¿Qué puede significar en la práctica que en cada pueblo indígena resida de modo especial la soberanía? Así, por ejemplo, si la soberanía implica la posibilidad del uso de la fuerza legítima, ¿cada pueblo indígena podrá tener su propia fuerza pública? No parece una idea muy prudente.
Por Lucas Sierra
¿Cómo debería considerar el proceso constituyente a los pueblos indígenas? Esta es una pregunta ineludible y nada fácil de contestar. Para ensayar una respuesta, creo que se puede dividir la cuestión en dos partes: forma y fondo. La primera tiene que ver con el procedimiento al cual se someta el ejercicio de la potestad constituyente. La segunda, con el contenido de las reglas constitucionales que en dicho ejercicio se terminen aprobando. En este orden se verán a continuación.
Considerar la forma equivale a preguntarse por el modo en que se pueden introducir los puntos de vista indígenas al proceso. Un modo podría ser realizar una consulta indígena en algún momento del trabajo de la convención a la que se le encargue redactar una nueva Constitución. Pero es algo que habría que organizar demasiado bien, porque de otra manera podría atrasar el proceso constituyente que ya tiene un plazo acotado (un año como máximo). El desafío es enorme, quizás excesivamente grande considerando lo que está en juego.
Lucas Sierra, profesor de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile e investigador del Centro de Estudios Públicos (CEP).
Un modo alternativo de introducir los puntos de vista indígenas al proceso son los escaños reservados. Si gana el apruebo en el plebiscito de octubre, la elección de convencionales será en abril próximo. Queda poco tiempo para una reforma electoral que también debe hacerse muy bien, por lo relevante de la decisión constitucional y porque posiblemente quede como precedente para el futuro. Cada día que pasa se hace más difícil introducir estos escaños.
Si nada de lo anterior se realiza, quizás habría que pensar en alguna forma de participación de los pueblos indígenas durante el trabajo de la convención. Debería ser un mecanismo que permitiera recoger dichos puntos de vista de una manera expedita y precisa, de tal forma de allegar información relevante sin retrasar todo el proceso. Y, también, podrían usarse los resultados de la consulta indígena que se realizó en el marco del debate constitucional que impulsó la presidenta Bachelet durante el segundo semestre de 2016. Han pasado algunos años, qué duda cabe, pero no tantos como para simplemente desechar ese trabajo que ya está hecho. Hasta aquí la forma. Ahora algunas palabras sobre el fondo.
Considerar el fondo equivale, antes que nada, a preguntarse por el reconocimiento constitucional. Ésta es una promesa largamente incumplida en Chile. Hace mucho tiempo, yo escribí para que este reconocimiento se hiciera a personas indígenas y no a los pueblos. Sigo de acuerdo con las razones tras esa idea, pero he llegado a la conclusión de que una propuesta así hoy es políticamente imposible: si hay reconocimiento, éste será hecho a los pueblos indígenas.
Así, por ejemplo, lo hace el proyecto de nueva Constitución que la presidenta Bachelet envió al Congreso pocos días antes de terminar su mandato en 2018. Dice al respecto: “El Estado reconoce a los pueblos indígenas que habitan en su territorio como parte de la Nación chilena, obligándose a promover y respetar su integridad de tales, así como sus derechos y su cultura. Los pueblos indígenas participarán como tales en el Congreso Nacional, mediante una representación parlamentaria, cuyo número y forma de elección serán determinados por una Ley Orgánica Constitucional”. Aquí hay una redacción posible para el reconocimiento por la Constitución de los pueblos indígenas.
Sin embargo, el proyecto de la presidenta Bachelet tiene otra parte que parece en contradicción con lo recién citado. En otro artículo, señala: “La soberanía reside en la Nación y en sus diversos pueblos indígenas.” ¿Cuál es entonces la relación entre nación y pueblos indígenas? Porque, como se lee más arriba, el proyecto dispone: “El Estado reconoce a los pueblos indígenas que habitan en su territorio como parte de la Nación chilena”. Pero, para efectos de radicar la soberanía, el proyecto habla de “la Nación y en sus diversos pueblos indígenas”, lo que parece redundante, pues se ha dicho que forman parte de la nación, en donde reside la soberanía.
Además de esa aparente contradicción, el artículo que hace residir la soberanía en la nación “y” en sus diversos pueblos indígenas, plantea la pregunta por lo que puede significar tener fuentes de soberanía distintas entre sí. ¿Qué puede significar en la práctica que en cada pueblo indígena resida de modo especial la soberanía? Así, por ejemplo, si la soberanía implica la posibilidad del uso de la fuerza legítima, ¿cada pueblo indígena podrá tener su propia fuerza pública? No parece una idea muy prudente.
En fin. Puede haber otros contenidos constitucionales. Por ejemplo, el proyecto ya citado de la presidenta Bachelet garantiza: “Los derechos culturales y lingüísticos de los pueblos indígenas y el derecho a su patrimonio cultural, material e inmaterial de conformidad a la ley. Es deber del Estado fomentar tales derechos. La preservación y difusión de los idiomas de los pueblos indígenas será establecida en la ley”.
