Un cambio cultural: igualdad para la mujer

Un gran cambio cultural representa una transformación profunda en la percepción colectiva sobre determinadas situaciones o relaciones. Nos comienza a llamar la atención algo que, hasta entonces, socialmente habíamos invisibilizado e ignorado. Una toma de conciencia para que lo normal comience a ser visto como injusto o indeseable, es el paso primero y necesario para el cambio cultural. Después, con mirada retrospectiva, quienes viven en el nuevo contexto cultural se preguntarán cómo era posible que se toleraran tales situaciones.

Algunos ejemplos patéticos son la esclavitud, el voto censitario, o que carreras como Medicina tuvieran limitación de cupos para mujeres. Hoy la Universidad de Chile sigue cumpliendo un rol protagónico en la lucha por los derechos de la mujer. Recordemos el decreto Amuná- tegui en 1877, que permitió el ingreso de mujeres a cursar estudios universitarios. Recordemos también el rol crucial de personajes como Amanda Labarca, Eloísa Díaz, Elena Caffarena y Julieta Kirkwood, en promover cambios estructurales para la inserción de la mujer en la sociedad.

Ese liderazgo vuelve a hacerse presente en esta década a nivel estudiantil, con cuatro presidentas de la FECH: Camila Vallejo, Melissa Sepúlveda, Valentina Saavedra y Camila Rojas. Nuestra Universidad fue pionera en crear centros para estudios de gé- nero en los años noventa; en implementar programas de postgrado en estudios de género y en feminizar los títulos profesionales.

También ha creado una Oficina de Género que pasó a ser una Dirección de Género; programas de ingreso prioritario; una política de corresponsabilidad social en el cuidado de los hijos y normas que reconocen el nombre social a personas trans. Se debe empezar por detectar y comunicar datos que nos obliguen a ver lo que estando ahí no hemos querido ver. En la carrera académica ordinaria, la proporción de mujeres disminuye drásticamente en las categorías superiores, pasando de un 38% en el nivel Profesor Asistente a 16% en el de Profesor Titular. En la carrera académica docente ese descenso es de 65% a 20%. Como referencia, en Estados Unidos las mujeres constituyen un tercio de los Profesores Titulares y en el Reino Unido, la mitad.

Por otra parte, esta es una de las causas que hace que sus remuneraciones sean menores, alcanzándose una brecha de 19% para las académicas jornada completa. Hace cuatro años, la Universidad hizo un estudio pionero sobre desigualdad de género al interior de la institución que permitió también dimensionar la incidencia de casos de violencia sexual. Mesas de trabajo triestamentales han generado políticas y protocolos cuyo objetivo último es erradicar toda forma de violencia de género.

Las universidades del Estado en su conjunto han avanzado considerablemente tanto en materia de estudios de género como en la implementación de políticas de equidad. Se debe iniciar a la brevedad un proceso de certificación con auditoría externa, como el sello del PNUD, que permita abordar institucionalmente y en su conjunto los problemas mencionados. El procedimiento de investigación actualmente definido en la ley, el sumario administrativo, es una herramienta insuficiente e inadecuada para abordar la violencia sexual. Conscientes de ello, en la ley de universidades estatales propusimos e incorporamos una indicación que mejora sustantivamente estos procedimientos, equilibrando los derechos de las víctimas y los inculpados.

También por iniciativa nuestra se propusieron indicaciones al proyecto de ley sobre el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, actualmente en primer trámite constitucional en la Cámara de Diputados. Los cambios culturales requieren problematizar lo que se ha asumido como incuestionablemente natural. Las expectativas de padres y profesores suelen reforzar inconscientemente ideas que asignan estereotipos culturales de género. Estudios han mostrado que, por ejemplo, las expectativas sobre rendimiento futuro difieren en función del género del estudiante, o que los docentes consideran que los hombres tendrían mejor desempeño en matemáticas; o que los profesores preguntan más, retroalimentan más frecuentemente y hacen preguntas que requieren procesos cognitivos más complejos a los alumnos varones que a las mujeres.

Deberán también incluirse contenidos en los programas educativos mismos que develen los prejuicios instalados, impulsando una educación con mirada crítica capaz de interpelar los prejuicios instalados. Un sistema de educación pública gravitante es una herramienta privilegiada para incidir en este cambio cultural. Para las universidades estatales constituye un deber el proyectar este cambio y hacer propuestas al conjunto de la sociedad. Eso es lo que el país espera y confía que hagan nuestras instituciones. Sostenemos firmemente que un país con políticas de igualdad de género en todos sus niveles y con una educación no sexista, es un país más democrático, libre e igualitario.

La emancipación de un sector de la sociedad no sólo hace más libres a los emancipados, y en este caso las emancipadas conforman una “minoría” que constituye más de la mitad de la población, sino que nos hace más libres a todos.

El sueño amerikkkano

Por Claudia Lagos

El 18 de marzo pasado, Stephon Clark, de 22 años, fue acribillado por policías en el patio de su casa en Sacramento, California. Los oficiales pensaron que era el sospechoso que buscaban, el que había quebrado vidrios de autos y de propiedades en el barrio, según la denuncia recibida al número de emergencias 911. Clark recibió 20 balazos. Los videos liberados por la policía grabados por cámaras que portaban los efectivos y el helicóptero que sobrevolaba la zona, muestran los múltiples disparos en la espalda, a corta distancia, y la nula oportunidad de Clark de haber zafado de su ejecución. Clark, afroamericano, estaba desarmado. Los policías aseguran que confundieron el teléfono móvil de Clark con un arma.

El asesinato a mansalva ha desatado protestas callejeras de la comunidad de Sacramento que aún no se apagan, tal como sucedió antes en Ferguson, Baltimore, Baton Rouge, Charlotte, New York y otras incontables comunidades donde ser joven y afroamericano implica un riesgo vital si la policía se cruza en tu camino. De hecho, datos de distintas fuentes concuerdan en que los afroamericanos tienen más posibilidades de ser baleados por la policía que los blancos.

La brutalidad policial, entre otras manifestaciones del racismo en Estados Unidos, ha gatillado el movimiento #BlackLivesMatter y la adhesión de connotadas figuras públicas. Numerosos deportistas, por ejemplo, llevan varios años manifestándose públicamente contra las víctimas de la brutalidad policial y del racismo, donando a activistas y organizaciones que luchan por una mayor justicia racial o disputando, en la esfera pública, en sus cuentas de Twitter, en las entrevistas en canales de televisión o radio los discursos de supremacistas blancos. Varios connotados jugadores de las ligas profesionales de básquetbol femenino y masculino, así como también del fútbol americano, entre otros, han devenido activistas.

Pero la brutalidad policial es sólo una de las manifestaciones de la discriminación racial en Estados Unidos. El país tiene las peores tasas de muerte materna del mundo industrializado pero las mujeres afroamericanas tienen más posibilidades de morir después del parto producto de negligencias médicas o falta de cuidados de parte de los equipos médicos debido a prejuicios raciales. Los mismos prejuicios que explican la alta tasa de rechazo de solicitudes de créditos hipotecarios a estadounidenses afroamericanos o latinos, por ejemplo.

