En torno al 18 de septiembre ocurren otras efemérides significativas: la de las elecciones que llevaron a la Presidencia de la República, entre otros, a Salvador Allende, Eduardo Frei Montalva y Jorge Alessandri; la del golpe de Estado que marcaría el inicio de una prolongada dictadura y la del plebiscito en que triunfaría la opción de llamar a elecciones presidenciales en vez de continuar siendo gobernados por Augusto Pinochet. Así, la celebración de nuestra condición de país soberano se rodea de evocaciones profundas acerca de la historia de nuestra democracia. Son distintos momentos para evocar, a veces con alegría, otras con dolor, cómo se construye, cómo se pierde y cómo se intenta recuperar una vida en democracia.
Muchos componentes esenciales de una sociedad democrática están ciertamente ligados a factores educacionales y culturales que condicionan a sus integrantes. Sin embargo, sería infundado, además de ingenuo, afirmar que la educación es un antídoto contra las dictaduras. Baste recordar a países que disfrutaban de un muy alto nivel intelectual al momento de caer en regímenes dictatoriales. Pero, si no condición suficiente, la educación al menos sí parece ser condición necesaria para la democracia.
Específicamente en el caso de la educación pública, uno de sus principales valores debe ser, precisamente, contribuir a la formación de ciudadanos responsables en un ámbito de respeto a la diversidad de los seres humanos y de contribución a la cohesión de la sociedad en torno a ideales comunes.
No es de extrañar que en la sucesión de las diversas etapas que configuran la historia de nuestro país en el último siglo, existiera, primero, una correlación evidente entre el fortalecimiento de la educación pública y el de la democracia; en seguida, a partir del golpe de Estado se observa un esfuerzo por anular a una y a otra. Y, más recientemente, hemos visto coexistir llamativas limitaciones e inesperados problemas al intentar restablecer la vida democrática con un cierto desentendimiento para con la responsabilidad de reconstruir la educación pública.
La educación pública pretende formar ciudadanos responsables y autónomos, dos valores difícilmente apreciados por las dictaduras. Estas prefieren inducir una suerte de regresión infantil que haga más tolerable a los adultos el acatar órdenes y el ser marginados de la toma de decisiones. Si la Revolución Francesa vio en la educación pública el medio para transformar a súbditos en ciudadanos, su debilitamiento debería facilitar el proceso inverso. Por otra parte, una convivencia social armónica debería complementarse bien con un tipo de educación, como es la educación pública, que fomente la interacción entre personas diversas en múltiples dimensiones, tales como las relativas a política, religión, etnia, ingresos económicos o cultura.
La celebración de nuestro retorno a la democracia por el plebiscito del 5 de octubre de 1989 y la reflexión que conlleva debería también reflejarse en cómo habremos de seguir conversando de aquí en adelante acerca de la universidad pública. Necesitamos ir más allá del reciente debate sobre educación superior, muchas veces excesivamente limitado a la inmediatez pecuniaria tanto institucional, el financiamiento de las universidades, como individual, la motivación que impulsaría a un joven a cursar una carrera.
La universidad pública precisamente debe destacar por su compromiso definitorio con aspectos esenciales para la comprensión y defensa de la vida democrática. Debe promover el pluralismo en su vida interna y en sus medios de comunicación. Debe no sólo mencionar, sino hacer evidente el concepto de bien común, la idea que una universidad pública nacional o regional vela por el progreso del conjunto de la comunidad a la cual se debe, más allá de intereses de grupos. Debe comprometerse con el progreso del país, desde lo humanista y social hasta lo científico y tecnológico.}
Y la democracia debe cuidarse a sí misma cuidando a sus universidades públicas. Somos espacios de intercambio de ideas a través de nuestro quehacer cotidiano y a través de nuestros medios de extensión. El Estado debe sentir a sus universidades como un aliado para sus objetivos trascendentes, muy especialmente el robustecimiento, la profundización y la ampliación del ámbito de la democracia.
Nada se ve sólido en este último trimestre del año, ni el inicio de la primavera, ni el ejercicio de la justicia en temas de derechos humanos, y menos el periodismo de investigación, léase libertad de expresión. El caso del autor de la trilogía de los cuervos, el periodista Javier Rebolledo, quien hace menos de un año publicó Camaleón. Doble vida de un agente comunista, es un alarmante ejemplo y no precisamente de primaveras inestables. Una querella en su contra por injurias interpuesta por la hija del ex agente de la DINA, Raúl Quintana Salazar, que actualmente cumple condena en Punta Peuco por crímenes de lesa humanidad, fue primero rechazada por el Octavo Juzgado de Garantía, pero luego acogida por la Tercera Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago.
El libro Camaleón es una apasionante crónica escrita con las herramientas del periodismo narrativo junto a una acuciosa y amplia investigación sobre la doble vida de un controvertido personaje de filiación comunista, Mariano Jara Leopold, infiltrado no sólo en las más altas esferas de la dictadura sino en lo más profundo de la noche santiaguina, donde agentes de la Dina, hípicos, empresarios y reconocidas artistas del cabaret se tomaban la sórdida vida nocturna de un país con toque de queda y licencia para matar.
En la página 20 de este libro el autor escribe refiriéndose a un pariente político, Raúl Quintana Salazar, vinculado con su protagonista: “Contaba con una destacada carrera dentro del Ejército que lo coronó como teniente coronel. En sus inicios estuvo a cargo del campo de prisioneros en Tejas Verdes. Los detenidos lo recordaban como un tipo durísimo, bruto, insensible y anticomunista. Según el testimonio judicial de un ex agente del regimiento, lo vio introducir una zanahoria en la vagina de una mujer extranjera, mientras se encontraba desnuda y vendada sobre una “parrilla”.Nelsa Gadea Gadán, uruguaya, desaparecida de Tejas Verdes. A esas alturas, Raúl Quintana tenía una condena en segunda instancia por su responsabilidad en la desaparición de seis personas y las torturas a veintitrés más. Al 2013 todavía andaba, como muchos de los victimarios, libre en espera de una sentencia definitiva”.
El párrafo anterior podría ser omitido si nos referimos sólo al ejercicio del periodismo y el atentado a la libertad de expresión que significa acoger esta querella. Como lo señaló el programa del mismo nombre del ICEI, “investigar, establecer los hechos y darlos a conocer es de la esencia del periodismo. Sin un periodismo que cumpla con este fundamento ético, estamos frente a una democracia debilitada que priva a la ciudadanía de ejercer su derecho a la información”.
Sin duda el tema trasciende al caso Rebolledo y nos instala no sólo en la premisa de que la defensa de la libertad de expresión, el derecho a la información y de prensa son principios y valores que deben ser defendidos por toda sociedad con estándares democráticos, como se establece en los artículos del Código de Ética del Colegio de Periodistas de Chile y en diversos instrumentos internacionales. Basta con recordar que en el preámbulo de la Declaración Universal del año 1948 se deja constancia de que la libertad de pensamiento y expresión es una de las cuatro libertades cuya violación estuvo directamente vinculada con los actos de barbarie de los que fue testigo la humanidad durante la Segunda Guerra Mundial. Así, la Declaración Universal consagra un derecho autónomo a la libertad de expresión señalando en su artículo 19 que “todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión”.
En torno a esta materia, que se levanta como una de las deudas de la transición chilena no sólo con el periodismo sino con la propia democracia, debemos recordar el resultado de la visita del Relator Especial para la Libertad de Expresión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y que están contenidas en un documento del 2016, en el que entre otras observaciones “recomienda al Estado chileno fortalecer las garantías legales para que las y los periodistas no sean sometidos a acoso judicial u otro tipo de hostigamiento jurídico como represalia por su trabajo estableciendo estándares diferenciados para evaluar la responsabilidad civil ulterior, incluyendo el estándar de la real malicia y la estricta proporcionalidad y razonabilidad de las sanciones ulteriores”.
El Caso Rebolledo compete a cada hombre y mujer de este país y debe ser seguido con preocupación. Porque estamos frente a una paradoja admitida por los tribunales de justicia, cuyo correlato es una clara advertencia al periodismo de investigación para que no siga cumpliendo con un trabajo fundamental, que ha permitido que desde las primeras horas de la dictadura supiéramos de las brutales y sistemáticas violaciones a los derechos humanos. Esta tarea, asumida por un periodismo riguroso e independiente, puede terminar gracias a las presiones desde Punta Peuco y a la sensibilidad para acogerlas de algunos tribunales de justicia.
