A más de veinte años de la creación de la institucionalidad cultural en la ciudad puerto —hoy materializada en el Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio—, figuras de su ecosistema artístico analizan el impacto de este proceso. Todo indica que existe un contraste entre las expectativas de descentralización y la experiencia de quienes sostienen el trabajo cultural en el territorio.
Por Alejandra Delgado | Foto principal: David Vives/Pexels
Hace más de dos décadas, Valparaíso libró una batalla política que prometía cambiar su destino. Mientras el Senado resolvía una estrecha disputa con Chillán por la sede de la nueva institucionalidad cultural del país, autoridades, artistas, universidades y organizaciones locales defendían la idea de que el puerto debía convertirse en la capital cultural de Chile. La victoria fue celebrada como una señal de descentralización y el comienzo de una nueva etapa, convirtiendo en 2003 a Valparaíso en la sede del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes (y, más tarde, del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio). Fue una decisión inédita en el país, al situar este organismo estatal fuera de Santiago. Veinte años después, el entusiasmo que despertó esa conquista política convive con balances profundamente contrapuestos.
El compromiso era convertir a la ciudad en un faro que irradiara desarrollo, inversión y una nueva era para los creadores. Sin embargo, hoy, para muchos de sus protagonistas, el resultado es una fractura abierta: mientras la institucionalidad cultural se instaló frente a la Plaza Sotomayor, el verdadero ecosistema de la cultura local —formado por organizaciones barriales, espacios autogestionados y artistas— sigue resistiendo, sobreviviendo a la precariedad e intentando preservar una memoria que depende de la voluntad de sus habitantes. Veinte años más tarde, la capital cultural se revela, para muchos de sus protagonistas, no como un motor de transformación, sino como la postal elegante de una ciudad que aún espera que el Estado termine de llegar.
Hubo un tiempo en que el proyecto parecía plausible. A inicios de los años 2000, Valparaíso vivía una gran efervescencia. Los carnavales culturales convocaban masas: en 2005 reunieron a cerca de 300 mil personas en cuarenta escenarios, con figuras como Joe Vasconcellos, Isabel Parra y delegaciones internacionales. En paralelo, nació el Rockódromo, festival público de las Escuelas de Rock y Música Popular que hasta hoy junta a bandas emergentes con referentes del rock, el pop y la música de raíz chilena. La ciudad parecía encarnar ese ideal. Pero hay un matiz fundamental: Valparaíso no se convirtió en un polo cultural porque el Estado se instalara allí; fue la vitalidad de su vida cultural la que justificó la llegada del aparato público.
“Lo que se define como la construcción simbólica de la ciudad cultural no es consecuencia de una política pública, es el origen de ella”, sostiene José de Nordenflycht, historiador del arte, investigador y Profesor titular de la Universidad de Playa Ancha, y explica que la bohemia, la academia y la tradición portuaria de Valparaíso preexistían a cualquier administración. La idea es compartida por Agustín Squella, abogado, rector de la Universidad de Valparaíso entre 1990 y 1998, Premio Nacional de Humanidades y Ciencias Sociales y exasesor presidencial de Cultura durante el gobierno de Ricardo Lagos, quien sostiene que esa condición patrimonial tampoco ha logrado sostenerse en los hechos: “Valparaíso, en sus barrios históricos, mas no toda la ciudad, fue nominado por UNESCO como Patrimonio Mundial de la Humanidad, pero nunca ha estado a la altura de esa condición”.
La llegada del CNCA despertó una expectativa enorme alimentada por la promesa de una descentralización que, con el paso de los años, terminó erosionándose. Rafael Torres, gestor cultural con más de tres décadas de trayectoria en la región y director ejecutivo del Museo de Bellas Artes de Valparaíso, describe este diagnóstico: “la realidad nos hizo aterrizar en que ello sería más bien un título, pero con poco contenido práctico”. Esta visión es compartida desde la gestión local por Paola Ruz, encargada de la Dirección de Desarrollo Cultural de la Municipalidad y gestora de vasta experiencia en el trabajo colaborativo en los territorios, quien advierte que “la descentralización institucional del Estado, siendo necesaria, no es suficiente por sí sola para transformar un territorio”.