La retórica instalada por el actual presidente, Donald Trump, desde su campaña en 2016, no ha hecho sino empeorar las cosas: En el lanzamiento de su campaña dijo que los mexicanos son “criminales” y “violadores” y ha insistido en que construirá una muralla en la frontera con México. El año pasado dijo que todos los inmigrantes provenientes de Haití tienen SIDA, que 40 mil nigerianos nunca volverían a sus “cabañas” una vez que vean Estados Unidos y que por qué en vez de recibir migrantes haitianos o africanos no recibían más noruegos. Además, ha dicho reiteradamente que ciudades con población mayoritariamente afroamericana o latina son “zonas de guerra distópicas” y calificó a los puertorriqueños que criticaron la lentitud y escasez de la ayuda federal después del Huracán María como “ingratos”. Las críticas de los boricuas al abandono del gobierno federal son más que justificadas: varios meses después de que el huracán golpeara la isla, hay vastos sectores sin luz o agua potable.

Por el contrario, Trump ha sido condescendiente con los líderes supremacistas blancos y no se inmutó en rechazar el apoyo público a su campaña de parte de quien había sido uno de los máximos líderes del Ku Klux Klan. The New York Times, por ejemplo, rastreó dichos y acciones racistas de Trump en su trayectoria empresarial y pública bien temprano en los 1970s.

Esta retórica se ha materializado en políticas impulsadas por el gobierno federal en el último año y medio tendientes a impedir el ingreso de ciudadanos de algunos países mayoritariamente musulmanes, a recrudecer la deportación de inmigrantes indocumentados, y en desmantelar las políticas actualmente vigentes que protegen a hijos de inmigrantes indocumentados que fueron traídos a Estados Unidos por sus padres siendo niños, como son la Development, Relief and Education for Alien Minors Act (Ley de Fomento Para el Progreso, Alivio y Educación para Menores Extranjeros), conocida como DREAM, y la Deferred Action for Childhood Arrivals (la Acción Diferida para los Llegados en la Infancia), conocida como DACA, por mencionar sólo algunos ejemplos.

Esto ha implicado, además, una guerra verbal y administrativa entre el gobierno federal y algunos estados y gobiernos locales (condados) que han adoptado políticas más proactivas en la protección de migrantes y que son conocidas como ciudades o estados santuarios. El ánimo anti-migrantes es palpable, por ejemplo, en el aumento de ataques a musulmanes, sobrepasando incluso los registrados el 2001, el año del atentado a las Torres Gemelas. Y eso que estas cifras consideran sólo los casos que fueron reportados al FBI. Buena parte de las víctimas son mujeres que usan hiyab y que enfrentan desde insultos hasta agresiones físicas en intentos por arrancarles el velo.

Ese fue el caso de mi amiga Shughla, musulmana, que usa hiyab. Después de unos meses sin vernos, la encontré sin su velo. Me contó que había decidido usarlo sólo en espacios privados y protegidos después del último de varios incidentes callejeros: un hombre en el metro la inslultó a viva voz por llevar su hiyab, sin que nadie dijera o hiciera nada.

De primera mano

La ciudad donde vivo con mi esposo y mis dos hijos mientras curso mi doctorado es pequeña y la presencia de una universidad con una numerosa población de estudiantes internacionales de prácticamente todos los rincones del mundo influye en que la comunidad sea relativamente más abierta a la diversidad. Sin embargo, ha habido varios incidentes contra hispanos, musulmanes y afroamericanos. Por ejemplo, en la universidad hay centros de investigación y docencia especializados en temáticas sobre latinos, latinoamericanos, afroamericanos y asiáticos, que en los dos últimos años han sido rayados con insultos en sus paredes.

Mis hijos asisten a una escuela bilingüe español-inglés y la comunidad hispana y latina es numerosa, incluyendo algunos indocumentados. Por lo tanto, las autoridades escolares y el personal de la escuela han sido muy activos en proveer información, apoyo social y recomendaciones sobre qué hacer en caso de que las personas se enfrenten a redadas de la migra (que es un organismo federal y no local).

En este contexto, quienes se encuentran sin sus documentos migratorios en regla están comprensiblemente preocupados y han modificadoalgunas prácticas cotidianas con el objetivo de disminuir cualquier riesgo de enfrentar a la policía, lo que incluye enseñarle a sus hijos qué hacer y qué decir en caso de que la migra toque a su puerta, así como también han firmado un poder legal a nombre de amigos estadounidenses que, generosamente, quedarían al cuidado de los niños si es que sus padres son detenidos y/o deportados.

Algunos migrantes han dejado de recurrir a ciertos servicios sociales con el objetivo de evitar cualquier riesgo potencial, ya sea real o aparente. Las deportaciones en Estados Unidos no son nuevas ni han sido esporádicas o a pequeña escala. Barack Obama, por ejemplo, expulsó a más de 2 millones y medio de personas durante sus ocho años de mandato. Sin embargo, en su primer año de gobierno, Trump arrestó más indocumentados que los que había realizado la administración de Obama el año anterior. Es decir, hay más redadas y, por lo tanto, también más temor.

Pero la furia y la discriminación no distinguen si el estatus migratorio de una persona está en regla o no. Sólo identifican pieles, acentos y lenguaje. Y eso basta para que el gringo en la sala de espera del hospital murmure molesto que “por qué no hablan inglés, si en este país se habla inglés”; o que otro baje la ventanilla y le grite de su camioneta andando a una mujer en otro auto, en la carretera, que “por qué no te vas de vuelta a tu país”, a pesar de que Estados Unidos es su país de residencia, según sus documentos en regla. O cuando a mi marido le han preguntado, con cara de pocos amigos, si es del Medio Oriente o de qué parte de México viene. La denominación legal para los inmigrantes en Estados Unidos, la de aquellos con su documentación de estadía en regla, es “alien”.

En estos pocos años viviendo acá, creo que el vocablo captura muy bien la conflictiva relación de la sociedad estadounidense con su población migrante. Con o sin documentos, trabaja, contribuye a sus escuelas, a sus comunidades, a la cultura local y nacional.

Ciberseguridad en Chile

Por Daniel Álvarez

Desde la invención de Internet y su masificación, a comienzos de este siglo, la seguridad digital se ha transformado en una de las principales preocupaciones de la comunidad relacionada con el desarrollo de las tecnologías digitales.

Esta preocupación se manifestó, en un primer momento, en la generación de estándares y normas técnicas para hacer de los procesos vinculados a la transmisión de datos a través de redes digitales, un proceso que garantizara la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información.

Luego, cuando el alcance de las tecnologías digitales fue mucho mayor, cubriendo múltiples dimensiones de la vida cotidiana de las personas, la mirada meramente técnica resultó insuficiente y diversos gobiernos comenzaron a discutir cómo hacerse cargo de los nuevos riesgos y amenazas que suponen estas tecnologías para las personas, la sociedad civil, las empresas y los gobiernos.

Así fue como en el año 1999, la Asamblea General de las Naciones Unidas comenzó un proceso de aprobación de resoluciones anuales que instaban a los Estados Miembros a hacerse cargo de los avances en la informatización y las telecomunicaciones en el contexto de la seguridad internacional, teniendo especialmente presente los riesgos que las entonces nuevas tecnologías de redes digitales podrían suponer para la mantención de la paz y la seguridad internacional.