Los debates en torno a las nuevas subjetividades sociales, culturales y políticas de hoy representan nudos centrales para el feminismo, para la radicalidad democrática y el pensamiento crítico. En ese sentido, constituyen un barómetro a partir del cual examinar los 30 años desde que el éxito del No y las ciudadanías activas plantearan al terrorismo de Estado la imposibilidad de una vuelta atrás.
Históricamente, los nudos de sabiduría feminista de las nuevas subjetividades de la modernidad quedaban formulados lúcida y tempranamente para América Latina a partir de Flora Tristán, entre 1833 y 1838, en Unión Obrera y Peregrinaciones de una paria. Posteriormente, en Chile, las nuevas subjetividades serían invocadas por el Movimiento de Emancipación Chilena (MEMCH ‘35 y ‘83) y por Julieta Kirkwood, tanto en sus escritos como en sus talleres feminarios. Esos nudos han mostrado complejas problematizaciones en filosofía política a partir de planteamientos como los de Carole Pateman y Nancy Fraser, entre otros. Pateman instaló la idea de una “deuda primaria” de las democracias occidentales para con las mujeres, y en ese sentido, a nivel del modelo democrático de la propia burguesía, ella daba cuenta de ciertas fallas estructurales del paradigma de igualdad. Aparte de la desigualdad estructural entre capital y trabajo, el modelo sería sistémicamente deficitario por desconocer ciudadanía incardinada para la mitad de la especie. A su vez, Nancy Fraser daba cuenta de un paradigma histórico tripartito que el feminismo estaría configurando a nivel mundial a partir de tres vectores: la representación, las identidades y la redistribución, todos ellos a niveles simbólicos y materiales. No se trataría de “estadios” diacrónicos. Las más de las veces, las luchas feministas latinoamericanas los expresan con mucha sincronía. Como ejercicio teórico, podríamos identificar la representación con las luchas sufragistas que pusieron en tela de juicio los procesos ilustrados y republicanos de democratización. Las luchas identitarias vendrían vinculadas a los movimientos del ‘68 y posteriormente surgirían las demandas por la redistribución de poder e igualdad estructural.
Como la dictadura constituyó un retroceso en el sufragio de toda la ciudadanía, las luchas por la representación y la identidad se convirtieron en ejes simultáneos hasta la posdictadura. Los esfuerzos por redistribuir poder simbólico y material aguardan aún, dadas las condiciones del hipercapitalismo neoliberal.
No será sino hasta la Comuna de París y la Revolución Bolchevique que los objetivos de redistribución se convertirán expresamente en nudos políticos para las mujeres y las grandes mayorías, como muestran Louise Michel (la “louve rouge”) en 1871 y Aleksandra Kollontái en 1918, respectivamente.
La división capitalista del trabajo se va consolidando. La oposición entre letradas o movimientistas, políticas populistas (María de la Cruz) o de avanzada socialista-comunista (Julieta Campuzano y Laura Allende) marca los tránsitos hacia imaginarios cada vez más heterogéneos hasta que se configura un segundo auge coalicional significativo, el de la Unidad Popular, caracterizada, paradójicamente, por una baja en el feminismo movimientista. Ni la revolución en libertad ni la Unidad Popular impulsan, por motivos opuestos, la constitución de identidades feministas, si bien ambas se plantean proyectos de desarrollo país. Supuestamente, las contradicciones entre la emancipación de las mujeres y la liberación nacional se habrían de resolver “más adelante”. Es posible que la Unidad Popular haya subordinado la cuestión del sujeto feminista a la “cuestión popular” sin más calificativos a raíz de dos amenazas: la intervención norteamericana y los avatares antidemocráticos del capital monopolista chileno. Aquí resulta indispensable enfatizar, en primer lugar, el rol intervencionista del capital norteamericano, elidido tozudamente en el Chile dictatorial y posdictatorial por los medios comunicacionales, a pesar de la evidencia de los ITT Papers. Gladys Marín, quien se encontraba en clandestinidad para el No, fue tajante: “Estábamos en medio de la guerra de embargos, bloqueos, desestabilización, paros patronales, atentados todos los días a vías férreas y tendidos eléctricos; asesinatos; radios, diarios, TV que llamaban abiertamente a derrocar a Allende. Todo financiado desde los EE. UU. Millones de dólares para desestabilizar el gobierno popular y hacer chillar la economía chilena”.
En segundo lugar, la Unidad Popular experimentaría la avanzada de mujeres naturalizadas de derecha, organizadas bajo el lema de “poder femenino”, que a diferencia de los sujetos feministas, lanzaban sus campañas profamilia consolidando la resacralización de la familia heteronormativa, la sumisión neocolonial y la agresiva repulsa de los amplios imaginarios interseccionales. En perspectiva, los derechos reproductivos terminarían siendo uno más de los chivos expiatorios de la dictadura. En los ‘80, la re-penalización del aborto dio vuelta el reloj hacia 1931, haciendo tabla rasa de las luchas feministas de los años ‘30. No habrá solución de continuidad entre esa actoría hegemónica de mujeres autocráticas y la constitución pinochetista, cuyo biopoder patibulario propugnará la violencia sexual como eje de la violencia de clase. Aunque de ello no se hable sino hasta apenas siete años atrás, no habrá prisionera que no fuera violada en cruentas prácticas sexuales, como tampoco varón que no haya sido feminizado a partir de torturas sexuales en cautiverio. La Constitución de 1980 centrará en la familia y no en la persona los derechos, para convertirla en núcleo de políticas educativas privatizadoras y docilizadoras. La estrechez del Estado para los cuidados se habrá realizado en nombre de esa feminidad y de su ideología familiocéntrica.
El Estado subsidiario anexado al exterminio durante la dictadura es hasta el día de hoy producto ancilar de una transición inconclusa. Referir a mujer y/o género hoy implica asumir la diferencia radical entre lo femenino y el feminismo interseccional, entre ser sujetos u objetos de políticas públicas, entre neoliberalismo y democracia, en una situación epocal de neocolonialidad. En el contexto del binominalismo pactado, la transición democrática se dio de espaldas a los movimientos estudiantiles, a las feministas radicales, a los movimientos sociales y a aquellos considerados de “ultraizquierda”, con la consiguiente lucha permanente de esos sectores por incidir en las coyunturas políticas más allá de las “cocinas” legislativas. Para 1995, el Parlamento, que aún contaba con senadores designados, llegaría a votar por mayoría la censura del vocablo “género” en los documentos que la Ministra Josefina Bilbao llevaría a la Conferencia en Beijing. Sin duda, los movimientos sociales y los partidos excluidos han protagonizado procesos democratizadores desde las calles, sindicatos e instituciones, impulsando legislación a favor del divorcio, la despenalización de la sodomía, uniones civiles, leyes contra la violencia intrafamiliar (no de género), planes laborales de igualdad y despenalización del aborto en tres causales. Mayo de 2018 repolitiza el propio concepto de género, que se había venido sumando a otras estrategias de gatopardismo y autocensura para eludir hablar directamente de patriarcado, machismo o extractivismo, pero también de clase, raza, colonialidad o imperio. El triunfo del No fue indudablemente generado por amplias y diversas actorías democratizadoras, que no siempre han sido representadas a nivel gubernamental. El largo camino de blanqueo e impunidad frente al exterminio dictatorial resurge una y otra vez como situación inconclusa, como retorno de lo reprimido a niveles macro y microestructurales.
El segundo gobierno de Michelle Bachelet propugnó reformas estructurales como el fin al binominal, la reforma tributaria o el derecho universal a la educación. Pero esas reformas, instaladas desde nuevas subjetividades democratizadoras, no siempre concitaron amplio respaldo al interior del propio gobierno; redundaron en diseños deficitarios que finalmente favorecieron la elección del actual gobierno de derecha. La despenalización parcial del aborto en tres causales aguarda convertirse en pleno derecho reproductivo -aborto libre, gratuito y de calidad- a partir de más amplias subjetividades y actorías democratizadoras, capaces de nuclearse en torno a objetivos prioritarios colectiva y participativamente acordados.
