinámicas que no se basan en un orden global jerárquico, sino en un conjunto de órdenes diversos, con países capaces de cooperar para combatir las epidemias y sus consecuencias económicas y sociales, de defender en su interior y colectivamente los derechos humanos y las democracias, de manejar el cambio climático y regular el ciberespacio, de ayudar a los migrantes y combatir el terrorismo. 

Desgraciadamente, América Latina está aún muy lejos de poder generar dinámicas virtuosas. Dividida ideológicamente, despojada de toda voluntad colectiva por élites que se preparan sólo para sostener las graves crisis internas que vivirán sus sociedades como consecuencia de la pandemia, la región parece entrar en un mundo de sálvese quien pueda. El panorama no es halagueño. La región se verá atravesada por el conflicto entre Estados Unidos y China, y Washington, en el curso de retraimiento de su política exterior, tenderá como tantas veces en su historia a ver la seguridad hemisférica como propia. No será fácil sostener un no alineamiento activo sin iniciativas que vinculen la región primero entre sí y luego la inserten en sistemas variables de interdependencia. 

Pero allí está el pequeño espacio para el optimismo de la voluntad: quizás, a partir de la pandemia, algunos países, algunas élites y algunos procesos democráticos podrían comenzar a tejer la madeja de acuerdos e iniciativas políticas necesarias para salir de la crisis, reforzando una identidad democrática y prosiguiendo una política de integración que reemplace la competencia por la interdependencia.

Crónica inconclusa sobre periodismo y libertad de expresión en pandemia

Por Faride Zerán





La censura, la intolerancia hacia ideas distintas o el intento de acallar los disensos son lacras que siempre rondan distintos momentos de nuestra historia, más en contextos de crisis, cuando lo primero que se intenta silenciar son las voces críticas que contravienen los discursos oficiales. Un ejemplo de ello fue la censura y amenazas a los hermanos Andrea y Octavio Gana, del colectivo Delight Lab, quienes denunciaron, a fines de mayo, actos de amedrentamiento provenientes de civiles a bordo de vehículos sin patente y escoltados por carabineros y miembros de la PDI cuando proyectaban en el frontis del edificio de Telefónica, en el corazón de Santiago, Plaza Italia/Dignidad, palabras como hambre o humanidad. Esta acción de arte transcurría en momentos en que en algunas comunas populares de Santiago surgían las primeras ollas comunes. 





Iluminar la faz oculta de la crisis sanitaria, el desempleo y la miseria de miles de familias chilenas, al parecer no resultaba tolerable. 






El colectivo Delight Lab proyectando en el edifico Telefónica.




El país que emergía en los tres primeros meses de la pandemia, con un entonces ministro de Salud que hacía gala de mutismo frente a preguntas “incómodas” de periodistas que lo interpelaban sobre las cifras de muertes, infectados, capacidad hospitalaria crítica y otros temas de alto interés público, reflejaba este clima que fue ampliamente documentado en un informe del Observatorio del Derecho a la Comunicación dado a conocer a inicios de junio, donde se consignaban, además, agresiones a la prensa, detenciones de periodistas, despidos arbitrarios de profesionales de la prensa en diversos medios de comunicación y hostigamiento a periodistas, entre otros hechos.





En un debate sobre la situación de la libertad de expresión en el contexto de la pandemia por Covid-19, organizado por la Cátedra de Derechos Humanos de la Universidad de Chile a inicios de junio, que contó con la participación de periodistas, académicos y del relator para la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Edison Lanza, este llamó a respetar el rol de la prensa pues, señaló, en el escenario actual de crisis, los medios de comunicación tradicionales, alternativos, comunitarios y también los digitales son indispensables para mantener informada a la población sobre la situación de sus respectivos países y el resto del mundo. 





La recomendación de la CIDH apuntaba entonces a que no había ninguna razón para suspender de manera general las garantías para el ejercicio y el acceso a la información pública, por el contrario, “es cuando más se necesita el cumplimiento con la obligación de transparencia activa, sobre todo en los temas de pandemia, en los temas vinculados a la salud, pero también a los aspectos económicos y los derechos de la población. En ese sentido, los gobiernos tenían que actuar con mayor transparencia incluso que en situación de normalidad”, dijo Lanza. 





