“La laicidad es una virtud que hace que el Estado sea independiente y servidor del bien común. Pero nada impide, y diría que es incluso obligatorio, que la laicidad sea también una virtud de todos los ciudadanos. Pienso que las organizaciones de la sociedad civil, las iglesias y asociaciones parecidas, además de las personas individualmente consideradas, debieran ser “laicas”. Esta debiera ser una característica de la sociedad y no sólo de un Estado moderno.”
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En Carén se ha puesto en marcha la construcción del edificio que será sede del Centro Tecnológico para la Innovación Alimentaria apoyado por CORFO. En este centro participan otras tres universidades, la Pontificia Universidad Católica de Chile, la Universidad de Talca y la Universidad de la Frontera. Participan también la Fundación Chile y Fraunhofer Chile.
CORFO considera que el sector alimentos es clave para el desarrollo del país y que debe preocuparnos desde su producción primaria a su transformación y procesamiento. A través del Programa Transforma Alimentos, ha apoyado con convicción este Proyecto CeTA que permitirá desarrollar tecnologías que agregan valor innovando en la producción alimentaria. Se trata de un espacio de encuentro, de construcción de capital social, de generación de proyectos estratégicos para un desarrollo integral del país.
El edificio para CeTA es el primero destinado a tareas académicas de investigación e innovación que se empieza a construir en Carén. Dentro de poco inauguraremos el Edificio Vínculo, a partir del cual se irá impulsando y organizando nuestro proyecto académico. Pensábamos que el Edificio Vínculo sería la primera construcción de Carén. Quiso la vida que eso no fuera así y que el primero que se pone en marcha sea el de CeTA. Nos alegramos mucho de este curso de los acontecimientos, pues la propuesta de CeTA no podría ser más representativa de las múltiples dimensiones que inspiran a Carén.
Para comenzar, Carén busca la transdisciplinariedad, un gran horizonte para nuestra Universidad que la ciencia contemporánea absolutamente exige. La producción alimentaria es un tema esencialmente transdisciplinario, que involucra entre otras a las áreas silvioagropecuaria, de tecnologías, de salud y socioeconómica.
En este mismo sector referido a nutrición y alimentos, la Universidad de Chile tiene el privilegio de contar con el INTA, un Instituto que, liderado por Fernando Mönckeberg, anticipó la transdisciplinariedad. Un aspecto fundamental de este concepto es que no basta con que distintos expertos den una opinión especializada sobre un tema, sino que se necesita que además conversen entre ellos. Se debe generar un clima, un ambiente, un lugar en que esos expertos se encuentren para que ahí empiece la hibridación y así una disciplina le transfiera a otra conocimiento que de otro modo no hubiera alcanzado. Los logros de ese Instituto han sido extraordinarios.
Podemos evocar otra experiencia relevante de complementariedad de disciplinas en el área silvioagropecuaria. Es la ocurrida hace 50 años cuando, en torno a la reforma agraria, empezó a dársele una importancia inédita a conceptos e ideas de las ciencias sociales para una cabal comprensión del agro.
Carén nos brinda una gran oportunidad para reestructurar e impulsar la relación entre nuestra Universidad y el Estado. Cuando uno busca en nuestra historia un ejemplo del Estado asumiendo su responsabilidad para con el progreso y el desarrollo socioeconómico del país, no hay instancia más representativa que CORFO y su rol en impulsar el desarrollo fabril en Chile. Felicitamos y agradecemos al equipo que hoy dirige CORFO por la labor que han realizado para reafirmar esos valores, del cual CeTA es una muestra elocuente.
Carén también es una oportunidad para articular una relación en torno a la innovación y al desarrollo, entre universidades y empresas, las que están representadas en CeTA por Fundación Chile y Fraunhofer Chile.
Uno de los valores más significativos de Carén es permitir una convergencia con otras universidades. Las universidades en esencia son instituciones que viven de la colaboración y de la complementariedad. En CeTA están presentes la Pontificia Universidad Católica, con la que nos une una larga relación dentro de la tradición universitaria chilena; y dos universidades que comparten nuestro origen e historia, las de Talca y la Frontera. Especialmente relevante nos resulta la articulación de Carén con los temas de descentralización y desarrollo regional. La presencia de las universidades también se proyecta en los logros que han alcanzado en internacionalización. La tarea de situar a Chile en el contexto internacional, otro objetivo de Carén, es muy pertinente tanto para las universidades de regiones como para el tema convocante, la calidad alimentaria.
A través de Carén debemos anticipar y orientar un movimiento desde economías limitadas a la explotación de recursos naturales y tareas extractivas, hacia economías basadas en el conocimiento, y hacerlo ahora, cuando se agregan expectativas políticas y sociales crecientes.
Carén habrá de reforzar, en toda su amplitud, nuestro vínculo con la sociedad.
Por Irma Palma
En el último tiempo un*s estudiantes perturban a la Institución. Lo hacen por un asunto de género. Son jóvenes trastornad*s politizando su existencia en la Institución.
Al matricularse distinguen nombre social y nombre civil, y demandan usar el primero, y así se presentan el primer día de clase; abandonan los códigos del vestir exigidos en la escuela desde la infancia y mutan sus ropas masculinas en femeninas y viceversa, o un día una y al otro, otra; invierten el uso de salas de baño y duchas; resistirían sin duda un diagnóstico psiquiátrico en los servicios médicos estudiantiles. Desordenan a la Universidad en sus sistemas de registro de sus miembros, en su organización sexuada de los baños, en sus códigos del vestir, en su lenguaje.
Intervienen la vida social y cultural cuando invitan a Hija de Perra a seminarios académicos y a performances en los patios de campus universitarios que provocaban a la academia.
Denuncian a la Universidad por no ser un territorio libre de violencia. Han padecido la violencia temprana y exclusión de la vida familiar, la exclusión e intimidación en las instituciones educativas, religiosas y recreativas. Saben de la desprotección contra abusos médicos, tratamientos compulsivos, diagnósticos psiquiátricos, y saben de la denegación de acceso a procedimientos de reafirmación de género. Saben de la existencia de los castigos crueles en las instalaciones penitenciarias y en hospitales psiquiátricos. Saben de la exposición a explotación sexual comercial y trata de personas. Saben de la violación sexual “correctiva”. Saben también que la transfobia es una violencia normativa, una guardiana de las fronteras de género.
