El periodista estadounidense, especialista en desclasificación de archivos, ha pasado los últimos 40 años investigando el rol de Estados Unidos en el golpe de Estado de 1973 y su posterior apoyo a la dictadura civil militar. Según él, todavía hay mucho que descubrir en los archivos de las instituciones chilenas. “Hemos aprendido de la historia que no se pueden destruir todos [los archivos]. Hay que tener la voluntad política de buscarlos”, plantea.
Por Sofía Brinck y Evelyn Erlij | Fotos: Alejandra Fuenzalida
En 2023, año en que se conmemoró medio siglo desde el golpe de Estado, se habló mucho sobre la memoria y la necesidad de recordar, pero también sobre la importancia de reconstruir la historia reciente y seguir indagando en los archivos del Estado. Hoy, por ejemplo, gracias a documentos desclasificados por el Departamento de Estado de Estados Unidos, se sabe que el gobierno del expresidente Richard Nixon autorizó la concesión de más de ocho millones de dólares a la CIA para realizar actividades encubiertas en Chile entre 1970 y 1973, con el objetivo de hacer imposible gobernar a Salvador Allende. Sin embargo, no basta con sacar a la luz documentos confidenciales: lo esencial es saber analizarlos, interpretarlos, relacionarlos; hablar con fuentes vinculadas a los hechos descritos. Solo así es posible armar el rompecabezas del pasado de un país. La desclasificación, por lo mismo, es apenas el primer paso.
Esta es una de las principales lecciones que ha aprendido el periodista estadounidense Peter Kornbluh (Ann Arbor, 1956), quien por más de cuarenta años se ha dedicado a investigar el papel que jugó Estados Unidos en la dictadura chilena, y que hoy dirige los Proyectos de Documentación sobre Chile y Cuba del National Security Archive, una organización sin fines de lucro alojada en la Universidad George Washington que publica y archiva documentos desclasificados del gobierno de Estados Unidos. Su trabajo —gracias al que se conoce información fundamental sobre la historia chilena reciente— ha quedado registrado en artículos publicados en medios como The New Yorker, The New York Times, The Washington Post, y Los Angeles Times, y en libros como Pinochet desclasificado. Los archivos secretos de Estados Unidos sobre Chile, editado en 2003 y reeditado en 2023 por Catalonia y Un día en la vida.
Peter Kornbluh
Catalonia/Un día en la vida, 2023
532 páginas
De paso por Chile, donde participó en la Semana del Nunca más organizada por la Universidad de Chile, Kornbluh profundiza en sus investigaciones, detalla el proceso de desclasificación y se refiere a los últimos documentos liberados por el Departamento de Estado estadounidense, correspondientes a los informes recibidos por el expresidente Richard Nixon los días 8 y 11 de septiembre de 1973 sobre el golpe. “En Chile, los planes de los oficiales de la Marina para desencadenar una acción militar contra el Gobierno de Allende [texto tachado] cuentan con el apoyo de algunas unidades clave del Ejército [texto tachado]. La Armada también cuenta con el respaldo de la Fuerza Aérea y de la policía nacional”, se lee en el texto correspondiente al 11 de septiembre.
—Los documentos desclasificados se llaman The President’s Daily Brief (PDB). Son una compilación de informes de inteligencia muy cortos que el Presidente recibe cada mañana en su mesa, los que son dejados por un briefer, una persona de la CIA que llega a su oficina y le comenta los problemas del mundo que tiene que atender durante el día. Estos dos PDB eran del 8 y 11 de septiembre [de 1973], cuando los planes para el golpe empezaron a llegar a agentes de la CIA en Santiago y [a agentes] de la DIA, [la Agencia de Inteligencia de Defensa], que tenía un oficial aquí. Los documentos eran top secret. Fueron revisados hace 23 años y recién en 2016, 43 años después del golpe, los dejaron salir. Se trataba de una página con el título “Chile”. Todo el resto estaba censurado. Por supuesto, pensamos que había algo ultrasecreto bajo la censura —detalla el periodista, quien explica que por esta razón el gobierno de Gabriel Boric insistió, en febrero de 2023, en que se liberasen una vez más estos documentos, esta vez con más información legible:
—El gobierno de Chile pidió, en un gesto de diplomacia, esta desclasificación para el aniversario 50 del golpe. La administración de [Joe] Biden decidió dejar salir casi cada palabra [de los documentos], con un poco de censura, pero no mucha, y ahora sabemos que no había nada importante. Fue una decepción, pero lo importante es que la administración de Biden creó un proceso para revisar los documentos que pidió Chile. Seguir guardándolos iba a crear un problema, porque son símbolos. La pregunta es por qué estaban guardados como un secreto durante tantos años. Es realmente una estupidez, porque no hay nada allí que ponga en riesgo la seguridad nacional. Excepto una cosa: [en el documento del] 8 de septiembre había una información entregada al presidente de Estados Unidos que era incorrecta.