En principio, es una buena cosa que se preserve la cultura de los pueblos indígenas, parte esencial de la cual es el idioma. La nueva Constitución podría tener una referencia a esto. Pero no en la forma en que lo hace el proyecto de Bachelet que, como se acaba de transcribir, lo consagra como un derecho en el listado de garantías constitucionales, dando acción judicial para ejecutarlos. Hacerlo así plantea nuevas y difíciles preguntas. Por ejemplo, ¿quién tendrá en estos casos la legitimidad activa para accionar ante los tribunales? ¿Cómo entenderán los jueces los derechos “colectivos”?
Para evitar esas preguntas difíciles, la Constitución debería consagrar la preservación del idioma como un deber del Estado, en la parte en que se hace el reconocimiento constitucional y no en el listado de garantías constitucionales.
Y un último contenido constitucional. El proyecto de la presidenta Bachelet agrega la siguiente disposición: “Todo habitante de la República debe respeto a Chile, a sus emblemas nacionales y a los emblemas de sus pueblos indígenas. Son emblemas de la Nación chilena la bandera nacional, el escudo de armas de la República y el himno nacional. Los chilenos tienen el deber fundamental de honrar a la patria, de defender su soberanía y de contribuir a preservar la seguridad nacional y los valores esenciales de la tradición chilena y de sus pueblos indígenas”.
Yo tampoco seguiría esta propuesta. Y no por una desconsideración especial con los emblemas de los pueblos indígenas, sino porque considero indebido que se imponga una obligación constitucional de respetar determinados símbolos propios. En una sociedad democrática y pluralista, las personas deberían poder quemar sus banderas sin ser perseguidas por eso.
Además, me parece inapropiado que una Constitución hable de “valores esenciales de la tradición chilena y de sus pueblos indígenas”. ¿Qué esencias son esas? ¿Quién las determina? ¿Cuál es la tradición chilena? ¿Cuál la de cada pueblo indígena? ¿Están todos los integrantes de dichos pueblos de acuerdo sobre los valores esenciales de sus tradiciones? ¿Se puede llegar alguna vez a un consenso sobre esto?
Hasta aquí estas consideraciones de forma y fondo para elucubrar sobre la relación entre los pueblos indígenas y el eventual proceso constituyente. Varias preguntas. Todas difíciles, todas ineludibles.
“Desconcertado” se describe el fundador y director musical de Quilapayún frente al impacto que ha tenido la pandemia del Covid-19 en Chile y el mundo. Pero incluso así se las ha arreglado para componer y lanzar, telemáticamente, nuevas canciones en los últimos meses. A sus ochenta años, el profesor titular de la Universidad de Chile sigue vigente y crítico del rumbo de la sociedad chilena, pero esta vez con la esperanza de vivir en un Chile que, dice, se parece mucho más al que sentía suyo a comienzos de la década del setenta. Un Chile, plantea, que ojalá entienda que el derecho a la cultura debe estar presente en cualquier debate sobre el futuro.
Por Jennifer Abate C.
Como muchos, Eduardo Carrasco no se ha desprendido de su teléfono durante los meses de confinamiento. Como pocos, ha estado creando. Primero fue el tema Corona Blues, compuesto con Fernando Julio e interpretado con integrantes de Quilapayún, Inti Illimani Histórico y ex Los Bunkers.Luego fue Uno más, que lo unió a Ismael Oddó, Colombina Parra y su hija Manuela Carrasco, y lanzó a comienzos de julio, justo cuando cumplía ochenta años.
Analizando el escenario desde su casa, Carrasco se declara optimista y feliz con el momento que vive Chile tras el estallido social de 2019 y a días de un plebiscito constitucional, pero como un oráculo inquietante, recuerda en esta entrevista la advertencia de los versos finales de la Cantata de Santa María de Iquique, compuesta por Luis Advis en 1969 e interpretada por Quilapayún en 1970: “un montón de cosas que uno da por terminadas vuelven a aparecer, yo por eso no descarto un golpe militar, no descarto ninguna cosa así, porque no hay ningún hecho que me diga que los militares chilenos ya no son pinochetistas, eso no lo he visto lamentablemente en las noticias ni en ninguna parte, más bien lo que veo y sospecho es que pueden perfectamente hacerlo”.
“El neoliberalismo ha separado la libertad de la democracia para convertirla en antidemocrática”, dice Wendy Brown.
—Acaba de cumplir ochenta años en que ha sido protagonista de la historia política chilena. ¿Cuál es su lectura de Chile al llegar a las ocho décadas?
Cuando volví del exilio, el año 88, en la época del plebiscito, me acuerdo de la campaña del No, cantando en lugares populares, Valparaíso, calles llenas de gente. Eso era una especie de continuidad de lo que yo había dejado el año 73. Intenté insertarme en el Chile de Pinochet, pero me encontré con un país que para mí empezó a transformarse en una cosa muy antipática porque veía transformaciones muy negativas, mucho individualismo, “arréglatelas como puedas”, una sociedad sin ninguna solidaridad, donde cada cual tenía que arreglárselas en todo sentido; la salud, la educación, todo privatizado. Y yo venía de Francia, un país muy solidario; en Francia no se pagaba ni siquiera por los remedios, la mejor educación en Francia es la pública, las universidades son prácticamente gratuitas. ¿Cómo era posible que la gente no se rebelara? Deberían estar todos en la calle. Durante muchos años tuve esa sensación de que los chilenos eran poco inclinados a la rebelión, que se acomodaban a una situación que no les era muy grata.