La enorme desigualdad estructural en Chile afecta particularmente a las mujeres y a los sectores más pobres, en la medida en que la reproducción de la especie y la reproducción de la fuerza de trabajo remiten a la maternidad obligatoria, a dobles y triples jornadas de trabajo y a mermas crecientes del tiempo para sí. Hoy, cuando casi el 50% de las mujeres se ha incorporado a la fuerza laboral, todavía sorprende que perciban el 65% del salario de los varones. De gran impacto para un sistema de sexo género contrahegemónico es el matrimonio igualitario y un sistema nacional de cuidado, que permita desmantelar el binarismo excluyente entre lo privado y lo público, entre la producción y la reproducción, entre la reproducción y la creación artístico-cultural. El neoliberalismo se plantea ajeno al trabajo cultural y al pensamiento crítico. Pendiente queda la capacidad colectiva de convocar a una Asamblea Constituyente que posibilite construir colectivamente una nueva Constitución desde las y los nuevos sujetos. Imagino una carta de navegación estratégica que asegure el tránsito desde el Estado subsidiario impuesto durante la dictadura y prolongado desde el No hasta ahora, hacia un Estado garante de derechos, con igualdades sustanciales y no meramente formales para la ciudadanía toda. Los feminismos interseccionales insertos en los movimientos sociales y el Parlamento, desde las casas y las calles, desde imaginarios plurales y dialógicos han delineado los mapas. El viaje desde los sufragios activos y las identidades a las reapropiaciones materiales y simbólicas recién comienza.
Chile siempre sorprende. Cuando por fin se comenzaban a mover los “límites de lo posible”, cuando tímidamente mirábamos el futuro sabiendo que de alguna forma nos estábamos haciendo cargo del pasado, justo en ese momento, como si viviéramos una pesadilla larga y agotadora, nos damos cuenta de que estamos lejos de cerrar nuestra transición a la democracia.
Los crímenes perpetrados por el gobierno militar (1973-1990) no tienen precedente en la historia chilena por su gravedad y prolongación. Además, las violaciones de derechos humanos (DDHH) fueron parte de una política de Estado destinada a controlar la población e imponer un modelo político-autoritario, económico-neoliberal, cultural-conservador y social-individualista. Un proyecto refundacional basado en el horror.
El triunfo de la opción No en el plebiscito de octubre de 1988 abrió las puertas para un largo proceso de transición a la democracia y reconstrucción institucional. A diferencia de otras experiencias, la transición chilena no se funda en la caída de la dictadura sino que en una derrota electoral (importante, por cierto), pero dentro de la propia institucionalidad diseñada por el régimen cívico-militar. Esto trajo como consecuencia que no se desarrolló una transición pactada, como suele afirmarse, sino que una transición condicionada. ¿Cuál era este condicionamiento? La dictadura estaba dispuesta a dejar el gobierno, pero a condición de que el modelo fundacional que había llevado adelante durante 17 años sin contrapeso alguno siguiera vigente sin modificaciones estructurales. Además, había una condición explícitamente establecida por el dictador: “El día que me toquen a alguno de mis hombres se acabó el Estado de derecho” (1989). Una transición fundada en la impunidad y en la inamovilidad del modelo impuesto.
En este difícil contexto, los nuevos gobiernos, para asegurar la democracia, optaron por privilegiar mecanismos de reparación y el conocimiento de la verdad. Así, surge la Comisión de Verdad y Reconciliación (1990) que dio cuenta de más de 3.000 casos de muertes y desapariciones; años después, la Comisión de Prisión Política y Tortura (2003) consignó más de 30.000 personas víctimas de la tortura en Chile. Esta pasó a ser la verdad oficial e indiscutida de lo ocurrido en dictadura. En materia de reparaciones se han implementado distintas medidas, tales como la petición de perdón formulada por el presidente Aylwin, en nombre del Estado, por las violaciones de DDHH y políticas de compensaciones económicas y de otro tipo para las víctimas de las más graves violaciones o para sus familiares.
No obstante, había un camino que no se había explorado con profundidad: la justicia. Durante años (1990-1998) sólo se avanzó en algunos pocos casos judiciales más por el tesón de los familiares y el rol jugado por algunos jueces que por un impulso desde las autoridades democráticas. Eran los tiempos de la “justicia en la medida de lo posible”. No fue sino hasta fines de 1998, con la detención de Pinochet en Londres, que se abrió el camino de la justicia. En 1999, el Presidente Lagos convocó la Mesa de Diálogo, donde las Fuerzas Armadas reconocieron su responsabilidad en las violaciones de DDHH (hasta esa fecha habían negado sistemáticamente que estas obedecieran a actos institucionales), pero no entregaron información acerca de los detenidos desaparecidos y, peor aún, las instituciones armadas mintieron en los pocos datos entregados. Luego de este fracaso político, toda la responsabilidad en materia de justicia quedó radicada exclusivamente en los tribunales, los que han avanzado en el esclarecimiento de múltiples casos pese a un marco jurídico restrictivo, la nula contribución de las FFAA y Carabineros para investigar los hechos y una total ausencia de colaboración de los victimarios que siguen apostando por la impunidad a través del silencio. Finalmente, la memoria, la incómoda memoria en un modelo fundado en la impunidad, quedó relegada a los esfuerzos de organizaciones de víctimas. El Estado miraba, algo ausente e indeciso. Así, recién en 2010 se funda un Museo de la Memoria y los Derechos Humanos, institución privada pero que con fondos públicos cumple una obligación estatal. Digna metáfora de nuestra transición.
Pese a los evidentes avances en la democratización y en materia de DDHH, el bicentenario nos encuentra con un modelo transicional que era abrazado por el “peso de la noche” portaliano, donde el orden establecido se imponía, se acorralaba a las víctimas en fatigosos procesos judiciales y una sociedad olvidadiza se sumía de lleno en una espiral consumista e individualista que era la consolidación del modelo legado por la dictadura y refinado en democracia.
Pero todo cambió, de golpe, sin que lo anticipáramos, en 2011. Estudiantes secundarios y universitarios de todo el país salieron a las calles para protestar por la calidad de la educación. Parecía una protesta más, un reclamo que como tantos otros, pronto caería en el olvido. No fue así. Las demandas aumentaron, se sumaron otros sectores y el primer gobierno de derecha desde el retorno a la democracia se enfrentaba a un movimiento social irreconocible: demandas laborales, regionales, medioambientales se sumaban y anunciaban que esta vez los cambios no sólo apuntaban a reformas menores sino que se estaba cuestionando el “modelo”, ese mismo modelo que derecha e izquierda habían asumido como propio. El país había cambiado, la democracia se consolidaba.
El 2014 asume el gobierno Michelle Bachelet por segunda vez, pero en esta ocasión es otra la impronta, es un gobierno que debe dar respuesta a los movimientos que le llevaron al poder. Desde los primeros días, el gobierno adopta un discurso refundacional. Parecía definitivo: los “límites de lo posible” habían cambiado. Estaba ahí, a la vuelta de la esquina, la transformación de la educación, del sistema político, el modelo tributario y el de seguridad social, incluso, la propia Constitución. Mas la historia nunca es lineal, siempre nos depara sorpresas y no todas agradables.
La Presidenta se fue de vacaciones en febrero de 2015 celebrando un gran primer año. Avances sustantivos en su programa la hacían soñar a ella y a muchos más que los cambios eran posibles. Pero vino la debacle. La corrupción había sido un tema ajeno a las preocupaciones de la democracia. No escudriñar en la corrupción institucionalizada durante la dictadura (el enriquecimiento del propio dictador, su entorno cercano, las privatizaciones, en fin, el saqueo del Estado) había sido parte del acuerdo condicional de la transición. Durante 2015 se consolidan una serie de investigaciones que daban cuenta de que importantes empresas chilenas habían financiado lícita, pero también ilícitamente, la política; que existía cohecho de altas autoridades; que las empresas pagaban a políticos de todo el espectro y con ello aseguraban una excelente “disposición” a escuchar sus puntos de vista en leyes, controles, regulación de mercados, entre otros temas relevantes para sus intereses. El escándalo de corrupción política primeramente afectó a la derecha, pero a poco andar arrastró a todo el espectro político y pasó a ser un problema institucional. Como si esto ya no fuera suficiente, los escándalos de corrupción llegaron al palacio de gobierno cuando el entorno familiar de la Presidenta se ve envuelto en acusaciones de tráfico de influencia, entre otros ilícitos. Frente a este escenario, la Presidenta Bachelet asumió un tímido liderazgo. La creación de un Consejo Asesor y propuestas de reformas legales fueron un paso, pero claramente insuficientes ante la profundidad de la crisis moral de la clase política en Chile. Una vez más, la impunidad se impone y las instituciones no están a la altura.
