Las ocho muertes de Romario Veloz

Lo que leerán es parte de una entrevista realizada a Mery Cortez y Eric Villalobos, madre y padre de Romario Veloz, joven de 26 años asesinado durante acciones militares realizadas contra personas que se manifestaban en la ciudad de La Serena el día 20 de octubre de 2019. A casi un año de la muerte de su hijo, exigen justicia y señalan que hoy existe un pacto de silencio en torno a su muerte.

Por Constanza Ambiado

Lo que relatan Mery Cortez y Eric Villalobos, madre y padre de Romario Veloz, deja ver que a su hijo lo siguen asesinando las palabras indolentes de las autoridades, las risas y las mofas de militares con los cuales se encuentran en la calle, los hostigamientos frecuentes, las amenazas escritas y verbales y las tres veces que han quemado el memorial de Romario, así como la larga espera por la justicia. La madre acusa que la han intentado detener, pero advierte que a pesar de esta persecución continuará su lucha por encontrar a los responsables y evitar que militares sueltos en la calle vuelvan a matar.

No fue una, sino ocho las muertes que ha tenido Romario Veloz y que develan las distintas formas en que el racismo se expresa en las instituciones y la vida cotidiana, a partir de las palabras, gestos y acciones de sus autoridades y funcionarios, pero también en la indiferencia y mordacidad de las redes sociales, así como en las históricas formas de hostigamiento de agrupaciones civiles nacionalistas.

A continuación, sus padres relatan las sucesivas muertes de su hijo y todas las luchas que la familia ha dado para obtener justicia.

Mery Cortez y Eric Villalobos, madre y padre de Romario Veloz.

1. El disparo: “Iba con las manos en los bolsillos”

¿Qué es lo que quisieran decir sobre su hijo Romario?

Mery: Es padre de una nena de 5 años, es hijo de Eric Villalobos y Mery Cortez, un joven estudiante de Ingeniería Civil en Inacap, cantante de hip hop, amante del free style y hermano de Julián Veloz. Solo tengo dos hijos. Un día salió a las marchas, el 20 de octubre del 2019, me dijo que iba estar una hora y así fue, en una hora a mi hijo le quitaron la vida.

Se presume que un militar percutó el disparo, todavía no hemos tenido justicia a pesar de que yo he tenido hartos medios de comunicación para difundir la noticia. Aun así, no hemos tenido nada de justicia para Romario. Queda menos de un mes para que se cumpla el año de la partida de mi hijo y todavía no aparece quién fue el que percutó el disparo.

Yo acuso de racismo porque si bien es cierto que estaba manifestándose por sus derechos, por un Chile digno y en plena democracia, cuando mi hijo cayó primero hubo otro caído, el señor Rolando Robledo, a él le dispararon en su guatita. Luego, después, vino (pausa) Romario Veloz. Cuando le pasó, una vez caído Rolando Robledo, siguió Romario. ¿Por qué a él no le hicieron lo mismo? ¿Por qué, no sé, no le dispararon en un brazo, una pierna o también en su guatita? Yo estaría ahorita viendo a mi hijo con vida, cuidándolo, pero no, el caso de mi hijo fue muy diferente.

Romario iba con las manos en los bolsillos. No lo digo yo, lo dicen los videos. Iba con las manos en los bolsillos cuando pasó esto. Te creo si iba tirando una piedra en defensa propia, pero mi hijo no, pasó caminando con las manos en los bolsillos. Y yo le agradezco tanto a la persona que estaba grabando en ese momento, que yo creo que ni él mismo se esperó grabar ese momento porque él estaba grabando en general y de pronto mi hijo pasó con las manos en los bolsillos. Y así mi hijo se fue, con las manos en los bolsillos.

Entonces, no había ni un motivo, por eso yo me quedé seca después de pedir justicia para mi hijo, pero yo voy a morir en mi ley porque a mi hijo me lo quitaron, porque como era el único negro que estaba en la fila, para aquel asesino mi hijo fue un blanco fácil. El disparo fue letal, tan letal, que cuando le fui a preguntar al doctor si mi hijo había sufrido, él me dijo “señora, el disparo fue tan certero que no había más nada que hacer. A él lo tiraron a matar, a él le querían hacer un daño, a él le tiraron a matar”. Dígame usted cómo yo no voy a creer que fue porque él era el único negro. Le juro, si mañana me tengo que morir, aún después de muerta voy a insistir en que a mi hijo me lo quitaron porque era el único negro.

Eric: A lo mejor mi hijo por ser extranjero, por ser negro como dice la mamá de Romario. O en verdad será tan grave que lo hayan asesinado los militares y no lo quieran decir, a lo mejor están tapando todo el tema por no aceptar que ellos metieron la pata a fondo, no solo los militares, el gobierno que dio la orden de sacar a los militares, el general Morales, que era el que estaba a cargo de esta zona de Coquimbo y que dio la orden y de ahí para abajo los subalternos que hayan dado la orden de disparar, pero sí notoriamente vemos que hay una gran diferencia entre lo que pudieron haber hecho los militares con un mismo compatriota chileno – yo soy chileno-, y cómo fue con Romario. Y acá mismo en la zona, por lo que nos han contado, el caso de Kevin [Gómez] que también lo mataron militares, fue un poco más rápido porque el militar se entregó, había uno solo que disparó, había cámaras y fue más rápido identificarlo, pero aun así ese caso todavía está en investigación. A diferencia del caso nuestro, y el de César [Mallea] y Rolando, no hay ningún culpable o nadie identificado que pudo haber disparado, por eso es que pensamos que hay mucha indiferencia y discriminación con el tema. A lo mejor por ser extranjero pensarán que es un caso que no le incumbe mucho al gobierno chileno, pero debería ser igual.

2. El cuerpo: “No me llamó ni el hospital”

Romario Veloz.

Mery: Dígame usted una cosa más, cómo no voy a pensar yo que no hay discriminación racial, si no hubiese sido por las redes sociales tampoco me habría enterado de que a mi hijo le había pasado eso ahí. Tampoco me habría enterado porque a mí no me llamó Carabineros, no me llamó la PDI, no me llamó ni el hospital. Uno, el hospital está en la obligación de llamar al familiar del paciente, no fue mi caso. Dos, las pertenencias de mi hijo -mi hijo anda con un bolsito donde llevaba otra muda de ropa y otro par de zapatillas- y la ropa de mi hijo se perdió, incluso la que cargaba puesta. Mire usted, cómo no voy a acusar yo eso. Incluso la que llevaba puesta se perdió.

Fui al hospital a buscar la ropa de mi hijo y la jefa de turno me dijo “señora, la ropa nosotros no la cogemos, se la pasamos a las paramédicas. Y las paramédicas son las encargadas de entregarle la ropa al familiar del paciente”. Y entonces ¿qué pasó en mi caso? Ella es doctora, no va a estar pendiente de la ropa del paciente sino de salvarle la vida. Aunque mi hijo ya había llegado muerto. El doctor me dijo, “señora, si usted lo que me vino a preguntar es si su hijo sufrió, puede estar tranquila, su hijo no sufrió”. Y aun ya habiendo un caído, un muerto y ya después le disparan a otro, ¿la intención cuál era? La diferencia entre los blancos y el negrito, es que a los otros no les tiraron a matar. Esa es la diferencia.

3. Las redes sociales: “Bien que lo mataron”

Mery: Le voy a ser bien sincera respecto a las redes sociales, yo no las veo. No me meto por sanidad mental. Yo de verdad que no me meto porque no me gusta, vi un comentario -porque sí cuando empezó yo me metía-, imagínese: “Bien que lo mataron a ese negro, quien lo manda a andar saqueando el mall”. Y yo insisto a todas partes que voy, que no sé qué les da de andar diciendo que a mi hijo le quitaron la vida en el mall. A mi hijo no le quitaron la vida en el mall, se la quitaron en el terminal de buses, al lado del monumento de la señora Gabriela Mistral. Para llegar al mall hay 180-200 metros, entonces no entiendo por qué asocian eso ahí. Cuando a mí me dijeron “Romario cayó frente al mall, donde están los estacionamientos”, dije, ¿y qué estaba haciendo mi hijo ahí? Pero después no, vi los videos y mi hijo nunca estuvo ahí.

Y aunque han sido crueles, al mismo tiempo si no es por las redes sociales, yo no me entero. Les agradezco porque de no haber existido las redes sociales, me habrían hecho lo mismo que hicieron en el 73, cuando yo nací, que hubo muchos desaparecidos. Y como no había cámaras, no había evidencias, quedó impune todo. La diferencia entre el 73 y ahora, que estamos en democracia, es que están las redes sociales y hoy en día hasta un niño es camarógrafo con los teléfonos inteligentes.

4. Las risas y mofas: “Vaya a buscar justicia a su país”

Mery: Antes que todo, para mí es muy doloroso salir y por eso evito salir a las calles porque resulta que los militares son los que están revisando el salvoconducto. Entonces, cada vez que los veo, me llega el recuerdo y les digo “Justicia para Romario”, frente a lo que ellos no estuvieron de acuerdo y me mandaron de retorno para mi país, me dijeron que vaya a buscar justicia a mi país, que acá estábamos en Chile y yo tenía que respetar, a lo cual yo le dije que no me podía ir porque a mi hijo me lo quitaron en Chile y no tenía nada que ir a buscar a mi país. Nosotros vivimos hace 18 años acá en Chile, mi hijo se creía antofagastino, por eso lo fuimos a enterrar a Antofagasta, y coincidió que llegó el Coronavirus y no he podido ir a ver a mi guagua, no he podido llevarle unas flores, no he podido hacerle una limpieza como él se lo merece, como él era, un joven hermoso y lleno de vida.

Romario y su madre, Mery Cortez.

Entonces, cómo no voy a decir yo que hay discriminación racial. Discriminación racial hay, sí o sí. El solo hecho de que los propios militares me hayan mandado a buscar justicia a mi país, eso ya es feo. Con qué derecho me mandan allá a buscar justicia si aquí fue donde pasó aquello. Entonces no, créame que no logro entender. Tal como le dije al ministro Desbordes, “explíqueme con punto y coma para que yo pueda entender, porque hasta el momento no logro entender nada”.

Eric: Una vez íbamos pasando y le dijimos a un militar: “Justicia para Romario” y los tipos se reían, te saludaban como que te hacían muecas con la mano y se reían en tu cara y yo sé que no fue todo el Ejército, fueron algunos, pero no sé, si los otros, si alguien del Ejército me dijera “disculpa por lo que pasó, disculpa yo no fui o nosotros no fuimos, pero igual te pido disculpas o te pedimos disculpas”, sería más de hombre que hicieran eso, que reírse y mofarse. O simplemente decir “saben que, no fuimos nosotros, averigüen bien”. Serían mucho mejor esas cosas.

5. La pensión de gracia: “Tiene manos para trabajar”

Mery: Y, aun así, enviándole una carta al Gobierno diciéndole quién se iba a hacer cargo de mi nieta, siendo que mi hijo era el sustento de ella y de Francesca, la mamá de mi nieta, me respondieron que no, que yo tenía manos para trabajar y Francesca también podía trabajar. Lo encontré insólito, inhumano, porque, una ¿cómo nos mandan a trabajar en la situación en la que estamos? Dos, por la pandemia hay mucha cesantía y con la cesantía la caída de la economía, entonces yo no sé para dónde el caballero quiere que nos vayamos a trabajar. Lo encontré lo más inhumano, por no decir otra cosa, que nos mande a trabajar siendo que estamos mal de adentro.

6. La confianza: “Cómo vamos a iniciar un sumario”

Mery: Si es por mí, tengo una explosión de emociones y no sé cómo explicarme, por eso cuando estuve con el ministro Mario Desbordes le dije que me explicara por qué no se ha hecho un sumario en el regimiento siendo que ya casi ha pasado un año y no tengo respuesta. La respuesta del representante del Ejército fue “ya hemos tomado declaraciones a 14 personas”, a lo cual yo le respondí que eso no era una respuesta coherente, eso no se le dice a una madre. Cómo me viene a decir que les han tomado declaraciones a 14 personas, siendo que habían como 50 militares ahí. Y no pude terminar mi relato porque la verdad rompí en llanto, esto me descolocó, me superó la respuesta de este caballero. Así de fácil y sencillo.

Y a Desbordes yo le dije “no puedo confiar en los militares, porque salgo a la calle y son ellos mismos que están en las calles” y dijo el Desbordes, “bueno, si la señora Mery no cree en los militares, cómo vamos a iniciar un sumario”. Imagínese la tontera.

Se lo juro, eso me dijo con todas sus letras y debe estar grabado en algún lugar, porque eso fue en plena Cámara de Diputados. Esa fue la respuesta que me dio, pero que él ni crea que yo me voy a quedar así, porque yo soy lo más necia que hay en este mundo, yo no doy mi brazo a torcer. A mí me están dando, yo sigo caminando. Yo, por mis hijos. Esperé bastante, les di su tiempo para que hicieran algo y ya cuando vi que llegamos a los nueve meses y no pasaba nada, ahora sí, me tiro a las calles.