A nivel regional, por su parte, cabe destacar los procesos realizados en diversos países de América Latina para contar con documentos de política pública que orienten la acción del Estado, del gobierno, de las empresas y sus organizaciones gremiales, de la sociedad civil y los ciudadanos en materias de ciberseguridad. Así, Colombia, Chile, Paraguay, Costa Rica, y México ya han lanzado sus propias políticas o estrategias nacionales de ciberseguridad.

A nivel nacional, si bien existieron esfuerzos aislados materializados en la aprobación de un par de cuerpos legales en materia de protección de datos personales y delitos informáticos, ambos textos concebidos antes de la masificación de Internet y por lo mismo, profundamente insuficientes, no es sino recién en el 2015 cuando se aborda el tema de la seguridad digital, hoy también llamada ciberseguridad, desde una perspectiva integral y de política pública.

En abril de 2015 se dictó el Decreto Nº533 que creo el Comité Interministerial sobre Ciberseguridad que tenía que cumplir con dos propósitos fundamentales. Primero, la elaboración de una propuesta de Política Nacional de Ciberseguridad, aprobada por la Presidenta de la República en abril de 2017, y, segundo, prestar asesoría especializada al gobierno en este ámbito.

La Política Nacional de Ciberseguridad es el primer instrumento del Estado de Chile que tiene por objeto resguardar la seguridad de las personas y de sus derechos en el ciberespacio, estableciendo cinco objetivos estratégicos y un conjunto de medidas que se deben adoptar para contar con un ciberespacio libre, abierto, seguro y resiliente, en un horizonte de mediano y largo plazo.

Las medidas aprobadas de la Política Nacional de Ciberseguridad tienen en especial consideración que Chile ostenta una de las mayores tasas de penetración de Internet en América Latina, con más de un 70 por ciento de su población conectada, lo que permite que cada vez más y más personas puedan desenvolver parte importante de su vida cotidiana en el ambiente digital, aprovechando las ventajas de la mensajería instantánea, la amplitud de las redes sociales y la variedad de plataformas de comercio electrónico.

Sin embargo, tal como ha venido sucediendo en buen parte del mundo, el incremento en las tasas de utilización de las tecnologías digitales implica necesariamente un aumento de la dependencia a ellas y crea nuevas vulnerabilidades, lo que hoy se expresa en la ocurrencia, cada vez más frecuente, de incidentes y ataques informáticos, algunos de los cuales tienen propósitos delictivos, de afectación de derechos de las personas o, incluso, amenazas al funcionamiento de las infraestructuras críticas del país.

En estas tres dimensiones hay medidas que nuestro país debiera asumir en el corto plazo. En materia de ciberdelitos, urge la reforma la legal que junto con implementar el Convenio de Budapest, actualiza nuestra roñosa ley de delitos informáticos que data de 1993, estableciendo tipos penales específicos para los nuevos fenómenos criminales como el phishing, el acoso sexual en redes digitales, la pornovenganza, entre otros.

En materia de protección de derechos de la personas, se debe avanzar en la aprobación de un nuevo marco regulatorio sobre protección de datos personales, que está en discusión legislativa en el Senado y que, en caso de ser despachado, podría significar un incremento considerable en el nivel de protección de la información personal, que como muchos han sostenido, se trataría del petróleo que moviliza a la sociedad de la información.

En esta misma dimensión —la protección de los derechos de las personas— se deben adoptar los resguardos necesarios, ya sea a nivel legislativo o judicial, para que no se repitan las actuaciones lamentables como el Caso Huracán, que supuso no sólo la implantación de evidencias falsas en diversas investigaciones criminales, sino que también un uso indiscriminado de las facultades que la ley de inteligencia le entrega a los cuerpos policiales.

En este sentido, urge una discusión sobre el alcance de las operaciones especiales de inteligencia y las reglas sobre control civil y judicial de su ejecución. En materia de infraestructura crítica se debe avanzar decididamente en el establecimiento de un marco normativo que regule la acción del sector público y del sector privado orientada a la protección de aquellos activos tangibles y digitales que son esenciales para el normal funcionamiento del país. Como hemos visto en la experiencia de otros países, la infraestructura crítica se ha ido transformando en un espacio especialmente crítico en los conflictos internacionales.

Este conjunto de medidas mínimas debiera bastar para elevar los estándares de seguridad digital del país, para encarar eficazmente los ciberdelitos y para garantizar a la población el ejercicio de sus derechos en el ciberespacio. Con todo, para que alcanzar un mayor nivel de madurez en materia de ciberseguridad sea posible, no podemos dejar de lado nuestras prácticas y usos personales de la tecnología.

Medidas tan simples como utilizar clave en nuestros teléfonos y computadores, no abrir correos sospechosos, no compartir información personal en redes sociales y enseñar a niños, niñas y adolescentes a usar responsablemente las tecnologías digitales podría bastar para lograr el objetivo de contar con un ciberespacio seguro.

Prólogo de Dante Contreras para la reedición de «Chile, un caso de desarrollo frustrado», de Aníbal Pinto

Fue en un curso de Historia Económica, en mis primeros años en la Universidad de Chile, cuando leí por vez primera la obra del profesor Aníbal Pinto, y aún recuerdo con mucha nitidez la impresión que me causó y cómo el autor fue capaz de transmitirme una frustración que en cierta medida me sigue acompañando. Quizás fue por eso mismo que sentí algo de vértigo al recibir la invitación a escribir un prólogo para una nueva edición del libro.

Revisitar una obra de estas características ha sido sumamente interesante, más aún cuando la discusión actual sigue siendo en torno a las posibilidades de desarrollo de Chile. El pensar en las reformas que se requieren para esto, el anticipar restricciones políticas y culturales, nos ayudan a precisar y calibrar las expectativas respecto a la factibilidad de transformar a Chile en un país desarrollado. Esta es, sin duda, la importancia de releer este texto: imaginar un futuro esplendor considerando los errores históricos que pesan sobre nosotros.

Esta invitación a una lectura crítica y prospectiva tiene al menos dos opciones. Una mirada optimista que reconoce a Chile ad portas del desarrollo. Y una más pesimista, que advierte que aquellos aspectos estructurales que limitaron nuestras posibilidades permanecen y aún condicionan nuestras opciones futuras.

Desde mi experiencia como profesor universitario creo que este material y, por consiguiente, su discusión contemporánea son requisito de primer orden para la formación en las distintas escuelas de ciencias sociales del país. Es importante para las nuevas generaciones de economistas, abogados, cientistas políticos, entre otros, enfrentarse a este relato y desafiar sus intelectos en la búsqueda de mecanismos que cambien una trayectoria que parece venir determinando nuestro desarrollo desde hace mucho tiempo.

Condiciones iniciales favorables

El autor observa que tempranamente se reconoce la importancia de contar con una matriz productiva diversificada (1847). La discusión de la época correctamente identificaba que no era posible ni razonable participar en la producción de todos los bienes. Sin embargo, reconocía que la diversificación actuaba como mecanismo de protección ante las fluctuaciones de precios de recursos naturales y también como estrategia hacia el desarrollo.