Y de repente vino este estallido social que, en un día, en un par de días, cambió 100% la dirección del asunto y, bueno, me mostró que ese país que yo había dejado el 73, que estaba oculto detrás de esta otra cosa, de repente salió a la luz, y para mí fue una sorpresa, ay, me encantó todo eso, con mucha poesía en las murallas. Fue fantástico, yo me sentí feliz, volví a sentirme en mi país.
—Uno de los temas que ha cruzado el debate sobre el plebiscito constitucional es el posicionamiento de la cultura como un derecho social en la potencial nueva Constitución. ¿Cuál es su reflexión sobre este tema?
No sé si llamarlo derecho social es correcto, yo lo llamaría derecho, derecho que todo ser humano tiene debido a la importancia que la cultura tiene en la vida de las personas. Durante el estallido social, de pronto se agitó la creatividad y empezaron a aparecer cosas que podríamos decir que hoy son como el rostro más hermoso de ese momento. Las pinturas callejeras, las palabras en los muros, las canciones, poemas que surgieron. O sea, surgió la cultura de ese momento, que no se mide en forma directa, sino que es un poder profundo como las aguas profundas, las corrientes profundas del mar, que de repente aparecen y que finalmente son lo más visible que dejan los hombres en su paso por el mundo, lo mas perenne, lo que mejor muestra de qué se trata esta vida, este paso por la tierra. Si tú quieres saber qué pasaba en Grecia varios siglos antes de Cristo, lo único que tienes en tus manos es la cultura, son los escritos, los testimonios que dejaron los que se dieron el trabajo de escribir los discursos, las tragedias.
—Usted habla de la expresión popular manifestada en el arte, pero ¿qué pasa con el acceso? No es lo mismo asegurar, que es lo que hace el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que todas las personas tienen derecho a participar de la cultura de su país que tener acceso a ella en condiciones más o menos equivalentes.
Cuando hablamos de derecho, fundamentalmente hablamos de dos cosas. Una, que tiene que ver con la libertad, con una situación en la cual sea posible la creación, con la libertad de expresión, de prensa, que no haya censura, que dejen a la gente tranquila para hacer lo que le dicta su imaginación, pero lo otro tiene que ver justamente con lo que tú dices, que es el acceso a la cultura, y eso es un derecho y tiene que estar garantizado en la Constitución. ¿Por qué? Porque la cultura es generadora de universalidad, o sea, es a través de la cultura que nosotros llegamos a reconocernos como seres humanos pensantes, iguales. Hay una palabra romana y latina, que es idiota. Los idiotas son los que quedan lejos de los demás, los que están metidos en sí mismos, ensimismados, entonces no pueden participar del juego y la vida social. Para que no seamos un país de idiotas, tenemos que desarrollar la cultura y tenemos que darle el acceso a ella a todos los ciudadanos, eso es obvio.
—¿De qué otras maneras la cultura fortalece a una sociedad?
La cultura también desarrolla una cosa muy importante, que es la experiencia de que las cosas pueden ser de otra manera. La creatividad demuestra que eso que tú pensabas que era así, como lo ves ahora, puede ser de otra manera. Las cosas pueden cambiar, se pueden modificar, pueden aparecer otras nuevas. Entonces, esa experiencia que da la creatividad es fundamental para que la cosa se mueva, para que no le tengamos miedo al futuro, para que seamos capaces de buscar lo que más nos acomoda, lo que más nos gusta, lo que encontramos más bello, lo mejor. Si no, estamos recluidos en el presente y transformamos ese presente en una especie de cárcel en la que estamos engrillados. La cultura es creadora de universalidad y, además, educadora en la movilidad, es revolucionaria en ese sentido, por eso le tienen tanto miedo las gentes que son conservadoras, porque creen que la palabra está dicha, que hay que contentarse con lo que hay, que no hay nuevas palabras, nuevos artes, nuevas posibilidades. Abrir la cabeza a esas cosas nuevas es fundamental en la vida humana.
—Durante el estallido social nos reconectamos con nuestro pasado cantando las mismas canciones de la década del setenta u ochenta que, sin embargo, nos interpelaban y adquirían sentido en el presente. ¿Cree que de alguna manera la música había anticipado el malestar que se venía incubando?
Claro, es que era una cosa obvia. Yo tengo varias canciones que hablan de eso antes del estallido social, por ejemplo, tengo una que se llama Deca-densa (en el disco Carrasco 2), que anuncia exactamente lo que va a pasar y que termina con esa frase: “ahora viene la violencia”. Además, creo que hay situaciones humanas que se repiten y que las canciones más profundas toman en sus palabras. Por ejemplo, muchas canciones de Violeta Parra que están hechas en situaciones contingentes, como La carta, finalmente traspasan ese momento en que fueron escritas porque se dirigen a todas las cosas que se van a ir produciendo mucho después, y eso hace a esas canciones eternas, porque hablan de situaciones que se repiten en la historia y que nunca se pueden dar por terminadas. Por ejemplo, nosotros hemos vivido de manera dramática eso, porque en las últimas palabras de la Cantata de Santa María de Iquique se dice que esa tragedia puede pasar en el futuro (“Quizás mañana o pasado/ o bien, en un tiempo más/ la historia que han escuchado/ de nuevo sucederá/ Es Chile un país tan largo/ mil cosas pueden pasar/ si es que no nos preparamos/ resueltos para luchar”). Imagínate, la cantamos por primera vez en el año setenta, en medio del jolgorio por el triunfo de Allende, estábamos celebrando y cantando, y de repente vino el golpe militar y volvieron a ocurrir hechos que, en cierto modo, la cantata había anunciado, pero estábamos lejos de pensar que podían volver a ocurrir.
