Y matar, además y especialmente el ojo, puntualmente cada ojo, pues uno solo es sarcástico, folclórico, agorero, matar, pues, sin asco los dos ojos y todo el ojo, porque el ojo es el hombre, es la parte del ser que contiene más cantidad del hombre.

Carlos Droguett. Los asesinados del seguro obrero (1940)

Por Faride Zerán

Nada parece ser suficiente si se trata de aplacar, doblegar, disciplinar al Chile que emergió luego del estallido.

Ni las cerca de 400 heridas oculares según cifras del Indh, corroboradas luego en las 30 páginas del documento de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la Onu, que acusaba graves violaciones de derechos humanos en Chile, agregando a los 26 muertos en el contexto de la protesta, entre el 18 de octubre y el 6 de diciembre, ejecuciones extrajudiciales y la detención de más de 28 mil personas, entre otras cifras destinadas a consignar la brutalidad.

Tampoco parece ser suficiente el horror sufrido por 192 personas que denunciaron haber sido víctimas de violencia sexual. Horror expresado en las 544 querellas por torturas y tratos crueles presentadas sólo por el Indh.

Porque al uso de balines con componente de acero utilizados indiscriminadamente en contra de los manifestantes se sumó luego la denuncia del contenido de soda cáustica en el chorro de los carros lanza-aguas de la policía, ambos hechos negados por los altos mandos uniformados y por el gobierno hasta que los análisis químicos demostraron lo contrario.

Y pese a que todos los informes de organismos de derechos humanos sobre Chile luego del estallido son similares (Amnistía Internacional, Human Rights Watch, Comisión Interamericana de Derechos Humanos) y coinciden en la gravedad de tales violaciones, existe una diferencia que apunta a la palabra sistemática, que alude a responsabilidades políticas del gobierno, cuyo discurso ha sido traspasar dichas responsabilidades a Carabineros y Ejército, este último durante el Estado de Emergencia decretado por Piñera a horas del estallido social.

En este marco, diversos sectores y organizaciones de DD.HH. de la sociedad civil encabezadas por la Cátedra de Derechos Humanos de la Universidad de Chile han llamado a “un gran acuerdo por los derechos humanos”. En él se plantea el cese de la represión, de los discursos de confrontación y empate, y el establecimiento, mediante la justicia, de responsabilidades penales y administrativas, así como políticas. También se recomienda la creación de una Comisión de Verdad, Justicia y Reparación no sólo para establecer un relato compartido y confiable sobre esta grave crisis de DD.HH., escuchando a las víctimas y proponiendo medidas de reparación, sino también para contribuir en la búsqueda de antecedentes de primera fuente que documenten el horror.

Porque sin duda el debate en torno al término sistemático —que no es sólo semántico— lo tendrá que dilucidar la justicia luego de investigar caso a caso donde están las responsabilidades políticas y penales de quienes, ejerciendo las más altas funciones del Estado, por acción u omisión permitieron estos atropellos, al igual que la de aquellos que torturaron, abusaron, violaron o les arrancaron los ojos no sólo a casi 400 personas, en su mayoría jóvenes, sino simbólicamente a toda una generación. Una generación que creció sin miedo y que, a diferencia de sus padres o abuelos, no está disponible para habitar un futuro basado en la impunidad.

Una impunidad expresada también en el hecho de que las Fuerzas Armadas y de Orden no están obligadas, como sí lo está el resto de los organismos públicos, a entregar al Archivo Nacional una copia de sus documentos. Esto, gracias a la Ley 18.771, vigente desde el mes de enero de 1989, promulgada por Pinochet, que les permite a las instituciones armadas destruir archivos o documentación sensible sin violar la ley.

Al respecto, no resulta sorprendente el robo de computadores que contenían archivos de testimonios y denuncias de violación de DD.HH. desde las dependencias de la Comisión Chilena de Derechos Humanos, dado a conocer por el presidente de esta entidad a mediados de diciembre, como tampoco las amenazas de muerte a líderes sociales y de DD.HH. ocurridas en las últimas semanas.

La crisis de derechos humanos que atraviesa hoy el país tiene su base en la impunidad de los crímenes de lesa humanidad cometidos durante la dictadura.

El estallido social iniciado el 18 de octubre último demostró no sólo el cuestionamiento de una sociedad ante un sistema socioeconómico que estaba acabando con la dignidad de todo un país sino que, junto a ello, hizo evidente que las agrupaciones de DD.HH. tenían razón cuando declaraban que la promesa del Nunca Más no era tal y que el Chile de las últimas décadas se había construido sobre la base de la impunidad y del fortalecimiento de discursos negacionistas ante los crímenes de lesa humanidad.