Complementariamente, el Ministro de Hacienda, Manuel Rengifo, en los años 1830 llamaba la atención sobre los inconvenientes de la elevada concentración de la propiedad agrícola, los escasos impuestos recaudados y la necesidad de costear beneficios comunes. El lector reconocerá con nitidez la vigencia de esta discusión, que es la misma desde que se retornó a la democracia hasta el presente.

Resulta interesante constatar que las diferencias ideológicas de antaño aún perduran y contribuyen a explicar parte de esta frustración. La falta de convicción de algunas medidas y el abandono de otras generó el pronto estancamiento de importantes avances registrados. La discusión aún vigente respecto a la conveniencia o no de la participación del Estado en actividades productivas y de toda regulación ha sido un tema debatido a lo largo de nuestra historia. Producto de un cambio de paradigma, que fue influido por la discusión de la élite intelectual de la época, se elimina, por ejemplo, la protección a la industria naviera reduciendo a la mínima expresión su relevancia nacional.

Otro ejemplo destacado en el texto es la situación del salitre. Pinto escribe: “nuestro país, consciente de los derechos arraigados y de lo que podía significar el salitre para una economía de exportación en descenso, va a la guerra, o sea al sacrifico supremo; logra la victoria y de inmediato toma medidas que a corto plazo virtualmente liquidan el dominio nacional de los frutos conquistados”.

¿Una élite despreocupada del desarrollo?

Aníbal Pinto no utiliza el concepto de “élite” en su libro. En efecto, a lo largo del texto se refiere a la clase política, a la oligarquía y a la burguesía. Pero bien, este grupo, de acuerdo con Pinto, jugará un rol primordial a lo largo del desarrollo económico y político de Chile, y nos conectará con una serie de aspectos y realidades que están aún vigentes en nuestro país. El retrato de este segmento de la población y sus efectos en el desarrollo frustrado del país son clave.

Es decir, a pesar de las buenas condiciones económicas y estabilidad política, el autor sostiene que no hubo incremento de productividad y que los progresos tecnológicos no fueron asimilados. Como consecuencia, y a diferencia de otros países comparados en el texto, se observa una economía que transita hacia una alta concentración de recursos, pero al mismo tiempo hacia actividades económicas con baja productividad e inversión. El examen que realiza sobre la agricultura, minería e industria demuestra lo señalado.

Adicionalmente, la clase alta o burguesía, en cambio, es descrita como aquella que defiende esquemas tributarios que le sean favorables, gravitante de forma consistente en el ejercicio del poder e influyente en la toma de decisiones en los aspectos más fundamentales de la política nacional. En comparación con otras economías, la oligarquía en Chile es descrita como rentista, con baja propensión al ahorro e inversión, envuelta en actividades económicas de baja productividad y con menores cargas tributarias respecto a países exitosos en su desarrollo. Como consecuencia de lo anterior Chile divergió de su trayectoria esperada. A modo de ejemplo, según Patricio Meller en Trayectorias Divergentes, en 1950 el producto per cápita de Chile alcanzaba a 2.536 dólares, Finlandia en igual fecha exhibía una cifra comparable de 2.758. En 1970 dichas cifras subieron a 3.687 y 6.186 respectivamente. En 1985, mientras Chile se estancaba en 3.486 dólares per cápita, la economía escandinava llegaba a 9.232. Finalmente en 2016 Chile alcanzaba los 13.792 dólares per cápita, mientras que Finlandia alcanzaba a 43.402.

Desigualdad de ingresos y opciones al desarrollo

Por otra parte, Chile no ha sido capaz de desarrollar un sistema de protección social que dé garantías de bienestar a la gran mayoría de la población. La seguridad social y tributación es soportada de forma importante por grupos de menores ingresos. Existe poco espacio para la redistribución. En suma, se señala una política fiscal con sello regresivo. Esta situación, persistente hasta el día de hoy, sigue siendo calificada como una economía de alta desigualdad. Evidencia reciente da cuenta de que los espacios de movilidad social son muy limitados.

La educación juega un rol clave en ambos aspectos: desigualdad y movilidad social. Llevar adelante reformas que busquen corregir esta situación es complejo, por cosmovisiones ideológicas arraigadas a través de la historia y que limitan la posibilidad de alcanzar acuerdos. La presencia de un desacople entre política y economía también persiste en estas dimensiones: corregir esta situación es necesario pero muy costoso. Los recursos requeridos significan una importante carga tributaria, donde los sectores más pudientes generalmente se han opuesto a reformas sustantivas y las prácticas elusivas son comunes. ¿Podrá ser Chile entonces un país desarrollado?

Los patrones descritos en este libro, las persistencias registradas, la polarización política y el bloqueo de reformas no contribuyen al objetivo señalado. Hemos carecido de una mirada colectiva de largo plazo. Nos ha faltado austeridad por un lado, y por otro nos ha penado la falta de arrojo y determinación para apostar por inversiones que nos hubieran permitido consolidar diversas oportunidades de crecimiento económico. Hoy el panorama no es muy distinto. La elevada concentración de los recursos, la baja productividad y la ausencia de una decidida y firme inversión en capital humano continúan comprometiendo nuestras opciones futuras.

Espero que esta reedición permita que Aníbal Pinto, quien fuera Profesor de la Facultad de Economía de la Universidad de Chile, ilumine a nuestros actuales estudiantes de ciencias sociales y sea insumo de un debate profundo y documentado sobre la persistencia de nuestros errores y nuestras miopías. Desde ahí podríamos imaginar que las nuevas generaciones diseñen un nuevo trazado.

La convivencia universitaria respetuosa como ejercicio de derechos humanos

Por Juan Cortés

La Universidad de Chile promueve el desarrollo integral y armónico de sus miembros y lo hace en concordancia con los principios orientadores y las prácticas específicas de la comunidad. El cumplimiento de nuestra misión constituye un compromiso permanente de funcionarios/as y estudiantes, cualquiera sea su especificidad, como demuestran los hallazgos efectuados por la Iniciativa de Convivencia Universitaria (ICU), dependiente de la Vicerrectoría de Asuntos Estudiantiles y Comunitarios VAEC.

Esta instancia constituye un elemento facilitador de las relaciones armónicas y simétricas dentro de nuestra comunidad. Este anhelo compartido, sin embargo, no ha constituido en todo momento nuestra norma social e incluso en tiempos no lejanos, rigió su inverso. ¿Acaso la simple disposición al respeto y colaboración no basta?

En pleno siglo XXI, muchas de las terribles desigualdades que vivió Chile durante su historia parecieran resueltas: régimen democrático y Estado de derecho; eliminación del hambre, mortalidad infantil y otras muertes prematuras; acceso al agua potable, alcantarillado, conectividad vial y transportes; educación, trabajo, derechos sociales y de género y una serie larga de conquistas obtenidas no sin duras batallas y ciclos de avances y retrocesos. Esto no parece haber conseguido necesariamente la instauración de relaciones armónicas entre sus ciudadanos ni comunidades.