Eric: El ministro piensa que uno anda desconfiando de lo que andan haciendo, pero es que, ¿quién me dice que el tipo que me está controlando a mí o el que está a cargo de un grupo que está en el control no es la persona que estuvo a cargo cuando mataron a mi hijo? Y es desconfianza en ese sentido, porque yo no puedo confiar que, estando acá mismo en Serena, que Mery, que ha estado siempre al frente, o el hermano de Romario, ¿quién me dice a mí que los militares no tomen represalia y puedan hacerle algo o tratarla mal u hostigarla? ¿Quién me dice a mí que no va a pasar eso? En ese sentido hay un miedo, hay un temor muy grande.

Y lo otro es que hay temor por cómo ha sido la historia. Yo en carne propia no viví todo lo que pasó el 73 -en ese tiempo recién había nacido-, pero con lo que se ha sabido quién dice que con el tiempo las cosas no se tapan, así como han mentido y ocultado mucho antes. Ahí es cuando me viene el miedo a mí de que realmente pueden seguir ocultando más cosas. Si ya andan hablando de que ellos no fueron, que están investigando, que han presentado todas las evidencias y sabemos que no ha sido así, ya uno se da cuenta de que están mintiendo. Quién me dice que no pueden seguir mintiendo o en su momento inventar algo para desviar el tema no más, para no hacerse responsables de lo que hicieron.

7. Pacto de silencio: “Esto es sin llorar”

Romario Veloz.

Mery: Hubo un diputado allí en la Cámara, no me acuerdo quién era, pero les dijo por qué están teniendo un pacto de silencio. Aquí hay un pacto de silencio, porque cómo a un año no se sabe nada todavía. Lo único que sabemos es que a Romario lo mató un militar, es lo único que sabemos, y que en ese momento el regimiento estaba comandado por el general Morales. Ellos no han permitido que ingresemos allí a periciar las armas. Si no hay un sumario, entonces cómo pueden investigar. No se puede, ellos no lo permiten. Y he ahí la interrogante como dijo el diputado: hay un pacto de silencio. Todos están sabiendo quien hizo ese daño, porque a mi hijo ya me lo mataron, ya OK, pero después- y miren la casualidad- yo fui al regimiento el 3 de diciembre a la hora del cambio de la guardia, a pedir hablar con el general Morales porque claro, como es primera vez que yo estoy en estas cosas, yo no sabía, yo pensé que estaba ahí y resulta que no, que él nada más vino, se mandó el condoro y se mandó a perder, y ahora está en Aysén, imagínese cómo está allá comandado otras tropas. No sé pues, póngase usted que a la gente le dé por recordar un año del estadillo social el 18 y les dé por salir a la calle, a este hombre ya no le tiembla la mano, va a volver a matar, a volver a mandar a los militares a la calle para que vuelvan a matar gente, créame que yo no quiero, porque sé cómo se sufre.

Volviendo atrás, fui el 3 a hablar con él y me dijeron que no estaba. Yo les dije quiero hablar con otra persona y no me querían dejar hablar con nadie, entonces les dije no hay problema, dígale que es Mery Cortez, la mamá del joven que mataron ellos en el estallido social. Y qué casualidad, ahí apareció, después de una hora que estuve yo esperando al sol. Ahí apareció el caballero para decirme una cosa media extraña: “señora nosotros no fuimos, si hubiésemos sido, mire este fusil, lo habría desbaratado entero y la herida que tenía su hijo era una herida chica”. Y este caballero tenía esa información, que todavía ni nosotros teníamos porque no había llegado el informe del Servicio Médico Legal, pero él ya lo sabía. Entonces, no logro entender. Y lo otro que me dijo este caballero, el señor Desbordes, es que no podían hacer un sumario dadas las circunstancias de que lo de mi hijo no pasó en el regimiento, sino que pasó fuera del regimiento. Pero a Kevin Gómez le pasó lo mismo y ya tienen un imputado.

No obstante, yo fui a hablar el 3 y el 5 de diciembre empezó el chiste. Fui a llevarle flores a mi hijo y el memorial estaba quemado, habían botado todo lo que le había dejado el público a mi hijo. Lloré sobre la leche derramada, cómo tanta maldad, cómo tanta crueldad. Me dejaron panfletos, por eso yo hablo a ciencia cierta, porque ellos dejaron sus panfletos. “Esto es sin llorar. Retira la querella. Los vamos a exterminar”, firma Patria y Libertad y el ojo de las arañas negras. Yo no sabía. No se conformaron con quemarme el memorial, yo dije “hijo, te quemaron este, pero yo como soy necia, voy a poner otro”. Y volví y puse un segundo, y a este segundo lo volvieron a quemar, pero esta vez lo partieron a la mitad. Se llevaron la mitad y me dejaron la otra mitad, pero esta vez sí que me dejaron panfletos más una carta de Patria y Libertad. Y la tercera vez le pegaron dos combos y los pedazos los fueron a dejar al basurero del mall. Imagínese.

Eric: El hostigamiento en este tiempo de pandemia ha bajado harto, no podemos decir que ahora nos han hostigado o cosas así, pero en su momento, cuando pasó esto, entre diciembre y febrero, fue bastante el tema de estos tipos o agrupación Patria y Libertad.

8. La espera: “Justicia para Romario”

Eric: Lo que buscamos principalmente es que se encuentren a los culpables y de ahí obvio que tienen que irse presos, que den la cara. Eso es parte de la justicia que buscamos. Me imagino yo que hay gente a cargo que sabe quiénes estaban ahí, quiénes podrían haber disparado, quiénes tenían cierto tipo de armamento y buscamos que esa persona aparezca. No sé si se va a entregar, porque me imagino que él debe saber, pero sí que aparezca y que se vaya preso. No sé, no cacho mucho la diferencia entre la justicia civil y militar, pero si pasó así con los Carabineros que les dieron de baja y está aplicándose la justicia normal, la civil, que sea de la misma manera, porque si me preguntas si van presos a una cárcel o a la misma institución, no creo que sea una manera adecuada de pagar un delito tan grave. Debería ser una justicia ordinaria, una cárcel ordinaria, no detenido en una cárcel del Ejército.

Y si no va detenido, ¿quién dice que después no pueda volver a pasar lo mismo? O cuando cumpla su pena, va a simplemente salir, como que nada ha pasado. Y va a seguir recibiendo los beneficios de estar en esa institución, beneficios de los jubilados, que sabemos cómo jubilan los militares, sabemos los beneficios que tienen acá. No sé qué pensar, pero sí decirle que ojalá lo dieran de baja y estuviera preso en una cárcel común y corriente.

Mery: Me daría tranquilidad el día que dijeran “Juancito Pérez fue el que le hizo ese daño a Romario Veloz”. Juancito Pérez. Y cuando estén en el juicio, no sé si me van a dejar estar allí en ese momento, pero me gustaría hacerle una pregunta: “Dígame la verdad, ¿usted le disparó a mi hijo porque era el único negro de la fila? Sí o no”. Es lo único que le voy a preguntar. Respecto al pacto de silencio no. Ellos verán, pero que digan quién fue, porque si bien es cierto que uno fue el que percutó, alguien dio la orden y el general Morales los tiró a la calle. Entonces aquí vienen siendo tres, no uno. Por eso el pacto de silencio.

Estoy tan enfocada en que haya justicia que no he pensado en el futuro todavía. Como dijo Villalobos, la justicia militar actúa de otra forma, pero si me lo pregunta a mí, me gustaría que lo manden preso a cumplir su condena allá con todos los otros, donde están los malos de verdad. Ningún privilegio. No puede estar en el regimiento porque ya hizo un daño, ya es un asesino. ¿Más encima quiere privilegios? No. Usted sabe que en la cárcel hay gente que se metió a un negocio y robó comida, y todavía están pagando condena. Y estos ladrones de cuello y corbata, nada, bien, gracias. Están en su casa. Ahí está el caso Penta, el caso SQM, el caso La Polar, la colusión del confort, del pollo y así sucesivamente. Entonces no quiero que me vaya a pasar eso. Ahora tengo un punto a favor, ahora ya todo Chile sabe que a Romario se lo llevó un militar y ellos se van a sentir con esa presión porque no hay nada más cruel que las redes sociales.

La responsabilidad de la esperanza

Por Victoria Guzmán

“Lo más maravilloso del mundo es, por supuesto, el mundo mismo”.
Robert Zemeckis

“El mundo es demasiado para nosotros”.
William Wordsworth

“Todos somos astronautas de una nave espacial llamada tierra”.
Buckminster Fuller

No fue sólo la pandemia. Llevamos por lo menos desde octubre del año pasado identificando el veneno. Asignando nombre, causas y consecuencias a los problemas. Pero también apuntándonos con el dedo; buscando culpables. Con el estallido social, el binarismo se fue acentuando a medida que los ambientes se enrarecían. O estás con nosotros, o estás contra nosotros, parecía ser el mensaje imperante en todos los espacios. A ratos, casi podías escuchar el tejido social rasgándose en la noche.

Pero el virus diluyó ese “marzo caliente” tan temido como ansiado, y los meses de confinamiento, por unas semanas, nos unieron bajo una meta común: aplanar la curva, cuidar a quienes nos rodean, hacer lo posible por ayudar. Sin embargo, recientemente hemos visto un rebrote del gol fácil y el golpe bajo, una vuelta a la ironía, la burla y el desprecio por las propuestas que no vienen del bando propio. Y hemos sido espectadores, en tiempo dolorosamente real, de lo mal que le hace a un país y sus comunidades la incapacidad de sus gobernantes de pedir ayuda, de escuchar, y trabajar transparente y colaborativamente.

Creo que la mayoría vivimos días de profunda impotencia y frustración. Algunos se organizan para ayudar; otros queman barricadas para acusar la urgencia del problema; quienes pueden escriben columnas y cartas al director; y unos pocos trafican con el terror, circulando videos en redes sociales que amenazan, por un lado, un nuevo golpe de la derecha dictatorial, y por otro, una inminente subversión de la izquierda que busca quemar todo. Cada uno proyectando sus miedos en el espejo. En ambas advertencias hay semillas de verdad, pero caen en generalizaciones que nos ahogan en disquisiciones binarias, que apuntan a un «enemigo» imaginario, abstracto y simplista, e invisibilizan formas de resolver los problemas que no sean a través de la violencia.

Los cimientos de esta época, hija del modernismo, hace rato se estremecen bajo nuestros pies. El cambio de paradigma se aparece como inevitable, tanto a nivel social, económico y ecológico, como valórico, laboral y legal. En Chile, una tras otra, importantes instituciones han ido perdiendo legitimidad social, base fundamental de una democracia sana: se desmorona la fe en la Constitución, el sistema de pensiones, el sistema de salud, la forma en que elegimos a nuestros gobernantes, cómo construimos y nos movemos en nuestras ciudades, el uso del espacio público, el trato a las minorías. No es algo específico a nuestro país: hace décadas que instituciones inamovibles han vivido un proceso de deconstrucción tal, que no sería extraño preguntarse si siguen siendo lo mismo, o ya algo totalmente nuevo y distinto. El género ya no se considera binario, o ligado indisolublemente al sexo biológico; la familia tradicional y sus rígidos roles han sido profundamente cuestionados; entendemos que los medios de información no son instituciones objetivas o despolitizadas; que la raza no es una cualidad biológica sino que una construcción social. La iglesia católica, antes guía moral, hoy a duras pena resiste sus escándalos internos; la democracia como forma de gobierno ha ido quedando reducida al uso desnudo del poder; y la universidad se interesa más por formar trabajadores modelos que personas con capacidad crítica y analítica.

De a poco, unos antes, otros después, hemos comprendido que existen otras formas de vivir en el mundo de las que la modernidad naturalizó y cimentó – muchas veces con violencia tanto explícita como implícita. Pero no son días fáciles. No es fácil vivir en un tiempo líquido, en que se habla del fin de la historia, de la doctrina del shock, en que vivimos sumidos en un eterno presente a causa de una pandemia global. Entre tanto terremoto, es difícil transitar hacia soluciones, especialmente cuando todavía estamos discutiendo sobre el pasado y barajando ideas tan distintas respecto del futuro. Están quienes se aferran a lo que hay, por muy pobre, insuficiente y dañino que sea. Soslayar el problema, esperar a que desaparezca. Hay otros que ven en quemar y destruir la solución, esperando que del derrumbe, como por acto de magia, nazca una sociedad justa e igualitaria. Solo de leerlo suelto un suspiro. Es una dialéctica agotadora y que nos atrapa: nos quita soluciones, nos despoja de nuestra agencia.

Es una falsa dicotomía, por lo demás. La desesperanza no es inevitable; no somos impotentes. No estamos despojados. Sí, es difícil bajar los brazos (y las armas) y escuchar al otro. Es difícil pensar en medio de una pandemia, en medio del hambre, la injusticia. Es difícil tener fe cuando vemos a los políticos y sus declaraciones, su desconexión absoluta. Cuando vemos (y vivimos) el machismo, el clasismo, el racismo en carne propia. ¿Pero se puede? Se puede.

La peste negra que asoló a Europa en el siglo XIV marcó el fin del oscurantismo de la Edad Media y el comienzo de algo nuevo: el Renacimiento. “Después de la Peste Negra, nada fue lo mismo”, afirma Gianna Pomata, experta en la historia de la medicina. Los efectos de la plaga fueron como un soplo de aire fresco, una bocanada de sentido común. Cuando experimentamos tan brutalmente la fragilidad de la vida, se da una maravillosa respuesta humana: pensar de maneras nuevas. El Renacimiento fue quizás la época de mayor efervescencia científica y artística de la civilización occidental: los artistas recuperaron antiguas técnicas para dibujar, como la perspectiva; los músicos retomaron la melodía; la medicina se sacudió de encima el dogma de la religión. Miguel Ángel, Da Vinci, Palladio, Brunelleschi, Boccaccio, Petrarca, Maquiavelo y Dante Alighieri se convirtieron en los cimientos del pensamiento europeo. Los exploradores italianos ampliaron el mapa de su mundo. Galileo estableció el método científico. Si las crisis tienen el poder de ser el punto de partida de transformaciones radicales, ¿qué efectos podría tener la crisis sanitaria actual?