Por ello la urgencia de un acuerdo transversal sobre derechos humanos en Chile que realmente garantice que estos hechos que hoy conmueven a la opinión pública nacional e internacional no volverán a repetirse nunca más.

Esta es la base de cualquier proyecto de futuro. Sin este pacto, los cuervos seguirán arrancándonos los ojos ante cada crisis social y política que enfrente el país.  

Por Grínor Rojo

El capitalismo globalizado está teniendo que lidiar en estos momentos con una crisis prolongada que podría ser la más grande de toda su historia. No soy yo el primero en detectarla, por supuesto. Destacados investigadores y filósofos, como Givanni Arrighi, Immnuel Wallerstein, Terence Hopkins, Slavoj Zizek y otros la han descrito con un vasto acarreo de argumentos y de pruebas. Es una crisis que cumplió ya cuatro décadas y que hoy se presenta abastecida con todos los elementos que se requieren para convertir al planeta en una nube de cenizas cósmicas. Desde 1971, que fue el año en que Richard Nixon puso fin en Estados Unidos al patrón oro para el dólar, a lo que se añadió en 1973 y 1974 un aumento de los precios del petróleo, las dificultades a que aquí me refiero no han hecho más que multiplicarse. Entre 1982 y 1989 sobrevino la llamada “crisis de la deuda”, la que aun cuando impactó a los países latinoamericanos principalmente, amenazaba internacionalizarse, desestabilizando como consecuencia de ello a la totalidad del sistema; en 1997 se desató en el sudeste asiático el dominó de las devaluaciones, ominosas estas asimismo, para las operaciones del capitalismo internacional, reproduciéndose a todo lo largo y ancho del globo terráqueo; luego se produjo el caos financiero de 2007, cuando Lehman Brothers fue el primero dentro de un grupo de grandes bancos estadounidenses que se declararon en quiebra; el de 2008, cuando se produjo el estallido de la burbuja inmobiliaria española; el de 2012-2013 en toda la eurozona, que dejó 24.7 millones de personas sin trabajo; así como el de 2015-2016, con una caída en picada de los precios de las materias primas, como los chilenos pudimos experimentar en el caso del cobre y los venezolanos, mexicanos y ecuatorianos en el del petróleo. Cuando redacto esta página, Paul Krugman, Premio Nobel de Economía de 2008, ha anunciado una nueva debacle para el 2020 y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, parece estar haciendo todo lo posible por darle la razón. Tales son sólo los hitos mayores de una curva descendente que ha durado más tiempo del que los capitalistas están dispuestos a tolerar.

Dado este estado de cosas, los capitalistas hacen lo que siempre han hecho en circunstancias análogas: se embarcan en una campaña de reacumulación del capital y lo hacen expandiendo territorialmente sus operaciones hacia comarcas del globo que no habían sido incorporadas hasta ahora dentro de la órbita de sus actividades o que no lo habían sido suficientemente, al mismo tiempo que profundizan la capacidad de extracción de plusvalía al interior de las comarcas que ya se encuentran bajo su dominio. Por más que no lo parezca, el enriquecimiento obsceno del decil más alto de la distribución mundial del ingreso, que según los cálculos de Thomas Piketty varió desde 30-35% a fines de la década del cuarenta a 50% en 2010, es un dato sistémico y no una consecuencia de la pura codicia.

Respecto de la expansión territorial contemporánea, como sabemos, ella tiene lugar sobre todo en el Oriente Medio, en Irak, Libia y Siria, aunque la presa futura, a la que las transnacionales miran con avidez suprema, es Irán. El argumento del presidente George W. Bush, quien en 2003 puso en marcha la segunda guerra del Golfo Pérsico (la primera la había emprendido y perdido su papá en 1991) con la intención de “liberar” a la humanidad de la “amenaza nuclear” de Saddam Hussein y a los iraquíes de su “tiranía”, y de abrirle paso de esa manera a la formación de un “Medio Oriente democrático”, no fue más que un pretexto mentiroso para enmascarar un despliegue expansionista cuya finalidad era no sólo apoderarse de los pozos iraquíes de petróleo, lo que es obvio, sino “abrir” íntegramente esa región a los apetitos del deprimido sistema económico mundial a la vez que se le daba con ello un nuevo impulso a la producción de armamentos. Porque si por un costado la producción de armas es la que ha hecho posible la mantención de una hegemonía política estadounidense en franco declive, por el otro, es esa misma producción la que oxigena a un sistema económico que también lo está. Para pelear las guerras de Irak y de Afganistán, George W. Bush aumentó el gasto militar de Estados Unidos en un 11%. En 2017, Donald Trump lo hizo crecer de nuevo, esta vez en un 9% y por un total de 54.000 millones de dólares. Leo, además, en una noticia del 2 de agosto de 2019, que el actual presidente de Estados Unidos decidió poner fin al acuerdo con Rusia sobre control a la proliferación de armas nucleares, el que se hallaba en vigencia desde hace cincuenta años. Más que atribuir ese desatino a su irracionalidad belicista y a la aún más pronunciada de sus asesores, yo tiendo a creer que la motivación de fondo no ha sido otra que favorecer a la industria de armamentos.