Como Universidad pública consciente de su ser y por lo tanto de su responsabilidad en la construcción de Chile, estamos obligados a actuar, a profundizar nuestra mirada crítica institucional, social e individual. Los últimos años han demostrado que es posible avanzar en temas que hasta hace poco resultaban impensables: equidad de género; acoso y abuso sexual; creación de Centros de Aprendizaje; programas de admisión inclusivos como SIPEE, PACE o de ex-conscriptos.

Un Comité de Coordinación Institucional ha propiciado giros insospechados en la dinámica organizacional, demostrando que si hay reflexión y trabajo colaborativo, los vacíos de interacción y silencios ominosos van dando paso a la reflexión y a la cohesión institucional. En la misma línea, la VAEC ha venido desarrollando esta iniciativa, realizando un levantamiento al interior de la institución que da cuenta del estado formal de acciones, institucionalidad y programas de convivencia. La finalidad es comprender la realidad. Mediante una acción transversal y coordinadora se busca identificar interacciones virtuosas y promoverlas al interior de la comunidad.

La ICU, a través de una mesa técnica con representantes de las unidades académicas y de la Dirección de Recursos Humanos, trabaja sobre tres ejes sustantivos: sentido de comunidad y de pertenencia; respeto hacia las personas -más allá de roles y posiciones-; y convivencia. Estos ejes tributan a la formulación de estrategias concretas que subrayan a la equidad y la inclusión como partes fundamentales de la vida universitaria. Un Plan Anual de Convivencia Universitaria, elaborado por un grupo de trabajo multidisciplinario, plural y triestamental, se encargará de promover conductas respetuosas y reforzar el sentido de pertenencia a la comunidad universitaria. También corresponde a la labor de la ICU estimular y apoyar la generación de comités asesores en facultades e institutos en materias de convivencia y diálogo dentro de ellas.

En este sentido, una forma posible de avance comunitario es reconocer Áreas Estudiantiles Comunes que dispongan de infraestructura y servicios de calidad basal uniforme, configurando un “piso mínimo garantizado” estructural, análogo al desarrollado en beneficios estudiantiles por la Dirección de Bienestar Estudiantil.

Finalmente, y aunque la Universidad pueda ser vista como una institución añosa y rígida, existen otras perspectivas y dimensiones. Observando los ambientes que genera, las discusiones que se dan en ámbitos científicos, filosóficos, artísticos o humanistas, es posible reconocer redes de conversaciones vigorosas, flexibles e innovadoras, llenas de vida y de creatividad.

Es ese el ambiente que debemos fomentar y compartir, son esos espacios los que deben alimentar las respuestas y mensajes que la Universidad lleve a la sociedad y en los cuales están inmersos nuestros estudiantes. Una forma de promoverlos son nuestras declaraciones explícitas de colaboración entre los integrantes, el desarrollo de trabajo interdisciplinario y transdisciplinario y la adhesión irrestricta al diálogo constructivo e integrador. Nuestro empeño como VAEC es aportar en la formación integral de los/as estudiantes, generando igualdad de oportunidades de acceso, permanencia, egreso y titulación, incidiendo en el contexto universitario como una importante fuente de retroalimentación, aprendizaje y aporte cultural.

La Universidad es espacio físico, aunque lo que la distingue, lo que la hace irrepetible y especial para todos los que pasamos por ella, es su ambiente único y peculiar, que debemos preservar y mejorar con nuestros aportes. Al distinguir de manera explícita la equidad, la inclusión y el respeto mutuo como elementos estructurales y sustantivos de la Universidad, constantes e indisolubles de todas sus funciones, estaremos consiguiendo que la excelencia y el respeto de los derechos humanos resulte algo connatural e inevitable para quienes formamos parte de ella.

Formación en derechos humanos en las Fuerzas Armadas

Por Felipe Agüero

La educación en derechos humanos (DDHH) es necesaria en toda institución del Estado, y lo es especialmente en aquellas instituciones a las que la sociedad, para su propia protección, les confiere el monopolio de la violencia legítima. Si esto vale para todas las instituciones armadas en tiempos en que los DDHH se han hecho parte del patrimonio cultural y jurídico de la humanidad, es especialmente válido en el caso de instituciones armadas que fueron protagonistas de masivas violaciones a los más elementales de esos derechos en un pasado más o menos reciente. La sociedad y el Estado han reconocido esas violaciones y han intentado registrarlas, investigarlas, someter a la justicia a los culpables, reparar a las víctimas y desarrollar procesos de memoria con vistas al objetivo de no repetición. Las Fuerzas Armadas han hecho algunos reconocimientos simbólicos y se sentaron en una mesa de diálogo con representantes de las víctimas. De todas las ramas, es el Ejército el que fue más lejos al reconocer su participación institucional en esas violaciones, en la conocida declaración del Nunca más que hiciera el General Juan Emilio Cheyre, como Comandante en Jefe, en junio de 2003.

Con todo eso a la vista, ¿puede decirse que hoy, a casi tres décadas del fin de la dictadura, se forma a oficiales, suboficiales y soldados en DDHH con la profundidad requerida por la experiencia nacional? Destaco dos situaciones que me parecen decidoras y frustrantes. La primera es que, a diferencia de Carabineros y la Policía de Investigaciones, ninguna de las ramas de las Fuerzas Armadas registra visitas al Museo de la Memoria y los Derechos Humanos. La segunda es que la declaración del Nunca Más no es discutida, no es asignada como lectura o base para la reflexión. Pareciera que pasó al olvido. Es desalentador que esto refleje una opinión extendida en la oficialidad de que lo hecho durante la dictadura estuvo bien, que era inevitable, y por eso la resistencia frente a ese documento.

No obstante, del rechazo al concepto y significado simbólico de los DDHH que primó durante los años ‘90 se pasó a un reconocimiento de la inevitabilidad de su incorporación. Esto comenzó con la aceptación de participar en la Mesa de Diálogo, que se inició a mediados de 1999 y que llevó a dialogar con un sector—los representantes de las familias de desaparecidos y los abogados de DDHH—que hasta entonces era fuertemente descalificado por los militares. Hay que decir que mientras ocurrían esas conversaciones, que no dieron los resultados esperados y que entregaron información falsa, se estaban destruyendo en el ejército los documentos con esa información. No obstante, desde aquí se dio el primer impulso a la aceptación de la necesidad de dar formación en esta área. El empuje continuó con el Nunca Más y la iniciativa del General J. E. Cheyre y del General O. Izurieta en la Comandancia de Institutos Militares y luego de Institutos y Doctrina. En este periodo se adopta formalmente la decisión de incorporar los DDHH en la enseñanza militar, aun cuando esta decisión no tuvo mayor impacto real en la malla curricular. Se avanza en una mayor y mejor incorporación de la enseñanza del derecho internacional humanitario, especialmente en momentos de mayor participación chilena en misiones de paz, pero no hay incorporación diferenciada y sustantiva de los DDHH.