Son estudiantes que concluirán su formación universitaria, pero a diferencia de la mayoría, enfrentarán una enorme lucha para sortear la exclusión en el mundo laboral. Puede ser que muten nuevamente sus ropas y retomen los códigos del vestir exigidos, oculten su nombre social, inviertan el uso de salas de baño y duchas. Puede ser que una vez ejercitada la vida fuera del modelo dominante, la continúen, sólo que ocultándola.
Van a marchar por las calles el día de la Marcha del Orgullo Gay. Tensionan al Parlamento, demandando una Ley que reconozca y dé protección al derecho a la identidad de género. Reivindican el derecho a cambiar el nombre y sexo registral en los documentos oficiales sin tener que pasar por ninguna evaluación médica ni psicológica.
Si el proyecto de ley que reconoce y da protección al derecho a la identidad de género fuese aprobado en el Parlamento, arribarán si son mayores de edad y no tienen vínculo matrimonial, a un cambio de nombre y sexo registral, sólo que mediando la presentación de un certificado médico que acredite que cuenta con las condiciones psicológicas y psiquiátricas para formular este cambio. Por cierto, esto último está siendo y será fuertemente resistido.
La Universidad inició, a través de una de sus unidades, su propia transformación. Se trata del “Decreto Mara Rita” -como lo ha llamado DIVERINAP, la agrupación por la diversidad sexual del INAP-, que es fruto de un decreto que en 2016 crearon el Instituto de Asuntos Públicos y la Escuela de Gobierno y Gestión Pública. Mara Rita era el nombre de una estudiante de la carrera de Literatura de la Facultad de Filosofía y Humanidades, una de las más importantes activistas transgénero del país, que murió a causa de un aneurisma fulminante. Su propósito en su artículo primero: “respetar la identidad de género adoptada o autopercibida de cualquier persona que estudie o trabaje en esta Unidad Académica”. Como institución, se trata de hacer posible lo anterior, no de hacer en la medida de lo posible. Esto es, que los sistemas de identificación y registro operen con nombre social y códigos de identificación civil simultáneamente.
Su presencia desafía en su propia casa a las disciplinas de la psicología y la psiquiatría, Resisten el modelo de conocimiento dominante sobre la sexualidad y el género, y movilizan nuevas interrogantes. En cursos CFG se vuelven profesor*s invitados por académicas y académicos a debatir con otros estudiantes y mostrar cómo unos modelos científicos y políticos pueden ser cuestionados y transformados al contacto con estas identidades y cuerpos no normativos.
No acatan ninguna catalogación, ni etiqueta, ni definición impuesta por parte de la institución médica; reclaman el derecho a autodenominarse.
Rechazan la “psiquiatrización”, es decir, la práctica de definir y tratar la transexualidad bajo el estatuto de trastorno mental, a la confusión de identidades y cuerpos no normativos con identidades y cuerpos patológicos. Rechazan el paradigma en el que se inspiran los procedimientos actuales de atención a la transexualidad y la intersexualidad mediante procesos médicos de normalización binaria, ya que reducen la diversidad a sólo dos maneras de vivir y habitar el mundo. Presupone la existencia única de dos cuerpos (hombre o mujer) y asocia un comportamiento específico a cada uno de ellos (masculino o femenino), utilizando el argumento de la biología y la naturaleza como justificación del orden social prevalente.
Hay quienes se definen, más que otr*s, radicalmente a partir de lo que conocemos como género no binario, que no ajustan a los espectros de géneros binarios (masculino y femenino), y que resisten el tránsito del uno al otro al modo de un eje unidimensional, según el cual mientras más se aproxima un individuo a lo masculino mas lejos estará de lo femenino.
Están en una resistencia cultural y política, y la Universidad es un espacio en que ello ocurre. Saben que se trata de un esfuerzo político por la transformación –o la preservación- del orden sexual, de género y de familia. Saben que en las instituciones podría decirse sobre la transfobia lo que Daniel Borrillo sostiene respecto a la homofobia: La homofobia deviene la guardiana de las fronteras sexuales (hetero/homo) y las de género (masculino/femenino), y Florence Tamagne, que las representaciones homofóbicas tienden a fijar los límites de la “normalidad”: la estigmatización de los comportamientos “desviantes” implica la denuncia de una “confusión de los géneros”.
A continuación presentamos un extracto del libro del presidente del directorio de Codelco, Óscar Landerretche. El texto está incluido en el capítulo “Sermo: lo público en la era de la posverdad”, sección “La nueva educación pública: preservar un espacio abierto” de Chamullo.
Estamos aproximándonos rápidamente a una situación de obsolescencia de nuestro modelo educativo contemporáneo (no sólo en Chile). Esa obsolescencia tiene que ver con la transición hacia una era en que es fundamentalmente diferente aquello que le preocupa centralmente al sistema de educación: el proceso individual y colectivo de toma de decisiones en una variedad enorme de ámbitos personales, laborales, públicos y privados.
Ese proceso de toma de decisiones contiene muchos de los temas que han sido discutidos en este libro: priorización de preocupaciones, ordenamiento de preguntas, recopilación de datos, procesamiento de ellos y uso de la información. Un sistema educativo bien diseñado asiste a los individuos en su proceso de adquisición de un conjunto (…) de competencias que les permiten abordar de mejor manera el problema de toma de decisiones que enfrentarán durante sus vidas (…) decisiones laborales o profesionales, decisiones que afectan su salud o calidad de vida familiar, decisiones comunitarias, sociales y políticas, decisiones de comportamiento, consumo, afectivas y financieras. En todos estos casos, el sistema educativo busca proveer a los individuos de destrezas, competencias, capacidades, conocimientos, seguridades y afectos que le permitan una mejor toma de decisiones individuales o participar de los procesos de toma de decisión colectiva de manera más constructiva y efectiva.