Por otro lado, si ahora volvemos la mirada hacia adentro y nos fijamos en el espacio que el capitalismo ya controla, la sobreexplotación de los recursos naturales y la del trabajo humano —poniéndose en acción en este segundo frente toda clase de métodos mañosos, entre los que se cuenta el de la infame “flexibilidad laboral”—, así como la mercantilización de un conjunto de prácticas que hasta no hace tanto tiempo se mantenían libres o semilibres de contagio, como las que dicen relación con el deporte y la cultura, descubriremos ejemplos ostensibles de la estrategia a la que en su propio reducto el capitalismo global está recurriendo para salir del atolladero en que se encuentra metido. Y todo eso sin contar con el incesante bombardeo mediático por obra del cual se les crean a los buenos vecinos necesidades nuevas y se nos induce a precipitarnos en la borrachera consumista del mall.

Dos años antes de la primera Guerra del Golfo, el llamado “consenso de Washington” había puntualizado uno por uno los objetivos del proyecto. En el papel, por lo menos, el consenso de marras tuvo como su punto de partida el informe que en 1989 presentó en Washington el economista inglés John Williamson a especialistas de diez países latinoamericanos convocados por el Instituto de Economía Internacional con la intención expresa de ordenar la conducta financiera de los organismos crediticios respecto de las naciones “en desarrollo”, de preferencia, por cierto, las de nuestra región del mundo. Terminar de una vez por todas con la discusión ociosa acerca de los distintos “modelos de sociedad”, admitir que sólo existe uno y que con ese uno se deben adoptar las medidas que sean las más apropiadas para hacer que él dé todo de sí.

Los diez temas sobre los cuales, según escribe Williamson, habría acuerdo “en Washington” (¿acuerdo entre quiénes? me pregunto yo. Mi sospecha es que los “temas” de Williamson eran más bien lugares comunes ya instalados que circulaban por los corredores del Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y el Departamento del Tesoro de Estados Unidos), eran los siguientes: disciplina fiscal, reordenación de las prioridades del gasto público, reforma tributaria, liberalización de las tasas de interés, tipo de cambio competitivo, liberalización del comercio, liberalización de la inversión extranjera directa, privatización de las empresas estatales, desregulación para distender las barreras al ingreso y salida de productos, lo que estimulaba la competencia, y derechos de propiedad garantizados. No hace falta ser un especialista en economía para concluir de la lectura de este decálogo que los que iban a sacarle una tajada a su aplicación no eran los países subdesarrollados de América Latina o los de otras de las muchas áreas pobres del mundo, sino el capitalismo global. Se transformaban de este modo, en 1990, las que todavía eran un haz de prácticas dispersas en una política económica precisa.

La ideología neoliberal (la ideología y no la economía, ya que si queremos evitar malos entendidos se ha de nombrar a las cosas por su nombre. La economía es, no ha dejado de ser, la economía capitalista, sólo que ahora atrapada en una coyuntura de crisis y de intento de recuperación de su maltrecha salud recurriendo a una ortodoxia tecnocrática que justifica y promueve la exacerbación de tendencias curativas y paliativas radicales, pero que formaban parte desde siempre de su botiquín de remedios. De más está decir que lo de “postcapitalismo” no es más que un distractor para espíritus noveleros) es la que suministra el libreto de instrucciones “científicas” para estas maniobras.

En América Latina, la novedad neoliberal hizo su estreno en la década del setenta. Cierto, los golpes de Estado de los militares empezaron antes, en el 54 en Guatemala, y siguieron en el 64 en el Brasil y, aun cuando también sea verdad que el capitalismo global y, a la vanguardia del capitalismo global, el interés económico de Estados Unidos, tuvo más de algo que ver con tales atentados, así como con los que les dieron continuidad durante la década del setenta, no lo es menos que su razón de ser última fueron la insurgencia guerrillera posterior a la Revolución Cubana y una interpretación de esa insurgencia acorde con los parámetros paranoicos de la Guerra Fría.