Esta falta de especificidad y profundidad en la enseñanza de los DDHH en las Fuerzas Armadas fue advertida en un estudio realizado en 2011 por el Instituto Nacional de Derechos Humanos. El estudio señaló que “los contenidos se caracterizan por una fuerte concentración en los marcos doctrinarios y normativos del derecho internacional humanitario, con un escaso tratamiento de los derechos humanos y una ausencia de instrumentos específicos de derecho internacional en esta última materia.” (Boletín Informativo INDH No. 2, diciembre 2011).

Hay pocas referencias a los derechos humanos en la legislación nacional (ninguna en la Armada y Fuerza Aérea) y nada sobre derechos civiles y políticos. Como sugiere lo anterior, se encontraron fuertes diferencias entre las ramas, con una presencia significativamente menor de la temática de DDHH en la Armada y la Fuerza Aérea. Temáticas clave como la tortura, tanto por la experiencia en la dictadura como por los debates sobre acción internacional en esta materia después del atentado a las Torres Gemelas, se tratan sólo indirectamente. Y, agrega el estudio, “los temas de memoria de graves violaciones de derechos humanos se encuentran ausentes en la formación de todas las ramas [….] no lográndose identificar acciones de reconocimiento y de reflexión crítica sobre tales hechos” (Ibid.).

A estas debilidades se suma una muy importante: la calidad de los profesores, que muestran poco interés o convencimiento en el tema. Con todo, es alentador que se haya desarrollado un diálogo entre el INDH y las Fuerzas Armadas, con vistas a mejorar y profundizar este tipo de formación. Producto del citado estudio, el INDH hizo una propuesta de programa de enseñanza, que se orientara a concentrar y visibilizar más la temática de DDHH específicamente, en la misma dirección que antes, el 2000, había propuesto el General Cheyre como Comandante del Comando de Institutos Militares, señalando en un documento “la obligación de dinamizar, profundizar y marcar un fuerte centro de gravedad en nuestros procesos formativos en estas materias.” Pero la propuesta del INDH fue rechazada, diciendo los órganos respectivos de las fuerzas armadas que estaba bien lo que ya tenían.

Hay promesa en una continuada relación de diálogo y propuesta con el INDH, teniendo en cuenta su apuesta por “los nuevos enfoques de la Educación en Derechos Humanos, que fortalecen la doble dimensión del personal uniformado: como garante de derechos, pero también como sujeto de derecho; dimensión que permite apropiarse de mejor manera del marco valórico de los derechos humanos”, y que permite también poner adecuada atención en las reglas y comportamientos dentro de las instituciones en relación a sus propios miembros y la vulneración de derechos de que pueden ser objeto.

La educación en DDHH es limitada y llena de formalismos. Pero hay una plataforma establecida, especialmente en el Ejército, que pudiera permitir avanzar. Esta plataforma consiste en la aceptación de la necesidad de la formación en DDHH y en la presencia del tema en diversos escalones de formación en la Escuela Militar y la Escuela de Suboficiales, y varios otros cursos necesarios para el ascenso de los oficiales. Una gran palanca puede ser la incorporación de objetivos y tareas en este plano que hizo el Plan Nacional de Derechos Humanos. Darle consistencia, profundidad y especificidad a la formación en DDHH, aparte de su relación con la experiencia nacional de violaciones, es una tarea que requiere de decisión y voluntad política. Conspiran contra esto la autonomía que mantienen las Fuerzas Armadas, entre otras, en la esfera educativa, y la falta de voluntad política y capacidad institucional desde el Ministerio de Defensa.

Aquí ha prevalecido una auto inhibición sistemática y falta de liderazgo, desde la posición del ministro, como se vio en estos últimos años, que reflejan una claudicación en favor de la acomodación, para “no hacer olas”, en desmedro de una visión orientada a contribuir desde un sector clave a la verdadera democratización del país y a una modernización de las Fuerzas Armadas y los sistemas de liderazgo civil.

Claridad conceptual

Los conceptos permiten distinguir entidades que comparten un conjunto de propiedades significativas. Consecuentemente, no se debe tomar con ligereza la expresión “claridad conceptual”. Omitirla conduce a disquisiciones infundadas y abre las puertas a que el simple oportunismo vaya configurando nuestro devenir.

Si de conceptos se trata, empecemos por preguntar ¿Qué es una universidad? ¿Qué es una universidad pública? ¿Qué rol le corresponde al Estado en educación superior? Parecería conveniente y necesaria una cierta claridad respecto a estas preguntas cuando se discute una legislación sobre educación superior. Sin esa claridad se maximizan los riesgos de un debate enredado y confuso. Pero también es cierto que esto último bien podría ser, precisamente, un objetivo deseable y buscado para algunos. Y que estos querrían las tinieblas conceptuales.

La universidad puede concebirse como una comunidad de maestros y discípulos destinada al cultivo del saber, interesada en la investigación e innovación, donde el estudiante pasa algunos años que recordará y valorará como los más decisivos para su formación intelectual y profesional. Alternativamente, podría concebirse como un modelo de negocio donde un joven obtiene un título profesional que le permitirá mejores remuneraciones en su vida, es decir, un rédito futuro que justificaría endeudarse e invertir en sí mismo, paradigma que, de paso, puede facilitar la transferencia masiva de recursos públicos al privado. Tasa de graduación, empleabilidad de egresados, retorno económico, son mediciones obvias para este segundo paradigma, las que, sin embargo, si resultan molestas pueden ser fácilmente ignoradas.

Otra cuestión conceptual se refiere a los roles del Estado en el sistema de educación superior. Son al menos dos, y muy distintos, por lo que deben ser claramente diferenciados y explicitados. Por una parte, el Estado regulador debe definir los requisitos mínimos que las instituciones de educación superior han de cumplir, a la vez que garantizar que los cumplan. Por otra parte, el Estado proveedor se hace responsable de entregar educación superior de calidad en un ambiente pluralista, inclusivo y laico, cumpliendo tareas de investigación y transmisión cultural pertinentes.

En Chile, el Estado no sólo no distingue esos dos roles, sino que trata a las universidades estatales con los mismos criterios que a las privadas, es decir, con un énfasis en su función de ente regulador y un desentendimiento de su función de ente proveedor. Curiosamente, esto que se acepta tan fácilmente para educación superior sería incomprensible en cualquier otro ámbito de lo público. Si un hospital no cumple con los estándares de calidad, ¿se entendería que la respuesta del Estado fuera castigar a los pacientes quitándoles la atención gratuita? Si un local comercial que vende alimentos no aprueba la inspección sanitaria, el Estado debe cerrarlo. ¿Sería esa la conducta a seguir con un ente estatal que provee alimentos a escuelas públicas? ¿O más bien el Estado debería tomar medidas para corregir inmediatamente la situación?

En el resto del mundo, declarar que las universidades públicas “no tienen dueño” se interpreta como que son de todos. En Chile, más bien como que no les pertenecen a nadie.

Una tercera cuestión tiene que ver con un concepto tan novedoso como execrable. Se trata de la idea de que las comunidades universitarias pretenden “capturar” para beneficio propio un bien que pertenece a todos. Acusación curiosa contra una comunidad que, incluso en lo más pragmático, financia ella la adquisición de bienes que pasan a ser propiedad del Estado. Esta desconfianza en las universidades se usa para justificar medidas de intervención gubernamental inéditas. Desde siempre, Chile y el mundo han sabido compatibilizar dos ideas esenciales para las universidades públicas: su sinergia con las políticas estratégicas del país y su autonomía.