Cuando experimentamos tan brutalmente la fragilidad de la vida, se da una maravillosa respuesta humana: pensar de maneras nuevas.

Este fin de semana leí una entrevista que hizo Elisa Balmaceda a Yayo Herrera para la revista Endémico. Un tema que tocaron me marcó profundamente: ¿Qué consideramos sagrado? La antropología dice que lo sagrado es aquello que hay que mantener y proteger, pues sostiene -a veces de forma casi invisible- la posibilidad de que una comunidad perdure en el tiempo. Es lo fundamental: el límite que no podemos cruzar, aquello que no podemos profanar. En las últimas décadas el dinero ha ocupado el espacio de lo sagrado. Bajo la lógica del progreso económico como valor absoluto, todo puede ser merecedor de ser sacrificado en pos de las bolsas, las inversiones y los capitales. Cuando lo sagrado es el dinero, justificar el sacrificio de otros bienes se da naturalmente: los bosques, las montañas, los glaciares, los ríos, las personas, la salud.

En tiempos de cuestionamiento y deconstrucción, entonces, tal vez debiéramos empezar por preguntarnos: ¿qué es, para nosotros, la riqueza? ¿Qué tiene, hoy, la calidad de tesoro? ¿Qué entendemos por dignidad, y qué rol debe jugar en una sociedad? ¿Qué es para nosotros el éxito?

¿Qué tendríamos que declarar sagrado para avanzar? ¿Qué sacralidades podemos rescatar y volver a centrar, qué ritos, espiritualidades y afectos?

Es difícil hacer predicciones sobre como será el mundo post-coronavirus, pero me arriesgaré con algunas. Empezando por el turismo: no es descabellado imaginar que vuelos más caros y complejos tendrán un impacto en la facilidad de viajar a otros países (y para qué decir continentes), gatillando un interés por el turismo local. Pues bien: ¿cómo nos afectará, como sociedad, movernos curiosamente por nuestros propios territorios? ¿Cómo nos cambiará valorar nuestra naturaleza, historia, cultura y habitantes? ¿Qué nuevos lazos afectivos surgirán hacia ellos? ¿Cómo será experimentar el efecto nocivo del turismo en nuestras tierras: la gentrificación, la contaminación, la erosión, el exceso?

Sin duda ocurrirán transformaciones quizás sutiles, quizás invisibles, cuando en vez de visitar y venerar viejos museos europeos, nos conectemos con el riquísimo patrimonio que tenemos en nuestro país y en nuestra América. Me pregunto cómo cambiarán ideas preconcebidas sobre nuestro arte, nuestros artistas, nuestra historia y nuestro pasado. Me pregunto cómo será reconectar con la sabiduría de las cosmovisiones de nuestros pueblos originarios, en vez de seguir encandilados con los griegos, los romanos, los europeos. Descubrir los secretos incaicos que pueblan Santiago, por ejemplo: sus templos, sus plazas, sus avenidas procesionales que miraban a la cordillera, honrando la salida del sol y el comienzo de un nuevo día. Asombrarnos con los ritmos sabios del We Tripantu, esa larga noche que contiene en sí el germen de la primavera, y sus ritos afectivos en que las comunidades se reúnen durante el fuego durante la noche, purificándose en el río al romper el nuevo amanecer.

Un tema ineludible es el de la ecología. Espero que tras meses de encierro y pantalla podamos considerarnos no solo como habitantes de este planeta, sino que como parte de ecosistemas vivos, complejos y maravillosos, que requieren cuidado, compromiso y atención. Hemos contemplado, pasmados, cómo las aguas que solían ser turbias hoy son transparentes; con sorpresa cómo los animales – pumas, jabalíes, monos- se pasean libremente por la ciudad. El aire está limpio; el mundo está más limpio. Hemos atesorado la ausencia del rugido del tráfico en la ciudad; la imagen de ciclistas entusiasmados por las calles; el canto de los pájaros, nuevamente audible. En Punjab, India, por primera vez se pudieron ver los Himalaya, después de décadas de estar velados por smog. Las estrellas son, súbitamente, más visibles – más límpidas y nítidas.

Sé que todo lo anterior ha sido a costa de economías colapsadas. Sé que el tráfico, el petróleo y los aviones volverán. Pero me pregunto si la experiencia gloriosa de vivir con menos contaminación, aunque haya sido momentánea, permanecerá en nuestra conciencia como un destino realizable – y un recordatorio de que sí son posibles grandes transformaciones. Lo sagrado da la medida (la mesura) de nuestras acciones: nos señala una hoja de ruta hacia adelante. Si buscamos lo sacro en ideas menos economicistas, tal vez podamos entender que la economía es un subconjunto de la naturaleza, y no al revés. Que somos interdependientes, y que la riqueza de nuestro patrimonio cultural no se reduce a “recursos naturales”, mecánicos y utilitarios. Que hay una banalidad inherente al consumo; que, en realidad, no necesitábamos tantas cosas.

Por otro lado, espero con fiereza que estos días de encierro, en que nos han salvado de la locura libros, películas, música, conciertos, series, dibujos, teatro, sepamos dar un valor real al arte y la cultura. No sólo nos han ayudado a sobrevivir: también han sido herramientas para procesar y pensar esta pandemia. Lo mismo respecto del espacio público y las comunidades. Como señala Zadie Smith en su lúcida colección de ensayos “Feel free», la importancia de las bibliotecas públicas va más allá de los libros; son un espacio en el que no necesitamos consumir para justificar nuestra presencia ahí. Son espacios que permiten encuentros, reflexiones, diálogos. Al igual que los parques; al igual que las universidades. Son las caras, los gestos, los abrazos. Las tardes tocando guitarra, tomando cerveza, y divagando sobre cómo cambiar el mundo. Son los flechazos, las campañas universitarias, las formas de vivir el estrés compartido, las caminatas por el barrio conociendo sus rincones, sus antros, sus plazas.

Esta pandemia puede ser el golpe de gracia a un sistema que ya no se soporta: injusto, desigual, e insostenible. La normalidad ya era una crisis.

Por último, espero que esta pandemia de una vez por todas nos haga conscientes de la profunda desigualdad de nuestro país. Espero que tras ella ya nadie pueda, con un mínimo de responsabilidad, decir que no conoce las condiciones en que viven grupos de personas: la pobreza, la violencia, el hacinamiento, la necesidad, el hambre. Espero que nos empuje a construir nuevos paradigmas para una nueva época: nuevos monumentos, sistemas y leyes. En que se valoren los procesos, las digresiones, las derivas.

A finales de marzo, cuando la crisis sanitaria se extendía por Chile, muchos compartieron un sombrío mensaje: «nosotros somos el virus». Pues no. Tenemos la capacidad de cometer las peores atrocidades. Pero también el poder de encarnar grandes actos de belleza, de generosidad, de solidaridad. Como escribía con tanta lucidez Mariana Matija: “cuando nos despreciamos, despreciamos una parte de la naturaleza y nuestra propia capacidad de proteger(nos) y también de regenerarla(nos).” Reforzar la idea de que somos una plaga sólo nos permite revolcarnos en el veneno. Nos roba nuestra potencia transformadora; la indiferencia neutraliza ese impulso por cambiar las cosas. Lo entiendo. Estamos cansados. A ratos es más fácil aceptar el estatus quo: requiere poco esfuerzo hundirse en las aguas espesas de la desesperanza. En cambio, movilizarnos hacia cambios sí que requiere trabajo. Es estar ahí para las conversaciones difíciles; es practicar el acto radical de escuchar y comprender; es abrazar lo distinto; es ceder poder cuando es necesario; reconocer el valor de experiencias que son ajenas, y los conocimientos y sufrimientos que éstas engendran. Aceptar la complejidad, por frustrante que sea. La complejidad de nuestras emociones, de nuestros ecosistemas, de otros seres humanos, de la crisis, de las soluciones que se requieren. La complejidad del dolor de otros.

Solo despierta el que ha soñado, como decía Pedro Prado. Tenemos la responsabilidad de la esperanza. De avanzar de las distopías presentes a posibles utopías; de dejar atrás el veneno que ya identificamos y empezar el proceso de nutrición; de pasar de centrarnos en el problema a dibujar las soluciones. Dejar de tener miedo a las ideas del otro. Si no entiendes cómo alguien podría creer algo a tus ojos tan estúpido, es más probable que esto sea una falta de comprensión de tu parte, que una falta de razón suya. Una buena democracia no es una donde escasean los problemas; es un sistema de gobierno en el que los políticos y demás actores pueden canalizar los intereses y tensiones que cruzan a la sociedad. Es muchísimo más fructífero salir de lo binario en que unos ganan y otros pierden: reconocer los puntos válidos de quienes no están en nuestro bando. Pasar de oídos sordos que prefieren “ganar” una discusión en vez de, bueno, tenerla. Dar paso a una escucha atenta, intencional. Repensar esta sociedad enferma implica un esfuerzo de imaginación y creación ciclópeo, colectivo.

Esta pandemia puede ser el golpe de gracia a un sistema que ya no se soporta: injusto, desigual, e insostenible. La normalidad ya era una crisis. Podemos empezar por plantearnos el horizonte de lo posible. La crisis hoy es sistémica, y eso requiere una multiplicidad de respuestas que estén a la altura. Un horizonte ético que nos conmueva y seduzca. Las grandes crisis traen profundos cambios sociales, para bien o para mal: la historia nos ofrece lecciones mixtas. La plaga de Atenas llevó a un largo período de desorden e inmoralidad, de desconfianza en la democracia. Pero las guerras mundiales aceleraron la integración de la mujer en el espacio y discurso público. La pandemia será como una especie de ácido, disolviendo y liquidando. Pero también, una oportunidad para reformular a partir de ello. Pomata describe las pandemias como «un acelerador de la renovación mental […] escuchamos más, quizás. Estamos más listos para hablar entre nosotros». El futuro es lo único ineludible. ¿Manos a la obra?

La doble crisis de legitimidad y la solidaridad como camino

Por Carlos Huneeus

La doble crisis de legitimidad que vive hoy el país tiene una larga historia que es necesario recordar, pero que se puso de relieve a partir del 18 de octubre cuando, seguido al salto masivo del torniquete que hicieron los secundarios como protesta por el alza del pasaje de Metro, la ciudadanía siguió manifestando su malestar por otros tantos problemas. Los altos costos de la educación, los servicios de salud y los medicamentos, las bajas pensiones que entregaban las AFP, los abusos de casas comerciales y la colusión de precios por parte de grandes empresas situadas en diversos sectores –farmacias, pollos, papel higiénico y pañales–, todos ellos de alto consumo masivo. 

Concentración histórica en Plaza Italia, post 18 de octubre de 2019. Crédito de foto: Alejandra Fuenzalida.

Los manifestantes marcharon por las principales plazas y avenidas del país. No portaron banderas de los partidos de oposición y tampoco participaron en las movilizaciones de dirigentes o parlamentarios opositores, lo que ratifica el alejamiento de los partidos respecto de la ciudadanía, su debilidad y la baja confianza de esta en las instituciones y élites políticas. 

En tanto, el gobierno no supo responder ni encauzar estas demandas, a pesar de contar con todos los resortes institucionales para hacerlo. Tras la chispa inicial del llamado “estallido social”, en lugar de prevenir y evitar la violencia y el vandalismo previsibles se limitó a reaccionar después. El presidente Sebastián Piñera declaró el Estado de Emergencia y sacó a los militares a las calles por primera vez desde la dictadura. No abordó ni buscó aplacar las causas de fondo de las manifestaciones y declaró una “guerra” contra “un enemigo poderoso e implacable”, convencido, como también sus ministros y asesores más cercanos, de que el país retornaría a la normalidad en dos o tres meses. Después, Carabineros reprimió en forma indiscriminada, sin diferenciar entre manifestantes pacíficos y vándalos. Piñera, finalmente, se allanó a respaldar un acuerdo político que tiene como fin cambiar la Constitución de 1980 –considerada ilegítima al haberse instaurado en dictadura y hoy entendida como el freno institucional a las demandas de cambio– por una nueva Carta Magna que interprete los valores e intereses de todos los chilenos y no sólo los de quienes la concibieron hace 40 años. Debido a los efectos del Covid-19, el plebiscito para una nueva Constitución se postergó para el 25 de octubre de este año. La pandemia “rescató” a Piñera del estallido social, pero cayó al poco tiempo en otra crisis más profunda todavía, sanitaria, económica y social. En pocos meses, Chile ha pasado a ser uno de los países del mundo con mayor número de contagios y fallecidos por millón de habitantes debido a la pandemia.