El factor económico era aún, a esas alturas, de gravitación menor. Existían, entre los militares que se entronizaron entonces en el poder, nacionalistas coherentes, defensores del modelo económico previo, el que favorecía la industrialización nacional y la sustitución de importaciones. Las políticas económicas de los generales brasileños que abrieron ese país a la inversión extranjera, Castelo Branco, Garrastazu Médici y hasta el menos despótico Ernesto Geisel, no perdieron de vista ni el desarrollo económico de origen doméstico ni la supremacía regional del Brasil, que ellos avizoraban como una consecuencia forzosa del mismo. Más al sur, en la Argentina de la “Reorganización Nacional” el fracaso de las políticas neoliberales del ministro José Alfredo Martínez de Hoz constituye también una prueba fehaciente de que a fines de los sesenta e incluidos los setenta el nacionalismo económico seguía formando parte del imaginario hegemónico entre quienes conducían los destinos de ese país e independientemente de su origen, a veces muy poco agradable (aludo a los resabios corporativistas). Los militares brasileños y los militares argentinos fueron anticomunistas rabiosos, eso nadie se los puede mezquinar, guardianes juramentados de la “cultura occidental y cristiana” y fieles adherentes por eso a la doctrina de la “seguridad nacional”, admiradores boquiabiertos del american way of life y listos para pelear una “guerra interna” contra su propia gente para implantarlo en los espacios nacionales respectivos, con todas las atrocidades que según hay constancia cometieron, pero a pesar de todo eso continuaron creyendo en la posibilidad de un desarrollo industrial propio.

La excepción fue Chile. Desde mediados de los setenta, cuando los Chicago Boys consiguen la oreja de Pinochet y lo convencen de que su propuesta de “El ladrillo” era la mejor alternativa para sacar al país de su “ruina socialista”, la fórmula neoliberal empezó a implementarse en este país con un ímpetu que ha superado incluso al que se observa en las economías capitalistas metropolitanas. Es el caso de la privatización casi total de las pensiones, que no obstante múltiples tentativas, no ha logrado imponerse ni siquiera en Estados Unidos.

El camino que Chile se adelantó a seguir a mediados de los setenta es el mismo que entre el término de los ochenta y principios de los 2000 se procurará replicar en otros países de la región. Para anotar aquí sólo siete ejemplos tópicos: en México, desde el mandato de Carlos Salinas de Gortari (1948- ), entre 1988 y 1994; en Venezuela, durante la segunda presidencia de Carlos Andrés Pérez (1922-2010), de 1989 a 1993, y la segunda de Rafael Caldera (1916-2009), de 1994 a 1999, grandes amigos ambos del FMI; en Colombia, a partir de la presidencia de César Gaviria (1947- ), entre 1990 y 1994; en Brasil, con Fernando Collor de Melo (1949- ) y Fernando Henrique Cardoso (1931- ) entre 1990 y 2003; en Perú, sobre todo durante el periodo que sigue al autogolpe de Alberto Fujimori (1938- ), entre 1995 y 2000; en Bolivia, desde el fin del cuarto gobierno de Víctor Paz Estenssoro (1907-2001), en el 89, y especialmente durante el segundo gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada (1930- ), hasta la huida del Goni a Estados Unidos en 2003; y en Argentina, al principio durante Carlos Menem (1930- ), entre 1989 y 1990 (esa, una segunda intentona que como la de Martínez de Hoz no prosperó y dejó a Argentina sumida en el peor de los marasmos. En Argentina, un país productor de alimentos como no hay muchos en el mundo, ¡se registraron en esos años episodios de desnutrición!), luego con Fernando de la Rúa (1937-2019), quien después de endeudarse con el FMI en 38 mil millones de dólares en el 2000, debió huir en el 2001 desde la azotea de la Casa Rosada en helicóptero, y desde 2015 con Mauricio Macri (1959- ), quien ha estado rehaciendo el camino de Menem y de la Rúa y precipitando a su país en un marasmo aún peor.