Hay, a lo menos, cuatro preguntas que vale la pena hacerse y que, a mi juicio, están relativamente ausentes de nuestra discusión pública sobre reforma educativa:
La primera tiene que ver con las competencias de la mayoría de nuestra población. ¿Qué hacer con el déficit de competencias para la era de la abundancia de información, donde se mecaniza y masifica la recopilación de datos, su procesamiento, su análisis e incluso su uso para la operación de tecnologías y el cumplimiento de responsabilidades laborales? Esto implica, por cierto, reformular drásticamente el método, ambición y espectro del sistema de educación técnica, de capacitación, profesional y vocacional. Requiere repensar su modelo educativo y pragmáticamente reconsiderar cómo se inserta ese sistema en la vida laboral.
La segunda tiene que ver con los métodos de enseñanza. Nada hay más importante en ese proceso que la interacción interpersonal: entre maestro y estudiante, entre estudiantes, entre maestros, colectiva (…) etc. La interacción interpersonal es un elemento insustituible de la educación de calidad: la conversación en aula, el cuestionamiento e indagación, la resolución de problemas, los laboratorios y metodologías clínicas; en el caso de las materias de mayor vocación académica, los talleres y seminarios, donde las destrezas analíticas, estadísticas, dialécticas, retóricas, humanistas o científicas se prueban en una comunidad intelectual que cuestiona, desafía e interpela. Los cambios tecnológicos y culturales que estamos viviendo le han creado la posibilidad de mayor espacio a lo anterior porque sustituyen una parte importante de lo que hacían los sistemas educativos tradicionales: la entrega de datos y de información a través del modelo catedrático.
La tercera pregunta tiene que ver con otro potencial uso que tienen los espacios educativos que abren las nuevas tecnologías: la posibilidad de restablecer un espacio público de deliberación política. Un espacio donde se mejora la capacidad de los ciudadanos de tomar decisiones públicas y políticas. En la era del chamullo, el sistema educativo va quedando como uno de los pocos ámbitos donde se puede en forma factible educar a los ciudadanos para la toma de decisión colectiva, esencial para una democracia.
La cuarta pregunta tiene que ver con la equidad. Es tentador asumir que la revolución tecnológica reciente también genera en la educación un efecto indiscutiblemente democratizador. Pero esto no tiene por qué ser así. La educación también puede ser capturada por el chamullo, por la no verdad, por el ruido. La tecnología estándar para digitalizar y automatizar partes mecánicas del sistema educativo va a estar, seguramente, disponible para masificar en poco tiempo más. La calidad de lo que hacen los profesores en un ágora quizá será mucho más difícil de universalizar.
Es imperativo desarrollar una metodología para educar a los ciudadanos a vivir y tomar decisiones en la era del ruido, del chamullo y del abuso editorial. Esto va un poco más allá del mero alfabetismo digital. Requiere que los ciudadanos sepan “limpiar” los datos, extraer efectivamente información de ellos y ponderar cuidadosamente las opiniones dado que estas tienen modelos corporativos y políticos que las inducen a sostener sesgos editoriales.
La nueva educación pública es un sistema que se hace cargo del mayor desafío público que tiene la vida contemporánea en sociedad: cómo tener un proceso cognitivo y deliberativo que permita a los ciudadanos tomar mejores decisiones privadas y públicas, mejores decisiones individuales y colectivas.
Por María Cecilia Hildago / Fotografía: Fotos Naín Nómez/ Vicerrectoría de Vinculación con el Medio de la Universidad de Santiago de Chile
El año 2015 la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) concluyó que Chile tenía que avanzar hacia una sociedad del conocimiento para potenciar su desarrollo social y económico. En este artículo presento mi visión sobre cómo la situación actual de la ciencia en nuestro país nos limita para realizar este avance y cómo las universidades estatales podrían contribuir a solucionar este problema.
Escaso número de investigadores. Nuestro país tiene actualmente siete veces menos investigadores por millón de habitantes que el promedio de los países de la OCDE, definiendo como investigadores a quienes generan nuevo conocimiento y lo comunican en publicaciones. Esta escasez de investigadores, que es aún más grave en las ciencias sociales, las humanidades y las artes, limita la generación de conocimiento, pues carecemos de la masa crítica necesaria para generar el conocimiento que requiere nuestro país y así poder influir en forma importante en su desarrollo. Por lo tanto, es urgente e imprescindible implementar medidas para aumentar la cantidad de científicos que trabajen en Chile. Esto permitiría potenciar un modelo de desarrollo más amplio y equitativo, centrado no sólo en aspectos económicos, pues es imprescindible generar nuevos conocimientos en aspectos sociales y culturales que nos permitan eliminar la gran desigualdad económica y social que exhibe nuestro país.
Una forma lógica y efectiva de aumentar nuestra pequeña comunidad científica sería incorporar a los científicos formados en el país y recuperar a quienes han salido a perfeccionarse al extranjero, financiados con programas como Becas Chile. Si bien este programa ha permitido que muchos jóvenes chilenos hayan tenido la oportunidad de completar su formación de postgrado en prestigiosas instituciones extranjeras, no se generó un programa paralelo reinserción-Chile que velara por la reinserción de los becados en nuestro país. Como consecuencia, estamos perdiendo, y corremos el riesgo de seguir perdiendo a futuro, toda una generación de jóvenes talentosos y con una excelente formación que requerimos con urgencia para impulsar nuestro desarrollo. El conjunto de universidades estatales podría jugar un papel decisivo en la inserción de jóvenes científicos tanto formados en Chile como en el extranjero, especialmente si se constituye el Consejo de Coordinación propuesto en el proyecto de ley de universidades del Estado. Insertar nuevos investigadores en esta red a través de un bien diseñado programa de reinserción permitiría ampliar y compartir la actividad científica para generar nuevos conocimientos e impulsar la innovación.
Falta de valoración de la actividad científica creativa. A mi parecer, como sociedad no valoramos actividades que son centrales para avanzar hacia el desarrollo, pues no apreciamos a nuestros científicos y educadores ni a nuestros técnicos. Sabemos que posibilitar el acceso masivo de nuestra población a una educación de calidad, de preferencia estatal, es una forma demostrada de disminuir la desigualdad cultural, social y económica de nuestros habitantes, y permite, además, potenciar el desarrollo de futuros talentos científicos. Si no cambiamos esta perspectiva, será difícil que contemos con los profesores que se necesitan para formar a nuestros futuros investigadores, y con las personas con formación de calidad que se requieren para brindar apoyo técnico efectivo a la cadena de generación de conocimiento.