Claro, ninguno de los documentos da información exacta sobre el involucramiento de las Fuerzas Armadas. Se dice, incluso el mismo 11 de septiembre, que la Armada lidera la acción militar un poco sola, que no hay seguridad sobre el apoyo del Ejército, cuando era evidente lo contrario.
—La unidad de inteligencia de la CIA tenía la información, más o menos desde el 2 o 3 de septiembre, de que las tres ramas armadas estaban de acuerdo en hacer el golpe juntas y que el plan se estaba desarrollando. El 8 de septiembre llega un informe que dice que están planeando el golpe para el 10 de septiembre, pero al día siguiente reciben la información de que se van a demorar un día más, porque los tanques no están en el lugar ideal y se necesita más coordinación. Todo esto es parte de la información, incluyendo una consulta de último minuto el 10 de septiembre, de parte de uno de los golpistas, que pregunta si Estados Unidos va a ayudar a las Fuerzas Armadas en caso de que haya resistencia por parte de las fuerzas de Allende. La pregunta llega a la mesa del presidente y de su equipo en la mañana del 11 de septiembre. Lo importante de estudiar estos documentos es que no se puede parar [la investigación] con uno solamente. El PDB no es representativo de lo que sabía el presidente, porque había otros documentos en su mesa, al igual que en la de Henry Kissinger [el secretario de Estado]. Para reconstruir esta historia secreta hay que obtener todos los documentos, porque es como un mosaico, si no tienes todos los pedazos, es difícil conocer la verdad.
En una entrevista decías lo mismo: “uno, 10 o 100 documentos aislados no son suficientes”, porque se necesitan grandes cantidades de archivos e incluso hacer entrevistas. ¿Cómo ha sido reconstruir la historia de Chile?
―Ha sido un trabajo de cuatro décadas. Llegué a Washington en 1979, y siendo muy joven empecé a usar la Ley de Libertad de Información que tenemos en Estados Unidos. Ustedes [en Chile] tienen la Ley de Transparencia también, que es muy importante. Mi tesis para la universidad, en 1983, fue un estudio sobre los primeros diez años de relaciones entre Pinochet y Estados Unidos. Obtuve muchos documentos. Fui a la casa del padre de Charles Horman, uno de los dos estadounidenses que fueron secuestrados y asesinados por los militares aquí, en Chile, días después del golpe. Obtuve los documentos que la familia tenía por el juicio [por el asesinato de Horman] en la corte de Estados Unidos. Y fui a otros lugares. Estaba el caso de Orlando Letelier, que era muy importante. Trabajé con Isabel, la viuda de Letelier. Ellos tenían un juicio contra el gobierno de Chile, así que también estaban recibiendo desclasificación de algunos documentos del FBI. Era una manera de empezar a centralizar documentos. Pero no llegamos a tener la gran mayoría de ellos hasta que Pinochet fue detenido en Londres.
¿Qué se logró obtener?
—En ese momento, la administración de Bill Clinton, empujada por las familias Letelier, Horman; por la familia de Frank Teruggi [el segundo ciudadano estadounidense asesinado por la dictadura] y otras, también por mí, como activista y analista en Washington, dejó salir todos los documentos, especialmente aquellos sobre el rol de Pinochet en el asesinato de Orlando Letelier y [su secretaria] Ronni Moffit. El presidente Clinton mandó un programa especial de desclasificación, con un equipo grande de todas las agencias. Estuvieron casi dos años centralizando, revisando y desclasificando más de 23 mil documentos. Miles y miles de páginas que jamás habíamos visto. Fue la desclasificación especial más grande sobre Chile y cualquier otro país en Latinoamérica, y gracias a ello sabemos gran parte de la historia, lo que no quiere decir que sepamos todo, porque hay cosas que todavía están guardadas. Estamos usando este aniversario [del golpe] como una oportunidad para presionar y obtener el resto de la historia.