En el Brasil de Michel Temer, hundido este hasta el cuello en una recesión económica feroz (con una caída del Pib de -3,8% en 2015, de -3,6 en 2016 y de 0,4 en 2017, según las cifras de la Cepal), el neoliberalismo empleó todas las medicinas que recomienda la ortodoxia para la recuperación del enfermo. Era el tratamiento del doctor Williamson casi en su integridad: reducción del gasto fiscal, liberalización del comercio, las finanzas y la inversión extranjera, privatización de las empresas estatales, etc. Con este mismo espíritu de reformas neoliberales, la Propuesta de Enmienda Constitucional (Pec) 55 y el Proyecto de Reforma de la Educación Media, ambos convertidos en ley por el Parlamento brasileño en 2016 y 2017, establecen la primera un congelamiento del presupuesto educacional por un plazo de veinte años (también el de salud), y el segundo un conjunto de medidas dizque pedagógicas, las que van desde el alza de la jerarquía (a asignatura obligatoria) y el tiempo (mayor) destinado en el currículumde la enseñanza media a las matemáticas y al uso instrumental de las lenguas portuguesa e inglesa, únicas que logran jerarquía de obligación, al rebajamiento de la jerarquía (a asignatura opcional) y el tiempo (menor) que se les otorga a las disciplinas artísticas, las humanísticas y a las ciencias sociales (a no ser que se trate de ciencias sociales “aplicadas”). Si en el Brasil de Temer con una mano el congelamiento presupuestario en la educación pública brasileña le dejaba la puerta libre a los privados, para robustecerse y acabar a corto o mediano plazo dictando las reglas del juego para todos los que entran en esta cancha, con la reforma curricular lo que se buscó fue cerrarle la puerta a las manifestaciones de la disconformidad.

Eso que Brasil le estaba mostrando a Latinoamérica en 2016 era el proyecto neoliberal llevado, en la periferia y en medio de una coyuntura de grandes penurias económicas, hasta el extremo de la caricatura. Un proyecto atroz y que ha tenido después, en el año y medio de la presidencia de Jair Bolsonaro, una continuidad que lo es más aún. En nombre del crecimiento capitalista, Bolsonaro está quemando la Amazonía, dejando a cientos de miles de indígenas despojados de sus tierras y poniendo en peligro la existencia misma del globo terráqueo. Pero el asalto no lo inició él. Por eso, no debiera extrañarnos que entre 2015 y 2016 Brasil haya aumentado sus emisiones de carbono en un 8,9% y que esto haya ocurrido no en los estados urbanos e industriales, como pudiera pensarse, sino en Pará y Mato Grosso, donde los latifundistas ganaderos y los productores de soja son los responsables por la deforestación, muchas veces a causa de incendios deliberados. Mientras tanto, Bolsonaro reduce una vez más los presupuestos educacionales y, sobre todo, con saña indisimulada, los que dicen relación con el cultivo de las ciencias sociales, las humanidades y las artes.

Y para volver a Argentina, el empresario futbolero Mauricio Macri ha hecho allí también lo suyo. En menos de cuatro años en la Casa Rosada, procurando imponer a su país un régimen neoliberal, los resultados son un Pib que se contrajo en un 5,8% sólo en el primer trimestre de 2019, una inflación del 60%, un desempleo por sobre el 10%, una deuda reciente con el Fmi de 57.000 millones y, según cálculos no oficiales (los oficiales son impensables), un 30% de la población subalimentada. Entre tanto, las otrora excelentes universidades argentinas languidecen.

En todos estos casos, el proyecto y su fundamentación son idénticos: el neoliberalismo hace en y para el país lo que hay que hacer. Es la “ciencia económica” la que así lo determina.

Pero la ciencia neoliberal no es una solución para América Latina. Los costos que involucra su implementación son comprobadamente mayores que los beneficios si es que nosotros estamos pensando en quienes sufren las artimañas reacumulativas y no en aquellos que obtienen ventaja de ellas. Para decirlo con las palabras de Atilio Borón, el neoliberalismo no es más que el último episodio de la reiterada incapacidad del capitalismo para enfrentar y resolver los problemas y desafíos originados en su propio funcionamiento. En la medida en que el sistema prosiga condenando a segmentos crecientes de las sociedades contemporáneas a la explotación y todas las formas de opresión —con sus secuelas de pobreza, marginalidad y exclusión social—, y agrediendo sin pausa a la naturaleza mediante la brutal mercantilización del agua, el aire y la tierra, las condiciones de base que exigen una visión alternativa de la sociedad y una metodología práctica para poner fin a este orden de cosas seguirán estando presentes.

Que el viernes 18 de octubre de 2019 el pueblo chileno haya salido a protestar en las calles, a todo lo largo de nuestro país, que un mes después la protesta siga viva y sin que la “clase” política sepa reaccionar como debiera o, mejor dicho, sin que la clase política se muestre dispuesta a tener en cuenta a la gente y a adoptar las medidas que a gritos reclama, no tiene por qué sorprendernos.