Por último, las universidades estatales tienen un factor de especificidad que, aún siendo tautológico, aquí ha sido sistemáticamente ignorado: su necesidad de vincularse armónicamente entre sí y con el resto del Estado. Este espíritu de colaboración en torno a misiones y objetivos comunes es lo más importante que hoy debemos reconstruir.

El archivo como institución de la memoria

Por Emma de Ramón

Los documentos son un elemento clave en la construcción de la memoria personal, familiar, comunitaria, social, institucional y, desde luego, nacional. Me explico: cada vez que ocurre un cataclismo (tan común en estas tierras) escuchamos que uno de los mayores daños provocados a las personas y familias es la pérdida de sus documentos; desde la simple cédula de identidad, pasando por certificados de estudios, inscripción de sus propiedades, hasta cartas, fotografías y otros testimonios personales. Lo mismo ocurre en los diversos niveles de organización: no tener documentos equivale al olvido de la historia y su reemplazo por la “leyenda”, es decir, la pérdida de gran parte de lo que define nuestro desarrollo como personas, sociedad o nación.

Cada aspecto de nuestra vida (personal o institucional) observada en el tiempo, deja un rastro: si ese rastro se pierde, todo el devenir se borra y aquello que narramos se basa sólo en el recuerdo. Los documentos nos permiten traer al presente los actos o hechos del pasado: mientras los producimos, cuando tomamos una fotografía o un video o escribimos algo, ocurre la fijación de un evento que nos permite recordar, pero a la vez, demostrar que ese evento ocurrió. Por eso, cuando alguien concurre a un archivo a buscar, por ejemplo, la inscripción de un contrato de compra y venta suscrito en el pasado, lo que desea es demostrar que esa compra se realizó respecto de unos terrenos que, según señala el documento, tenían tales proporciones, tamaños y límites. Así, al archivo,  en este caso el Registro Conservatorio de Bienes Raíces, se le exigen ciertos estándares que permitan mantener ese testimonio o demostración en el tiempo: que los documentos se conserven bajo ciertas condiciones que aseguren su preservación, que tengan una organización que permita su recuperación por parte de quien consulta y, principalmente, que el documento sea lo que dice ser. Es decir, que corresponda al documento original.

El archivo es la institución que garantiza todos estos aspectos: la cadena de custodia es demostrable, se encuentra en un contexto, contiene las firmas y otras huellas que determinan su autenticidad (timbres, marcas de agua, barras de verificación, etc.). Todo ello nos permite demostrar que un acto, en el caso de nuestro ejemplo, comprar unos terrenos, se realizó y que los derechos sobre ese acto se encuentran vigentes. Naturalmente, como los espacios son reducidos y las instituciones producen unas cantidades de documentos mayores a sus capacidades de almacenamiento, los archivos establecen lo que se denomina “tablas de retención”; es decir, se determina previamente a la producción de los documentos, cuáles de ellos requieren permanecer en el tiempo y cuánto tiempo debe guardarse cada tipología documental. Ese ejercicio se realiza de acuerdo a ciertos reglamentos o procedimientos internos o regulados externamente: es posible que el Conservador de Bienes Raíces de nuestro ejemplo no guarde la documentación contable más de cinco años (de acuerdo a las instrucciones del Servicio de Impuestos Internos), pero, desde luego, no puede deshacerse de los registros conservatorios que son su razón de ser. Estos los guarda hasta que, según dicta la ley, los transfiere al Archivo Nacional, el organismo público que garantiza la continuidad permanente de la custodia.

Lo mismo ocurre respecto a los actos que realiza el Ejecutivo: todos los actos administrativos producidos por el Estado quedan guardados en los archivos de gestión de cada oficina. Por ejemplo, los decretos de nombramiento, los informes contratados por algún servicio, licitaciones y otros actos por medio de los cuales el Estado adquiere algún bien o servicio, las actas de las reuniones en las que se deciden acciones, en fin, los rastros de todas las funciones públicas ejercidas por los funcionarios van quedando guardadas de manera tal que el Estado pueda responder de sus actos y obligaciones, así como también reclamar algún derecho adquirido. Pasado un tiempo, los organismos públicos transfieren su documentación al Archivo Nacional o a los Archivos Regionales en su caso, según lo que establece el artículo 14 del DFL 5.200 (1929). Así se hizo durante mucho tiempo hasta que el 17 de enero de 1989, la Ley 18.771 vino a cambiar esa situación. En un artículo único, la Junta de Gobierno que en esos años ejercía la función Parlamentaria estableció que “la documentación del Ministerio de Defensa Nacional, las FFAA y de Orden y Seguridad Pública y los demás organismos dependientes de esa Secretaría de Estado o que se relacionen con el Supremo Gobierno por su intermedio, se archivará y eliminará conforme a lo que disponga la reglamentación ministerial e institucional respectiva”. Asimismo, resta al Conservador del Archivo Nacional la facultad de visitación o supervisión de esos archivos.

Esto ha permitido, entonces, la destrucción o negación de los documentos que, eventualmente, estos organismos vinculados a la represión política y social en los años ‘70 y ‘80, produjeron. Con ello, han borrado la huella que pudieron haber dejado en los documentos el Estado, las miles de víctimas de la dictadura cívico-militar y sus victimarios. De no derogarse esta Ley por el Parlamento –derogación que se ha intentado durante muchos años sin avances mayores, lo poco que queda de estos rastros terminarán por borrarse, si es que todavía sobrevive alguno.

Un llamado de atención del INDH

A mediados de diciembre último, en una ceremonia encabezada por la Presidenta de la República y representantes de otros poderes del Estado, y en la que participó como maestra de ceremonia la protagonista de la película “Una mujer fantástica”, Daniela Vega, el Instituto Nacional de Derechos Humanos hizo entrega de su VIII Informe Anual, que contiene tanto el balance como las recomendaciones que deben ser abordadas por el conjunto de las autoridades públicas.

Entre los aspectos negativos que destaca este informe que contiene los avances y retrocesos están las manifestaciones de discriminación hacia las mujeres, la niñez trans e intersex, los pueblos originarios e inmigrantes, las condiciones de las personas internadas en unidades siquiátricas de larga estadía, la situación de las y los adolescentes que están en los centros de protección directa del Estado, el resguardo de la biodiversidad y el cambio climático, la justicia transicional y las políticas de reparaciones a las víctimas de la dictadura.

Uno de los elementos que acompañaron este trabajo fue el llamado de atención que develó la encuesta elaborada por el INDH, que pone el acento en materia de migración y racismo, con datos que demandan políticas que deben ser asumidas con urgencia. Por ejemplo se apunta a que, si bien un 71,3% se muestra de acuerdo con la afirmación de que “con la llegada de inmigrantes a Chile hay mayor mezcla de razas”, el 68,2 % responde afirmativamente ante la pregunta de si está  de acuerdo con medidas que limiten el ingreso de los inmigrantes al país, lo que para el organismo de derechos humanos “resulta preocupante porque constituye un derecho esencial que las personas puedan moverse libremente y establecerse en lugares diferentes a su país de origen”.