Empezaste a investigar en los años 80, cuando todavía estaba Pinochet en el poder, en una época en que era muy difícil hablar de estas cosas. Está el escándalo que causó en Estados Unidos la película Missing, de Costa-Gavras, basada en el caso de Charles Horman, y que la prensa trató de “propaganda antiestadounidense”.
―Hay un nuevo libro [Chile en el corazón] sobre el caso Horman y Teruggi, del periodista John Dinges, que tiene una narrativa más correcta de lo que pasó, muy diferente a la interpretación de los hechos que se hace en Missing. En algún sentido, la película tiene que ver con la búsqueda de la familia, de Joyce y Ed Horman [los padres de Charles Horman] a quienes conocí cuando era joven, y también con lo que estaba pasando, con los horrores del golpe de Estado, las atrocidades, las personas desaparecidas en los primeros días de la dictadura. Las películas tienen un poder muy fuerte, y por eso Missing es importante. Los hechos son correctos, pero la interpretación no, que es la misma que hace Thomas Hauser, el autor del libro The Execution of Charles Horman, en la que se basa la película.
Armar el rompecabezas
Desclasificar archivos, tanto en Chile como en Estados Unidos, es un proceso largo, que requiere paciencia y un gran conocimiento de los resquicios burocráticos de cada país. En Estados Unidos, una vez hecha la solicitud a través de la ley de transparencia —llamada Freedom of Information Act (FOIA)—, esta debe ser procesada por la institución correspondiente, algo que puede demorar hasta décadas, dependiendo de si la información involucrada está clasificada como secreta o no. “Para que salgan, alguien tiene que pedirlos y presionar. Así funciona con los documentos del Departamento de Estado. Pero los del FBI y la CIA no tienen un plazo [de entrega]”, explica Kornbluh.
—Es un proceso muy lento, ya que hay muchas personas pidiendo documentos y un equipo chico para revisar [las solicitudes]. En algunos casos hay más de una agencia involucrada en su creación, entonces una tiene que mirarlos primero y luego mandarlos a la otra. Yo he estado esperando documentos sobre Chile por más de 10 años, sobre el rol de Pinochet en el caso de Letelier, por ejemplo. Mi petición es una de las más viejas que tiene el Departamento de Justicia. Creo que voy a morir antes de recibir esos documentos. ¿Será que son muy secretos? No lo sé. Quizás, simplemente, hay una enorme burocracia relacionada a temas de seguridad, gente que no quiere…
¿Sacarlos a la luz?
—Sí, porque es mejor y más fácil guardarlos que revisarlos y dejarlos salir. Hay que usar la ley y ejercer presión legal y política para obtener estos documentos. En el caso de Chile, hemos recibido la gran mayoría no gracias al FOIA o mediante trámites legales, sino porque se ha convencido al presidente de Estados Unidos de hacer un decreto para que esos documentos se liberen. Pasó con la administración de Clinton, después de la detención de Pinochet en Londres, y también con la administración de Obama, que fue muy receptiva con la petición del gobierno de Michelle Bachelet, en el aniversario 40 del caso Letelier-Moffitt, para dejar salir los documentos de la CIA y de otras agencias sobre el rol de Pinochet en este acto de terrorismo internacional. Y ganamos muchos documentos gracias a ese proceso.
Una de las discusiones que marcó esta conmemoración de los 50 años es la pregunta por si el golpe era evitable o no. Al leer tu libro y a la luz de la información que has logrado recopilar, sabemos que desde que Allende llegó al poder, e incluso antes, Nixon estaba decidido a derrocarlo. ¿Crees que era inevitable el golpe, si lo miramos desde la perspectiva de la intervención de Estados Unidos?