Falta de apoyo económico e institucional a la actividad científica creativa. Existe consenso en torno a que un fuerte apoyo a la ciencia caracteriza a todos los países desarrollados, sin excepción alguna, y cuando hablo de ciencia incluyo a todas las disciplinas que generan nuevo conocimiento. Nuestro país, que cuenta con una sólida tradición en investigación científica centrada en su gran mayoría en algunas de sus universidades, ha mostrado un avance notable en los últimos 30 años pese al exiguo apoyo financiero público y privado y al escaso número de investigadores nacionales. La calidad y el impacto internacional de las publicaciones chilenas, que destaca respecto a la de otros países de América Latina, motivó que nuestro país fuera mencionado por Nature Index, Rising Stars 2016 como uno de los 10 países del mundo, y el único de las Américas, que pese a su pobre inversión en ciencia, tecnología e innovación presenta un notable avance en el desarrollo de su ciencia, principalmente en astronomía y en menor grado también en ciencias biológicas.
No obstante, hoy el desarrollo científico y tecnológico de Chile enfrenta una aguda crisis, originada por una nociva política científica nacional, economicista y carente de visión, y que además ha sido ineficaz en impulsar el desarrollo de la ciencia y en lograr que los conocimientos generados por nuestros científicos impacten y contribuyan al desarrollo del país. Esta ideología, que ha privilegiado la ciencia por propósito en desmedro de la ciencia básica, omite los importantes efectos benéficos que esta última aporta a la sociedad en términos de educación, cultura e innovación. No apreciar el aporte de la ciencia básica al desarrollo del país es nefasto, pues nos debilita como país creador y nos lleva a la pérdida de talentos y de posibles aplicaciones del conocimiento generado, lo que restringe el avance hacia el anhelado desarrollo integral de Chile.
La inversión que hace actualmente Chile en ciencia, tecnología e innovación, que representa cerca del 0,38% del Producto Interno Bruto (PIB), está muy por debajo de la inversión que presentan los países de la OCDE, que en promedio es superior al 2%, e incluso es menor que la inversión que realizan otros países de América Latina, como Argentina, Brasil y México. Más aun, hasta hoy la institucionalidad científica chilena presenta un alto grado de fragmentación, lo que resulta en una gran dispersión de los programas públicos de inversión destinados a investigación y desarrollo. Por lo tanto, urge generar una nueva institucionalidad que represente a los científicos frente a quienes toman las decisiones sobre el desarrollo de la ciencia en el país. La Presidenta de la República, Sra. Michelle Bachelet, anunció la creación de un Ministerio de Ciencia y Tecnología en enero de 2016. La comunidad científica espera que la creación de este ministerio, que incorpora también innovación basada en conocimiento científico, contribuya a resolver los problemas urgentes que he mencionado en este artículo; no obstante, existen también temores de que este ministerio se transforme en otra institución estatal más, con poca efectividad real y escaso financiamiento.
Falta de difusión de la actividad científica. Y por último, otro desafío que enfrentamos es el hecho de que como los científicos que trabajamos en Chile somos muy pocos, es difícil llevar a cabo una importante tarea en la cual estamos en deuda como comunidad con nuestra sociedad. Tenemos que explicar y convencer a la población de nuestro país de que la generación de conocimiento es clave para asegurar nuestro desarrollo. En consecuencia, tenemos que responder en forma convincente y clara la pregunta ¿por qué es importante hacer ciencia en Chile? Las universidades estatales tienen un papel central en esta materia, especialmente si se genera el Consejo de Coordinación, pues han demostrado que, pese a las limitaciones del sistema, han sido capaces de generar conocimiento mediante investigación científica con la mirada puesta en el desarrollo del país y el bienestar de sus habitantes.
El papel de la ciencia no puede limitarse a perfeccionar el actual modelo de desarrollo, que sólo busca fortalecer la tecnología o la innovación para mejorar la productividad de los sectores exportadores de recursos naturales u otras áreas estratégicas de la economía. Por el contrario, debemos impulsar un amplio concepto de desarrollo científico que fomente tanto la investigación motivada por curiosidad como por propósito, en todas las áreas del conocimiento y con recursos y visión a largo plazo. Así se podrá transformar nuestro actual modelo de desarrollo en un modelo que asegure el bienestar, la educación y la salud de todos sus habitantes, y que logre generar soluciones para los desafíos de hoy y del futuro. Tenemos lo esencial: una comunidad de científicos bien preparados, activos y conectados con el mundo; comprometidos con su quehacer y deseosos de trabajar en Chile generando nuevos conocimientos y dispuestos a encarar los múltiples problemas que enfrentamos como país y como habitantes de este planeta. El país debe apostar por apoyar a sus científicos si queremos que Chile sea un país desarrollado. Si no cambia radicalmente la política actual y no aumenta significativamente el apoyo estatal y privado a la ciencia, incluyendo un fuerte apoyo a la generación de conocimiento en las universidades estatales presentes a lo largo del país, se corre el riesgo cierto de perder todo lo logrado en las últimas tres décadas. En particular, se corre el riesgo de perder toda una generación de investigadores que ha tomado muchos años formar tanto en el país como en el exterior.
El contenido del actual proyecto de ley sobre universidades estatales conocido por la opinión pública en las últimas semanas ha sido rechazado en sus partes importantes. Este rechazo incluye no sólo a los rectores que integran el Consorcio de Universidades del Estado de Chile, sino a amplios sectores de la opinión pública y, particularmente, a todos los estamentos de la comunidad de la Universidad de Chile, incluyendo su máxima autoridad, su Senado y Consejo Universitario, las agrupaciones de académicos, funcionarios y la FECH.