Por Nancy Yáñez Fuenzalida

La Defensoría Jurídica de la Universidad de Chile comenzó a actuar el 18 octubre de 2019 como una instancia voluntaria a fin de proveer defensa jurídica para la protección de los derechos fundamentales y humanos de las personas en Chile en el contexto del Estado de Emergencia que rigió en el país entre el 18 de octubre y el 27 de octubre de 2019 y las movilizaciones sociales que han tenido lugar posteriormente. Su actividad continúa hasta el día de hoy, toda vez que persisten las situaciones de vulneración de derechos humanos que determinaron su constitución. Está integrada por estudiantes, académicos y académicas, abogados y abogadas, el Centro de Derechos Humanos de la Universidad de Chile, la Asociación de Abogadas Feministas (Abofem), Londres 38, Corporación 4 de Agosto y la Comisión Chilena de Derechos Humanos

La labor realizada por la defensoría se enmarca en el rol que el derecho internacional asigna a los defensores (as) de derechos humanos. De conformidad con el derecho internacional, son defensores/as de derechos humanos todos quienes se desempeñan en labores propias de este rol, como son actuar en favor de un individuo o grupo vulnerado en sus derechos humanos. Son propios de esta función “verificar por sí mismos la existencia de abusos, entrevistarse con las víctimas, testigos y expertos (tales como abogados o médicos forenses), hablar con las autoridades, estudiar documentación y realizar investigación de los hechos con el objetivo de proveerse de información objetiva”.

En el ejercicio de estas funciones hemos podido constatar violaciones graves, generalizadas y sistemáticas de derechos humanos, tales como:

• Atentados a la vida e integridad física y psíquica que han resultado en homicidios cometidos por agentes del Estado, maltrato y abuso policial de carácter físico, sexual y psicológico (violencia desproporcionada, golpes con resultado de lesiones leves y graves, amenazas e intimidación, desnudamientos, actos de connotación sexual, actos discriminatorios).
• Omisión del trámite de constatación de lesiones o presencia de funcionario policial durante la constatación.
• Existencia de funcionarios/as sin la correspondiente identificación; no entrega de información sobre los derechos del detenido/a, cargos que se imputan y/o facilidad de su comunicación; omisión de registrar a personas detenidas en el registro correspondiente; denegación de acceso a la información del registro de detenidas y detenidos.
• Ilegalidades en los procedimientos de detención y faltas al debido proceso (detenciones realizadas por agentes policiales vestidos de civil en vehículos no institucionales o sin placa patente; detenciones en lugares no habilitados para ello; detenciones/conducciones sin registro).
• Constatación, a partir de la información recabada en centros de atención de salud, de un gran número de personas lesionadas como resultado del uso abusivo y desproporcionado de la fuerza por parte de Carabineros de Chile (impacto de proyectiles no balísticos, carros lanza aguas, bombas lacrimógenas, golpes y atropellos).
• Vulneración de derechos de personas pertenecientes a grupos en situación de vulnerabilidad y que requieren de protección especial (como niños, niñas y adolescentes, mujeres, población LGTBIQ+, personas con discapacidad, adultos/as mayores, extranjeros/as, personas con VIH y personas en situación de calle).

Como consecuencia de estas acciones, el Estado de Chile ha vulnerado los estándares del derecho internacional de los derechos humanos respecto al derecho a la protesta social y el uso necesario y proporcional de la fuerza, según pasamos a exponer.

Respecto a la participación de las Fuerzas Armadas

En 2009, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) publicó un informe sobre seguridad ciudadana y derechos humanos en el que instó a los Estados a restringir la intervención de las Fuerzas Armadas en contextos de protesta social, considerando específicamente la historia política del continente. Al efecto dispuso: “[la] historia hemisférica demuestra que la intervención de las fuerzas armadas en cuestiones de seguridad interna en general se encuentra acompañada de violaciones de derechos humanos en contextos violentos, por ello debe señalarse que la práctica aconseja evitar la intervención de las fuerzas armadas en cuestiones de seguridad interna ya que acarrea el riesgo de violaciones de derechos humanos”.

En forma previa, la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) demarcó las tareas de defensa y seguridad, instando a los Estados a limitar el uso de las Fuerzas Armadas para el control de disturbios internos, considerando “[que] el entrenamiento que reciben está dirigido a derrotar al enemigo, y no a la protección y control de civiles, entrenamiento que es propio de los entes policiales”.