Todo lo anterior nos remite a las palabras de la canciller Angela Merkel, el 16 de mayo último, cuando en su mensaje dedicado al 75 aniversario de la prensa libre surgida tras la caída del nazismo defendió el rol crítico del periodismo y señaló que “los periodistas deben poder confrontar a un gobierno y a todos los actores políticos con una perspectiva crítica”, pues “una democracia necesita hechos e información. Cada día aprendemos algo, sobre todo de la ciencia, que nos proporciona nuevos conocimientos. Es absolutamente importante que los entendamos y para eso tenemos la oferta mediática, tanto de los medios públicos como privados, analógicos y digitales”. Sin embargo, en un primer balance sobre periodismo, libertad de expresión y pandemia, las autoridades de gobierno de nuestro país, especialmente las sanitarias, estaban en las antípodas del llamado de Merkel durante los primeros meses del impacto de la pandemia en Chile.





Con el aumento alarmante de contagiados por Covid-19 a inicios de mayo, con el virus emigrando de las comunas del sector oriente de Santiago a las comunas más pobres y con mayores índices de hacinamiento, y en momentos en que el gobierno hacía el llamado a la





“nueva normalidad”, la ausencia de información transparente incrementaba no sólo la preocupación de la comunidad científica, sino la molestia de la opinión pública y, por supuesto, de buena parte de los medios de comunicación. 





“Al igual que durante el estallido del 18 de octubre, la pandemia desnudó nuestra precariedad en materia de libertad de expresión y derecho a la información, pilares centrales de toda democracia”.





En esos primeros meses, el dilema entre “la economía o la vida” parecía estar resuelto en favor de la primera, y las dudas sobre la transparencia de los datos y cifras que conducían a la toma de decisiones en materia sanitaria, decisiones que dejaban fuera al Colegio Médico, a la comunidad científica y académica, y al sentido común de una opinión pública que interpelaba la opacidad en el manejo de la crisis, se convirtieron en una constante. 





En esa línea, desde los inicios de la pandemia, el Consejo para la Transparencia venía realizando una serie de recomendaciones a los organismos públicos y advertía en sus informes las persistentes brechas respecto de la transparencia y acceso a estadísticas desagregadas que permitían entender mejor el comportamiento de la enfermedad. 





Esta demanda resultaba aún más compleja en medio de un clima de censura e intolerancia a la crítica, en el que las fuentes oficiales circulaban de manera hegemónica, no sólo abusando de las cadenas informativas ante una audiencia ávida de información, sino también ostentando una hegemonía informativa escandalosa, fortalecida por prácticas de conferencias de prensa sin preguntas, como se denuncia en los informes sobre pluralismo y libertad de expresión. Así, se pretendía transformar el ejercicio periodístico en un acto de relaciones públicas, lo que contribuía tanto a la desinformación ciudadana como al creciente descrédito de la información oficial. 





Un descrédito que se transformó en sospecha, por ejemplo, ante la opacidad informativa frente a la repentina ausencia de voces críticas destacadas, como la de la Premio Nacional de Periodismo, Mónica González, en el panel de Mesa Central de Canal 13. O ante el intento por relativizar las mediciones de contagios y muertes por Covid-19 entregadas a través de redes sociales por la periodista Alejandra Matus, quien advirtió sobre errores en las cifras oficiales, cuestión que luego fue ampliamente reconocida. Estas informaciones, dadas a conocer a través de Twitter, junto al reportaje de Ciper que denunciaba actas internas del Ministerio de Salud sobre trazabilidad de casos que indicaban que se dejaban de hacer 11 mil llamadas diarias, configuraban un verdadero escándalo para el gobierno y un reconocimiento al buen periodismo ejercido por profesionales y medios independientes que fueron capaces de informar a contracorriente. 





Así, en sólo tres meses de crisis sanitaria quedaban en evidencia no sólo las graves carencias del sistema de salud pública, insuficiente para garantizar de manera igualitaria –ya en épocas normales– el derecho a la salud. Al igual que durante el estallido del 18 de octubre, la pandemia desnudó nuestra precariedad en materia de libertad de expresión y derecho a la información, pilares centrales de toda democracia. Precariedad agravada por la concentración económica en la propiedad de los medios y la ausencia de diversidad y pluralidad de visiones, lo que confluye en una sociedad cuya élite, de manera transversal, sanciona la crítica y el disenso.


    
Hacia un nuevo modelo económico para Chile





Por Ramón López





El modelo ultra neoliberal que impera en nuestro país está en su ocaso debido a su propia insuficiencia para atender las necesidades más básicas de la población. Somos el país pionero y cuna de un modelo que tiene sus raíces a fines de los años 70, y que posteriormente ha sido imitado en distintos grados por países latinoamericanos, europeos e incluso EE.UU. En cierta medida, esta imitación se basó en la percepción de un aparente éxito del modelo, el llamado “milagro chileno”, y también en la atracción ideológica que siempre un sistema ultra neoliberal ha ejercido sobre los economistas canónicos, cuyo poder de persuasión sobre los políticos en Chile y en otros países es muy alto.