Las razones se han explicitado profusamente en declaraciones, columnas de opinión y entrevistas que apuntan a repudiar las propuestas, especialmente en torno a la gobernanza de dichas casas de estudio, que con este proyecto cambiarían sus estructuras actuales por juntas directivas con presencia mayoritaria de agentes externos, pasando a llevar no sólo la autonomía universitaria, sino la historia de dichos planteles; al rechazo ante los componentes del financiamiento, o bien a la precarización de la condición laboral de funcionarios y académicos, entre otros puntos.
Lo que se esperaba con expectativas, una ley que fortaleciera a las universidades estatales pensadas como motoras del desarrollo económico, social y cultural de la República, devino en un balde de agua fría que lavaba no sólo ese rol, sino sus épicas resistentes y todo vestigio democratizador propio de una universidad crítica, hija de la Reforma de Córdoba de 1918.
La universidad plasmada en parte de los articulados de este proyecto de ley no era aquella que exigió al Estado un compromiso público con sus planteles, sino una fiel exponente del modelo neoliberal que con tanto éxito ha permeado nuestro país.
De ahí la advertencia del Senado Universitario cuando señalaba que “coherente con la lógica gerencial que se quiere imprimir a las instituciones de educación superior, el proyecto introduce normativas que eventualmente podrían flexibilizar la vinculación entre la Universidad y su personal académico y no académico, precarizando aún más las condiciones laborales en las universidades. Unido a lo anterior, si bien el proyecto avanza en la materia, entrega fondos insuficientes para enfrentar el enorme desafío de reconstruir universidades abandonadas por el Estado que puedan contribuir significativamente al desarrollo del país y no modifica en su esencia la política de financiamiento del Estado y sus instituciones”.
Sin embargo, luego de conocerse este proyecto, cuyo articulado mayoritariamente vulnera las promesas y expectativas que lo precedieron, la pregunta que ha rondado diferentes círculos es cuándo, en qué minuto el diablo metió su cola y cambió tan radicalmente lo que era un proyecto esperado por todos quienes creen que es indispensable una ley que potencie a las universidades del Estado.
Pero más que una cola separó al gobierno y al ministerio de Educación. Lo que a estas alturas se evidencia con claridad es más bien la superposición de “dos almas”, dos proyectos de país y de educación pública que no terminan de encontrarse y que hacen que cada mes las reformas avancen y retrocedan dependiendo de quién gane la pugna en cuestión.
Por ello la preocupación de las universidades del Estado, cuyas comunidades hoy están expectantes y exigen ser escuchadas. Escuchadas por sobre aquellos poderes que, parapetados en las lógicas tecnocráticas, pretenden torcer el espíritu de una ley y hacer de estos planteles un remedo de universidad; una intervenida por los gobiernos de turno, domesticada por el poder de los fondos concursables y precarizada en su inestabilidad laboral.
Por Jonás Chnaiderman | Fotografía: Alejandra Fuenzalida
El 2 de junio de este año la Presidenta Bachelet ingresó al Senado de la República el Proyecto de Ley sobre Universidades del Estado. En el artículo 2 de dicho proyecto se explicitan definiciones respecto a la autonomía académica, administrativa y económica que deberían tener todas las universidades pertenecientes al Estado. Sin embargo, en el párrafo 1°, llamado “Del gobierno universitario”, en 17 artículos se detallan los órganos superiores (además de su constitución y sus funciones) que deberían regir a dichas instituciones. En particular, se define un Consejo Superior (en adelante CSup) con un impresionante conjunto de poderes, entre los que destacan el tener que aprobar los planes de desarrollo institucional, las políticas financieras, los presupuestos y las modificaciones a los estatutos de cada universidad. Esta descripción llamaría menos la atención si no fuera porque dicho CSup tendría nueve integrantes, cinco de los cuales serían externos a la universidad, tres de ellos nombrados por la Presidencia de la República.
Es innegable que este modelo de gestión implica un cambio radical en el modo como se gobiernan las universidades estatales hoy y una evidente contradicción con las definiciones más extendidas de autonomía universitaria (ver por ejemplo [1]). Para ir un poco más allá de la burda y malintencionada caricatura que muestra a las universidades estatales como unos entes abusivos que quieren toda la plata y ningún control, procuraremos despejar algunas variables que inciden en esta discusión, específicamente en lo que atañe al efecto que los tipos de gobierno universitario tienen en su misión institucional.
La orgánica del Estado chileno contempla la existencia de diversas estructuras con variables grados y dimensiones de autonomía, tales como el Banco Central, la Contraloría General de la República, el Tribunal Constitucional y las universidades estatales. Esa autonomía está otorgada por las mismas leyes que delimitan su quehacer y el argumento más reiterado por los defensores de esas autonomías es la necesidad de proteger el quehacer institucional de los vaivenes políticos a los que cada gobierno somete a la estructura estatal. Este argumento trae implícita la desconfianza respecto al daño que cada gobierno pueda infligir a instituciones que tienen sus obligaciones definidas “por sobre” la contingencia de un periodo presidencial.
Sin embargo, autonomía no es sinónimo de independencia, inclusive para las universidades[2], puesto que en pos del cumplimiento del bienestar común de quienes habitamos el país, en algún momento las instituciones deben demostrar que están cumpliendo con aquello a lo que han sido mandatadas, aquello que en la jerga anglosajona se ha denominado accountability. El eje de discusión actual no es si las instituciones deben o no dar cuenta de lo que hacen, sino de quién y en qué momento realiza el juicio de evaluación de esa rendición de cuentas.
La visión más académica de esta discusión sostiene que para las universidades dicho control no puede ser ex ante, como lo propone el proyecto de ley antes citado, puesto que no existe evidencia alguna en el mundo moderno de que para el caso específico de las universidades sea la mejor manera de garantizar su rol en la sociedad. En cambio existe sobrada evidencia de los negativos efectos que el tipo de gobierno universitario que en él se propone puede tener en otros aspectos del quehacer institucional, particularmente en su carácter democrático y en la libertad académica.