En su informe anual de 2015, la CIDH se pronunció sobre el uso de la fuerza en contexto de protesta social y volvió a enfatizar la necesidad de restringir la participación de las Fuerzas Armadas. En dicho informe la CIDH precisó las competencias de las Fuerzas Armadas y de las Fuerzas de Orden y Seguridad Pública a efectos de garantizar la proporcionalidad del uso de la fuerza en contextos de protesta social. Al efecto ha señalado que estas son “[d]os instituciones sustancialmente diferentes en cuanto a los fines para los cuales fueron creadas y en cuanto a su entrenamiento y preparación”. Las fuerzas policiales, ha precisado, están formadas para la protección y el control civil mientras que las Fuerzas Armadas centran su entrenamiento y preparación en un único objetivo, consistente en la derrota rápida del enemigo.

En relación a las situaciones de protesta social, la CIDH destacó que “[dado] el interés social imperativo que tiene el ejercicio de los derechos involucrados en los contextos de protesta o manifestación pública para la vida democrática, la Comisión considera que en este ámbito específico esas razones adquieren mayor fuerza para que se excluya la participación de militares y fuerzas armadas en dicho control”.

Cabe consignar, no obstante, que en el caso chileno más del 90% de las denuncias sindican a Carabineros de Chile como autores de las violaciones de derechos humanos cometidas durante el Estado de Emergencia y las movilizaciones sociales. De modo que hay una responsabilidad específica de la institución en los hechos de violencia institucional que se han producido y que involucran en menor medida a los militares. No obstante, cabe precisar que los casos de homicidios durante el Estado de Emergencia son atribuibles a militares.

Respecto al uso de la fuerza para controlar disturbios internos

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos precisa que por lo irreversible de las consecuencias que podrían derivarse del uso de la fuerza en contextos de protesta social, este es un recurso de ultima ratio, limitado cualitativa y cuantitativamente, destinado a impedir un hecho de mayor gravedad que el que provoca la reacción estatal. Dentro de ese marco, caracterizado por la excepcionalidad, la CIDH y la Corte Interamericana de Derechos Humanos establecen que el uso de la fuerza por agentes del Estado debe satisfacer los principios de legalidad, absoluta necesidad y proporcionalidad.

Cuando sea necesario el uso de la fuerza, las medidas de actuación deben adecuarse a los principios de legalidad (i.e., dirigidas a alcanzar un objetivo legítimo, debiendo existir un marco regulatorio sobre su actuación); absoluta necesidad (i.e., limitarse a la inexistencia o falta de disponibilidad de otros medios para proteger la vida e integridad de las personas o asegurar cierta situación, de acuerdo con las circunstancias); y proporcionalidad (los medios y método empleados deben ser acordes con la resistencia ofrecida y el peligro existente, lo cual exige un uso diferenciado y progresivo de la fuerza, adaptado al grado de cooperación, resistencia o agresión del sujeto respecto del cual se actúa).

Respecto de Chile, la CIDH, en su informe de 2016 manifestó su preocupación por la incompatibilidad de la normativa administrativa que regula las manifestaciones públicas (máxime el Decreto Supremo N° 1.086 que autoriza a las fuerzas de seguridad a disolver las marchas sólo por no ser autorizadas) con los estándares internacionales de derechos humanos y constató la existencia de prácticas y uso excesivo de la fuerza en el manejo de protestas sociales en el país, como es la utilización de armas de fuego en protestas sociales y el uso indiscriminado de armas menos letales como son el vehículo lanza aguas, las bombas lacrimógenas y la percusión de perdigones de goma. En este caso, dado que las armas supuestamente menos letales pueden causar la muerte o lesiones graves a una persona, la CIDH consideró que se debe tomar en cuenta el diseño o las características del arma; otros factores relativos a su uso y control (v.g., la distancia y la parte del cuerpo hacia la cual se apunta); el contexto en que se utiliza (v.g., la utilización en espacios cerrados) y las condiciones particulares del destinatario (v.g., si se trata de niños o niñas o personas enfermas, adultas mayores o con cierta discapacidad).

La infracción a la integridad física y psíquica que atenta contra la dignidad humana

La jurisprudencia de la Corte IDH califica como un atentado a la dignidad humana una multiplicidad de acciones de distinta gravedad. Se cita textual:

“[la] infracción del derecho a la integridad física y psíquica de las personas es una clase de violación que tiene diversas connotaciones de grado y que abarca desde la tortura hasta otro tipo de vejámenes o tratos crueles inhumanos o degradantes, cuyas secuelas físicas y psíquicas varían de intensidad según los factores endógenos y exógenos que deberán ser demostrados en cada situación concreta”.