Estos escándalos generaron indignación ciudadana, pero el impulso pronto se agotó. En 2018 asume, nuevamente, la presidencia Sebastián Piñera, pero esta vez con un discurso de derecha tradicional muy distinto a su moderado primer mandato. En este contexto, los temas de la transición han tomado dimensiones insospechadas. Por primera vez surgen voces que justifican los crímenes de la dictadura; se producen ataques a sitios de memoria; se insulta a las víctimas y se reivindica la figura del dictador; se usa al Tribunal Constitucional para demorar causas de DDHH; se nombra un Ministro de Estado que había calificado al Museo de la Memoria como un “montaje”. Además, la Corte Suprema, que ya venía imponiendo en varios casos sanciones reducidas frente a crímenes atroces, acoge un recurso de amparo y libera a un grupo de violadores de derechos humanos a través de la figura de la “libertad condicional” como si estuviéramos frente a crímenes comunes, ignorando gravemente los compromisos internacionales de Chile. Las grietas de la democracia comienzan a ser el cauce por el cual fluye la impunidad que sigue estando en el alma del modelo transicional.
En tiempos en que el “peso de la noche” parece imponerse, las estudiantes de todo el país lideran un movimiento feminista que no sólo pone en jaque a las instituciones educacionales sino que a un modelo patriarcal impuesto desde los orígenes de la República. Ese aire fresco e irreverente es un signo de esperanza porque pulveriza los límites de lo posible.
¿Cómo se resolverá el modelo transicional? Las respuestas a las preguntas de siempre definirán qué ocurrirá con la transición: ¿seguiremos compartiendo como un mínimo ético común la verdad de las violaciones de DDHH? ¿Se consagrará un modelo de justicia mitigada que termina confundiéndose con la impunidad? Por otra parte, la lucha por la memoria será decisiva; el tiempo pasa, los protagonistas de la historia reciente van muriendo y lo que queda son testimonios, archivos, recuerdos y silencios. Preservar la memoria es una tarea vital para nuestra historia y para no repetir los errores, pero por sobre todo, los horrores del pasado.
¿Sobrevivirá el modelo impuesto por la dictadura? Después de 30 años de transición, vivimos un Chile tensionado entre un modelo impuesto por la fuerza, pero que fue aceptado por parte importante de la clase política que se acomodó y usufructuó de él y es apoyado por amplios sectores de la sociedad que ven en el individualismo y egoísmo la mejor forma de surgir. Por otro lado están los diversos sectores sociales que demandan transformaciones profundas, económicas, sociales y culturales. Diagnóstico reservado.
¿Alcanzarán los nuevos vientos para deshacernos del “peso de la noche”? La juventud tiene la respuesta.
En la última década se han sucedido varios golpes de Estado en América Latina. Honduras 2009, Paraguay 2012, Brasil 2016. Fueron, sin embargo, golpes de Estado que no parecían serlo, porque no se valieron de metralletas y tanques. No hubo palacios presidenciales en llamas. Han sido una peculiar invención latinoamericana: golpes de Estado institucionales. Que algo sea un oxímoron nunca ha sido, en América Latina, razón para que no ocurra.
Un golpe de Estado institucional es un golpe, porque es una manera de remover de hecho un gobierno democráticamente elegido. Pero no usa el poder militar, sino un poder institucional. Se realiza a través de acusaciones penales o juicios políticos. Entonces su calificación de “golpe de Estado” es disputada: quienes los realizan alegan que no son golpes de Estado, sino operación normal de las instituciones, mientras quienes los sufren alegan que se trata de golpes de Estado institucionales.
Los golpes institucionales son sólo el caso más evidente del uso político del derecho (lo que algunos han llamado “lawfare”, que es una forma de warfare de baja intensidad). Hay otras situaciones menos extremas pero sin embargo análogas. Así, por ejemplo, el Tribunal Supremo de Venezuela declaró en 2017 a la Asamblea Nacional de ese país “en desacato” y la suspendió en sus funciones legislativas, arrogándoselas. De ese modo el gobierno venezolano pretendió solucionar el problema que representaba una Asamblea Nacional con mayoría opositora.
2
Lo que el lawfare pone en cuestión es la distinción entre política y derecho. Esta distinción muestra su importancia cuando preguntamos cómo una determinada decisión se justifica, cómo se defiende ante el público. La sentencia de un Tribunal, al menos en principio, se defiende diciendo que ella es correcta aplicación del derecho vigente, en principio independiente del posicionamiento político de quien la toma. La decisión de un partido político se defiende alegando que ella es la que va en el interés de todos interpretado desde la óptica de ese partido. Una reclama ser imparcial mientras la otra se sabe parcial.
Se trata, después de todo, de una de las bases del Estado de derecho, el supuesto de que decidir una cuestión con arreglo a derecho es distinto que decidirla políticamente. Por cierto, esta distinción entre lo político (que se decide conforme a la fuerza, idealmente sólo de los votos) y lo jurídico (que se decide por aplicación de reglas preexistentes) no debe ser exagerada. No se trata de que en un caso haya sólo apelación desnuda a la fuerza (de los votos) y en el otro haya solo razonamientos lógicos; por cierto que en el mundo real la cosas son más mezcladas, etc. Por incierta que en muchos casos sea, es esta distinción la que hace importante el hecho de que “las instituciones funcionen”: que “funcionen” significa que deciden institucionalmente, que no son simplemente la voz del que en la circunstancia tiene más poder.
Por eso las cuestiones políticas han de decidirse en la esfera pública. Y ni el ciudadano ni el representante que vota reclama para su posición imparcialidad: el que es socialista vota socialista, el que es UDI vota UDI. Ambos están y se espera que estén (y mientras más mejor), expuestos a la opinión pública, a las “presiones” que significan las marchas, declaraciones públicas, etc. El ejercicio del poder jurisdiccional es distinto y por eso se lo encomienda a jueces independientes, que lo ejercen sin estar y sin que se busque o pretenda que estén expuestos a la opinión pública. Aquí es precisamente al revés: el juez debe ignorar la opinión pública, no debe considerar que hubo una marcha para presionarlo por una decisión en vez de otra, etc. Todo esto descansa en el supuesto de que, al menos normalmente (no necesariamente siempre ni fácilmente; sujeto a todas las calificaciones que haya que hacer en una explicación más detallada, etc.), decidir en derecho es distinto que decidir políticamente. Si este supuesto falla, si “toda decisión es política”, entonces el Estado de derecho es autoengaño; aunque seguirá habiendo funcionarios llamados “jueces”, ahora serán, como los diputados y senadores, representantes de “sensibilidades” políticas o “sectores”. Y los conflictos se decidirán no mediante la aplicación de reglas preexistentes, sino de acuerdo a la (correlación de) fuerza. Y la vida de todos será más fáctica, en el sentido de que estará más gobernada por la fuerza de quien la tenga.
3
Para ver este proceso en desarrollo basta mirar las cosas como realmente son. El caso más evidente y a esta altura escasamente discutible es el del Tribunal Constitucional. La interpretación constitucional, cuando es políticamente relevante, siempre (o casi siempre) es reflejo de la posición política. Quienes están en contra del aborto creen que el aborto es (jurídicamente) inconstitucional; quienes están en contra de la negociación colectiva creen que la Constitución prohíbe la titularidad sindical; quienes se oponen a la ley de inclusión creen que la ley de inclusión es inconstitucional, y así suma y sigue. Pero la cuestión no se refiere sólo a materias constitucionales: reaparece del mismo modo cuando se trata de las condiciones de la libertad condicional de condenados por delitos de lesa humanidad, o de la condena de comuneros mapuche, etc. Y todo, por cierto, es recíproco: quienes asumen las posiciones políticas opuestas a las descritas tienen las convicciones jurídicas opuestas.
Si la correlación entre las posiciones jurídicas y políticas es tan estrecha, si la capacidad del derecho para proveer algún grado de autonomía frente al conflicto político comienza a desvanecerse de este modo, lo que cada grupo político deberá buscar no es que en los tribunales haya “buenos jueces”, sino que haya jueces que compartan sus posicionamientos políticos. O mejor dicho, cada uno entenderá que lo que caracteriza a un “buen juez” es que comparta sus posiciones políticas. Y entonces usarán la fuerza de la que dispongan para lograr estos fines, haciendo cada vez más “mítica” la idea fundamental del Estado de derecho.
4
¿Por qué ocurre esto? Las razones son múltiples y variadas, pero aquí quiero comentar algunas especialmente. La primera es la creciente relevancia de la interpretación constitucional. Ella siempre ha sido la esfera donde la distinción entre posicionamiento político y convicción jurídica es más tenue, al punto de ser usualmente inexistente. Y mientras más decisiva esa interpretación se hace en más conflictos jurídicos, más dependiente se hace la decisión de esos conflictos jurídicos de la convicción política, y más se erosiona la distinción entre lo político y lo jurídico.