—Si la música habla de la realidad histórica de un momento, ¿qué expresa la música chilena hoy?
Bueno, decir música chilena es como decir continente, hay muchas cosas, muchas cosas diferentes ahí, por ejemplo, un resurgimiento de la mujer, es fantástica la proliferación de la mujer que canta, que canta cosas profundas en la música popular, folklórica, después hay también voces populares que no son escuchadas en las radios, voces que están ocultas y que sin embargo son extraordinariamente novedosas porque responden a una poesía muy delicada y a un sentimiento muy profundo, que es todo lo que está pasando con el trap, que es una música que podríamos decir que es hasta poblacional y, sin embargo, es una expresión bellísima. Nosotros acabamos de hacer una canción con Pablo Chill-E, uno de los grandes exponentes de esta música, estamos esperando hacer el clip para difundirla, es una cosa extraordinaria.
—A propósito de la presencia de mujeres, Isabel Parra dijo en una entrevista, hace dos años, que el movimiento de la nueva canción chilena era machista. Luego, Patricio Manns respondió y dijo que Isabel Parra había hecho un aporte menor e incluso puso en entredicho la relevancia de Violeta Parra. ¿Cómo se enfrenta usted hoy a la revisión histórica de lo que era propio de otras épocas?
Yo creo que las cosas son como son, nadie es responsable de que de repente haya habido más grupos femeninos o más grupos masculinos que femeninos, o sea, si yo veo hacia atrás, la cultura se da de una manera espontánea, nadie organiza el hecho de que haya más pintores hombres que pintoras mujeres en la historia de la pintura chilena, no creo que haya habido una mala intención o especial promoción de los hombres frente a las mujeres en los organismos culturales, no es así la cosa. La situación de postergación de las mujeres tiene causas múltiples, probablemente tenga también responsables, instituciones que nunca han considerado a la mujer en un papel relevante, como la Iglesia católica, puede que haya algunas personas a las que podamos llamar la atención o culpabilizar por situaciones como esas, pero, en general, ese tipo de fenómenos se dan porque la sociedad está construida de un modo tal que le resta presencia a ciertos sectores, no sólo a las mujeres, también a los indígenas, no reconoce a los homosexuales. En fin, ha habido muchos sectores postergados y estamos viviendo una época en que todas esas personas que han sido postergadas por siglos comienzan a ver restituidos sus derechos y todos nosotros nos regocijamos de que ocurran las cosas de ese modo, y vamos a hacer todo lo posible porque esa corriente liberadora e igualitaria se establezca, se fortalezca.
—¿Cuál es su reflexión general sobre el revisionismo de autores que, por su comportamiento o sus ideas, hoy son “cancelados” por parte de las nuevas generaciones? Pasa en Chile con Pablo Neruda y con otros autores en otras partes del mundo.
Eso responde a una falta de criterio histórico de ver las cosas, o sea, tú no puedes juzgar la historia pasada con los criterios y los valores de la historia actual, eso es lo que llamo una idea como de Los Picapiedra de la historia: es pensar que todas las épocas son iguales y que lo único que cambia es que en una el televisor es de piedra y en otra es de plástico. Es ridículo, cambia todo. Tú tienes que tener la imaginación suficiente como para trasladarte a esa época del pasado y aprender a ver con esos ojos de la época, y si tú quieres juzgar lo correcto, es con los criterios que se ha dado esa época. Hay que salir de esta historia de Los Picapiedra y ponerse en una historia más profunda. Hay muchas cosas, valoraciones que tú hacías en el pasado, que hoy no existen, están descartadas.
Con Multitudes personales (Ediciones UDP) recientemente publicado bajo el brazo, el intelectual, filósofo y escritor chileno-argentino, que durante años trabajó como investigador de temas sociales en la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), se aventura con un análisis del Chile que hemos construido y habla del rol de su generación frente a los cambios que vienen: “tiene que mojarse las patitas, tiene que entrar a discutir”.
Por Jennifer Abate C.
—En un texto que publicó en la revista Nexos en octubre del año pasado, decía que su respuesta más honesta frente a la pregunta por el desenlace del movimiento social era: no tengo la menor idea. Casi un año después, ¿tiene más luces sobre lo que ocurrirá con la movilización que comenzó el año pasado y que fue detenida por la pandemia?
Yo creo que hoy es tanto o más enigmático en la medida en que la pandemia fue sofocada no por una razón política. No tuvo un desenlace, no tuvo una resolución, lo único que hay en el horizonte es el plebiscito que se viene. El estallido, para mí, es una revuelta, no una revolución, la revolución termina con un asalto al poder y la revuelta termina en una especie de desplazamiento del eje del centro, es decir, lo que era en algún momento considerado como statu quo, se corrió a la izquierda. El eje se corrió primero en algunas concesiones en términos de política, después, sobre todo, en la iniciativa de convocar a un plebiscito para trabajar en una nueva Constitución.