Pero, ¿a qué se debió este aparente éxito? La década del 90 ha sido considerada una de las épocas más prósperas del capitalismo chileno. Los gobiernos democráticos hicieron muy poco para cambiar los parámetros del sistema económico-social impuesto en dictadura; de hecho, se profundizó a través de nuevas privatizaciones, desregularización de los mercados, imposición o mantención de las restricciones a la participación del Estado como inversionista y expansión de la asignación gratuita de una gran cantidad de recursos naturales a unas pocas grandes empresas o individuos (como los recursos hídricos, cuotas pesqueras, subsidios forestales, etc.). Además, se evitó el uso de royalties sobre la extracción de recursos naturales, incluso durante el gran boom del cobre y otros productos primarios de exportación.






Ilustración: Fabián Rivas.




Durante las tres décadas de democracia el Estado se mantuvo en niveles relativamente minúsculos, alcanzando menos del 21% del Producto Interno Bruto (PIB), lo cual restringió significativamente la inversión del Estado en bienes públicos y sociales. Eso tiene que ver con la recalcitrante negativa de los poderes políticos al aumento de los impuestos. Más aún, la política tributaria dio gran espacio a impuestos indirectos que son socialmente regresivos, como el IVA, en lugar de impuestos directos a las altas rentas, que son progresivos. Las razones de esto son ideológicas y de economía política, basadas en el empeño de los políticos por proteger los intereses de las élites.





Con una explotación casi sin restricciones de los recursos naturales renovables, el deterioro medioambiental se intensificó. La población ha presionado su control y el gobierno ha implementado algunas medidas regulatorias para mitigar parte de las más nefastas consecuencias de la creciente toxicidad ambiental. Esto, a la larga, también ha hecho aumentar los costos de producción de los sectores más dependientes de estos recursos. El crecimiento económico tan aplaudido no era sostenible y, peor aún, generó una deuda ambiental que continúa pendiente.





La miniaturización del Estado generó un desbalance entre la creciente oferta de bienes privados y la lenta expansión de bienes sociales y públicos que sólo el Estado puede ofrecer, como educación, salud, vivienda social, protección social, pensiones, inversión en tecnología y otros, lo que aumentó la vulnerabilidad social. Este desequilibrio generó que las clases medias y bajas aumentaran sus niveles de consumo, en parte vía endeudamiento, con el riesgo de caer nuevamente en la pobreza al no existir una red de protección social frente a shocks que puedan afectar su capacidad de generar ingresos.





Solamente una pequeñísima fracción de la población, los súper ricos, han disfrutado de la mayor parte de los beneficios del crecimiento económico. Lo cierto es que el 1% más rico se lleva alrededor del 30% del ingreso total, lo cual representa la más alta concentración del ingreso entre todos los países para los cuales esta participación se ha medido. Así, el aparente crecimiento económico no fue, tampoco, socialmente sustentable.





Las consecuencias de la manera en que se ha implementado el modelo son varias. Entre ellas está un sistema de salud pública (del que depende casi el 80% de la población) que ha sido muy deficitario en proveer los servicios más esenciales y una educación pública de bajísimo nivel, que tiene como base la forzada migración desde la educación pública municipal a colegios particulares subvencionados, el alto costo de la educación terciaria y la falta de regulación de la educación privada. A esto se suma un sistema de pensiones que ha sumido en la pobreza a la mayor parte de la población en edad de retiro; uno de los niveles más bajos de investigación y desarrollo de los países miembros de la OCDE, que explica los bajos niveles de productividad que exhibe la economía; insuficiencia crónica en las políticas de vivienda social que ha causado hacinamiento y marginalización geográfica y una falta de regulación y de protección medioambiental que ha ocasionado un notable y progresivo deterioro ambiental en muchas ciudades, originando las llamadas “zonas de sacrificio”.





Por otro lado, la economía sigue siendo monopolizada en la mayor parte de las industrias, donde dos o tres empresas tienden a concentrar más del 80% de las ventas, mientras que los trabajadores tienen grandes dificultades legales e institucionales que impiden una sindicalización efectiva, lo que ha causado que la tasa de sindicalización sea muy baja. Hoy alcanza a menos del 12% de la fuerza laboral.