Junto a lo anterior, hay una cuestión de debilidad institucional, un mal endémico de América Latina, que nos deja enfrentados a dilemas que no tienen solución fácil. Un buen ejemplo es el de la persecución y condena (todavía sujeta a revisión) de Lula da Silva en Brasil. Se trata de un proceso penal que persigue la responsabilidad de políticos y empresarios que participaron en extensas prácticas de corrupción. Quienes llevan la investigación y la causa saben que la institucionalidad judicial de un país como Brasil no tiene poder suficiente para enfrentarse a los enormes poderes fácticos afectados por ella, y que si sólo utilizaran esa fuerza, la influencia de los fácticamente poderosos se dejaría sentir en algún momento, frustrando la persecución. ¿Dónde encontrar el poder suficiente para llevarla adelante con éxito? La respuesta (explícitamente asumida) fue: en la opinión pública. Esto explica decisiones que desde el punto de vista de la conducción o supervigilancia de una investigación criminal parecen totalmente heterodoxas. El juez a cargo, por ejemplo, decidió difundir a los medios la grabación de una conversación telefónica entre Lula y la entonces Presidenta Dilma Rousseff, obtenida cuando la autorización judicial para intervenir sus teléfonos había sido revocada (por él mismo). O ha autorizado la realización de interrogatorios coactivos fuera de los casos permitidos por la ley o de arrestos hechos con mucha publicidad. El sentido de esto es buscar en la opinión pública el apoyo necesario para continuar la investigación.
Cuando un juicio de este tipo busca apoyo en la opinión pública, lo que recibe no es sólo lo que busca. Esa apelación a la opinión pública es aprovechada no sólo por quienes tienen un deseo genuino de que la investigación avance correctamente, sino también por quienes tienen algo que ganar o perder en ella, quienes usaran el (poco o mucho) poder a su disposición (político, comunicacional, etc.) para influir a la opinión pública y así llevar la investigación en un sentido u otro. Cuando se trata de un expresidente como Lula, quien era de modo prácticamente unánime considerado el más posible vencedor de las elecciones de 2018 en Brasil y cuya plataforma programática era agudamente resistida por los grupos más poderosos en Brasil, la investigación y el proceso criminal pasa a ser una dimensión más en una suerte de campaña presidencial extendida. Y el poder jurisdiccional, que al buscar apoyo en la opinión pública queda vinculado a las expectativas de ésta, compromete su independencia.
Es probable que quienes llevan la investigación de Lava-Jato tengan razón en su diagnóstico sobre la debilidad del poder institucional en Brasil. Quizás era lo correcto ir a buscar apoyo en la opinión pública. Pero eso inevitablemente transforma un proceso judicial en un caso de lawfare, y con eso contribuye a la erosión de la distinción entre lo político y lo jurídico de la que depende el Estado de derecho. Por cierto, la impunidad que esa debilidad institucional implica también la compromete… por eso se trata aquí de un dilema. Ante un dilema, es importante identificarlo como tal, y ser conscientes de los peligros de cada opción del dilema. En el caso brasileño (y en otros casos análogos, aunque de menos perfil, incluso en Chile) hay más conciencia del primer problema que del segundo.
La migración de grupos humanos es en sí misma un proceso complejo. Sin embargo, pensar la migración de niños y niñas es un fenómeno aún más complicado dado que ella implica una serie de acciones para la adaptación a un nuevo escenario que, durante la infancia, no siempre están disponibles. Esto no quiere decir que los adultos siempre las tengan, pero en el caso de los niños y las niñas, esto está supeditado al modo en que el mundo adulto puede canalizar, contener y elaborar los procesos de asimilación de un nuevo escenario.
Dada la complejidad del problema me parece necesario centrar la atención sobre aquellos niños o niñas migrantes que entran al sistema de protección de la infancia en Chile. Normalmente, los organismos que tienen por misión evaluar si se es o no vulnerado en sus derechos deben establecer un paradigma sobre el cual debe compararse y la migración vuelve esto aún más difícil. La evaluación de vulneración de derechos puede implicar el retiro del cuidado personal de los hijos e inclusive la internación de niños y niñas en centros residenciales alejados de sus padres. Este fenómeno ya se ha producido en nuestro país y ha tenido trágicas consecuencias, conocidas por la opinión pública. Todo esto es atribuible a la falta de preparación y la inexistencia de políticas de inmigración referida a niños y niñas.
En este contexto, quisiera plantear las siguientes preguntas: ¿Si el sistema de protección de la infancia en Chile está en una crisis crónica, entonces está preparado para evaluar y, por sobre todo, brindar atención y cuidado a los niños o niñas migrantes que puedan ser vulnerados en sus derechos? ¿Si las políticas de migración aún no logran comprender el fenómeno en toda su complejidad y recién se están estableciendo nuevos reglamentos y procedimientos para su recepción y acogida, tenemos políticas y normativas particularmente dirigida a los niños y niñas que ingresan como migrantes a nuestro país? ¿Tenemos criterios mínimos sobre cómo habremos de afrontar las situaciones de vulneración de derechos en la infancia en los hijos de migrantes?
Un primer punto que podemos dejar planteado como desafío respecto de las políticas de migración es que la situación de los niños o niñas debe ser tratada de una manera diferencial respecto a los adultos. Los niños migrantes deben tener un espacio reservado respecto al resguardo de sus derechos. Una ética del cuidado debe considerar que los niños jamás deberán perder ni uno de sus derechos por motivo alguno y deberán ser sujetos de una protección especial.
¿Qué derechos deberemos proteger más que cualquier otro para un niño migrante? Nuestra legislación debe contener algunos principios que mencionaremos aquí brevemente: 1) el principio de inseparabilidad del niño con su familia de origen salvo en casos justificados y que la primera opción en el proceso de restablecimiento de los vínculos la debe tener su familia nuclear, su familia extendida y su comunidad, para ayudar a preservar los aspectos más básicos de su identidad nacional, étnica o cultural; 2) toda intervención y evaluación debe considerar los aspectos culturales que son parte de los orígenes del niño, es decir, debe evitarse todo proceso de aculturación por medio de la omisión de su lengua y rechazo prejuicioso de estilos de crianzas de su grupo de origen; 3) la evaluación de los grupos familiares de migrantes no pueden ser igual que la de los no migrantes dado que deben considerarse todos los factores que afectan la posibilidad de cuidar de sus hijos y que no dependen de una voluntad negligente, sino de las dificultades de adaptación: asimilación de una lengua, adaptación a nueva situación económica y laboral y los efectos psicológicos asociados a duelos propios de la partida de lugar de origen; 4) el sistema jurídico debe prestar una ayuda activa a los grupos familiares de origen y comunidad para que puedan ser efectivamente representados en toda instancia judicial, ofreciendo legítima defensa y comprensión de un nuevo sistema que el migrante desconoce.
En definitiva, en el fenómeno migratorio, cuando se trata de niños o niñas, implica asumir una política diferencial a la de los adultos. Las consecuencias de políticas no apropiadas pueden causar daños y heridas interminables.
La solución a la migración no puede ser abordada por medio de un cierre de las fronteras, pues esto equivale tan sólo a cerrar los ojos frente a una realidad de hecho y constituye así una voluntad negligente. Debemos tener en cuenta que establecer un sistema especial de acogida a los niños o niñas migrantes no puede sino enriquecer, gracias a la diferencia, las políticas de infancia en nuestro propio país. La migración es deseable precisamente por el hecho de que lo heterogéneo y lo diverso ayuda a tener una nueva mirada y apreciación de nosotros mismos. Dicho en otros términos, sólo la alteridad puede dar lugar a una verdadera ética de responsabilidad por el otro, algo que a todos luces es un tema pendiente para el Estado chileno y su sociedad.
Mientras recorría los pasillos de la sala de clases en el remozado Campus Juan Gómez Millas, me sorprendió que varias jóvenes de alrededor de 18 años levantaran la mano para contar sus experiencias. En medio de los rostros expectantes de mis más de cuarenta estudiantes de primer año de Periodismo no pasaba inadvertido el hecho de que quienes ahora querían hablar eran las más tímidas del grupo y a las que más les costaba expresarse en público.
Era el primer día de clases luego de casi dos meses de paros y tomas estudiantiles en casi la totalidad de los campus no sólo de la U. de Chile, sino de diversas universidades de todo el país. Un movimiento nacional detonado primero por las denuncias de acoso sexual en contra de profesores hacia sus alumnas, que luego instalaría una agenda de demandas feministas que iban desde la necesidad de actualizar los protocolos –cuando existían– para enfrentar dichos abusos hasta impulsar nuevos contenidos y bibliografías que apuntaran hacia la construcción de una educación no sexista y más democrática.