El filósofo y escritor Martín Hopenhayn.
Se trata de un sentido común compuesto, por un lado, de una visión crítica respecto de los gobiernos de la Concertación, es decir, de los gobiernos de la democracia, del programa que se desarrolló y del modelo de país que se planteó. Creo que se generalizó una cierta homologación entre neoliberalismo a secas y lo que ha sido Chile en los últimos 30 años. Es curioso; yo no estoy de acuerdo con esa homologación, por lo menos de manera total, es decir, esta especie de indiferenciación entre los Chicago Boys y el modelo “progresista”.
—Se refiere a la frase “no son 30 pesos, son 30 años”.
Claro, en las marchas se notaba esa visión. Por otro lado, creo que hay dimensiones que tienen mucho que ver con el poder en la vida cotidiana, que ya estaban puestas sobre el tapete en las movilizaciones sobre abuso de género en el año anterior, en 2018, que al estallido llegaron en la última parte, sobre todo con Lastesis y todo lo que significó. Creo que el tipo de cuestionamiento que se planteó en 2018 era muy profundo y tiene bastante que ver con el estallido social, es decir, con perderle temor a asumir posiciones más radicales frente a un tema. También se conjugan o convergen temas que tienen que ver, por un lado, con los viejos temas sociales, distributivos, con una clara conciencia de que los indicadores del triunfo, los indicadores del oasis chileno del cual habló el presidente pocos días antes, no representan la realidad de la gente o la gente no se siente para nada representada en esos indicadores. Lo que ocurría por debajo de todo eso era una sensación muy grande de vulnerabilidad y de vulnerabilidades cruzadas, vulnerabilidad en el campo de la salud, en el campo de la seguridad social y las pensiones, la sensación de una ciudadanía de primera, segunda y tercera clase según el tipo de educación al cual accedías, el tipo de trato que tenías en el trabajo, el tipo de redes, de relaciones que te permitían aprovechar tu capital humano en retornos laborales.
—Es interesante el correlato que hace con el movimiento feminista de 2018, cuando, como durante el estallido, llamaba la atención la inexistencia de un liderazgo tradicional. ¿Cree que están emergiendo nuevas formas de movilización?
El movimiento feminista rebasaba cualquier tipo de lógica partidaria, era rizomático, aparecía por todos lados. Creo que ahí se marcó un precedente superfuerte, mucho más todavía de lo que se podía haber marcado en la Revolución de los Pingüinos el 2006 o la de los universitarios el 2011 o la protesta contra las represas el 2012. Ahí había algunos liderazgos, pero en esta idea no hay liderazgo, hay una especie de espontaneísmo de las masas, como se decía antes. Ahora, no digo que el 2018 sea la causa del 2019, a lo mejor ya el movimiento del 2018 estaba dentro de una forma de funcionar que estaba arrastrándose, que explota ahí.
—Usted ha descrito una disconformidad que viene de muchos lugares. Hoy estamos a punto de enfrentar un plebiscito. ¿Cree que un potencial cambio en la Constitución ayudaría a subsanar esas disconformidades o de todas maneras hay que conducir otro tipo de procesos sociales que ayuden a aliviar la sensación de desigualdad creciente?
Creo que no sería malo que la nueva Constitución lograra tener esa nueva fuerza para nuclear todas las energías, las energías críticas, emancipatorias, contra la desigualdad, porque habría, de alguna manera, algún tipo de encuentro entre la lógica de la revuelta y la reflexividad compartida, una especie de proceso deliberativo a nivel nacional. Si los procesos deliberativos se mantienen divorciados de los procesos de movilización, yo no sé hacia dónde se llegaría, es como una especie de toparse con un callejón sin salida. No digo que el proceso de la Constitución desmovilice a la sociedad, yo no sé cuánto tiempo puede permanecer una sociedad movilizada como lo estuvo durante cuatro meses, pero de alguna manera debiera vincularse la movilización social con la deliberación pluralista, por llamarla de alguna manera, una deliberación abierta, ampliada.
—En medio de la pandemia, diferentes teóricos y teóricas han postulado alternativas de cambio de nuestra vida social después de la pandemia. ¿Qué piensa usted? ¿Cree que estamos en condiciones de anticipar si la pandemia va a producir cambios permanentes en nuestra manera de relacionarnos socialmente?
Yo creo que la pandemia ha traído una especie de desfile de proyecciones utópicas y distópicas muy interesante, porque se han ido modificando a medida que la pandemia y las medidas de confinamiento duran más. Al principio apareció una especie no de euforia, porque no podemos hablar de euforia ante una pandemia, pero una expectativa de que íbamos a encaminarnos hacia una ética de la frugalidad; la pandemia era la señal que la naturaleza le daba al capitalismo, a la modernidad y a la globalidad, de que no podíamos seguir con esta forma de producir, consumir y de habitar, y que por lo tanto se venía un cambio paradigmático. Y también apareció la expectativa utópica de la emergencia del rol social del Estado, sobre todo en América Latina. La gente pensó: “este es el fin del capitalismo financiero”. Creo que ahora hay un momento de incertidumbre en este juego de naipes de utopías y de distopías dinámicas que se han dado a lo largo de los últimos meses. Uno de los grandes problemas, que es mas simbólico, tiene que ver con la crisis política durante el estallido y la pérdida profunda de apoyo, aprobación y legitimidad prácticamente en casi toda la clase política y el sistema. ¿Cuál va a ser la voz desde la política que invite, convoque, a la sociedad a estar juntos para enfrentar esta situación crítica?