La mirada de quienes habitan el puerto apunta a un problema más profundo que el administrativo: la desconexión física con su propio entorno. Gonzalo Ilabaca, artista visual y Ciudadano Ilustre de Valparaíso, quien ha dedicado décadas a retratar la vida cotidiana y la identidad de los cerros, identifica un problema central en la histórica brecha con el borde costero. Para el artista, cualquier intento de revitalización resulta insuficiente si persiste esta fractura: “Mientras el mar esté separado de la ciudad y no integrado como espacio público, ni la cultura ni el patrimonio ni las ganas alcanzarán un impacto real”, dice Ilabaca, refiriéndose a EFE y EPV, las empresas estatales que ocupan el borde costero y dejan a los porteños sin acceso directo a su litoral. “En un anfiteatro todo volcado al mar y con un plan aledaño al borde costero, el mar es la energía vital para revertir el abandono y la decadencia urbana, social, económica”, agrega.
La distancia entre la narrativa y los resultados
¿Qué transformaciones concretas produjo la institucionalidad instalada a 120 kilómetros de Santiago? Aunque se trató de un hito de descentralización único en el país, para muchos actores del territorio la cercanía física nunca se tradujo en una mejora sustantiva de las condiciones de producción.
Leonardo Torres, director ejecutivo de Insomnia Teatro Condell —sala que se ha convertido en el principal bastión de cine independiente en la ciudad—, aterriza esta contradicción al señalar la brecha insalvable entre el relato y la inversión: “La idea de capital cultural no sirve si no están los recursos”, sostiene, y explica que esta noción funciona más como un concepto de marketing.
Torres aclara que el problema no pasa por la inexistencia de apoyos. “En el ámbito audiovisual, que es donde trabajamos nosotros, pudimos sostener estos veinte años gracias a distintas líneas de financiamiento y proyectos”. Sin embargo, sostiene que eso no resuelve el fondo del problema: “Tener la institucionalidad cerca no necesariamente permite ayudar a un centro cultural que se está deteriorando”. A su juicio, una capital cultural requiere “recursos, financiamientos y una preocupación política sostenida que la respalde”.
Para varios de los entrevistados, la discusión actual ya no pasa por determinar si la ciudad es o no una capital cultural, sino por cuánto de ese reconocimiento se ha traducido en infraestructura, financiamiento y sostenibilidad para quienes llevan adelante el trabajo cotidiano. Es aquí donde la sostenibilidad económica emerge como uno de los principales desafíos pendientes, evidenciando una fragilidad que persiste: “Muchas de las organizaciones y trabajadores culturales siguen enfrentando dificultades para proyectar su trabajo en el tiempo”, apunta Paola Ruz.
A eso se suma una tensión de fondo entre la gestión pública y la autonomía del sector independiente: mientras espacios, festivales y proyectos dependen de la venta de entradas para subsistir, la oferta gratuita ofrecida por la institucionalidad —si bien amplía el acceso ciudadano-— plantea una pregunta difícil de eludir: ¿hasta qué punto ambas lógicas conviven de manera complementaria y hasta qué punto compiten por los mismos públicos?
Este dilema es problematizado por Roberto Acosta, artista visual, grabador, presidente de Valparaíso Arte Contemporáneo (VAC), red que reúne a más de una decena de galerías de la ciudad. A su juicio, los primeros despliegues institucionales privilegiaron eventos de alto impacto y una asociación entre cultura y entretención, pero fueron insuficientes. “Valparaíso tiene una enorme capacidad de producción cultural, pero sigue teniendo dificultades para consolidar estructuras permanentes”, dice. Hay una paradoja: lo que permite la actividad, al mismo tiempo la hace compleja en términos económicos. Acosta subraya la urgencia de una articulación más decidida entre política pública, sector privado y agentes culturales que, hasta hoy, se mantiene como una tarea pendiente.