La crisis de legitimidad política 

La caída de la participación electoral, el debilitamiento y fragmentación de los partidos y la baja confianza de los ciudadanos en las instituciones son reflejo de la crisis actual que vivimos. En ese contexto, el presidente, como institución y persona, tiene bastante responsabilidad. Piñera es débil porque fue elegido en segunda vuelta por una minoría del electorado (26,5% del padrón electoral, con una votación del 49,1% de este); tiene minoría además en las dos ramas del Congreso Nacional y una baja aprobación en las encuestas. Piñera no es un político que tenga las habilidades de quienes lo han precedido, a pesar de que hoy es presidente por segunda oportunidad (2010-2014 y 20182022) y antes fue senador (1990-1998). Es, más bien, un exitoso hombre de negocios del sector financiero –uno de los billonarios chilenos según la revista Forbes–, que actúa en política a partir de su experiencia en el sector privado y no como un hombre de Estado. 

Por otro lado, los mismos partidos se han debilitado como organización. Tienen hoy un número reducido de afiliados, la mayoría de ellos funcionarios públicos (gobierno central o municipal), y ha caído su capacidad de participar en el gobierno. Carecen de programas que convoquen a los electores y no cuentan con profesionales con credenciales y sin conflictos de interés para ocupar los puestos del Ejecutivo, un fenómeno que deteriora la calidad de la gestión pública y abre camino a malas prácticas, especialmente al clientelismo, el patronazgo y la corrupción. 

En 2014, el fiscal Carlos Gajardo develó el financiamiento ilegal de campañas y políticos al revisar la contabilidad del grupo económico Penta. La Fiscalía sumó a otras –como SQM y Corpesca, del grupo Angelini, uno de los tres principales del país– que favorecieron a numerosos candidatos, especialmente de derecha, y a los candidatos presidenciales de 2009 y 2013. Todo esto terminó por agravar la desconfianza de la ciudadanía en las instituciones y la élite política. Este fenómeno de desconfianza se extiende a los tribunales de justicia, el Parlamento, la Iglesia Católica, Carabineros y el Ejército. Esto último es un hecho relativamente reciente, como consecuencia de los casos de corrupción (Pacogate y Milicogate), la violencia y las prácticas de obstrucción a la justicia en la región de La Araucanía y durante “el estallido social”. La violencia de Carabineros puso de relieve la fragilidad del Estado de derecho. La fuerza pública no respeta el orden jurídico, la vida y la integridad física de las personas, actúa con una amplia autonomía y desconoce su subordinación, lo que pone en tela de juicio al propio Estado, aunque por definición este tiene el monopolio de la fuerza legítima (Weber).

La crisis de legitimidad económica 

El país tiene un sistema económico de “mercado puro”, en la tipología de Linz y Stepan (1996), que impide el desarrollo de una democracia moderna y estable pues no provee los bienes públicos en salud, educación y vivienda, no combate los monopolios y no protege a los consumidores. Además, se estableció en dictadura, siguiendo un paradigma de neoliberalismo radical que desmanteló al Estado empresario con las privatizaciones, y al Estado de bienestar con la privatización del sistema de pensiones y la introducción de instrumentos de mercado en la educación y en la salud, entendidos como ámbitos de negocios. La función reguladora del Estado fue desconocida, abriendo espacio para decisiones abusivas y hasta delictivas, que pavimentaron el camino a la corrupción. Los gobiernos de la Concertación tomaron la decisión estratégica de optar más por la continuidad que por la reforma del sistema económico, sin revisar después esta decisión. Esto produjo un efecto de path dependence que se mantuvo y reforzó en los siguientes gobiernos de la coalición por los incentivos creados al favorecer el crecimiento económico y el fortalecimiento de la economía con control de los privados.

Esta decisión fue comprensible durante el primer gobierno democrático, de Patricio Aylwin (1990-1994), por las difíciles condiciones políticas imperantes, con la presencia de Augusto Pinochet en la arena política como comandante en jefe del Ejército, sus principales colaboradores en el Congreso elegidos o como senadores designados, y sin tener mayoría en la cámara alta. Sin embargo, esta ausencia de reformas estructurales del modelo de “mercado puro” no se justificó en el segundo gobierno democrático de Eduardo Frei Ruiz-Tagle (19942000) y menos aún cuando la izquierda volvió a La Moneda con Ricardo Lagos (2000-2006), el primer presidente socialista después de Salvador Allende. No se impulsaron cambios institucionales al sistema económico guiados por otro paradigma –la economía mixta o una economía social de mercado, como la de Alemania–, sino que se hicieron reformas parciales que no alteraron su arquitectura institucional.

“Los gobiernos de la Concertación tomaron la decisión estratégica de optar más por la continuidad que por la reforma del sistema económico, sin revisar después esta decisión. Esto produjo un efecto de path dependence que se mantuvo y reforzó en los siguientes gobiernos de la coalición por los incentivos creados al favorecer el crecimiento económico y el fortalecimiento de la economía con control de los privados”.

Reformar el sistema de pensiones para recuperar la legitimidad 

La solidaridad es un valor indispensable para enfrentar los desafíos del planeta, como el cambio climático y la protección del medio ambiente. Más aún, para abordar la pandemia del Covid-19. Más allá de los graves errores cometidos por el presidente Piñera y el ex ministro de Salud Jaime Mañalich, las instrucciones de la autoridad sanitaria a la ciudadanía no han conseguido sus objetivos porque chocaron con el individualismo que prevalece en la sociedad, el cual es reforzado por las AFP, un sistema que nació en los 80 y que se basa en las cotizaciones individuales del trabajador para reunir fondos que financien su jubilación. Los empresarios no aportan a la pensión, a diferencia de muchos otros países. 

Se apoya en supuestos teóricos que nunca ocurrieron: salarios dignos y un mercado laboral que incentive la estabilidad del empleo de los trabajadores. El cambio del sistema de pensiones es urgente y necesario para que los trabajadores tengan una expectativa de jubilaciones dignas, ya que, además, el carácter individualista de las AFP responde a un argumento ideológico: en la sociedad hay individuos, no comunidades. Cada uno labra su propio futuro. Este fundamento contradice un componente central de la democracia, que es la existencia de adhesiones y vínculos sociales entre organizaciones, grupos y estratos sociales que dan cohesión a la sociedad y son un pilar primordial de la democracia: estas relaciones existen en una comunidad cuando predominan valores de solidaridad y cooperación. 

Debe llevarse a cabo con otro paradigma, en torno a la solidaridad y no al individualismo, con un papel activo del Estado, que no debe subvencionar a las AFP con los recursos de todos los chilenos. La solidaridad permitiría resolver la crisis del sistema de pensiones y constituye un pilar fundamental para enfrentar la doble crisis de legitimidad a través de cambios en el sistema económico que instauren otro paradigma, y transformaciones institucionales que faciliten llegar a una democracia soberana, con gobiernos que enfrenten las limitaciones y carencias del sistema económico, entre las cuales destaca la desigualdad.

Mohamed Bouaziz, Sergio Bordillo y Daniel Blake: narrativas sobre humillados

Por Faride Zerán

Usted seguramente no sabe quién fue Mohamed Bouaziz; quizás tampoco le suena el nombre de Sergio Bordillo, aunque de pronto, si es cinéfilo, se puede acordar del personaje de la película Yo, Daniel Blake, del cineasta Ken Loach, que obtuvo en Cannes la Palma de Oro hace cuatro años. La línea que une a los tres hombres, el primero, tunecino; el segundo, un ciudadano chileno; y el último, un carpintero británico enfermo y pobre en la ficción de Loach, es la humillación. Un sentimiento que aflora cuando quienes deben responder por sus derechos y bienestar, por acción u omisión disocian la palabra dignidad de aquella que define a la pobreza. Mohamed Bouaziz fue un joven vendedor ambulante tunecino, quien, a los 26 años, cuando funcionarios municipales le confiscaron su carro de frutas y en protesta por el abuso y la humillación de ese acto que le impedía ganarse la vida, decidió inmolarse el 17 de diciembre de 2010. Su muerte desató una ola de protestas que dio origen a la Primavera Árabe, protagonizada principalmente por jóvenes pobres y desempleados que salieron a las calles en Túnez, Egipto y otros países de la región.

Daniel Blake es el carpintero de 59 años que, luego de un infarto y de la recomendación de su doctora de dejar de trabajar por un tiempo, asume que sólo puede sobrevivir si obtiene la ayuda del Estado, una ayuda que se escurre cada vez más en medio de una burocracia que lo humilla en las largas esperas, en los extensos interrogatorios kafkianos o en papeleos que debe llenar solo a través de una computadora que no maneja. Finalmente, esa despiadada burocracia lo lleva a rebelarse y a maldecir las políticas de Thatcher en el sistema de seguridad social británico, cuyos efectos devastadores finalmente le provocan la muerte.

De Sergio Bordillo, pese a que es chileno, que vive en Colina y que lo vimos en los noticieros de televisión hace sólo unas semanas, conocemos menos. Sabemos, por ejemplo, que es un buen padre y abuelo, porque pese a la cuarentena que le impedía desplazarse, consiguió un permiso para hacer una larga fila ante el Registro Civil de Colina para activar la clave única de su hija, requisito fundamental para poder acceder a la ayuda estatal.

Pero este vecino no era el único que estaba tras ese trámite. Decenas de hombres y mujeres hacían largas filas esa mañana fría y lluviosa de invierno y pandemia. La situación, luego de más de cuatro meses de encierro obligado, de pérdida de empleos, de ausencia de políticas de ayuda oportuna a millones de ciudadanos, tornaba insostenible cualquier espera.

Por ello, la escena protagonizada por Sergio Bordillo no sólo era desesperada, sino que contenía toda la angustia que encerraba el lugar. Se puso de rodillas y, a viva voz, con las manos en alto, le rogó a la funcionaria que pasaba por su lado que por favor lo atendieran porque en su familia estaban todos cesantes y esa clave única le abría las puertas a una ayuda que resultaba vital.

La humillación de este vecino de Colina, quien expuso su drama ante todo el país, era similar a la que seguramente sintieron muchos hombres y mujeres que abrían las puertas de sus casas para recibir las cajas de alimentos básicos que entregaba el gobierno, pero a quienes nadie les había advertido que junto a las cajas esperaba más de alguna autoridad de turno, con cámaras y flashes, transformando un derecho, una ayuda estatal para las personas que en momentos de catástrofes requieren apoyo para sobrevivir, en un gesto de limosna ejecutado arbitraria y mediáticamente por quienes detentan el poder.

Quizás advirtiendo esta realidad, cientos de mujeres han asumido en sus barrios y poblaciones que las ollas comunes no sólo son una repuesta ante la necesidad y pobreza frente a la crisis sanitaria, social y económica que vive actualmente el país, sino que además son una expresión de organización, solidaridad y resistencia.

Muchas de ellas poseen una memoria social frente a contextos adversos, como los de inicios de la década de los años 80, cuando en plena dictadura la miseria y el desamparo golpeaban los hogares de los más pobres con empleos precarios ofrecidos en programas estatales como el PEM y POJH, creados por el régimen para mitigar la miseria.

Con un desempleo del 23% en 1982 y de 31,3% en 1983, ese año sería clave en tanto marcaba la primera protesta nacional contra el régimen y su modelo.

De las ollas comunes de ese tiempo a las que surgen hoy en distintos sectores de Santiago y del país hay casi cuatro décadas de distancia. En ellas se ha ido consolidando no sólo un modelo de desarrollo y una forma de crecimiento, sino también una manera de mirar, de analizar, de sentir el devenir de un país, en un consenso que ha sido compartido transversalmente por décadas.

Ese acuerdo sobre el modelo económico que va más allá de las sensibilidades políticas, porque cruza a toda la élite, de gobierno y de oposición, hoy nuevamente ha sido puesto en jaque. Porque ante la magnitud de la crisis, ahora está siendo confrontado por una opinión pública que en más de 80% está dispuesta a sacar el 10% de sus ahorros previsionales para sobrevivir en un momento en que las ayudas estatales resultan escasas o tardías ante la profundidad de la catástrofe.

Es decir, una mayoría de chilenos y chilenas que no son parte de ese acuerdo, porque nunca fueron consultados, están interpelando a esa élite que se niega a escuchar.

Esto es tan grave como las vidas, demasiadas vidas, que ha cobrado la pandemia. Porque no sólo corrobora la disociación de esa élite que define los destinos del país sin escucharlo, sino que reitera lo que el vecino de Colina pensó cuando se arrodilló frente a una representante del Estado –que debe protegerlo– clamando por un número de atención o lo que las mujeres que están tras las ollas comunes intuyen desde hace décadas.

Porque sin preguntarse y sin manifestar interés en la legitimidad política y social de sus decisiones, esa élite pareciera no estar dispuesta al cambio. Entonces, la promesa de un pacto social es sólo promesa, y no basta con historias como la de Daniel Blake, en la ficción de Loach, o la de Mohamed Bouaziz, cuya inmolación dio origen a la revuelta árabe.

Pese al horror del presente de pandemia y su secuela de vidas destrozadas y de muertes, instalar la mirada en octubre con su promesa de plebiscito y de debate constituyente adquiere una urgencia política e institucional dramática. Porque, como dice Neruda, aunque muchos esperen cortar todas las flores, no podrán detener la primavera.

De cuentos y estatuas

Desde el comerciante y esclavista británico Edwards Colston en Bristol, hasta el conquistador español Pedro de Valdivia en Concepción, las protestas sociales del último tiempo han venido acompañadas del derrumbe de monumentos y estatuas de personajes controvertidos en la historia de los pueblos. El gesto no tiene que ver con una lucha por reescribir esa historia, sino más bien los cuentos, aquellos valores con los que nos queremos definir en el presente.