—¿Cuál es su respuesta frente a esa pregunta?
El problema es que no hay voz. Las dos personas que apuntan más fuerte en las encuestas son Lavín y Jadue, y no creo que ninguno de los dos pueda hacer esa convocatoria, salvo que se junten, pero no lo creo. Tiene que haber una voz que convoque, creo que la voz tiene que convocar a unirnos en un cierto sacrificio, que es lo que ocurre durante las guerras. Roosevelt tuvo la capacidad de hacerlo durante la guerra; de alguna manera se desgastó, pero Fernández en la Argentina lo pudo hacer, una voz convocante. Pero la voz convocante tiene que ser, a la vez que una invitación al sacrificio, muy clara también en una invitación a distribuir los sacrificios según las capacidades, el lugar que ocupa cada uno en la sociedad. Si uno invita al sacrificio, y al mismo tiempo vamos a discutir en serio el impuesto a los superricos, tiene más sentido, pero invitar así, de manera vacía, a que todos nos sacrifiquemos sin hacer distinciones, sabiendo que hay personas que quedaron muy mal paradas, no tiene ningún sentido.
Multitudes personales
—En su libro (una compilación de ensayos, crónicas y aforismos publicados a lo largo de su vida) habla de la generación del 55, su generación. ¿Cuál cree que es su rol a la hora de pensar y actuar frente a los cambios propuestos desde el estallido social y hoy por el plebiscito constitucional?
Una generación no significa que todos los que nacieron el 55 estén más o menos cortados por una sensibilidad homogénea, ese texto lo publiqué en la revista Apsi el año 86, cuando yo tenía 31 años, y produjo mucha identificación en pares. La del 55 es la generación de la Reforma Universitaria del año 67, la que después ocupó puestos de poder durante la Concertación. Es una generación que se perdió la fiesta [de las revoluciones en el continente] y que, al perdérsela, la mitificó también; es decir, el vacío de una fiesta a la que llegó tarde lo compensó llenando ese vacío con lírica y épica que ninguno vivió del todo. ¿Qué es lo que yo creo que pasa ahora con esta generación? En términos de propuestas, yo creo que no es fácil, o sea, terminó siendo muy heterogénea esa generación, la misma gente que formó parte de una sensibilidad más o menos convergente en los años setenta u ochenta, en los años noventa empezó a abrirse en distintas ramas: gente que se dedicó a hacer plata de frentón, gente que se metió en la política con vocación, gente que se metió en la política como gran bolsa de trabajo bien remunerada, gente que se cuadró con el “progresismo” de manera muy fuerte y con poca apertura, gente que se mantuvo en una especie de izquierda incondicional e hizo de su propia condición de outsider una bandera, un motivo de autoreivindicación. Creo que es una generación que tiene que mojarse las patitas, tiene que entrar a discutir, tiene que ver cuál es el valor de la experiencia, cuál es el valor de haber transitado por distintas perspectivas, qué se puede aportar. Tiene que ser servicial.
—Es relevante eso, pues si bien hay una necesidad de revitalizar la política, cambios profundos como los que exige la sociedad no van a ser construidos solamente por personas jóvenes o muy jóvenes.
Sí, ahí hay aspectos frente a los que a la generación mía le cuesta mucho tomar posiciones, y a mí también. Por ejemplo, ahora que se ha dado lo que se llama “las políticas de cancelación”, esta especie de, a como dé lugar, llegar a lo políticamente correcto. A mí me cuesta mucho pronunciarme frente a eso, me cuesta mucho. Mi corazón, mi adhesión espontánea, y yo creo que además a conciencia, porque me tocó vivir la dictadura, es el sentido común del pluralismo. O sea, renunciar al pluralismo ideológico, al pluralismo en valores, ya es imposible.
—La reflexión académica y la investigación habían encendido muchas alertas sobre el malestar en Chile. Usted lleva años en eso, el informe del PNUD de 2017 hablaba sobre las tensiones sociales. ¿No es un poquito decepcionante que las decisiones en materia de políticas públicas estén tan divorciadas de lo que propone el mundo de la investigación y la reflexión crítica?
Sí, pero creo que hay responsabilidad en ambos lados. Es un desperdicio total, es decir, pienso en países europeos y en Estados Unidos, donde hay mucho más flujo entre estos mundos. Yo creo que hay una responsabilidad, por un lado, claramente desde la política, por regirse mucho más por ritmos electorales y por programas para captar audiencias. Hay una especie de anquilosamiento de la clase política, de pérdida de apertura, de estar como enfrascados en una especie de Club de La Unión de la política, pensando que lo real es lo que se conversa entre ellos. Desde el lado de la academia, sí ha habido algunos esfuerzos, pero desde la academia se convirtió en un gesto propio, casi un gesto de epistemología política, no abrir vasos comunicantes con la política, una especie de purismo en el cual podría haber casi un efecto de contaminación. La academia también ha tenido sus propias reglas del juego, que son las reglas del paper, las reglas de las becas, las reglas de los rankings, que son las reglas, sobre todo, de la investigación.
