La sesión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (Cidh) para abordar la crisis política y social en Chile enfrentó al Estado y a la sociedad civil en dos posturas radicalmente opuestas: la defensa de los derechos humanos versus el vandalismo y el desorden público. El organismo más importante de la región en la materia escuchó con atención, formuló preguntas e hizo llamados que constituyeron la primera alerta internacional respecto a los vejámenes contra miles de manifestantes en nuestro país. Llamados que complican a un gobierno que día a día pierde respaldo ciudadano.
Por Bárbara Barrera
Los gestos casi siempre dicen más que las palabras. Mijail Bonito (44), abogado cubano, defensor del Estado chileno, ha hablado poco más de 22 minutos en total y ahora escucha, alternando su mirada hacia al frente y hacia abajo —con un dejo de preocupación—, la última intervención de la audiencia. “¡¿Carabineros capacitados?! —lanza la abogada Patricia Muñoz (41) y el énfasis en la pregunta importa— Le puedo decir, por si el señor Bonito no sabe, que Carabineros tiene instructores de derechos humanos liderados por la coronel Soza, que ha hecho un esfuerzo porque su institución respete los derechos humanos, pero ellos no son los que hacen la formación de las fuerzas policiales; quienes la hacen son exgenerales, excoroneles o personas en retiro que de derechos humanos no saben”.
El asesor del gobierno de Sebastián Piñera gira hacia su derecha. Allí se encuentra, uniformada, Karina Soza, jefa del Departamento de Derechos Humanos de Carabineros de Chile. “¿Es cierto?”, le pregunta Mijail Bonito segundos antes de que aquella tarde del lunes 11 de noviembre el salón del Swissôtel Quito se llenara de aplausos para la defensora de los Derechos de la Niñez. Los gestos dicen más que las palabras y eso parece saberlo la coronel Soza, que con la mirada fija en su computador asiente tímida, incómoda.
El desafío para los representantes de la sociedad civil es grande. No sólo porque ocho personas tengan un total de 20 minutos para hablar sobre la situación de los derechos humanos ante la Cidh, sino porque los representantes del gobierno de Sebastián Piñera son conocidos por ser de la “facción más dura”. A eso apuntan las críticas de Patricia Muñoz, que se pregunta dónde están los representantes de las subsecretarías de Derechos Humanos y la Niñez. Para ella, la respuesta es clara: “la delegación que se presenta desde el Estado es la mejor manifestación de la forma que ha elegido el gobierno de Chile para enfrentar una crisis social: la represión policial a través del Ministerio del Interior y Seguridad Pública”.
***
Tres casos de impactos de proyectiles balísticos y 730 de proyectiles no balísticos, de los cuales 122 implican lesiones oculares. Fracturas de costilla, perforaciones de pulmón, esguinces cervicales. 48 casos de torturas y apremios ilegítimos que van desde golpizas reiteradas, quemaduras e intentos de ahorcamiento, hasta amenazas e intimidación, vejámenes y humillaciones. La exposición de la Defensoría Jurídica de la Universidad de Chile en la audiencia dio cuenta de un país mutilado por las fuerzas policiales, que amparadas en la impunidad siguen reencarnando los horrores de la dictadura chilena. Los datos presentados por la Defensoría de la Niñez y el Instituto Nacional de Derechos Humanos (Indh) fueron igualmente brutales: un total de 174 niños, niñas y adolescentes han sido víctimas de vulneraciones a los derechos humanos a lo largo de Chile. 12 de ellos heridos de bala, otros 12 por perdigones y cinco que han presentado traumas oculares.
El panorama narrado por las organizaciones sociales e instituciones autónomas no deja indiferente a nadie. El público escucha atento y cada tanto más de una cabeza se mueve en señal de sorpresa, de indignación. “El Estado condena cualquier delito, abuso, arbitrariedad o acción que pudiese representar una infracción de derechos humanos. (…). En Chile operan las instituciones del Estado de Derecho para investigar, juzgar y eventualmente sancionar cualquier ilícito”, dice Hernán Salinas, representante de Chile ante la Organización de Estados Americanos (Oea), en los primeros minutos de su intervención. Lo que no sabía Salinas es que el miércoles 13 de noviembre, sólo dos días después de la audiencia en Quito, se filtraría un audio del general director de Carabineros, Mario Rozas, en el que aseguraba a un grupo de suboficiales que “a nadie voy a dar de baja por procedimiento policial, aunque me obliguen”.
En agosto de 2013 Chile se alistaba para conmemorar los 40 años del golpe de Estado. Por primera vez desde el retorno a la democracia, un gobernante de derecha ocupaba el sillón presidencial. En ese contexto, Sebastián Piñera quiso dar una señal clara de moderación y desmarque de los sectores más vinculados a la dictadura: además de sostener que los altos mandos de las Fuerzas Armadas cometieron violaciones a los derechos humanos, Piñera responsabilizó a los “cómplices pasivos que sabían y no hicieron nada, o no quisieron saber”.