En todo el mundo se ha polemizado respecto a las instancias de autonomía que las universidades deben tener y existen innumerables estudios (especialmente de carácter cualitativo) que relatan experiencias y sintetizan categorías al respecto. Lógicamente, estas discusiones se han dado en el contexto de cómo la sociedad (particularmente la occidental) ha ido evolucionando y muchas de las decisiones tomadas han sido consecuencia de los procesos político-sociales que cada país ha evidenciado. Así, la versión más simplista de esta batalla conceptual es la presunta dicotomía que coloca a los académicos que “manejan” las universidades, la del “templo del saber”, frente a los modernizadores de la actual sociedad capitalista que quieren acercar a la universidad a la noción de “templo del producir”[2]. Ambas definiciones, así de simplificadas, permiten dibujar la dimensión contaminada en la que el concepto de autonomía se está dando, puesto que en el momento de la historia actual ninguno de los dos modelos sirve para dar cuenta de aquello para lo cual las sociedades necesitan universidades: ni para la pura reproducción del conocimiento ni para la pura creación de valor agregado de las mercancías.
Efectivamente hay ingentes ejemplos de universidades, especialmente en Estados Unidos, a las que se les ha impuesto un tipo de gobernanza de carácter más empresarial. Sin embargo, no existe ningún estudio sistemático que pruebe que dichos cambios las haya llevado a cumplir de mejor manera un rol social objetivable ni de que aquellas que han mantenido un gobierno de carácter más académico u horizontal tengan una peor performance. Además, ha surgido una crítica transversal a aquello que en el mundo anglosajón se ha denominado el managerialism [3] que ha infiltrado a las universidades en el contexto de un mundo más focalizado en el mercado que en el humanismo, particularmente porque las comunidades en las que esas universidades se encuentran no revelan una mejor percepción de ellas bajo los nuevos tipos de gobernanza. En otras palabras, se ha pasado de instituciones que presuntamente sirven solamente a un grupo de interés (los académicos) a otras que sirven a otro grupo de interés (los mercaderes del conocimiento); del rol social ni una palabra.
No habiendo razones sólidas para transitar hacia un modelo gerencial de gestión, cabe entonces iniciar la discusión (que va más allá de este espacio) respecto de la tendencia que ha existido en nuestro continente a tener gobiernos universitarios más pluralistas y con participación de sus comunidades (el manoseado concepto de triestamentalidad). En este sentido vale recordar que las universidades europeas tampoco han estado exentas de la necesidad de incorporar a sus comunidades en la toma de decisiones[4].
Habiendo despejado la escasa injerencia que el tipo de gobierno pueda tener sobre el rol social que las universidades estatales deben cumplir, entonces se requiere entrar a la discusión de otro aspecto de la autonomía que sí suele tener efectos más visibles: el financiamiento para su quehacer.
Para aportar a la discusión de la ley en cuestión, cabe reiterar la tesis de que por muy gerencial que sea la gestión de una institución universitaria, ningún país desarrollado ha decidido recortar de manera importante el financiamiento estructural de las universidades estatales como sí lo hizo Chile en la década de los ochenta. Esto no significa que la estructura presupuestaria no deba tener componentes variables en función de compromisos en periodos de tiempo definidos, pero es evidente que las proporciones de los tipos de financiamiento, que en la versión chilensis se desglosa en “basal” versus “convenios marco”, reflejan la dosis de desconfianza entre el Estado y sus universidades[5]. La siguiente pregunta que debe responderse es si la desconfianza que muestran los tecnócratas que redactaron esta ley acompaña cualquier atisbo de desconfianza que las comunidades puedan tener respecto al rol de las universidades estatales.
La experiencia chilena ha mostrado que el más peligroso efecto de la prescindencia estatal en el financiamiento universitario es que las obliga a buscar financiamiento y eso las ha llevado a una enorme pérdida de autonomía, puesto que las decisiones pasan a estar supeditadas a la capacidad de generar ingresos en el contexto de un mercado del conocimiento[1]. De ahí que el proyecto de ley deja a las universidades estatales en el peor de los mundos: la desconfianza reflejada en una gobernanza más bien gerencial y la dependencia del mercado para lograr financiamiento, es decir, una pérdida completa de la autonomía.
Un último aspecto a discutir y que suele estar vinculado al concepto de autonomía universitaria es la libertad académica, entendida como la anuencia que se les da a las comunidades universitarias (no solamente a los académicos) a decidir “el área chica” de su quehacer: qué conocer, qué enseñar, qué divulgar a la comunidad (investigación, docencia y extensión).
Aunque no hay una correlación absoluta entre autonomía institucional y libertad académica[2], parece claro que una institución con baja autonomía será más favorable a que se desarrollen prácticas de coerción académica en su interior[3], [4]. Sobre la base de los conceptos previamente analizados (gobierno y financiamiento), es fácil colegir que bajo un régimen como el propuesto en el proyecto de ley la libertad académica podría verse seriamente mermada, ya sea porque un CSup tendría un criterio no-académico para decidir qué financiar o desfinanciar, ya sea porque la necesidad de buscar financiamiento externo puede desgastar recursos humanos que podrían ser mejor aprovechados para avanzar en aspectos más estrictamente académicos. Cualquiera de estos costos podría ser discutido si se hubiera probado que dicha opción de gobernanza o de financiamiento trae aparejada una significativa ventaja en lo que respecta al rol social de la universidad. Mientras así no sea, no se entiende que valga la pena aplicarlos.
La promesa de masificar la educación superior no puede deshacerse del componente ético que implica educar con calidad. Hay sobrada experiencia internacional que demuestra que la calidad depende del quehacer integral de las instituciones universitarias, más aún, las mejores universidades del mundo han mostrado una capacidad de adaptarse a los nuevos tiempos (económicos y sociales), dándole libertad a sus comunidades a elegir los caminos para dar cuenta de su función. Es de esperarse que el poder legislativo de nuestro país logre en esta ocasión realizar una discusión independiente de los oscuros intereses que pretenden empeorar aún más la autonomía institucional de las universidades estatales a sabiendas de que no es esperable ningún beneficio social de tan peligrosa decisión.
[1] R. Atria Benapres, “La autonomía universitaria ante el estado y el mercado,” An. la Univ. Chile, vol. 0, no. 11, 2017.
[2] T. Nybom, “University autonomy : a matter of political rhetoric?,” in The university in the market, 2008, vol. 84, no. 84, pp. 133–141.