—¿Hay alguna posibilidad de reencontrar esos mundos hoy?
Yo creo que sí. Hay algunos referentes académicos, pero son muy pocos, o sea, no sé, en sociología, Carlos Ruiz, Tomás Moulian ya no lo es como lo fue en su momento, por un tema de generaciones, y puede haber dos más, tres más, pero son muy pocos. Además, son como islotes, porque incluso dentro del mundo académico hay mucha atomización, es decir, los profesores están cada uno cuidando su parcela, su tienda.
La pandemia ha vuelto a relevar las desigualdades que se viven en nuestro país. Las extremas diferencias de ingresos se traducen en nuevas y disímiles realidades al enfrentar una emergencia, desde las condiciones del hogar para vivir un encierro hasta los ahorros, el tipo de empleo y la seguridad laboral para subsistir sin asistir presencialmente al trabajo. Esto último se ha mostrado especialmente grave para un grupo de trabajadores muy precarios, pero que a su vez ha resultado fundamental para la manera en que nuestra sociedad ha sobrellevado la crisis: los repartidores y conductores de plataformas digitales.
De su precariedad ya se conocía bastante antes de la pandemia. Trabajadores disfrazados como “socios” por compañías que niegan todo tipo de responsabilidad laboral, desligándose de la necesidad de contratos, seguros para los más que probables accidentes, derechos a vacaciones y a no ser despedidos, entre otras cosas. Más aún, personas que se ven enfrentadas a una doble o triple precariedad, pues a lo dicho se le suman muchas veces endeudamientos por estudiar (en el caso de los conductores de Uber, los análisis muestran que más de un 60% de ellos cuenta con estudios superiores), además de créditos o arriendos irregulares y abusivos para poder acceder a un vehículo que les permita trabajar.
Los meses de encierro y de riesgos de contagio han vuelto a estos trabajadores vitales (quizá literalmente), al tiempo que han extremado su precariedad. Esta paradojal situación ocurre además con el aval del Estado, que ha tardado al menos un lustro en regular la situación de estas plataformas y sus trabajadores, pero que de inmediato les reconoció su carácter “esencial” cuando requirió que bicicletas y motocicletas recorrieran la ciudad para abastecer a quienes pueden pagar por estos servicios. Los riesgos de estos trabajos en este contexto son obvios: los trabajadores se exponen cotidiana y permanentemente al contagio, un riesgo que se extiende también a quienes reciben los productos.
«Cuando las nuevas tecnologías están al servicio exclusivo de las capas más ricas de la población y la ciudad se adapta, para luego “parchar” con los sistemas de transporte mayoritarios, el resultado puede ser aún peor para el resto de los habitantes».
Sobre la base de esta situación, caben al menos dos preguntas hacia el futuro. Por un lado, respecto al futuro del trabajo, ¿cómo regular de manera efectiva, a nivel nacional, empleos que dependen de aplicaciones internacionales sin un rostro claro en el país y con tendencia a la automatización? Por el otro, respecto al futuro de las ciudades, ¿es posible imaginar sistemas de transporte de pasajeros y de bienes que hagan uso de las nuevas posibilidades tecnológicas sin descansar sobre las espaldas de quienes conducen?
Para la primera pregunta ya existen luces. Lo demuestran procesos políticos y judiciales en diversos lugares del mundo donde estas plataformas han aprovechado vacíos legales para expandirse, como es el caso de California, donde la justicia acaba de exigir a las plataformas contratar a sus trabajadores; o las incipientes organizaciones protosindicales de trabajadores y repartidores que han levantado movilizaciones en diversos países del mundo como Argentina, India, Holanda y recientemente también Chile. Pero los trabajadores de estas plataformas valoran positivamente la flexibilidad para decidir sus horarios, así como el poder trabajar allí mientras encuentran un empleo más estable. De este modo, las legislaciones tradicionales, basadas en jornadas de trabajo fijas, no son directamente aplicables, lo que en ningún caso excluye la posibilidad misma de reglamentar. Por ejemplo, reconocer la relación de subordinación entre empresas y trabajadores permitirá formalizar las incipientes organizaciones sindicales, equilibrando las relaciones de poder y permitiendo así que los propios procesos de negociación puedan pulir la manera de regular.
Constatada la explotación de conductores y la falta de regulación y de pago de impuestos, es ineludible preguntarse por las razones del éxito de estas plataformas. ¿Existe algún valor agregado en la manera de asignar online oferta y demanda, o es simplemente un aprovechamiento de la alegalidad actual? Si bien las empresas sacan ventaja de la falta de regulación, existe suficiente evidencia para sostener que la capacidad de coordinar de manera masiva y en línea aumenta de manera significativa la eficiencia del sistema. En el caso del transporte de pasajeros, el tiempo que el vehículo conduce sin pasajeros logra ser disminuido de manera relevante. En el caso del transporte de bienes, coordinar cientos de tiendas y proveedores es fundamental para recortar las distancias entre el origen y el destino de un producto.