Bases para un nuevo modelo de desarrollo





Un país tan desigual como Chile difícilmente puede lograr un desarrollo económico inclusivo con un Estado que concentre recursos por apenas el 21% del PIB, mientras que la experiencia internacional muestra que los países hoy desarrollados, cuando tenían el nivel de ingreso per cápita de Chile en la actualidad, obtenían recursos tributarios de más del 33% del PIB. Un desarrollo justo y sostenible es posible, pero para ello se debe lograr una
participación del Estado en la economía que le permita promover un desarrollo económico diversificado y equilibrado. Una condición necesaria, pero no suficiente, para lograr estos objetivos es un programa de mediano plazo que permita al Estado alcanzar por lo menos un 30% del PIB a partir de una reforma que aumente los recursos tributarios gradualmente en un periodo de cuatro años. Esto implica una reforma tributaria que:






(i) Reduzca drásticamente la evasión y elusión tributaria que en la actualidad es muy alta y beneficia fundamentalmente a los sectores más ricos. También deben eliminarse muchas exenciones tributarias que no tienen justificación alguna y deben restablecerse los impuestos a las ganancias de capital. También es necesario terminar con el sistema de semi integración tributaria, el que no se justifica en una economía pequeña y abierta como la chilena. Se deben restringir los “loopholes”, que incluyen la falta de fiscalización de las transferencias de riqueza en vivo entre familiares, que, entre otras válvulas de escape, impiden una recaudación significativa al momento de colectar los impuestos de herencia. Finalmente, el Estado debiera evaluar los programas existentes, evitar la duplicación de ellos y eliminar los que no cumplan sus objetivos Estos mecanismos deberían proveer alrededor de cuatro a cinco puntos del PIB en mayores recursos tributarios para fines sociales y productivos.





(ii) Se necesitan nuevos impuestos que minimicen los efectos negativos sobre los incentivos a la inversión y sobre la eficiencia económica, dirigidos a los sectores de más altos ingresos y/o riqueza. Tal vez un mecanismo adecuado sería el uso de impuestos patrimoniales a los súper ricos. Adicionalmente, se debe implementar un royalty significativo para todas las actividades extractivas de recursos naturales y utilizar de una manera mucho más intensiva los impuestos verdes. Estos tributos pueden alcanzar tres a cuatro puntos porcentuales del PIB.





Los mayores recursos públicos logrados por los medios recién descritos deben ser destinados a subsanar las enormes carencias económicas y sociales según estas prioridades:





• Mejorar significativamente la inversión en salud para acercarnos a los países de la OCDE. Reforzar el sistema Fonasa de forma de que el seguro de salud pública vaya gradualmente sustituyendo a las Isapres, las cuales pueden permanecer como un seguro de salud
complementario.
• Elevar todas las pensiones a un nivel mínimo equivalente al salario mínimo, el cual debe aumentar a $500.000 mensuales. Transferir los recursos hoy acumulados en las AFP a un fondo único nacional respetando los recursos individuales hasta hoy acumulados.
• Crear un sistema de seguridad social que proteja el ingreso de las familias, de tal forma que ninguna reciba un ingreso menor al nuevo salario mínimo.
• Aumentar la inversión en la calidad de la educación pública para acercarnos a los niveles de Portugal o Uruguay. Se debe prestar particular atención a la educación preescolar, que es donde se determina la capacidad cognitiva futura de los niños.
• Instalar un programa de vivienda social que subsane los déficits que se arrastran históricamente.
• Aumentar la inversión en la protección del medio ambiente para reducir los efectos nocivos de la polución. Además, es necesario invertir en la protección de los recursos naturales renovables.
• Incrementar la inversión en investigación y desarrollo (I+D) a través de un programa del Estado en conjunto con las universidades, para lograr un aumento del 0,4% del PIB actual (INE, 2019) al 1,5%. Este gran aumento de la inversión en I+D todavía dejaría al país por debajo de los países OCDE que menos invierten en este ítem.
• Aumentar gradualmente la inversión pública en la promoción de la diversificación industrial hacia actividades cada más intensivas en capital humano y tecnología.





Este programa debiera reducir significativamente la desigualdad y eliminar la pobreza extrema, y aunque ciertamente Chile no se transformará en Dinamarca o Suecia, sí debería considerarse el modelo escandinavo como una alternativa adecuada para generar un horizonte de largo plazo hacia el cual el país debiera moverse.





Hoy se necesita un compromiso formal y solemne de todas las fuerzas políticas para que un eventual gobierno progresista implemente cambios estructurales que vayan en la dirección de eliminar el sistema ultra neoliberal y sustituirlo por un modelo mucho más consistente con una mejora real del bienestar de las grandes mayorías. De lo contrario, la desesperada situación que viene gestándose desde el año pasado puede desembocar en un proceso social caótico cuyas consecuencias son difíciles de prever.