[3] K. Lynch and M. Ivancheva, “Academic freedom and the commercialisation of universities : a critical ethical analysis,” Ethics Sci. Environ. Polit., vol. 15, pp. 71–85, 2015.
[4] C. Macilwain, “Time to cry out for academic freedom,” Nature, p. 2015, 2015.
[5] L. C. Chiang, “The relationship between university autonomy and funding in England and Taiwan,” High. Educ., vol. 48, no. 2, pp. 189–212, 2004.
A partir de dos proyectos de ley, uno general sobre universidades y otro específico para las estatales, el país puede por fin vislumbrar la posibilidad, porfiadamente negada e inexplicadamente postergada, de un cambio en la actual legislación chilena sobre universidades.
Antes de discutir los contenidos mismos de estos proyectos de ley parecería necesario un debate previo: decidir si queremos o no un cambio en la actual legislación universitaria. Aparentemente, gran parte de los comentarios críticos a las propuestas modificatorias del actual estado de cosas en educación superior no están en realidad dirigidos a las propuestas propiamente tales, sino al intento de hacer un cambio. No son críticas a este proyecto de cambio, sino a cualquier proyecto de cambio. Esto no debería extrañarnos pues muchos representantes de universidades sienten que ya viven en el mejor mundo posible, amparados tanto por la ambigüedad entre lo público y lo privado, como por la redefinición del rol del Estado, el que pasa de ser un proveedor de educación superior a un mero facilitador de transferencia de recursos. Ellos no podrían, aun extremando la imaginación, concebir una situación mejor que la que ya tienen.
El cambio que esperamos debe restaurar en las universidades chilenas valores inherentes a la academia que fueron trastocados por la aplicación de otros valores como parte de un proyecto integrista inédito. El exagerado énfasis en la competencia y en la motivación entusiasta que despierta el afán por el lucro tuvo hondas y extensas repercusiones. Se supuso que las universidades serían mejores mientras más se las hiciera competir entre ellas. Parte importante de las dificultades que hoy encontramos para trabajar una nueva legislación provienen, precisamente, del temor permanente de que alguna medida beneficie a otro. Para la nueva mentalidad rivalizadora, lo que es bueno para otro es malo para uno.
Valores tales como el pluralismo, la democracia, la inclusión, el compromiso con el desarrollo social, científico y cultural del país, o la formación cabal de profesionales de pertinencia nacional y regional, persisten no sólo en las comunidades de las universidades estatales. Las encuestas a la población señalan que el ideario de las estatales prima con creces en la sociedad chilena. Los datos objetivos que evalúan a las universidades no son considerados. La insólita insistencia en declarar que lo privado es mejor que lo público, como la consecuencia de un principio que tiene que ser cierto porque un dogma así lo exige, representa un excelso ejercicio de posverdad.
A la hora de discutir sobre gobierno universitario, el dogmatismo homogeneizador demuestra suma coherencia. No cree en la participación, desconfía de las comunidades universitarias y amenaza con instalar formas de gobiernos propias de otros contextos negando los desarrollos históricos específicos. La Universidad de Chile se caracteriza por un entrelazamiento entre sus funciones y el progreso del Estado. En realidad, fue fundada expresamente para cumplir esa misión. Nuestra historia tiene resonancias con una historia de la universidad latinoamericana de participación y compromiso social, uno de cuyos paradigmas es la Reforma de Córdoba, ya a punto de ser centenaria. La actual estructura de gobierno de la Universidad de Chile es un motivo de orgullo para el país, pues es la primera instancia en que un precepto heredado del período dictatorial, a saber, la organización de la universidad, es debatido y modificado. Ya antes nuestra Universidad se había rebelado ante formas autoritarias de intervención gubernamental. Incluso por su simbolismo, no puede pretenderse que sus actuales estatutos se borren de una caprichosa plumada. O lo que aún es peor, de una plumada no caprichosa sino premeditada.
Estamos ante una oportunidad inédita de reforzar un ideario de universidades públicas. Para lograrlo bastaría con permitir que esas universidades se articulen entre sí y con el resto del Estado, respetando su historia de autonomía, participación y compromiso. No debiera ser en absoluto difícil, si hay conciencia y voluntad para ello.
“Queridos compatriotas, sabemos que estamos viviendo momentos difíciles, todos pueden verlo en las noticias y en las redes sociales, pero les quiero informar que vienen momentos peores, pero sé que somos un pueblo resiliente y vamos a poder sobrevivir”. Así comenzaba su saludo el profesor de lenguaje y migrante haitiano, Yvenet Dorsainvil, cuando presentaba en la Casa Central de la Universidad de Chile el primer diccionario kreyol-español de su autoría, en un salón repleto de haitianos.
Era inicios de julio de este año, y esa tarde de fiesta para cientos de migrantes de todas las edades que se congregaban para celebrar este gesto que facilitaba el encuentro entre dos pueblos, dos culturas, dos idiomas, era empañado por el anuncio de la nueva exigencia de solicitud de visa para los migrantes haitianos.
Un anuncio efectuado pese a las demandas de distintos sectores de una nueva ley migratoria con enfoque de derechos y no de seguridad nacional como opera actualmente. Una ley que data de 1975 y que concibe al migrante más como un enemigo interno que como un ser humano digno de acoger.
Algo del espíritu de esa ley promulgada en plena dictadura debe haber sentido en carne propia la joven Joane Florvil cuando intentó explicar a los guardias y luego a carabineros que ella no había abandonado a su bebé. Pero no sólo la barrera idiomática sino el racismo y la discriminación que se extienden como una lacra en todos los ámbitos de la sociedad chilena completaron lo que se transformaría en un episodio cruel que retrata a un país entero.
La mujer de 28 años había sufrido el robo de su cartera mientras estaba en la Oficina de Protección de Derechos de la Municipalidad de Lo Prado. Para salir tras los pasos del ladrón, dejó a su pequeña hija en coche al cuidado de un guardia. Cuando regresó, alguien del municipio había llamado a carabineros acusándola de abandonar a la niña. Joane no logró hacerse entender, no pudo explicar tampoco que su marido estaba realizando un trámite en una oficina de empleos, y terminó detenida en una comisaría, con su hija entregada en custodia al Sename, y luego internada en la Posta Central por golpes que se habría provocado por la desesperación, para después ser trasladada a otro centro hospitalario donde finalmente murió.