Pero lo que motivaba el interés de estas jóvenes, muchas de ellas provenientes de regiones, no era el balance político de la movilización efectuado de manera amplia y con múltiples ejemplos que les permitían concluir que pese al costo de la paralización había valido la pena, ya que estaban conscientes de estar protagonizando un movimiento cuyo eje central apuntaba a un cambio cultural. No, lo que despertaba las ganas de hablar de las otrora introvertidas estudiantes era la pregunta por la experiencia personal, cotidiana, de ellas y también de sus compañeros enfrentados ya no como espectadores sino como protagonistas de una revuelta sin precedentes.
Algunas contaban que se sentían distintas en este retorno a la universidad. Una de ellas utilizó la metáfora de la caída de un velo que ahora le permitía ver una realidad que no había imaginado; otras decían que habían retornado a sus colegios para compartir la experiencia con estudiantes de otros cursos; una joven confesó que la relación con su madre ahora era distinta. Que ambas se hablaban desde otro lugar, más empoderado y respetuoso. Varias declararon que en estos dos meses de asambleas y discusiones habían aprendido a poner límites tanto a sus parejas como a sus padres y hermanos. Un compañero de la clase apuntó que ahora él tampoco era el mismo, que nunca se había detenido a reflexionar sobre lo que era el machismo y cómo los hombres estaban determinados a jugar roles que nunca nadie cuestionó. En pocos minutos la clase se transformó en un foro público sobre la experiencia personal de llevar a lo cotidiano aquello que ocupaba la agenda mediática de los últimos meses: la irrupción de los feminismos en las universidades chilenas y sus demandas de un cambio cultural.
Esta experiencia fue replicada por otras profesoras en cursos superiores. Una de ellas me comentó del contenido de algunas crónicas donde los futuros periodistas plasmaron su mirada sobre esta rebelión. Por ejemplo, la joven que luego de cuatro años de relación decidió romper porque su pareja no estaba de acuerdo con un nuevo trato más simétrico y democrático en el pololeo. O la rebeldía de las madres que en complicidad con sus hijas negociaban las rígidas reglas patriarcales por otras que ponían en tensión los roles tradicionales asignados de por vida.
La vuelta a clases sin duda será compleja y todos deberemos esforzarnos por cumplir con los contenidos que aseguran nuestro compromiso con una educación de calidad así como con los nuevos calendarios ya establecidos. Pero más allá de los malestares e irritación que este movimiento ha despertado en algunos sectores de académicos, lo que queda claro es que luego de este mayo del 2018, algo sustantivo cambió. Porque si revisamos los contenidos de las actas de acuerdo suscritas por autoridades y voceras de las asambleas de mujeres en las que se ponen sobre el tapete temas y normativas hasta ahora insuficientemente explicitadas, así como voluntades para avanzar en la construcción de una universidad más democrática e inclusiva, y observamos lo que nuestros propios estudiantes nos cuentan, podemos tener la convicción de que la universidad que retorna a la normalidad luego de este histórico movimiento es significativamente mejor que la que existía hace sólo dos meses.
A través de la ilustración animada sobre la línea de búsqueda que Google presenta cada día en su página principal, creada por la artista Alyssa Winans, la Universidad de Chile homenajeó el pasado 25 de junio a Eloísa Díaz Insunza en su natalicio. Ella, al graduarse de nuestra Escuela de Medicina pasó a ser la primera médica cirujana del país y América Latina. Así toda la comunidad hispanoparlante en el mundo supo de su hazaña: completar la educación universitaria siete décadas antes de que las mujeres chilenas consiguieran el voto.
El sistema universitario público también evolucionó desde el ingreso de Eloísa Díaz a nuestras aulas, en especial, su vínculo con el Estado que resultó fundamental para la construcción del espacio público. El rol gravitante cumplido por la Universidad de Chile en áreas tan diversas como salud, educación, cuestiones políticas como el voto femenino, desarrollo tecnológico, humanidades, sobrepasan con creces el aporte que convencionalmente los países esperan de sus universidades. La trayectoria profesional de la doctora Eloísa Díaz grafica ese rol a través de su participación en hitos como la creación del Servicio Médico Escolar de Chile y el establecimiento de políticas como el desayuno escolar obligatorio.
Los cambios conceptuales y estructurales al sistema universitario impuestos en 1981 proponían reemplazar el sentido mismo de la educación superior y su enlace con el país. La voluntad de realización personal mediante el servicio público se reemplazaría por el interés pecuniario individualista; la colaboración y complementariedad entre instituciones se reemplazaría por la rivalidad y la competencia. Este nuevo sistema no sólo ha resultado contrario a nuestros valores, sino que ha fracasado en su realización práctica.
Gracias a la fuerza y tenacidad con que muchos confrontamos este sistema, desde el 5 de junio recién pasado se encuentra en vigencia la nueva Ley de Universidades Estatales. El trabajo y la unidad de las comunidades universitarias estatales permitió generar un conjunto de propuestas que lograron dialogar, convencer y vencer. El ejemplo de debate y propuesta que en unidad dieron las universidades estatales para revertir una situación injusta y nociva debe perdurar. La desconfianza y la descalificación no deben ser las actitudes predominantes en el debate político institucional, pues eso conlleva una muy peligrosa desafección por este. Las universidades estatales deberán seguir constituyendo espacios por excelencia donde se encuentra, dialoga y cohesiona la sociedad.
La causa feminista no sólo traerá justicia y atenuará la desigualdad de género hoy imperante, sino que hará que nuestra sociedad sea más plena, civilizada y democrática para todos sus ciudadanos. Debemos, sin embargo, reflexionar por qué los estudiantes de nuestras universidades, un grupo escogido de nuestra juventud, consideraron que una causa tan justa y que generaba tanto apoyo necesitaba de tomas y paros para ser aceptada.
La incorporación de la juventud a conversaciones que integren a todo el país es una necesidad impostergable. Una parte del problema es ofrecer tribunas válidas para el intercambio honesto de ideas en un clima de respeto, tolerancia y rigurosidad. Esperamos que nuestra Palabra Pública, que a partir de este número amplía su dominio de circulación, contribuya a satisfacer este anhelo.
Un filósofo que se ha convertido en fenómeno editorial en varios idiomas ¿no parece una afirmación contradictoria en sus propios términos? Sobre todo teniendo a la vista el saber especializado en el que se ha convertido la filosofía, la mayoría de las veces tan lejos de las preocupaciones, el lenguaje y sentir públicos. Se trata de Byung-Chul Han, filósofo coreano-alemán que ha encontrado un lugar notable en la opinión pública mundial, traspasando los medios académicos y haciéndose escuchar y comentar en ámbitos más mundanos.
Por Pedro Mellado y María José López | Fotografías: Felipe Poga y Alejandra Fuenzalida
Hay elementos completamente específicos que marcan la vocación pública de este pensador y que han facilitado su llegada al ciudadano más o menos común. Una escritura directa, sencilla, bastante poco académica, que evita los lenguajes técnicos y con ello incorpora a un universo mucho mayor de lectores, que sin saber mucho cómo, terminan reflexionando sobre lo que dijo Hegel o Heidegger sin que nada de lo que dice Han se parezca ni de lejos a la elaboración y tecnicidad que estos autores alcanzan en sus propios desarrollos teóricos y que hace de sus libros probablemente los más difíciles de comprender, sobre todo para los que no somos alemanes.
Esta sencillez, que para algunos raya en la excesiva simplificación, se combina con un formato de textos de corta extensión y en un tono ensayístico, que nos permite seguir el movimiento mismo del pensar, suelto, a ratos dubitativo, no muy concluyente, con una buena carga de metáforas que resuenan como síntesis de sus propias reflexiones. No hay que olvidar que Han, además de filosofía, estudió literatura y especialmente poesía alemana, que junto a su redescubrimiento de haiku y de formas poéticas usadas por el pensamiento budista que él rescata, ayudan a pulir su prosa económica, declamativa, con un temple de ánimo en el que busca resonar, como en algún Heidegger, una simplicidad poética.