En esta línea, la encuesta de percepción sobre los migrantes realizada a 2.047 chilenos mayores de 14 años , hombres y mujeres de todas las regiones del país, aporta otros datos alarmantes, como que un 76 % de la población ha sabido o presenciado al menos una vez hechos contra migrantes como menosprecio(76%), burlas(78,3%), intimidaciones (66,5%), escupitajos (54,2%), insultos (79,8%), golpes (69,5%), agresiones sexuales (44,5%), apuñalamientos (58,7%), y asesinatos (51,9%). El documento agrega que “estas situaciones tienden a acentuarse entre la población joven, los segmentos socioeconómicos más bajos y la zona norte del país”.

Si a lo anterior se suma que un tercio de la población piensa que la mayoría o gran parte de los chilenos considera ser más blanco que otras personas de países latinoamericanos, el informe nos invita no sólo a hacernos cargo de una realidad que  además tiene una expresión cotidiana dramática como la que le costó la vida a la joven haitiana Joane Florvil, sino también a asumir políticas públicas que enfrenten esta y otras realidades que son explicitadas en  esta cuenta anual.

En este sentido no basta que Chile dicte una ley migratoria democrática dentro de los marcos y compromisos que el país ha suscrito en materia de derechos humanos. Entre otras medidas, hace falta también un mayor rigor y tolerancia cero de los medios de comunicación frente a discursos xenófobos y racistas, así como una ciudadanía más alerta y comprometida.

Desde la Universidad de Chile, junto a los estudios y acciones emprendidas de manera transversal, se suma ahora la Cátedra de Migración y Racismo Contemporáneo de la Vicerrectoría de Extensión y Comunicaciones, que se encuentra en su etapa de tramitación y que con la coordinación académica de María Emilia Tijoux asume que aportar a la reflexión sobre las causas y consecuencias de las migraciones contemporáneas y el avance del racismo en el país requiere necesariamente proponer desde la academia una aproximación amplia y actual del tema, de modo que como sociedad internalicemos que cuando nos referimos a la migración y el racismo no sólo se trata de un ejercicio teórico, abstracto o histórico, sino que también constituye un elemento fundamental del presente y futuro que como país queremos construir.

La memoria digital

Por José Miguel Piquer

La humanidad parece haber estado siempre obsesionada con almacenar su historia, por mantener una memoria hacia el futuro, por no ser olvidada. Desde los dibujos en las grutas prehistóricas, pasando por los millones de páginas de papel impresas, hasta los discos duros repletos de archivos. Por ello, no es sorprendente que hoy, que tenemos acceso a generar información y almacenarla casi a costo cero, los archivos de la humanidad hayan explotado en el planeta.

Se estima que hoy Internet almacena y disponibiliza más datos que los que se habían generado en toda la historia previa. Cada día se producen más de 2.5 exabytes en fotos, videos, textos, etc. Si eso no le dice nada, se estima que todas las palabras habladas por todos los seres humanos que han existido sobre la tierra suman como 5 exabytes de texto. Al parecer, con la memoria digital hemos construido lo más parecido posible a la biblioteca infinita de Jorge Luis Borges: jamás podremos recorrerla entera ni encontrar todo lo que en ella existe.

Una diferencia importante entre la memoria digital y los métodos anteriores de memoria (pinturas rupestres, libros) es que todo lo que almacenamos son ceros y unos, nada más. Esos ceros y unos los llamamos bits, y usualmente se almacenan y transmiten en forma electrónica, lo que permite tener enormes capacidades de almacenamiento y transmisión. Podríamos almacenarlos en formas más tradicionales, como en papel, pero resulta tremendamente ineficiente para los tamaños que se requieren. Un problema de los bits es que capturan muy poca información cada uno (sólo dos valores posibles), por lo que necesito muchos para almacenar cualquier objeto. Por ejemplo, una simple letra requiere 8 bits. Si queremos idiomas con acentos, eñes y esas alternativas, pasan a ocupar 16 bits cada una. Imaginen cuánto se requiere para una película en alta definición. Por ello es importante ocupar tecnologías de almacenamiento que requieran poco espacio y poca energía para cada bit. Los discos magnéticos y las memorias de estado sólido son los campeones actuales para almacenar datos, pero irán apareciendo alternativas nuevas en un mundo que cambia muy rápidamente.

Esto presenta un gran desafío para los archivos, ya que debemos irlos copiando de una plataforma a otra todo el tiempo, o nos arriesgamos a perderlos para siempre. En lo personal, he perdido mucho tiempo de mi vida preservando videos de mi familia desde que son digitales. En un inicio los copié a DVDs, luego los codifiqué a discos duros y hoy los tengo en la nube, suponiendo que es suficiente respaldo. En ese camino, descubrí que los DVDs se vuelven ilegibles con los años, que los discos duros se mueren con el tiempo y que cometemos errores, borrando historias completas de nuestras vidas.

Alguna vez buscamos respaldos en cinta de un viejo computador para rescatar mails muy antiguos, sólo para descubrir que esas cintas ya nadie puede leerlas. Es ahí que uno entiende el valor que tiene el papel en la historia de la humanidad: soy capaz hoy de leer un libro con cientos de años de antigüedad sin ningún problema, pero no soy capaz de leer una cinta magnética de hace 20 años.

Los archivos digitales son tremendamente volátiles, por lo que la primera lección es ¡cuídenlos! Recuerdo una charla de Marco Antonio de la Parra de hace unos 20 años atrás en que contaba cómo había perdido varios capítulos de una novela, escritos en un largo momento de inspiración en un computador, sin nunca guardar el archivo, claro, hasta un corte de luz. Dijo algo como: “en ese momento entendí lo que era el vacío. ¿Dónde estaban todas esas frases, esas palabras que escribí y sufrí hace unos minutos atrás? ¿Cómo es posible que no quede nada?”.

Ese es un problema fundamental de los bits: son etéreos y frágiles. Debemos batallar por respaldarlos, replicarlos, almacenarlos en forma confiable.

Pero esta memoria digital de la humanidad también presenta varios otros desafíos hacia el futuro. El más obvio es cómo navegar en este diluvio de datos: ¿cómo encuentro esa foto que busco si ahora tengo millones de fotos en mi disco? ¿Cómo discrimino información confiable entre todo el ruido generado por opiniones sin fundamento? Y varios otros que son menos obvios, pero igual de importantes:

¿Cómo diferencio un original de una copia?

¿Cómo protejo la propiedad intelectual?

¿Cómo sé que la información que estoy leyendo es real?

¿Cómo digitalizo objetos complejos reales?

¿Cómo visualizo información masiva?

¿Cómo borro información errónea o de la que me arrepiento?

¿Cómo podemos sacarle el mayor provecho a estos datos masivos?

¿Cómo controlo la privacidad de mi información personal?

La digitalización nos seguirá revolucionando las vidas por muchos años más. Tendremos que seguir esforzándonos por mantenernos al día y buscar soluciones innovadoras a los múltiples desafíos que tenemos por delante.