La prensa en esos días también aportó a esta cadena de equívocos alentada por la irresponsabilidad de quienes tienen el deber de confirmar los hechos y no plegarse a las lógicas discriminatorias. En titulares como “Detienen a mujer que dejó abandonado a hijo de dos meses”, publicado por La Tercera el 31 de julio, o “Mujer que abandonó a bebé se dio cabezazos en celda y está en la Posta”, del diario La Cuarta, se escurre no sólo el rol de los medios en la construcción de una sociedad más decente como la dimensión ética y profesional de cada uno de ellos.
En un país donde el origen indígena es negado o bien criminalizado, y en el que algunos de sus políticos en plena campaña electoral vinculan migración con delincuencia, o bien llaman a “seleccionar” migrantes, hechos como los ocurridos a Joane no son casuales.
Hace poco nos enteramos que un taxista que circulaba en la comuna de Renca decidió expulsar de su vehículo a una pareja de colombianos que se dirigía a un centro asistencial cuando la mujer estaba a punto de dar a luz. En plena vía pública, Lina García, de 21 años, tuvo a su hijo y en estado de shock vio cómo se le moría en la calle.
Estos hechos nos exigen repensar el país que hemos construido en relación a la educación en Derechos Humanos, a la formación de una ciudadanía respetuosa del otro distinto, y a la dimensión que tienen en el debate público aquellos discursos discriminatorios y racistas que han calado de manera alarmante en diferentes estratos de nuestra sociedad.
Porque si bien se trata de alcanzar una política migratoria democrática, dentro de los marcos y compromisos que el país posee en materia de DDHH, también debemos hacernos cargo desde la política, los medios, los colegios y universidades de esa pulsión discriminadora y racista que cada tanto afloran con la naturalidad de quienes se sienten superiores. La pregunta sobre el tipo de sociedad que estamos construyendo está más vigente que nunca y no responderla hoy puede llegar a ser un acto criminal.
El lema que convocó a la reciente asamblea de MACRO, el organismo que agrupa a las principales universidades públicas de América Latina, en la Casa Central de la Universidad de Chile, fue “Responsabilidad política y universidades públicas: Identidad, Integración e Innovación para la Igualdad”. Esos cuatro puntos sobre esas cuatro íes sintetizan tres valores que inspiran y un gran objetivo que anhelamos los rectores de las principales universidades del continente. Esta Asamblea, en cuyo desarrollo también participaron académicos de CEPAL, quería convocar, invitar a comprometerse, a las autoridades políticas de la región, conscientes de que en todo el continente están ocurriendo importantes debates que han de afectar a la Educación Superior en cada uno de nuestros países.
Resulta significativa la elección de nuestra Universidad como sede de esta Asamblea. En el debate que, por fin, hoy se abre en Chile, parecen estar en juego argumentaciones acerca de conceptos importantes para las discusiones sobre Educación Superior en toda América Latina. Cuando las visitas preguntaban cuáles eran los cambios más trascendentes que se propondrían en la nueva legislación, nos dábamos cuenta de que si respondíamos la verdad, probablemente no creerían. Nadie podría tomar en serio que un eventual cambio fuera “que el Estado efectivamente se responsabilice de las universidades públicas”. Lo que se podía responder era más bien que lo llamativo no es el cambio que se quiere hacer, sino la realidad que se quiere cambiar.
Cuando se habla de “modelo chileno” (un adjetivo discutible atendida su autoría) se piensa en la versión más radicalizada y dogmática de un conjunto de conceptos nunca antes aplicados tan literalmente, tan al pie de la letra, a las universidades. Entre las rupturas de este modelo con el pensamiento tradicional acerca de las universidades, destacan la exaltación del individualismo por sobre el bien común o interés colectivo; la exacerbación de la competencia como gran motor de progreso para las instituciones e individuos del ámbito académico, por sobre la colaboración y la complementariedad; el encumbramiento de la fe en que el financiamiento y las transacciones pecuniarias permiten evaluar y jerarquizar el quehacer universitario, por sobre el pensamiento crítico, la originalidad de pensamiento y la producción de nuevos conocimientos.
Era hoy en Chile, entonces, donde parecía más pertinente y oportuno hablar de Identidad, Integración, Innovación e Igualdad.
La Identidad busca reconocer las características de nuestras universidades como insertas en nuestra historia. Se trata del modelo de universidad latinoamericana, fundada o refundada en la primera mitad del siglo XIX para contribuir a la construcción una nueva nación. Prontos a cumplir cien años de la Reforma de Córdoba, hemos de recordar la dualidad de compromiso social y autonomía a la que ésta aspiraba. La universidad latinoamericana está latente en la sociedad y busca generar modelos propios de desarrollo.
La Integración ha de buscarse desde el reconocimiento de lo que tenemos en común, económica, social y culturalmente. Busca actuar coordinadamente en esos planos. Especial mención merece la movilidad estudiantil: que los gobiernos faciliten y financien el intercambio de estudiantes entre los países. Muchas experiencias en el mundo demuestran que estos programas, en que los integrantes de las futuras elites políticas y sectoriales se impregnan de la cultura de los países vecinos, están entre los mecanismos más valiosos para facilitar el entendimiento y la paz entre los estados.
La Innovación, por su parte, busca situar a nuestras universidades en la ciencia, humanidades, cultura y tecnología de nivel mundial, a la vez que proponer nuevas matrices productivas para nuestros países.
Estas tres vocaciones cobran sentido en cuanto afluentes de una cuarta, la Igualdad, que busca una disminución de la segregación e inequidad y el fortalecimiento de la inclusión y la cohesión social en el continente. De ahí la invocación a todos quienes representan al pueblo desde el gobierno y el parlamento. Al hablar de responsabilidad política y universidades públicas se está llamando tanto a quienes tienen en sus manos la política a que se comprometan con las tareas de formación profesional e investigación de la educación superior, como a las universidades a que contribuyan críticamente a enfrentar los grandes problemas que afectan a sus naciones.