Al mismo tiempo, está la constante referencia a la experiencia cotidiana contemporánea. El cine, la televisión, internet, la publicidad, la vida en grandes ciudades, las nuevas formas de trabajo, son ejemplos del vivir en nuestro tiempo y en nuestro mundo que aparecen como completamente reconocibles para cualquiera de nosotros aunque no seamos filósofos, no seamos coreanos, ni profesores en una universidad alemana. Pero estas referencias serían completamente estériles si no tocaran problemas reales de nuestras sociedades contemporáneas. En este sentido, no es sólo el estilo de Han el que conecta con la calle y la experiencia. Son los temas de sus libros, los problemas que aborda, los que, siguiendo a Giannini, pueden calificarse de completamente callejeros y contemporáneos.
Cotidianidad y budismo zen
En los textos de su última época, que se centran en el análisis de la sociedad contemporánea y que son los más conocidos, Byung-Chul Han se aboca a la cruda crítica a la sociedad neoliberal y al sujeto que la sustenta.
Caracteriza nuestra sociedad como una sociedad de la transparencia. La transparencia es el resultado del abandono de toda negatividad, de toda diferencia, de toda oposición. La sociedad de la transparencia es un infierno de lo igual en el que, siguiendo a Lévinas, cualquier cosa equivale a cualquier cosa. Producto de esta transparencia, la espontaneidad que podría caberle a los actos humanos se difumina en operaciones calculables, dirigibles y homogéneas, como información circulante en el flujo inextinguible del capital. En esta uniformización de las singularidades se hace visible para Han el rasgo totalitario de nuestra sociedad (La sociedad de la transparencia).
De esta manera, para el autor la autoexplotación termina enfermando a estos sujetos del rendimiento. Instala de hecho una nueva época: la de las enfermedades neuronales que se hacen masivas y paradigmáticas. La depresión, trastorno de personalidad límite, déficit atencional con hiperactividad, los síndromes de desgaste ocupacional, etc. Es decir, más allá de la sociedad disciplinaria de Foucault, en la sociedad del rendimiento el exceso de positividad, la hiperatención, la histeria del trabajo, la hiperactividad, reflejan una forma superior y sofisticada de dominación y explotación: cada cual lleva consigo su propio campo de trabajos forzados, cada cual se explota a sí mismo, haciendo posible la explotación sin dominio.
Así, la tonalidad afectiva del neoliberalismo es la depresión, esta vez mediante el imperativo de la iniciativa personal. Bajo el sino del rendimiento, el sujeto sufre -de modo silente- su fracaso. Esto es lo que crea una sociedad del cansancio, un cansancio que nos aísla y separa, instalando violencias que destruyen a la comunidad, la sociedad del cansancio es también la sociedad del dopaje.
Esta anatomía de la actual y mundial sociedad del cansancio y de su sujeto autoexplotado tiene como soporte filosófico un punto de vista que si bien puede vincularse a visiones críticas contemporáneas del sujeto y la sociedad, como la que nace con Heidegger, o de otras versiones de fenomenología hermenéutica como las de Levinás o incluso Arendt, también está profundamente ligada en el pensamiento de Byung-Chul Han al conocimiento y comprensión de la tradición del budismo zen.
En su temprana obra y quizás la más interesante filosóficamente, Filosofía del budismo zen – publicada en alemán el 2002-, Han confronta derechamente las bases metafísicas y prácticas del mundo occidental, apuntando hacia la gramática ontológica desde la que comprendemos al sujeto y la sociedad en occidente. Esto lo logra confrontando a autores clásicos, incluso contemporáneos y especialmente Heidegger, que siempre está presente, al budismo zen. Aparece aquí un contraste notable y muy nítido entre oriente y occidente en las ideas de Dios, de sujeto y del habitar de ese sujeto en el mundo.
Para el budismo zen, no se trata de matar a Dios, ni siquiera de los filósofos que persisten más allá de las declaraciones de Nietzsche. Sino de una religión sin Dios: no cree en un Dios sujeto o sustancia, sino en ese vacío metafísico que encarna Buda, que no es carencia ni falta, sino todo lo contrario, un modo pacífico de ser de todo lo que es, que no excluye ni violenta nada.
Hay también una experiencia humana en el budismo zen, que como en la filosofía occidental contemporánea, aunque de manera más radical, busca des-interiorizarse y desprenderse de sí mismo, perdiendo su narcisismo, activismo, centralismo. Se trata de un “nadie” más que de un “alguien” que ya no tiene, no persiste, ni tampoco quiere. La meditación zen, a diferencia de la meditación para Descartes, no redescubre y resignifica el yo, sino que se desprende de él.
Desde el recate de Han, el budismo zen afirma la confianza originaria en el aquí y en el mundo, un espíritu cotidiano que constituye un giro práctico hacia la inmanencia, la aparición de la risa. El tiempo sin preocupación, sin cuidado (versus Heidegger). El espíritu cotidiano, que parece guiar la experiencia, encuentra en este vacío el medio de la amistad. Desde un corazón que ayuna, no hay apetito, ni persistencia, ni voluntad, sólo un mundo sin sujeto, que tampoco habita, un peregrino que nunca regresa, que transita y se confunde con todo lo que es. El lenguaje de este peregrino que nunca es huésped y nunca anfitrión es la amabilidad. Una amabilidad arcaica, elemental, inútil, que no persigue nada. No se busca el enfrentamiento ni la lucha que nos lleven a la individualización o la acción, no se trata de ser un yo ante un tú, ni de avanzar, ni de conquistar. En cambio, el peregrino y su corazón que ayuna más bien observa, se ríe y sigue su camino desde una apertura a la experiencia que tiene mucho, vale la pena recordarlo, de callejera.
Hemos denominado, con justicia, al movimiento que involucra las tomas y paros feministas como una nueva ola feminista en Chile, la tercera. Ola que ha removido las estructuras conversacionales, alejando al feminismo y sus demandas del concepto de “tema” y lo ha instalado como un problema político, como agenda política y pública, a la vez que como charla obligada en los hogares y grupos de amigos, compañerxs de trabajo y otros.
Hoy (abril, mayo, junio, julio 2018) la ola feminista es “la” agenda que no se detiene frente a otras como la del barranco por el que caen obispos junto a la iglesia católica, la corrupción de Carabineros de Chile, de las Fuerzas Armadas, la corrupción de políticos, la no tolerancia a que rostros televisivos apoyen prácticas como la tortura o la impunidad para empresarios y políticos frente al cohecho. Es más, no sólo no se detiene el feminismo sino que multiplica la visibilización de todo este malestar que ha tenido a Chile amordazado, con engaños, para no afectar nuestra endeble democracia.
Un 17 de abril de 2018 las estudiantes de la Universidad Austral de Valdivia se tomaron una de sus sedes para decir basta a la desinformación, para decir basta al rector que no daba señales sobre la acusación del acoso realizado por el académico Alejandro Yáñez contra una funcionaria. A modo de resumen, el rector optó por el traslado de Yáñez a un centro de investigación de la misma universidad, donde el 70% de quienes allí trabajan son mujeres. Cómo no traer a la memoria lo que hace la iglesia católica con los sacerdotes abusadores.
Como respuesta a esta decisión, a estas estudiantes se suman otras sedes, se hace un petitorio sobre, entre otras cosas, protocolos para encarar acusaciones de abuso sexual, el cual finalmente el rector acepta, pero Yáñez no es expulsado. Pronto vendrían elecciones de rector y Alejandro Yáñez era uno de sus aliados. Hoy se está trabajando en el petitorio de la Universidad Austral y exigiéndole al rector que escuche a las mujeres de las sedes de Puerto Montt y Aysén, cosa que éste no quiere hacer. Todo por resolverse.
El 27 de abril se inicia una toma en la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile por similares razones a las de la Universidad Austral: la no respuesta clara a la demanda contra el académico y abogado Carlos Carmona, ex presidente del Tribunal Constitucional de Chile, por acoso sexual hacia una alumna. Las estudiantes deciden nombrar la acción, por primera vez en la historia, como toma feminista. De ahí en más, otras facultades entran a paro, se suman otras universidades tanto públicas como privadas, se hacen tomas y se unen colegios y liceos denominados emblemáticos, especialmente los de mujeres, como el Liceo 1 y el Liceo 7, entre otros.
El golpe más mediático de las tomas fue el de la Casa Central de la Universidad Católica, por creerse que ahí está la cuna del conservadurismo y la elite, algo retrógrado, ya que por una parte hay estudiantes con gratuidad y por otra, hoy existen varias universidades privadas donde sólo va la elite.
Igualmente interesante es que la Universidad Católica había sido tomada sólo una vez, en el año 1967, y luego, durante la dictadura de Pinochet, en 1986, estuvo tomada sólo por algunas horas. El 25 de mayo de 2018 comenzaría ahí una toma feminista. A partir de ella nace un petitorio que entrelaza el acoso y abuso sexual con demandas acerca del trato laboral de funcionarixs externalizadxs, alumnado trans y otras variables.