—El objetivo de Estados Unidos, la misión de la CIA, las órdenes del presidente y la estrategia de Henry Kissinger eran crear las condiciones para un golpe de Estado en Chile, usando todo tipo de operaciones encubiertas y presiones económicas. El problema para Kissinger fue que Allende representó un modelo de socialismo democráticamente electo. Si tenía éxito distribuyendo los recursos, nacionalizando el cobre y logrando una sociedad más justa, otros países iban a tratar de repetir la experiencia chilena y se formarían coaliciones de izquierda en el mundo. En sus palabras, podría causar un insidious model effect, un fenómeno de imitación que podía involucrar a países de Europa, y Kissinger tenía mucho miedo de que eso pasara, porque países como España, Francia y Alemania eran miembros de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), la alianza que existía contra la Unión Soviética. Si Allende tenía éxito, todo su tablero de ajedrez se destruiría, por eso tenía que fracasar. Esa era la meta de Estados Unidos y las palabras que están en los documentos lo reflejan. Ahora, es muy difícil calcular cuánta fue su contribución a las condiciones del golpe, si se compara con las decisiones que tomaron Allende, los militares y la derecha. Sí está la evidencia del rol y la presencia de Estados Unidos. Cinco días después del golpe, Nixon y Kissinger se dan las felicitaciones y se quejan porque la prensa estadounidense lamenta la muerte de Allende. Sienten que no están recibiendo el crédito que merecen. Kissinger le dice a Nixon: “en la época de Eisenhower seríamos héroes”. El presidente le pregunta si hay evidencia de “nuestra mano en este golpe de Estado”. Y Kissinger responde: we didn’t do it, nosotros no lo hicimos. La CIA no manejó los tanques ni está ayudando a los pilotos a bombardear La Moneda. Pero Kissinger sigue y dice: “Quiero decir, sí, los ayudamos; blank (un tachado que es una referencia a la CIA, estoy seguro) creó las condiciones lo mejor posible”.
De hecho, le dieron mucho dinero a la CIA para lograrlo.
—Así es. También se presionó al Banco Interamericano de Desarrollo y al Banco Mundial para cortar los créditos económicos y todos los préstamos a Chile, con el fin de desestabilizar a un gobierno elegido democráticamente. Horas después del golpe, por el contrario, Kissinger y su equipo ya están pensando cómo relanzar la ayuda para apoyar al nuevo régimen militar. El contraste para mí es un escándalo. Me da vergüenza ajena y lo digo como estadounidense. Me da vergüenza que mi gobierno haya hecho esto.
Hay muchos archivos de organismos represivos como la DINA y la CNI que fueron destruidos por el régimen. En Chile sigue vigente la ley 18.771, que se promulgó en dictadura y que exime al Ministerio de Defensa y a las Fuerzas Armadas de la obligación de depositar copias de sus documentos en el Archivo Nacional. ¿Cuánto falta por saber en función de lo que aún no se ha revelado en Chile? ¿Existen muchos documentos faltantes?
—Creo que en muchos casos sí. Hay documentos en el archivo del Ministerio del Exterior. Los cables, por ejemplo, de Raúl Rettig, cuando era el embajador en Brasil, donde dice que allá están planeando sus propias operaciones encubiertas contra Allende. No sé por qué extranjeros como yo, como [el periodista brasileño] Roberto Simon y otros, los están encontrando y usando en sus libros, cuando ustedes [los chilenos] tienen al lado el Palacio de La Moneda. Yo publiqué en mi libro el cable de Rettig, que tiene unos detalles increíbles. Este tipo de información no ha salido en Chile de manera masiva. Y ese es solamente un ejemplo. Hay otros, como los cables de Orlando Letelier cuando era embajador en Washington, sobre sus reuniones y sobre lo que estaba pasando ahí. Los militares han dicho que destruyeron sus documentos, pero hemos aprendido de la historia que no se pueden destruir todos. Hay que tener la voluntad política de buscarlos. El Plan Nacional de Búsqueda anunciado por Boric [en septiembre de 2023] tiene que incluir los documentos desaparecidos. Es algo que se tiene que hacer.
¿Qué opinas sobre esa iniciativa? Ha pasado mucho tiempo y la pregunta que surge es por qué lo estamos haciendo recién ahora.
―Hay que dar crédito al gobierno. Los gobiernos anteriores no tenían la misma voluntad de usar los recursos del Estado para hacer esta búsqueda. Muchas veces dejaban ese trabajo a las cortes de justicia y las familias. La administración de Michelle Bachelet también empezó a promover esto. No es que no hubiera ningún intento de avanzar, de seguir buscando a los desaparecidos, pero no había una actitud real de poner los recursos y el peso del Estado para hacer esto. Hay que darle crédito al presidente Boric por usar este aniversario [de los 50 años del golpe] para hacerlo. Como dijo el ministro de Justicia [Luis Cordero] cuando salió el plan, el gobierno secuestró y desapareció a estas personas, y por lo tanto es él mismo el que tiene la responsabilidad de encontrarlas. No sé si el plan va a tener éxito. Insisto en que tiene que incluir los documentos. Por mi parte, tengo la obligación de trabajar en Washington para ver si hay documentos de la CIA, la DIA o el Departamento de Estado que puedan dar luces sobre el paradero de estas personas.