Por Tobías Palma

Los monumentos no escriben la historia; la cuentan.

La historia es quizás la defensa más recurrente de la preservación de los monumentos a los esclavistas. En todas partes. Al parecer, botarlos o intervenirlos significa lo mismo que  reescribir la historia o negarla. Algunos, algo más lúcidos, hablan de un acomodamiento a cierta visión del mundo. Más cerca, pero no lo suficiente.

Los monumentos no tienen – jamás han tenido – una función historiográfica. La historia no depende de ellos para escribirse. Más bien, cuentan la historia; su función es narrativa.

Las estatuas de Pedro de Valdivia a lo largo de Chile nos cuentan que fuimos conquistados, que somos los descendientes de esa conquista, que nuestra identidad se funda en el sometimiento. Homenajean al español, al otro, al extranjero. La malograda estatua de Edward Colston en Bristol, Inglaterra, nos cuenta que el imperio británico prosperó gracias a la dominación y explotación de otros, de los colonizados, de los africanos, de los indios.

Manifestantes lanzan al agua la estatua del comerciante y esclavista británico, Edward Colston (1636-1721), durante las protestas antiraciales en la ciudad de Bristol, el pasado 7 de junio.

Botar estatuas no va a cambiar el pasado. Lo que puede cambiar es nuestro presente, y a nosotros mismos y nuestro sentido de pertenencia.

La dualidad de la palabra historia tiende a confundirnos. En este caso, es muy cómoda la diferencia que existe en inglés entre history y story, palabras muy distintas que en castellano caben en una sola, lo que muchas veces dificulta su uso y comprensión.

La historia – history – se escribe y queda inmutable, es el registro de la vida de los pueblos. Pero esa historia también tiene cuentos – stories – que son puntos de vista sobre esa historia, que fluyen y se transforman de acuerdo a la mutable moral de los pueblos. En ese sentido, la historia habla más nuestro pasado, mientras los cuentos nos hablan de nuestro presente.

 Lo que se confunde con historia es la cualidad moral de los cuentos. El psicólogo y mitólogo Joseph Campbell advierte que la mitología “hace que la actitud trágica aparezca hasta cierto punto histórica y el juicio meramente moral, limitado.” Los héroes a los que les hemos levantado monumentos son héroes trágicos – mientras más trágicos, más populares – pero esa tragedia yace no en un valor histórico, sino en su valor mítico.

Los mitos también son cuentos. No son solo narraciones fantásticas y religiosas de tiempos antiguos. Los mitos nos ayudan a darle sentido al mundo. Son los cuentos que cimientan nuestras almas, individuales y colectivas.

Es por eso que nadie con un mínimo de sentido común piensa en botar las pirámides porque fueron construidas por esclavos; porque las pirámides cuentan un cuento de otros tiempos, que no nos compete directamente, siendo su valor – ahora sí – principalmente histórico.

Es por eso, también, que los monumentos forzados sobre el colectivo, como el escandaloso homenaje a las víctimas del terremoto del 2010, erigido en Concepción, no cuentan ningún cuento, y terminan siendo desafortunadas y costosas anécdotas. 

El historiador Yuval Noah Harari señala que la principal cualidad cognitiva del homo sapiens es la “habilidad de transmitir información sobre cosas que no existen.” Los monumentos no escriben la historia. Pero cuentan cuentos, y como todos los cuentos, son morales. Nuestra relación con ellos habla de cómo somos hoy, y de cómo queremos ser mañana.

El vitoreado derrumbe del monumento a Edward Colston en Bristol no va a cambiar el hecho histórico irrefutable de que esa ciudad prosperó gracias al mercado de esclavos. Pero sí transforma el cuento que muchos bristolianos contaban de mala gana, con algo de vergüenza, sobre su propia ciudad. Al botar a Colston, decidieron cuál es el cuento que quieren contar sobre sí mismos.

En Concepción, botar la estatua de Pedro de Valdivia y dejar su cabeza a los pies de Caupolicán no altera una coma de los libros de historia ni añade ninguna certeza sobre la misteriosa ejecución del conquistador luego de su derrota en Tucapel. Pero cuenta un cuento sobre opresión y rebeldía en el Chile de 2019-2020, un cuento que es arenga para unos, pero inquietante para otros.

La estatua de Pedro de Valdivia (1497-1553) fue derribada y volteada de cabeza por manifestantes en Concepción, en noviembre de 2019.

El psicólogo Bruno Bettelheim, en su profundo estudio sobre los cuentos de hadas, dice que estos “contienen al mismo tiempo significados ocultos y descubiertos, que hablan simultáneamente a todos los niveles de la personalidad humana”.

Tanto el de Colston como el de Valdivia son cuentos cargados de simbolismo. Mientras uno termina en el fondo de la bahía, como los miles de esclavos africanos arrojados por la borda, el otro termina a los pies de un enemigo al que siempre consideró inferior. Ambos símbolos de un pensamiento eurocéntrico y colonial, pero ambos también protagonistas de sus propios viejos cuentos, en los que eran héroes, y en los que se fundaron otras narrativas, en otros presentes.

La reputada guionista de Hollywood Bobette Buster nos recuerda que “todos buscamos claridad emocional cuando contamos un cuento.”

A ambos lados del océano, la batalla de las estatuas no es una lucha por la historia, sino por los cuentos, por los valores con los que nos queremos definir. Los monumentos entonces abandonan su materialidad y se convierten en símbolos de un abstracto imaginario pero que es fundamental para quiénes narran su historia. 

Esta es una batalla moral entre las visiones que cada pueblo quiere tener de sí mismo, y en su impresionante sincronía mundial se vislumbra el enfrentamiento entre visiones del mundo que todos poblamos. Quienes defienden las estatuas no defienden la historia, sino el mito de la nación que quieren habitar. A sus ojos, defender a Colston no es defender la esclavitud, sino la gloria de un imperio británico cuya leyenda le trajo luz al mundo. Defender a Valdivia no es, a sus ojos, defender el dominio español, si no el afán civilizador del europeo que llegó a tierras americanas.

Ambas son versiones de un mismo mito colonizador, fundado en la desigualdad del ser humano y en la idea de que unos tienen el deber de guiar e iluminar a otros menos afortunados y menos aptos.

Para otros – entre los que me incluyo – ese mito debe ser actualizado, pues la desigualdad ya no cabe en el cuento contemporáneo del que queremos ser protagonistas. 

Sin embargo, el principio democrático (otro mito) que prima en las sociedades modernas nos obliga a que esa lucha no se funde en eliminar al contrario, más bien se regocija en la lucha misma – la discusión y el debate – y no tanto en el resultado. Pero lo valioso del principio democrático es que todos, en la medida de nuestra participación, podemos ser parte de este cuento, disolviéndonos en la narración de un mito que nos otorgue sentido colectivo. Al menos hasta que haga falta una nueva renovación.

Protestas post pandemia: ¿Estallido 2.0?

Si no se realizan cambios estructurales al actuar de Carabineros en las calles frente a las manifestaciones sociales, es muy probable que ocurra un nuevo estallido. Tal vez no de forma masiva o en un solo territorio, pero los hechos de protesta por las condiciones políticas, sociales y económicas se harán sentir en las calles de una u otra forma. Las condiciones políticas que permitieron la apertura de un nuevo espacio de diálogo se ven reflejadas en el acuerdo político que nos llevó a un itinerario de cambio constitucional. Esta agenda no puede quedar empantanada por la pandemia; muy por el contrario, las transformaciones urgentes de la carta constitucional que permitirían construir un nuevo contrato social deben estar en la agenda de debate. 

Por Lucía Dammert

La pandemia tendrá consecuencias económicas y sociales profundas para América Latina. Si bien aún los pronósticos cambian de forma diaria, las visiones de la CEPAL o el Banco Mundial reconocen un retroceso de entre una a dos décadas en los logros de la lucha contra la pobreza y la desigualdad. 

Chile no es una excepción. A mediados de mayo de 2020 más de 459 mil trabajadores enfrentan suspensión de sus contratos, más de 17 mil reducción de sus jornadas, lo que impacta directamente sobre aquellos que tienen trabajos más precarios. Según datos del INE, el desempleo al mes de abril de 2020 alcanzó a 8,3% de hombres y 9,9% de mujeres, lo que se suma a una tasa de ocupación informal que se situó en 26,3%. La información aparece de forma constante con un mensaje claro: los que menos tienen sufrirán más por la consecuencias de la pandemia. 

Referirnos a las bases del estallido del 2019 parece algo lejano en el tiempo. Mucho ha cambiado en menos de un año, pero también mucho ha quedado igual o se ha magnificado. La pandemia presenta tasas más altas de infectados en las comunas más pobres, la pobreza extrema, que llegaba a 1,4% de la población, podría moverse, según estimaciones, entre 2,3% y 2,6%. CEPAL pronostica también que la pobreza que afectaba a 9,8% de la población el 2019, afectará a entre 12,7% y 13,7% en el mediano plazo. 

Con la pandemia y la cuarentena obligatoria, las ollas comunes han regresado a las poblaciones más vulnerables.

El hambre, la sobrevivencia y el frío, así como el trabajo infantil, el abandono escolar y la cobertura médica se instalarán en una agenda social que hace sólo un año reconocía la necesidad de un cambio de modelo en Chile. Ahí donde se puso en duda el lucro con la educación, el negocio de la salud privada y los pésimos resultados del sistema privado de pensiones, ahora se reconocerá la necesidad de mecanismos estatales sólidos y permanentes para brindar estos bienes públicos con un Estado robusto, que sirva a las mayorías y que deje su rol subsidiario. 

La pandemia además ha enfatizado en un tema central del estallido del 2019, la segregación de nuestras ciudades, el abandono de múltiples territorios, la inequidad con rostro de discriminación, maltrato y fragmentación. Vivir en la ciudad no es igual para todas y todos, la presencia de guetos verticales, así como de guetos de pobreza y explotación para la población migrante, son dos caras que por décadas nos negamos a ver. Tal vez estar entre las ciudades más prometedoras o con la mejor calidad de vida para los negocios según rankings internacionales nos impidieron ver el rostro completo de la ciudad que construimos. Esa donde le tememos al distinto y desconfiamos del vecino; donde contaminamos con parque vehicular “del año” y concentramos las áreas verdes en pocas comunas. 

El estallido social del 2019 nos llamó a reflexionar sobre un país que se produce a pesar de estas profundas grietas e inequidades. La pandemia no callará este llamado, por el contrario, es muy probable que lo amplifique, con la evidencia que dejará no sólo en términos de enfermedades y fallecidos, sino también de cuidados y privilegios. Los sectores populares donde se concentró la pandemia y algunos hechos de violencia que ocurrieron en 2019 han sido los primeros en implementar ollas comunes, redes de asistencia ciudadana y mecanismos colaborativos incipientes entre vecinos. Generalmente apoyados por los gobiernos municipales, han enfrentado la precariedad con dignidad, pero también con un claro sentido de abandono que se hizo evidente con los limitados apoyos entregados inicialmente, los llamados al encierro sin reconocer las dificultades del mismo y la situación de la mayoría de los centros de salud ubicados en sus comunas. 

El estallido 2019 tuvo como respuesta inicial un violento accionar policial que no escatimó en usar balines, bombas lacrimógenas y agua con químicos entre otras herramientas de lo que llamamos orden público. La protesta social tiene que ser entendida como un mecanismo legítimo de expresión de necesidades por parte de la población que no se siente representada por los partidos políticos o los gobernantes de turno. Criminalizar su accionar o policializar la respuesta sólo trae más violencia y convierte muchas veces el reclamo en ira. Los informes del Instituto Nacional de Derechos Humanos y de Human Rights Watch muestran señales irrefutables de violación de derechos humanos, así como de un entendimiento institucional del uso de la violencia como una solución rápida. 

La represión policial fue una de las tónicas de las manifestaciones post estallido social del 18 de octubre.

La crisis de legitimidad de Carabineros de Chile marcó la necesidad de una profunda reforma policial, que pusiera énfasis en el verdadero gobierno civil del sector. Por primera vez desde el retorno de la democracia en Chile, el tema policial se analizó desde la integralidad y se pusieron en duda los altos niveles de autonomía, opacidad e impunidad. La pandemia le quitó momentum a este debate, los acuerdos por reformas se han ido transformando en acuerdos legislativos específicos. La certera y proactiva respuesta que han tenido las policías en el marco de la pandemia ha incrementado la confianza y validación de los ciudadanos en las principales encuestas de opinión. Proceso esperable que muestra que el trabajo policial es multifacético y que la ciudadanía, a pesar de las complejidades del pasado, reconoce el rol de una policía que ayuda a la protección. La confianza en momentos de angustia, ansiedad y pandemia no debería entenderse como una carta en blanco para desarrollar estrategias comunicacionales y cambios menores.

Sin cambios estructurales en la forma en que se enfrenta la protesta social, es muy probable que ocurra un nuevo estallido. Tal vez no de forma masiva o en un solo territorio, pero los hechos de protesta por las condiciones políticas, sociales y económicas se harán sentir en las calles de una u otra forma. Las condiciones políticas que permitieron la apertura de un nuevo espacio de diálogo se ven reflejadas en el acuerdo político que nos llevó a un itinerario de cambio constitucional. Esta agenda no puede quedar empantanada por la pandemia; muy por el contrario, las transformaciones urgentes de la carta constitucional que permitirían construir un nuevo contrato social deben estar en la agenda de debate. 