Sólo un mes después, el presidente anunciaba el cierre definitivo del Penal Cordillera, el recinto carcelario que albergó, en condiciones “cinco estrellas”, a exmilitares condenados por crímenes de lesa humanidad. Pese a estos gestos políticos, durante la transición el negacionismo pasó a ser una práctica institucionalizada, según Manuel Guerrero, académico de la Universidad de Chile, quien ha señalado: “si primero se trataba de la negación del derecho a la vida de un conjunto de sujetos que estaban calificados como grupo potencialmente peligroso, en el período posdictatorial hay una extensión simbólica en el plano discursivo y judicial de lo que fue esta practica material durante las violaciones sistemáticas a los derechos humanos”.
***
Es el momento más esperado de la audiencia. Luego de escuchar a las tres partes, la Cidh comenta sus primeras impresiones. El comisionado y relator para Chile, Luis Ernesto Vargas, se mantiene tranquilo, pero apunta directamente al Estado. Acusa que desde febrero de 2018, previo al inicio del segundo mandato de Piñera, no ha tenido respuestas de los funcionarios de gobierno presentes para continuar trabajando en conjunto. Y algo que le preocupa más: las versiones de los hechos son diametralmente opuestas. “Mientras la sociedad civil hace una gran cantidad de denuncias, el Estado se toma el tiempo para decir la cantidad de daños materiales que se han producido en el contexto de las protestas […]. Si importan más los bienes materiales que la vida, que la integridad personal, pues ahí se marca una gran diferencia entre las visiones que podamos tener de las cosas”, asegura Vargas.
Hernán Salinas y Mijail Bonito intercambian miradas y de vez en cuando se acercan y se hablan al oído. Las palabras de Esmeralda Arosemena de Troitiño, presidenta de la Cidh y asesora en temas de infancia, niñez y adolescencia para organismos internacionales, los interpelan. “Mi llamado al Estado es a que encuentre en esa fuerza de los adolescentes una fuerza de progreso, de desarrollo, de compromiso”, dice la abogada panameña para abrir paso a los comentarios del relator especial para la Libertad de Expresión, Edison Lanza, quien le pide al Estado una respuesta frente al patrón de disparos por parte de Carabineros, que ha dejado a más de 200 personas con heridas oculares. El relator cierra preguntando por otro patrón: las supuestas presiones, telefonazos y reuniones que el gobierno ha tenido con directores de medios de comunicación para delinear las coberturas periodísticas sobre las movilizaciones.
El embajador ante la Oea toma el micrófono y a medida que habla comienza a elevar el tono. Hernán Salinas acusa al relator Vargas de “desvalorizar la posición del Estado”. “No estamos hablando de daños materiales, estamos hablando de los derechos humanos de todos quienes han sido vandalizados en sus personas y en sus bienes. Y eso quiero dejarlo claramente establecido aquí, señora presidenta, porque es inaceptable”, alega el abogado y cierra su intervención. Bonito contesta: “el propio gobierno, a través del Ministerio del Interior, dio instrucciones a Carabineros de defender y custodiar a varios canales de televisión que iban a ser saqueados (…). Desde el gobierno han salido las órdenes para permitir, justamente, que la libertad de prensa siga funcionando correctamente en Chile”. Sin embargo, lo que no considera el asesor es lo que varios periodistas han catalogado como un “atentado a la libertad de prensa”: desde el primer día del estallido social, el presidente de Chile no ha respondido ninguna pregunta de las y los periodistas que trabajan en La Moneda.
***
Claudio Nash, abogado y coordinador académico de la Cátedra de Derechos Humanos de la Vicerrectoría de Extensión y Comunicaciones de la Universidad de Chile, critica el manejo del gobierno en el resguardo del orden público a partir de medidas que no han sido “ni oportunas ni efectivas”. Recordando a los cientos de hombres, mujeres, niñas y niños con lesiones oculares, Nash cierra su intervención con una analogía: “la dictadura militar chilena quedó marcada en la historia por la desaparición forzada de personas como un instrumento de terror. Este gobierno pasará a la historia por los cientos de jóvenes que vivirán con mutilaciones oculares como consecuencia de la violencia opresiva. No estamos hablando de casos aislados, estamos ante el terror instalado como práctica sancionatoria y atemorizante. Desde la antigüedad que la humanidad no veía un uso semejante de la ceguera como instrumento para callar a la ciudadanía”.
Los representantes del gobierno conversan entre ellos y de a poco se retiran del salón con sus rostros duros. El público se acerca a los representantes de la sociedad civil y a la defensora de la Niñez para felicitarlos. La postal de un Estado expuesto frente a las presentaciones de organizaciones sociales y organismos autónomos se proyecta con fuerza esa tarde desde Quito.
Con el paso de las semanas, los informes de Amnistía Internacional y Human Rights Watch reafirmaron las alarmas que sonaron con más fuerza tras la audiencia de la Cidh. “Chile desmiente el Informe de Comisión de Derechos Humanos”, tituló El Mercurio el 21 de octubre de 1975. “Gobierno rechaza y califica de ‘irresponsable’ duro informe de Amnistía Internacional”, se lee en La Tercera el 21 de noviembre de 2019. Una incómoda coincidencia que persigue al Estado tras 44 años. Demasiado incómoda, por cierto, para los esfuerzos de Sebastián Piñera por proyectar una imagen conciliadora, democrática y tajante en la defensa de los derechos humanos.