No todos los cuestionamientos, sin embargo, se reducen a una cuestión de caja o de falta de recursos. Para otros actores, la discusión es más profunda y reside en la naturaleza misma del vínculo entre la burocracia estatal y la vida comunitaria. Desde el Cerro Cordillera, uno de los barrios fundacionales de Valparaíso, el Espacio Santa Ana ha operado durante años bajo una lógica de autogestión territorial. Christian Amarales, su socio fundador y coordinador, cree que la llegada del Ministerio ha estado marcada por un equívoco fundamental: creer que la cultura es algo que se gestiona desde arriba, cuando en realidad el Estado solo llegó a tocar procesos que ya estaban en marcha. Su diagnóstico es categórico: “Muchas organizaciones culturales, sociales y sindicales se ven desfinanciadas o despotenciadas por tanta administración y burocracia. El principal beneficiario es la misma institucionalidad”.
Para Amarales, la persistencia de esta precariedad económica en los territorios no es accidental, sino consecuencia de una relación mal entendida. El problema, insiste, no es la existencia de un Ministerio, sino su poca capacidad de reconocer el ecosistema que lo precede: “la institucionalidad no viene a crear cultura, sino a potenciar la cultura que ya existía hace décadas y centenares de años en la ciudad”.
La ciudad que sostiene la cultura
La instalación de la institucionalidad cultural en Valparaíso “fue una señal importante y un gesto concreto en favor de la descentralización. Sin embargo, las expectativas iniciales fueron mayores que los resultados”, afirma Chantal Signorio, directora de Puerto de Ideas, festival que ha logrado, en quince años, instalar a Valparaíso en el mapa del pensamiento crítico latinoamericano con una convocatoria masiva y un modelo de gestión que vincula universidades, empresas y ciudadanía. Aun así, advierte que “la apertura de nuevos espacios y el fortalecimiento de iniciativas culturales dan cuenta de una ciudad que comienza a recuperar dinamismo”. Entre ellos menciona la Corporación Municipal Sitio Patrimonio Mundial de Valparaíso y el Centro Cultural BancoEstado, ambos de carácter público; así como Destino Valparaíso y el recién inaugurado Teatro Mauri SCD, pertenecientes al ámbito privado.
Desde la institucionalidad, la lectura de una ciudad en reactivación es similar a la de Signorio. Catalina Dib, seremi de las Culturas, las Artes y el Patrimonio, sostiene que en estas dos décadas “se ha consolidado un ecosistema cultural dinámico” y que hoy existe un sector “más diverso, más profesionalizado, con mayores oportunidades de financiamiento, más espacios de participación y una presencia cultural mucho más extendida en el territorio regional”.
Sin embargo, esta mirada sobre la profesionalización choca con la realidad de quienes trabajan directamente con las comunidades. Alejandra Fritis, directora artística del Festival Ojo de Pescado —referente nacional en cine para la infancia y juventud, con una trayectoria que ha democratizado el acceso al audiovisual y a la educación artística en las escuelas públicas—, coincide en que hubo impactos concretos en áreas como la música, pero advierte que la ilusión de una capital cultural requería una presencia más profunda en los barrios. Según explica, esa aspiración no logró permear la cotidianeidad: “La idea terminó funcionando más como un eslogan que como una transformación efectiva de la ciudad”.
A más de veinte años de distancia, la idea de capital cultural sigue generando opiniones divididas. Si algo ha quedado claro en este tiempo es que, más allá de los edificios y los presupuestos, la energía que mueve a Valparaíso sigue operando en una frecuencia distinta a la de la oficina ministerial. La ciudad no se detuvo a esperar la descentralización para crear ni sostener su vida cultural; siguió haciéndolo en sus cerros, en sus salas independientes y en sus talleres. Quizás esa es la lección fundamental de estas dos décadas: en este anfiteatro, la cultura no puede entenderse únicamente como el resultado de una política pública, sino como un tejido vivo que, con obstinación y pese a la precariedad, sostiene el pulso de la ciudad.