La debilidad estatal no sólo se ha visto reflejada en la carencia de un sistema de atención de salud primaria que permita una cobertura adecuada para toda la población, sino también en la ausencia de espacios de protección. Se trata de una situación que ha consolidado espacios grises, donde grupos informales o criminales cumplen roles de protección y asistencia dirigidos a personas de alta vulnerabilidad. La ausencia del Estado es un escenario extremo que se observa en algunos contextos, en la mayoría de los barrios populares de Chile, donde el Estado está presente sólo en términos policiales, muchas veces reactivamente o con programas sociales que entregan bonos pero no construyen redes sociales. El estallido en los lugares donde el Estado juega este rol ambivalente (represión/abandono) sin duda tendrá expresiones y narrativas muy distintas para las que debería estar preparado el aparato estatal. Preparado no sólo con nuevos carros blindados o cámaras policiales de cuerpo, sino con la presencia efectiva de los sistemas de protección social. Post pandemia preocupa el abandono escolar, el consumo problemático de drogas y alcohol, los problemas de salud mental no tratados, entre otros múltiples factores que son reconocidos por su vinculación con el aumento de la violencia. No es clara cuál será la agenda de inversión en ninguna de estas áreas.

En el futuro cercano tendremos que acostumbrarnos a una “nueva normalidad”, nos han dicho los encargados de la agenda sanitaria. Una normalidad que traerá cuidados especiales, distanciamiento social e incluso restricción de algunas prácticas que nos eran cotidianas. En nuestro contexto, avanzar con una efectiva reforma policial que evidencie que no habrá impunidad por la violencia utilizada el 2019, así como mostrar preocupación por la construcción de una legitimidad policial basada en la confianza y la percepción de trato justo es un elemento fundamental para evitar el posible escalamiento de violencia en el futuro. Mantener un cronograma de debate nacional, con verdadera y diversa participación en el marco constitucional, es muy relevante. El cronograma electoral tendrá que ser discutido en el marco de lo acordado; pensar en una alternativa política que elimine el plebiscito de ingreso, la definición del mecanismo o el plebiscito de salida podría ser entendida como un retroceso en los logros de la movilización ciudadana. 

En la nueva normalidad, el derecho a la protesta deberá ser asumido por la sociedad en su conjunto. La protesta sin respuesta política puede terminar en violencia debido a la frustración o a los intereses de algunos grupos. Está en las manos de los principales líderes sociales y políticos la tarea de involucrar a la sociedad, reconocer los problemas estructurales, avanzar en la agenda de transformación y de inclusión. Así, el estallido 2.0 no debe ser visto como una amenaza, sino como un recordatorio de que la búsqueda de dignidad en la forma en que se desarrolla el país no es un evento episódico, sino un reclamo estructural que llegó para quedarse. 

Karin Friedli, soprano y parte del Requiem por Chile: “Hay una necesidad de que la música clásica se acerque a todas las comunas”

Tras el estallido del 18 de octubre y en pleno Estado de Emergencia, 500 músicos se reunieron de forma voluntaria e interpretaron el Requiem de Mozart frente a la Iglesia de los Sacramentinos, en Santiago Centro. Lo que sería un acto único en apoyo a las víctimas de la represión estatal por las manifestaciones sociales, terminó replicándose en distintas plazas y poblaciones dentro y fuera de Santiago. Karin Friedli, soprano y directora de diversos coros, ha sido parte del Requiem por Chile y en esta entrevista comenta el impacto que ha tenido en la gente y qué se entiende por “sacar la cultura a la calle”.

Por Florencia La Mura

El 27 de octubre se vivían los primeros días de las manifestaciones que partieron el 18 de ese mes, aún regía el Estado de Emergencia y ese domingo, mientras 500 músicos tocaban en la plaza Bernardo Leighton, a las afueras de la Iglesia de los Sacramentinos, un helicóptero sobrevolaba el sector. La convocatoria partió días antes con unas llamadas entre amigos músicos: la idea tocar el Requiem de Mozart en el espacio público como apoyo a la revuelta social. Una de las intérpretes que atendió el llamado fue Karin Friedli (46), licenciada en Teoría de la Música y directora en coros de distintas universidades, quien se ha dedicado a explorar y difundir la música clásica a tiempo completo. Para ella, el Réquiem de Mozart es una pieza infaltable en el repertorio de cualquier intérprete.

El mito dice que un misterioso hombre vestido de negro llegó un día la casa de Mozart para encargarle componer un réquiem, pieza musical que se interpreta en misas fúnebres, sin darle mayores detalles. Poco más de un mes después, Mozart ya había avanzado en su encargo, pero tras caer enfermo dejó de componer y solo se dedicó a darle instrucciones a su discípulo, Franz Xaver Süssmayr, quien la terminaría para estrenarla nada menos que en el funeral del propio Mozart, en 1792. Más de doscientos años después, la obra fue escogida como el primer homenaje musical a las víctimas que sufrieron represión policial -algunas de ellas murieron- en medio de las protestas que hasta hoy exigen un Chile más digno. Este domingo 19 de enero, la pieza volverá a sonar en la Plaza Victoria de Valparaíso y en marzo se planean más conciertos ciudadanos. Según Karin Friedli actos como “El réquiem por Chile” dan luces de que cómo debería vivirse la cultura en nuestro país.

-Los primeros días de manifestaciones fueron muy violentos y confusos ¿qué te motivó a ser parte de este proyecto?

La indignación y la desesperación de lo que estaba pasando en esos momentos, que era muy crítico. Estábamos en pleno toque de queda y luego empezamos a ver los asesinatos, las denuncias por tortura, las mutilaciones de ojos, cosas que aún siguen después de estos dos meses y medio. 

La soprano y director de coro Karin Friedli es parte del Requiem por Chile. Crédito foto: Patricia Rivera.

-¿Cómo fue el origen del Requiem por Chile?

La invitación la recibí de Igor Osses, violinista y director de orquesta, y Carolina Muñoz, soprano, ellos son los creadores de este réquiem que partió como una manifestación que sería por vez única en la plaza Bernardo Leighton, afuera de la Iglesia de los Sacramentinos. Ellos decidieron hacerlo como forma de manifestación en contra de la violencia de Estado que se estaba viviendo en las primeras semanas de la crisis social, en octubre. Entonces ellos llamaron a varios directores de orquestas y coros, entre esos a mí. La instancia se replicó muchas veces más, unas diez veces y yo participé en siete de ellas. Entremedio falté a alguna porque yo misma monté la Cantata de los Derechos Caín y Abel, del compositor chileno Alejandro Guarello del Grupo Ortiga, también como forma de manifestación.

-En la primera convocatoria participaron más de 500 músicos ¿cómo ha sido preparar una presentación tan masiva?

Como han sido diez versiones, la primera tuvo 500 músicos y luego ha ido fluctuando entre 200 y 300. Esto es una manifestación en forma de concierto, no es un concierto en sí, con las características que tiene, su formalidad. La idea es hacer partícipe a la gente como ciudadanía, pero también es la forma que los músicos tienen para manifestarse, quienes también somos parte de la ciudadanía. Cada uno está moviéndose desde su trinchera y se eligió el Requiem de Mozart porque es un canto para una ceremonia de difuntos y porque es una obra que se va repitiendo a través de la vida para los músicos clásicos. Muchos la han tocado y no hay forma de hacer ensayo en este caso, como sería en un concierto tradicional. Acá llegamos, tocamos y muchas veces no hay tarima para el coro, ni siquiera sillas y debemos tocar hora y media de pie. Sí hemos ido pidiendo cosas mínimas necesarias como que haya sombra. También nos han ayudado sonidistas, porque al principio no teníamos ni micrófonos. Hay gente que ha solidarizado desde lo que sabe para poder llevar este réquiem a las comunas.

-El réquiem de Mozart es una pieza clásica, una misa cargada de simbolismos ¿Cuál ha sido tu experiencia particular al interpretarla en días de manifestaciones y en Estado de emergencia?  

Pese a que todos conocemos la obra y la hemos cantado varias veces, ha sido muy impactante el darle este sentido de angustia por la muerte y por la tortura de los compatriotas en plena democracia. Algunos de nosotros, los que tenemos más de 40, vivimos la dictadura, entonces es angustiante volver a traer ese recuerdo que pensamos totalmente olvidado. Esta sensación de que si te manifiestas puedes terminar herido, desaparecido o muerto, toda esa angustia se plasma en la música. Se ve en los asistentes y en los colegas mientras tocan o cantan, se convierte en una comunión dentro del dolor, que es muy fuerte.

-La música docta tiende a estar reservada a espacios cerrados y algunos bastante elitistas ¿cómo ha sido la recepción de este público más popular?

Creo que la parte linda de esto ha sido el hacer comunidad con los colegas músicos y con la gente de las poblaciones. Hemos estado en Santiago Centro, Quilicura, Maipú, La Florida, Lo Hermida, La Legua y la recepción siempre es de mucho agradecimiento y muy sentida. No estamos celebrando la alegría de que llegó una orquesta a tocarnos algo bello, aunque de alguna forma si fue así, pero el fondo es mucho más duro. Ha sido una mezcla de emociones, igualmente la gente lo agradece muchísimo y para nosotros es un honor y un privilegio entrar en el centro de las comunidades, en sus plazas, sus canchas. Mucha gente de estas personas no habían visto nunca una orquesta ni habían escuchado en vivo un coro tan grande. Ha sido muy emotivo.

El primer Requiem por Chile reunió a cerca de 500 músicos en el frontis de la Iglesia de los Sacramentinos. Crédito de foto: Marco Montenegro.

-¿Crees que debiesen existir más políticas públicas que ayuden a hacer itinerar la música clásica?

El llevar nosotros la música debiera ser parte importante y vital de la misión del músico. Sería maravilloso que en un breve tiempo más haya fondos para que este gran coro y orquesta viaje a regiones y a más comunas. Sería maravilloso saber que existen los fondos para pagarle a los músicos y tener las condiciones óptimas de tarima, iluminación, techo para músicos y público. Nos hemos dado cuenta que todos nosotros como músicos clásicos queremos ir, queremos hacer música y cantar, tocar y compartir con la gente. Después de tocar siempre nos invitan a sus casas, a una olla común, eso es hacer comunidad. Pero claro, ahora se hace todo desde la motivación personal, desde la rabia, el dolor y la necesidad de manifestarse. Efectivamente las políticas públicas, de la mano con los fondos públicos, una vez más no han estado a la altura de la necesidad. Hay que decidir, pensar y crear cómo después que termine este movimiento, vamos a seguir llevando la música, porque es algo vital, la gente tiene que oír orquestas y coros en vivo, porque algo pasa, algo se remueve en todos nosotros, no solo el público. Las presentaciones las hemos terminado con canciones de música chilena y la gente también se hace partícipe. No hay esa formalidad de las salas de teatro, donde después de cada movimiento hay que mantener el silencio, por ejemplo. Esta es una manifestación y eso se dio naturalmente así, no hay nombre de la orquesta ni de los solistas, ni directores. Esta es una orquesta y coro de gente que vino a manifestarse.

-¿Qué lecciones les ha dejado el Requiem por Chile?

Esta experiencia nos ha marcado como músicos y ha evidenciado la necesidad y la importancia de que la música se acerque a las comunas. Las comunas lejanas al centro no tienen por lo general teatro, un buen piano, ni los espacios ni la costumbre de ir al concierto. Entonces, hay que fomentar de alguna manera la música. En este caso es una manifestación, nace desde una necesidad como músicos el acercarnos a las personas desde nuestro hacer, pero deben haber políticas públicas a cargo. Los fondos de la música ya no dan abasto, son muy pocos y cada año disminuyen, por ende van ganando proyectos que requieren mucha menos plata. Sabemos que llevar a 300 músicos a cualquier parte es muy caro, si cobramos lo que corresponde. Acá en Chile pasa algo bien impactante, en general los músicos clásicos bajan sus honorarios en enero y febrero, muchos colegas no están recibiendo sueldo dos meses y sin embargo, hay gasto de igual manera para ir a tocar. Es una necesidad real del público y de los músicos el poder acercarnos y terminar con el elitismo de la música clásica, pero para eso no solo necesitamos voluntad, porque ya está, se necesitan también políticas eficientes.

Paz Becerra, abogada: “Es necesario que se establezca una comisión de verdad, calificadora de víctimas de la represión”

Durante las recientes movilizaciones, la abogada —que se ha desempeñado en el ámbito de los derechos humanos, trabajando en materias de género, discriminación y en casos de responsabilidad civil producto de vulneraciones de derechos y crímenes de lesa humanidad en el contexto de la dictadura, además de llevar casos de relevancia nacional, como el de Nabila Riffo contra Canal 13—, ha colaborado con la Defensoría Jurídica de la Universidad de Chile, el Cordón Jurídico de la UC y ha sido parte fundamental de la sistematización de los casos de traumatismo ocular en la Unidad Traumatológica Ocular en el Hospital del Salvador. 