Se realizan tomas, paros y marchas a lo largo de Chile, que ponen al centro de la demanda la “educación no sexista” con todas las transformaciones que ello implica. Los petitorios, la mayoría de ellos ya recibidos por diferentes rectores, recogen las demandas de estudiantes, académicas y funcionarias.
Sí, se han sumado académicas, funcionarias y estudiantes varones a esta ola feminista, estos últimos poniéndose a disposición de sus compañeras, no anulando el protagonismo de ellas. En esta oportunidad se han transformado en colaboradores y los más audaces, en auto observadores, realizando jornadas de reflexión para cuestionar sus prácticas machistas y entender las demandas feministas.
La ola feminista es bien recibida por gran parte de la sociedad “no ilustrada” e incluso por la ministra de la Mujer y Equidad de Género de un gobierno que convive en su seno con la elite más conservadora del país. Sin embargo, las autoridades no logran hacerse cargo de ella, ya que al poco tiempo de iniciarse este proceso, el Presidente Sebastián Piñera anuncia una “Agenda Mujer” en la que toma básicamente tres temas: sala cuna universal en las empresas para mujeres y hombres (sólo los que están a cargo de sus hijxs), transformación de la sociedad conyugal que tiene al hombre como administrador de los bienes al interior del matrimonio, y un cambio en las Isapres, sistema privado de salud al cual sólo pertenece el 20% de la población. Esto no considera en absoluto la principal petición de las estudiantes: educación no sexista. El Presidente hace caso omiso y sigue a medias tintas con las tres demandas que desde hace años son reclamadas por el movimiento feminista y de mujeres. Esta “Agenda Mujer” intenta hablarles a jóvenes que cada día contraen menos matrimonio, que están atrasando o no queriendo tener hijxs y para quienes las Isapres hoy no son una preocupación, sobre todo porque quieren igualdad y no discriminación para todxs.
Entonces, las tomas continúan y los paros se hacen más numerosos. No hay comprensión acerca de lo que está ocurriendo, no se ha entendido el eslogan “nos han quitado todo, hasta el miedo”. Estas jóvenes no entraron en el silencio de una derrota, están activas, uniéndose a otras mujeres jóvenes de otros espacios como las que pertenecen a barras de connotados equipos de futbol, a otras no tan jóvenes como las académicas, a sus compañeros que se han quedado con las demandas del feminismo de exigir que los protocolos avancen, protocolos que no son para una elite, sino para todxs, como lo demostró el petitorio de la Universidad Católica que llegó a acuerdo en tres puntos claves que no tienen relación directa con las estudiantes: contrato para funcionarixs, utilización del nombre social de les estudiantes trans y alejamiento de un académico declarado culpable de violencia conyugal hacia una funcionaria de la universidad.
En todos los petitorios se exigen protocolos claros y expeditos para enfrentar el abuso de poder y el acoso sexual. Increíblemente, en Chile no existe una ley que penalice el acoso sexual, aunque hay un proyecto de acoso callejero que lleva cinco años durmiendo en el Parlamento. Siempre que se trata de proyectos de ley que previenen delitos hacia las mujeres, lxs parlamentarixs aplazan el trabajo. Como mujeres, somos imperecederamente sospechosas de darle un mal uso a las leyes para perjudicar a otrxs. Un ejemplo reciente de ello ha sido parte del debate acerca de la causal de violación en la ley de despenalización del aborto en tres causales.
Otra de las cosas que ha quedado palpitando y que ha develado la ola feminista es la resistencia de hombres y también de algunas mujeres al movimiento y a algunas de sus demandas. Se trata de conservadores que no entienden las performances donde las estudiantes se expresan a través de sus cuerpos, la desnudez de sus cuerpos, la sangre menstrual. No lo van a comprender. ¿Por qué? Porque no, sencillamente, porque no hay capacidad para ello. Están quienes, autodenominándose intelectuales, han ninguneado al movimiento alegando que las estudiantes no representan a todas las mujeres porque son una elite, desconociendo con estos decires la historia de los movimientos de transformación social.
Como esbocé anteriormente, parte de los acuerdos que consiguió la toma de la Casa Central de la Universidad Católica fue la consideración de trabajadores haitianxs que la universidad tenía externalizadxs y a quienes se les engañaba por no saber hablar chileno. Es decir, estas mujeres fueron conscientes de su posibilidad de expresar sus demandas, pero también las de otras. Centrada esta resistencia también en la propuesta para una nueva malla curricular, muchxs académicxs lo encuentran risible “porque tendré que sacar a Platón”. Parece mal intencionado, la verdad, porque ellas no han pedido eso sino que aspiran a que también se impartan conocimientos de pensadoras, creadoras, científicas, humanistas y más mujeres.
Otra resistencia, ¡oh!, quieren cambiar la lengua de Cervantes, pecado mortal, como si alguien aún escribiera o hablara como Cervantes o Sor Juana Inés de la Cruz. Una profesora argumentaba que los cambios en la lengua antes no habían sido ideológicos. ¿Cuál es el problema con que una lengua dinámica cambie a través de la ideología, en especial si busca incluir a todas las personas cambiando ese único y universal “todos” por “todes”? Ese “todos” que nos nombra a todas desde el hombre.
En un desalentador estado de ánimo, algunos hombres jóvenes (y varios mayores, tal vez demasiados) se oponen a dejar de piropear y se sienten desorientados porque “ahora no se les va a poder decir nada”. “Depende”, les han contestado ellas. Sin embargo, se aferran a la idea de que se ha ido demasiado lejos. Reconocemos que todos los movimientos que pretenden realizar transformaciones tienen un efecto pendular y es por ello que a veces van demasiado rápido, y que quienes quieran comprenderlo deberán ir en paralelo intentando conocerlo, aun a pesar del caos que éste pueda llevar.
Llama la atención la resistencia de los adultos varones, que desde el principio nos llenaron de columnas de opinión cuyos contenidos fueron morigerando, pero siempre tratando de explicar el movimiento, pasando por alto la voz de las protagonistas. Intérpretes de la ola feminista.
Una resistencia que corresponde a los dos mil años de patriarcado y que afecta también a mujeres que no saben qué hacer de sus vidas si no son validadas por uno o varios hombres. Así hemos sido educadas desde nuestra sexualidad hasta nuestro campo laboral, a ser valoradas y despertadas por el beso del príncipe encantado. Por eso ellas también se resisten, tienen miedo.
Por otra parte, si sólo un 42% de las mujeres en Chile trabajan fuera del hogar, hay quizás un 52% que vive bajo las condiciones impuestas por el patriarcado en el mundo privado, el mundo del trabajo doméstico, y si no fuera porque se ven expuestas a la violencia machista sobre ellas o sus amigas, probablemente se quedarían huérfanas en un mundo nuevo donde tuvieran la posibilidad de decidir qué hacer con sus vidas si no logramos antes traspasar hacia ellas la significancia de una sociedad feminista.
Sí, vamos hacia una sociedad feminista porque parece ser la única promesa que nos está dando esperanza; bajo el paraguas del feminismo caben todas las luchas sociales. Las feministas hemos estado en todas ellas y en las que vendrán porque el feminismo es dinámico como lo son los derechos humanos, como lo son las personas. Es por eso que hoy todos los partidos políticos se están declarando feministas. Algunos lo vieron venir y propusieron el primer gobierno feminista sin que sus integrantes supieran de qué se trataba un gobierno feminista, qué implicaba un gobierno feminista.
Pero, ¡oh!, también se declara feminista el partido de ultraderecha y ahí contemplamos la capacidad de cooptación de las elites para así desdibujar este movimiento que surge con fuerza. Un partido ultraconservador no puede ser feminista. El feminismo tiene muchas manifestaciones, pero por sobre todo tiene un respeto irrestricto por el derecho de las mujeres a decidir sobre sus vidas, sobre todos y cada uno de los aspectos de sus vidas, y bien sabemos que el conservadurismo se propone como pivote de su quehacer encerrarnos en cuadrados donde nadie se salga de las (sus) normas, de lo que el conservadurismo estima como normal.
Curiosamente, ese conservadurismo que se quiere autodenominar feminista considera normal la aporofobia, la xenofobia, la misoginia, la codicia por obtención de riqueza, la desigualdad, la depredación medioambiental, la privatización de playas, lagos, bosques, el no respeto a la tierra de los pueblos originarios. No, no, el feminismo no es conservador. El feminismo aboga por la justicia social en todo ámbito.