La Corte IDH, además, “[h]a sostenido que la mera amenaza que ocurra una conducta prohibida por el artículo 5 de la Convención Americana, cuando sea suficientemente real e inminente, puede constituir en sí misma una transgresión a la norma de que se trata. Para determinar la violación del artículo 5 de la Convención, debe tomarse en cuenta no sólo el sufrimiento físico sino también la angustia psíquica y moral. La amenaza de sufrir una grave lesión física puede llegar a configurar una “tortura psicológica”.

La violencia sexual configura una afectación a la integridad física y moral. Al determinar las reparaciones en el caso de la Masacre de Plan de Sánchez vs Guatemala, la Corte Interamericana tuvo en cuenta el sufrimiento especial y persistente de las mujeres que sufrieron violencia sexual a manos de agentes estatales. Sostuvo que esta práctica del Estado tenía como finalidad destruir la dignidad de las mujeres en los ámbitos cultural, social e individual y, como consecuencia de ello, constituía tortura.

Prohibición de la tortura

En el derecho internacional de los derechos humanos existe prohibición absoluta de la tortura como imperativo moral. Al respecto, la Corte IDH ha señalado:

“[…] la tortura y las penas o tratos crueles, inhumanos o degradantes están estrictamente prohibidas por el [Derecho Internacional de los Derechos Humanos]. La prohibición absoluta de la tortura, tanto física como psicológica, pertenece hoy día al dominio del jus cogens internacional. Dicha prohibición subsiste aun en las circunstancias más difíciles, tales como guerra, amenaza de guerra, lucha contra el terrorismo y cualesquiera otros delitos, estado de sitio o de emergencia, conmoción o conflicto interno, suspensión de garantías constitucionales, inestabilidad política interna u otras emergencias o calamidades públicas”.

Violación sistemática y generalizada de derechos humanos

Para explicar la sistematicidad de las vulneraciones a los derechos humanos resulta indispensable el análisis de los elementos de contexto en que se llevan a cabo. Entre otros, son relevantes: la extensión geográfica y temporal de los hechos; la cantidad de víctimas; la gravedad de las acciones de represión; la existencia de ciertos patrones de conductas llevados a cabo con recursos del Estado que responden a una conducta definida y avalada desde la cúspide del poder estatal.

La Corte IDH ha entendido que existe sistematicidad en la violación de derechos cada vez que la comisión de un conjunto de actos no se explica por mero azar, como cuando estos actos responden a ciertas similitudes. Asimismo, determinó que se expresa tal sistematicidad en la negativa de las autoridades gubernamentales a reconocer la dimensión de los ilícitos perpetrados en contra de una población civil en contexto de protesta social.

En relación con la afectación de niños, niñas y adolescentes, la CIDH sostiene que es una situación especialmente grave el que se le pueda atribuir a un Estado “el cargo de haber aplicado o tolerado en su territorio una práctica sistemática de violencia”. Esto, en relación con la situación de niños en situación de riesgo.

Se sostiene que se debe considerar que la violencia sistémica encuentra (a lo menos) dos formas. Una, desde un punto de vista subjetivo, asociada a las políticas deliberadas, y otra, desde un punto de vista objetivo, fundada en los niveles extremadamente bajos de gasto social en materia de políticas sociales básicas.

Una manera en que se concretiza la violencia está asociada a la aplicación de cuerpos legales contrarios a instrumentos internacionales. En estos casos, el Estado (la policía, en el caso de los niños de la calle) actúa en cumplimiento de un mandato legal, pero violando instrumentos internacionales y constitucionales.

En relación con la violencia sexual, la Corte IDH sostiene que “la violencia sexual no tiene cabida y jamás se debe utilizar como una forma de control del orden público por parte de los cuerpos de seguridad en un Estado obligado por la Convención Americana, la Convención de Belém do Pará y la Convención Interamericana contra la Tortura a adoptar, por todos los medios apropiados y sin dilaciones, políticas orientadas a prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres”.

En el caso de Chile, corresponde ponderar los elementos que indican que la vulneración sistemática y generalizada de derechos humanos por agentes del Estado (que ya ha quedado documentado en esta presentación) responden a decisiones adoptadas y avaladas por la máxima autoridad del país. Para determinar la responsabilidad política de las máximas autoridades del Estado, algunos elementos que deben considerarse son:

• Discurso público de descalificación y demonización de los manifestantes.
• Respaldo político a las fuerzas de orden y seguridad pública.
• Ocurrencia de eventos similares en distintos lugares del país; la persistencia en el tiempo de estas conductas; el uso de recursos públicos; la intervención de prácticamente la totalidad de las fuerzas de orden y seguridad, incluyendo reservistas; y el uso de militares para contener el orden público.