Por Macarena Pérez

—Respecto de la grave situación relacionada a los traumatismos oculares generados por los piquetes antidisturbios de Carabineros, que el Colegio Médico ha catalogado como una “catástrofe epidémica” y Sociedad de Oftalmología como una “emergencia sanitaria”, ¿Cuál es tu reflexión respecto del actuar de la fuerza policial y del gobierno?

Tanto las acciones como las omisiones de los órganos del Estado (ministerios del Interior, de Salud, de Justicia y Defensa), son omisiones que podrían llegar a generar responsabilidad no sólo política, sino también penal. Al día 22 de octubre, cuando tomo contacto directo con la UTO, ya existían 23 lesionados y el número ya había sido informado al MINSAL, pero hasta esa fecha no se había tomado ninguna medida concreta. Sólo recientemente hemos tenido un pronunciamiento del MINSAL que carece de profundidad y de medidas concretas. Las omisiones de estos órganos públicos son sumamente graves, ya estamos con índices que la Sociedad Oftalmológica ha indicado como desproporcionados. A tal punto, que se dice que en los últimos 20 años de conflicto armado del Medio Oriente los heridos con traumatismo ocular son 300. En cambio, en Chile llevamos más de 200 en tres semanas, por lo que nadie puede ignorar la extrema gravedad de este tipo de ataques indiscriminados e injustificados.

El Ministerio del Interior de manera explícita, tanto en sus alegatos en la corte como los informes que han acompañado en la corte, se desentiende del accionar policial. Sólo dicen que enviaron un oficio para preguntarle a Carabineros qué es lo que está pasando, una vez que presentamos los recursos en la corte. A su vez, han señalado que no tienen las facultades para hacer un control directo de ese accionar y lo limitan a una responsabilidad funcionaria, dando a entender que los sumarios fueran las instancias que corresponden para este tipo de hechos, cuando claramente no se trata de una responsabilidad individual del funcionario. Aquí estamos hablando de la respuesta del Estado hacia los manifestantes. Es algo mucho más complejo que sí genera responsabilidad del Estado, porque éste está consintiendo y avalando transversalmente el accionar de Carabineros.

—¿Cómo el Estado puede decir que no son prácticas sistemáticas, si hay más de 200 heridos con traumatismo ocular?

Según los relatos de las víctimas, todo indica que no son errores, sino que son decisiones: se decide atacar y dañar. Que eso sea una orden directa de los altos mandos, no lo puedo afirmar, sería irresponsable. Pero lo que sí puedo afirmar es que ese actuar está avalado a través de las declaraciones públicas de las autoridades. Lo que el Estado ha señalado es que las víctimas tienen derecho a realizar las investigaciones que correspondan. Lo que señalamos muchos abogados independientes es: perfecto, se realizarán las investigaciones, pero estas demoran meses, años. Por lo tanto, es una mirada restrictiva decir que sólo podemos parar esta situación con investigaciones penales o con sumarios internos. Detrás de esa supuesta evasión de tomar una decisión política para parar estos ataques hay una decisión política de permitirlos.

—¿Qué ayuda pueden entregar las y los abogados en estos momentos? ¿Cuál fue tu primer paso y cómo comenzaste a ayudar?

Existe una serie de grupos a lo largo de Chile que se componen de abogados, académicos y estudiantes que prestan asesoría jurídica, tanto en comisarías, hospitales, manifestaciones y en diversos lugares. Desde mi experiencia, sabía de la existencia de la Defensoría Jurídica de la Universidad de Chile con quien me contacté. Ellos están organizados, trabajando en terreno en comisarías, hospitales, redactan querellas, un trabajo muy potente y transversal. También conozco el trabajo del Cordón Jurídico de la Universidad Católica que está enfocado en comisarías.

Mi primera participación fue acercarme al Cordón Jurídico de la Universidad Católica, visitando comisarías con ellos. Ahí me di cuenta que se necesitaba presencia y apoyo concreto en la Unidad Traumatológica Ocular (UTO) del Hospital del Salvador. Como tramito causas de violación de derechos humanos en dictadura, tengo una idea de lo que el informe Valech ha entregado como consecuencias de los mecanismos de tortura. Me llamó de inmediato la atención que en los primeros días de movilización tuviésemos un número tan alto, y si la represión seguía igual, este tipo de consecuencia sería, sí o sí, una forma particular de aleccionar a los manifestantes, una violación a los derechos humanos que, claramente, se volvería algo sistemático. Por eso, comencé de manera independiente un trabajo en terreno en la UTO el día 24 de octubre. Tomé contacto con el Colegio Médico, ingresé a la UTO, me vinculé con los profesionales de enfermería y medicina. Inicié un apoyo directo de orientación con las víctimas de estos ataques, a medida que realizaba esta ayuda fui tomando sus testimonios y registré fotográficamente las lesiones con la autorización de ellos. También dejé registro de su documentación médica. En ese momento, los profesionales de la salud nos manifestaron la importancia de que los abogados se mantuvieran presencialmente en el establecimiento médico, ya que el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), independiente del valioso trabajo que realizan, no dan abasto para estar presentes en todas partes.

—¿En qué consiste tu trabajo diario?

Voy cada dos o tres días a la UTO, hay días en que no llegan pacientes, pero siempre después de una gran manifestación reciben nuevos heridos. Al ver esta realidad, es muy importante mantener el trabajo en terreno. Por un lado, la orientación a las víctimas y familiares, generando vínculos con equipos de psicólogos y conectándoles con el Colegio Médico para que realicen informes médicos con estándar de Estambul. Por otro lado, la orientación jurídica para que realicen las respectivas denuncias. En paralelo a las querellas que puedan tramitar las víctimas con la Defensoría Jurídica de la Universidad de Chile o con el INDH, algunos abogados, de manera independiente, nos estamos haciendo cargo de presentar acciones de amparo o de protección, que son acciones cautelares urgentes, para que la corte dicte orden de protección para las víctimas y ordene directamente a Carabineros para que dejen de disparar de manera horizontal a partes sensibles del cuerpo, de manera injustificada, utilizando proyectiles que, independiente del material, al ser disparados de cerca y directo al rostro, de todas maneras, van a causar mutilaciones o daño significativo.

¿Por qué hemos tratado de conseguir estos recursos de amparos a través de la Corte? Porque, efectivamente, son vulneraciones de derechos. Por tanto, deberían ser admisibles y son compatibles con una querella, ya que van por vías distintas. Y, por último, porque requerimos del pronunciamiento del poder judicial para ponerle límites al accionar de Carabineros, ya que el poder ejecutivo, el Ministerio del Interior y el General de Carabineros avalan el actuar de la policía y no han asumido ninguna responsabilidad. Frente a esto, lo que nos queda es el poder judicial, que hasta ahora ha dado buenos resultados en Antofagasta y Concepción. Llevamos varias acciones presentadas en Santiago, a la espera de que sean acogidas.

—¿Qué balance haces frente a la violencia que ha ejercido Carabineros durante las manifestaciones?

Es imposible disociar el nivel de represión que se ha ejercido en contra del movimiento actual del que se ejerció en dictadura, las consecuencias de ésta y de la forma en que la transición procesó esas consecuencias. En ese sentido, creo que es imprescindible exigir al poder judicial que actúe, de acuerdo a la declaración que el mismo poder realizó el año 2009, cuando hizo un mea culpa y asumió que fue omiso frente a las violaciones de derechos humanos en dictadura. Entonces, esta es la oportunidad para que el poder judicial haga carne, concretice esa declaración, esté a la altura de las circunstancias e impida que Carabineros siga actuando sin ningún control, de manera injustificada y absolutamente fuera de los protocolos que el propio Estado ha establecido para sí. Hay que considerar además la larga data de casos donde el accionar policial no sólo ha sido puesto en cuestión, sino que, derechamente, ha sido un accionar ilegal, como ocurrió en el caso de Camilo Catrillanca y Alex Lemún. Este último es sumamente relevante, porque a raíz de este caso, en un acuerdo de solución amistosa en la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el Estado de Chile dicta un protocolo para el uso de la fuerza pública, lineamientos que hoy no se están cumpliendo.

Considero que atendido el grave daño que causó la omisión del poder judicial en dictadura, hoy es absolutamente exigible que éste controle que esos protocolos se apliquen, porque el accionar policial no los está respetando. Además, estamos frente a un Ministerio del Interior que también está incumpliendo sus obligaciones, porque la misma CIDH ha señalado que los órganos que dictan los protocolos de actuación y uso de la fuerza pública no se pueden desentender de la forma y la fiscalización de cómo se aplican. Es decir, el Ministerio del Interior no puede lavarse las manos, diciendo que Carabineros está siguiendo solo las órdenes de la máxima autoridad de dicha institución. El Ministerio del Interior tiene que hacerse cargo, ya que tiene por ley la obligación del resguardo del orden público. Ante toda esa omisión institucional, el poder judicial tiene la obligación de actuar. Lo veo como una oportunidad y como una obligación, ya que se comprometieron a no repetir lo que sucedió en dictadura.

«Las consecuencias de las violaciones a los derechos humanos exceden lo jurídico y requieren de un procesamiento político y social con una comisión de verdad, sin secreto establecido como ocurrió con el informe Valech»

—¿Qué te parecen el audio filtrado de la máxima autoridad de Carabineros, quien daba respaldo absoluto a los miembros de la institución?

Las declaraciones de Rozas —quien afirmó que los carabineros se pueden quedar tranquilos porque no los van a castigar de manera grave— se vinculan con la impunidad, generando el discurso de que no hay responsabilidades políticas ni penales. Por lo tanto, pueden seguir actuando de esa manera porque quedarán impunes, no habrá castigo social, público, penal o institucional que les genere una consecuencia y que, por lo tanto, los inste desincentivar su accionar. Muy por el contrario, los incentiva.

Esta impunidad no es nueva. Este tipo de declaraciones son una expresión más de la impunidad instalada que hemos conocido a propósito de la mayoría de los casos de sobrevivientes de prisión política y tortura en Chile frente a los que no han existido las investigaciones que corresponden, ni el Estado se ha hecho cargo de sancionar esos hechos. En general, todas las instituciones de las FF.AA. saben que pueden actuar en impunidad. Y la impunidad también está instalada en otras esferas de la vida política y social, como por ejemplo en los delitos de cuello y corbata. Hay una dinámica en la cual, lamentablemente, desde el gobierno se insta a seguir actuando de la manera que se está haciendo.

Creo que aquí la psicología o la sociología pueden hacerse cargo de un aspecto que es más profundo, como lo es la particularidad que implica la mutilación, sobre todo en el rostro, como mecanismo para irradiar terror. Así como en dictadura se torturaba a los detenidos y eran devueltos vivos a sus círculos sociales, estos irradiaban el terror en la forma en que regresaban, maltrechos, traumados. No podría afirmar que hoy hay una decisión concreta a realizar estos ataques, sería irresponsable de mi parte, pero esta práctica sistemática da cuenta que incluso el “dejar hacer” y no exigir la aplicación de protocolos es, también, una omisión culpable.

—¿Cuáles son los pasos a seguir en caso de ser herido por la fuerza policial durante una manifestación en el espacio público?

Primero tratar de tomar contacto con los equipos de salud que están prestando asistencia in situ. Lo principal es velar por la integridad de las personas, o dirigirte a un centro de salud. Es muy importante que en el parte médico o epicrisis indiquen la mayor cantidad de detalles.  Segundo, realizar la denuncia en Fiscalía. Luego te contactará la brigada de DD.HH. de la Policía de Investigaciones. Y en paralelo recurrir al Colegio Médico para realizar el informe médico con el estándar de Estambul cuando se es víctima del actuar policial. Tercero, realizar la denuncia en la web del INDH. Esta institución tiene mandato legal para actuar y hacerse parte en las diferentes causas por acción policial. También hay diferentes agrupaciones de DD.HH. que prestan apoyo jurídico, como también universidades, en el caso de la Defensoría Jurídica de la U. de Chile y el Cordón Jurídico UC.

—¿Qué debería ocurrir en términos legales desde ahora en adelante?

Quienes están a cargo de las investigaciones son las fiscalías, el Ministerio Público. Es importante hacer un llamado a que estén a la altura de lo que está pasando, atendido a los hechos que ya conocemos en cuanto al comportamiento y las decisiones que ha tomado el Ministerio Público en investigaciones como las de financiamiento ilícito de la política, donde su labor ha sido sumamente cuestionada. Hay que estar alerta a lo que vaya sucediendo en el escenario de estas investigaciones. Quienes hemos trabajado con las consecuencias de la dictadura, creemos que es necesario que se establezca una comisión de verdad, calificadora permanente de víctimas de la represión. Atendiendo a los efectos psicológicos que generan este tipo de ataques, es absolutamente entendible que existan personas que no se sentirán llamadas o convocadas de inmediato. Por eso es importante tener una comisión permanente y que se establezca un reconocimiento estatal, para que no tengamos que procesar nuevamente la tortura y las consecuencias de la represión, solamente desde el ámbito de lo jurídico.

Las consecuencias de las violaciones a los derechos humanos exceden lo jurídico y requieren de un procesamiento político y social con una comisión de verdad, sin secreto establecido como ocurrió con el informe Valech. Las comisiones de verdad recogen los testimonios, sistematiza la realidad de lo ocurrido, las dinámicas de represión, los centros de tortura. Es muy importante que esos archivos no sean secretos. Si se van a establecer reparaciones, que sean proporcionales a los daños causados, porque si se deja al arbitrio jurídico se depende del criterio jurídico del tribunal donde caiga la causa y de la composición de los ministros de determinadas salas que van a conocer cada caso. Si como sociedad asumimos que tenemos consecuencias nefastas en materia de DD.HH, no debemos dejar a la suerte de la tómbola de tribunales el reconocimiento de calidad de víctima de quienes hoy son víctimas del actuar policial.

Asimismo,es importante poder otorgar un apoyo permanente en el tiempo a las víctimas para que decidan seguir participando de los largos procesos penales y no desistan en el camino.

«El país venía despertando desde hace mucho rato y, justamente, lo jurídico ha sido un ámbito que, salvo excepciones, ha sido una tranca para que los movimientos sociales puedan avanzar en sus demandas. Con esto me refiero, por ejemplo, a la institucionalidad del Tribunal Constitucional»

—¿Qué papel crees que ha tenido en este estallido social el desempeño del poder judicial en las últimas décadas?

Creo que este estallido responde a diversos movimientos sociales, como, por ejemplo Aysén, Freirina, los movimiento por el agua, por la educación, por los derechos reproductivos; movimientos de trabajadores y la falta de cabida institucional que existe para los sindicatos. El país venía despertando desde hace mucho rato y, justamente, lo jurídico ha sido un ámbito que, salvo excepciones, ha sido una tranca para que los movimientos sociales puedan avanzar en sus demandas. Con esto me refiero, por ejemplo, a la institucionalidad del Tribunal Constitucional, donde vemos que muchas veces han existido proyectos que han logrado avances significativos en el Congreso, como por ejemplo el aborto, que luego, cuando son procesados por la institucionalidad, llegan al Tribunal Constitucional y se ven cercenados y se les agregan refuerzos que no pasaron por una deliberación democrática. Es el caso de la profundización y la fuerza que se le otorgó a la figura de la objeción de conciencia en el caso de la Ley de aborto en tres causales. Entonces, este caso nos permite ver cómo el ordenamiento jurídico y su institucionalidad, en su conjunto, no ha funcionado como un canalizador de demandas sociales, si no que termina siendo una obstrucción.

Esto también lo podemos ver en el tema de las Isapres, el poder judicial se ha comprometido a hacerse cargo, incluso se generó un edificio por completo dedicado a canalizar las acciones judiciales en que las personas se oponen año a año al alza de los planes de Isapres, y donde el poder judicial ha tenido que invertir en mayor infraestructura solamente para efectos de rechazar las alzas en su gran mayoría. Aun así, no tenemos una ley que impida ese comportamiento y, finalmente, el poder judicial tiene que terminar absorbiendo un problema que se podría solucionar de una manera mucho más rápida. Entonces, nuevamente, vemos que el poder judicial canaliza una demanda que en general no permite el alza unilateral de los planes, pero el entramado jurídico de intereses políticos económicos no permite que se establezcan trabas para el negocio que existe con la salud. Estos son ejemplos nos demuestran que la cuestión jurídica colaboró en el estallido social actual.

Lo que sabemos es que la problemática de los derechos sociales se tiene que canalizar por una vía política, y la jurídica no da el ancho, lamentablemente no resulta operativa.

Número especial: El estallido

Edición de Palabra Pública con más de 100 páginas dedicadas a la crisis social y política que comenzó el 18 de octubre de 2019, y en la que participaron más de 30 destacados escritores, académicos, periodistas y activistas con columnas, entrevistas y ensayos.

Frente a la potencia destituyente-instituyente, ¿qué hace la literatura? (parte 2)

Junto con la exigencia de una educación gratuita, no sexista y de calidad, debemos exigir el fortalecimiento y la apertura de espacios, tales como la cadena de centros culturales comunitarios y vecinales, para que escritorxs y artistas produzcan con los pies en las comunidades, con ánimo descentralizador y aprendiendo de sus lenguajes y saberes.

Por Mónica Ramón Ríos

La fuerza destituyente de la Plaza Dignidad ha reeducado a la sociedad chilena. Hace unos años, en el aletargamiento de la literatura sin consecuencias, Diamela Eltit, admirada amiga escritora, activa en la resistencia de los ochenta, hizo un análisis del problema de la literatura y su neoliberalización: falta circulación del underground, y eso se notaba en la reproducción de poéticas que salían de la misma fábrica de un deseo enhebrado junto al mercado, cuyo producto era una cadena de subjetividades subyugadas a la escuela de la clase exitista y sus traumas. Pero en octubre de 2019 lo que emergió desde ese subsuelo que llamamos metro es la expresión de una potencial reconfiguración de los sentidos (los signos y las sensibilidades) y un nuevo sistema de legitimación, que no pasa por el salón y sus acólitos institucionales. En esa emergencia, la potencia se compone de nuevas poéticas y de otros públicos o contrapúblicos que encuentran insuficientes elementos identificatorios en esa esfera pública dominante marcada por la raza, el género, la sexualidad, la clase y las experiencias de unos cuantos n(h)ombres. Esas otras poéticas pujan por transformar no sólo el campo literario, sino la composición de la esfera pública misma. Es decir, la revuelta, tal como se materializa en el ejercicio de la palabra y los discursos, no trata únicamente de instalar otrxs sujetxs en las estructuras de la estrecha esfera pública anterior, sino de redefinir las leyes y la función de las instituciones y la relación que tienen las disciplinas literarias (y artísticas en general) con lx cuerpx social. Tal como afirmó Carmen Berenguer en un conversatorio en noviembre del 2020, “la revolución ya sucedió. Lo que nos queda es ver cómo la [instituimos]”.

Mónica Ramón Ríos, escritora y profesora de feminismo, marxismo y estudios culturales.

La tarea implica crear una red o malla significante que vincule el trabajo literario con las experiencias de base, de tal manera que no sea mediado por el mercado que prospera junto a las instituciones que resguardan la propiedad privada y su acumulación. Porque el mercado literario y editorial no es únicamente el lugar donde se transan derechos y se promueven libros. Con su poder adquisitivo y el despliegue hacia críticxs, periodistxs y profesorxs/administradorxs universitarixs, el mercado también esculpe los deseos materializados en escritura. Ese mercado (desaforado de cifras) desplazó a la política (de los cuerpos) como pozo de sentidos y donó en vez una red significante ––reflejo y diálogo con la letra–– que modela las poéticas con la eficiencia de los números[1]. Dicho de otro modo, la malla significante con que el mercado abasteció a la literatura durante la postdictadura, con su concomitante organización del campo y su afán clasificatorio, puso límites o estándares sobre qué es literatura y qué no, quitándole densidad lingüística y potencial crítico y precarizando, con una violencia lenta[2], el mundo de la cultura.

Aquellos sentidos (neoliberales) sobre los que se rearticuló la literatura a principios de los noventa se materializaron con su lógica depredadora en contadxs cuerpxs, cuya masa se desplegó en un campo de alianza entre la literatura, editores, un sistema de agentes que funcionaban como matones de apuesta, el periodismo, la acumulación de fondos estatales y, para darle la estocada final a la literatura con los pies en los deseos populares, la educación. Con el advenimiento de los programas de creative writing a la gringa y los programas para especializar editores, esa narrativa fue capaz de referenciarse únicamente a sí misma, la poesía se marginó y los géneros de no ficción se modelaron como crónicas desconectadas con la urgencia insurgente, desplazando al ensayo como escritura que conecta literatura y trabajo intelectual. Esa literatura unida en cofradía homosocial[3] creó círculos de acceso o denegación no sólo a las poéticas sino a lxs cuerpxs diversos. Así, en el siglo XXI, nos encontramos con (ya no tan) jóvenes que encarnan con toda soltura valores todavía resistidos en los noventa y resistidos, en particular, por el (trans)feminismo local.

Basta abrir los libros, leer las entrevistas y repasar los ensayos de lxs escritorxs con los pies en el underground para encontrar las referencias de la actual reconfiguración de los signos y sentidos; y me pregunto por qué hoy nos estamos quedando cortos de lenguaje para asumir esa tarea en toda su potencialidad. Mientras vuelvo a ver el documental sobre Pedro Lemebel Corazón en, releo las Emergencias de Eltit y miro la página que dice “hambre” del Bobby Sands de Carmen Berenguer, pienso en lo significativo que fue que icónicos escritorxs como Pedro Lemebel y Diamela Eltit pasaran de publicar en editoriales aunadas bajo idearios feministas y de izquierda a las transnacionales. Porque si bien publicar en Seix Barral tuvo un efecto importante para la circulación de su obra, también legitimaron, a pesar de sus pasados, una forma de hacer literatura; un circuito que respondía a la pulsión extractivista, acumuladora y los concomitantes ejercicios de poder en contra de lxs sujetxs minoritarizdxs. Esos libros que aparecieron en esa antigua y prestigiosa editorial, pero propiedad del Grupo Planeta desde los ochenta, y que se sentían como un reconocimiento a un trabajo con el lenguaje enquistado en experiencias de resistencia, hizo deseable una práctica que prontamente se configuró en torno a desatadas ansiedades propias de la expansión McDonald. De a poco, esas poéticas con los pies en la klle y la organización colectiva fue limitada a unas cuantas voces (pensemos en la lógica de la representación usada por el mercado hoy) para, en vez, normalizar lógicas individualistas como única red de sentidos con la que dialoga la letra literaria hasta ahora. De hecho, fueron Eltit, Lemebel y las poetas, pensadoras y activistas que compartieron espacios de intensas afectividades con ambos quienes formularon las críticas más espesas en contra de la postdictadura y sus ejercicios disciplinadores. Se escucha en la crítica y las prácticas de Nelly Richard, en las fórmulas críticas de Eugenia Brito, en la disciplina política de Kemy Oyarzún y en el pensamiento intenso de Raquel Olea, donde se gesta un circuito de pensamiento al que las mujeres accedimos no en secreto, sino al margen.

Mientras las policías militarizadas matan menores de edad y los políticos actúan en contra de quienes representan imponiendo sus idiomas, la literatura puede hoy asumir su poder sobre la letra y el lenguaje; puede, por ejemplo, nombrar con precisión qué se quiere destituir y qué instituir. Ese nombrar con precisión, o por lo menos ensayar esos nombres, es el campo de acción propio de la literatura. Un nombre que emerja de una suma de experiencias, un barro de sentidos pisados por cuerpos en fusión acalorada, de vida en común. Por ejemplo, es tiempo de que las escrituras no se desentiendan de las prácticas de acumulación de los actores culturales que nos publican; atender, finalmente, a los rumores de dónde provienen las acaudaladas arcas de las editoriales de la transnación corporativa y hacia donde nos conducen sus estrategias ideológicas-editoriales.

En su reemplazo la literatura podría abrir espacios para abolir las estructuras que se confabulan para oprimirnos; es decir, crear una letra y un circuito literario que converse con las pulsiones populares, esas experiencias de base que dan cuerpo a otros modos de vida. Tomando los escritos de Amílcar Cabral y la consecuente sistematización que hizo Paulo Freire en un sistema pedagógico que desborda las instituciones educativas, la literatura bien podría ser parte de un proyecto de educación con carácter popular donde la experiencia en común sea un proceso de desaprender la disciplina de escritorio. Es decir, junto con la exigencia de una educación gratuita, no sexista y de calidad, debemos exigir el fortalecimiento y la apertura de espacios, tales como la cadena de centros culturales comunitarios y vecinales, para que escritorxs y artistas produzcan con los pies en las comunidades, con ánimo descentralizador y aprendiendo de sus lenguajes y saberes. Esa educación de carácter popular abriría espacios para procesos de aprendizaje constantes y no limitados a los años escolares y/o universitarios; es una forma de vida donde lxs creadorxs estarían en estrecho contacto con sus comunidades, sus territorios, la experiencia y la memoria como motores de transformación. No se trata de un espacio normalizador de poéticas, sino espacios en constante metamorfosis y que diversifique los focos de producción y las posibles circulaciones. Tal propuesta no se origina de “una página en blanco”. Se trata de fortalecer y ampliar lo que ya existe: la red de talleres literarios en provincia o las redes comunitarias de enseñanza artística son ejemplos de ello. De hecho, hemos visto aparecer aquellas redes en toda su potencia este último año.

Se trata, pues, de que en el proceso asambleísta que nos toca ahora incorporemos a la conversación sobre la cultura las múltiples prácticas existentes que desestructuran el mercado como única voz modeladora de las poéticas. Mientras repensamos cómo abolir la violencia alojada en la institución militar y la de los pacos, se hace urgente reorganizar la lenta violencia alojada en el sistema neoliberal de la cultura que, en su crisis, ha dejado a muchos masticando la palabra hambre y la palabra rabia. Ahora debemos usar esas palabras como fuente para empoderar vínculos sociales precarizados; solo así podremos asumir las consecuencias de la deseada caída del sistema neoliberal juntas.

* La parte 1 fue publicada en Antígona Feminista.

[1] Cfr., Rita Segato: Contrapedagogías de la crueldad (Prometeo, 2018) y Alejandra Castillo: Asamblea de los cuerpos (Sangría Editora, 2019).  

[2] Cfr., Rob Nixon: Slow Violence and Environmentalism of the Poor (Harvard University Press, 2011).

[3] Cfr., Rita Segato: Las estructuras elementales de la violencia (Prometeo, 2010) y Eve Kosofsky Sedgwick: Between Men: English Literature and Male Homosocial Desire (Columbia University Press, 1985).