Conocidos son los problemas endémicos asociados al transporte que sufren la mayoría de las ciudades en el mundo. Congestión y contaminación son las más mencionadas, pero el uso de espacio público para infraestructura dedicada es también muy relevante. Si bien hay problemas tanto o más importantes que no resuelven sólo las políticas de transporte -como las largas distancias a recorrer por miles de personas que viven muy lejos de sus trabajos-, construir sistemas de transporte más eficientes e igualitarios es un desafío ineludible. Cuando las nuevas tecnologías están al servicio exclusivo de las capas más ricas de la población y la ciudad se adapta, para luego “parchar” con los sistemas de transporte mayoritarios, el resultado de mediano-largo plazo puede ser aún peor para el resto de los habitantes (como las autopistas en Santiago, gracias a las cuales más personas deben desplazarse a trabajar en lugares alejados y recientemente poblados), fomentando además que nuevos usuarios abandonen el transporte público para comprarse automóvil, agudizando el problema original.
De este modo, el diseño de sistemas de transporte público que integren estas nuevas tecnologías resulta tan relevante como una regulación que priorice efectivamente el transporte público por sobre los medios privados.
Para lo primero se requieren concepciones más amplias de lo que se entiende por transporte público. Si bien medios masivos como el metro o los buses seguirán siendo fundamentales por su capacidad, otros medios de mayor flexibilidad pueden ser un complemento importante, incluyendo servicios eléctricos compartidos que funcionen online y otros no motorizados, como las bicicletas compartidas. El carácter de transporte público se alcanza cuando se sirve a toda la ciudad por igual, garantizando una disponibilidad similar de vehículos a lo largo de la ciudad -en lugar de una presencia que segrega según nivel socioeconómico por perseguir fines lucrativos-, y cuando la manera de asignar pasajeros a vehículos se decide de acuerdo a criterios que consideren a todos los actores involucrados.
«Si los correos fueron fundamentales para conectar extensas zonas geográficas hace algunos siglos, es perfectamente posible diseñar sistemas públicos de delivery que puedan funcionar de manera igualitaria y eficiente, respetando la integridad de quienes allí trabajen, y que prioricen el transporte de bienes esenciales o para beneficio de personas con movilidad limitada».
Para regular los medios privados, es crucial limitar su uso en los contextos de mayor congestión, con criterios que no se basen en el poder adquisitivo del usuario. Diversos investigadores han estudiado la posibilidad de reemplazar la tenencia privada de automóvil por estos sistemas integrados, ahorrando espacio de estacionamiento y el costo económico y ambiental de construir miles de automóviles. Y es que por naturalizada que tengamos la posesión de automóviles, su ineficiencia resalta al notar que suelen estar sin uso (estacionados) durante más del 90% del tiempo.
Con todo, es la distribución de bienes lo que ha experimentado un mayor auge durante la pandemia. Es también donde la precariedad ha sido más evidente, al tiempo que un número creciente de personas ha disfrutado la comodidad de resolver varios asuntos y compras sin necesidad de desplazarse. El debate en torno a la regulación de las plataformas, y en particular las propuestas gubernamentales al respecto, han estado marcadas por una ideología que ve a los ciudadanos como consumidores y no como trabajadores, por lo que las app’s parecen ser solamente beneficiosas y los conductores quedan fuera de la discusión. Pero no es necesario tener plataformas que impongan tiempos máximos de reparto y obliguen a los conductores a arriesgar sus vidas: los beneficios de un sistema masivo y coordinado pueden mantenerse sin necesidad de un intermediario que extraiga utilidades.
Si los correos fueron fundamentales para conectar extensas zonas geográficas hace algunos siglos, es perfectamente posible diseñar sistemas públicos de delivery que puedan funcionar de manera igualitaria y eficiente, respetando la integridad de quienes allí trabajen, y que prioricen el transporte de bienes esenciales o para beneficio de personas con movilidad limitada. Esto puede hacerse fortaleciendo Correos para que asuma una repartición masiva y gratuita de bienes, como es el caso en diversos países europeos para entregas que tardan unos pocos días, o con aplicacionesad hoc para reparto inmediato, en las que los repartidores sean realmente controladores, pudiendo decidir democráticamente las reglas que busquen un equilibrio entre nivel de servicio (demora en la entrega) y condiciones laborales dignas.
Las lógicas neoliberales han sobredeterminado la utilización de las nuevas tecnologías en transporte, convirtiéndolas en modelos del mal empleo. Sin embargo, estas mismas capacidades tecnológicas pueden abrir la puerta a sistemas en los que el transporte público sea prioritario y ofrezca un mejor servicio, así como a una expansión de los servicios de reparto hacia el conjunto de la ciudadanía.
La socióloga que en 1991 acuñó el término “ciudades globales” para referirse a aquellos centros neurálgicos hiperconectados por sus flujos económicos, culturales y tecnológicos -como Nueva York, Londres o Tokio-, advierte hoy la aparición de nuevos sistemas de mayor complejidad, donde el capitalismo sobrevivirá: “Esta es una crisis monetaria que ya pasará, pero ya puedo imaginar nuevas modalidades extractivistas del capitalismo surgidas justamente por la pandemia”, afirma.
Por Denisse Espinoza A.
Lo ha venido repitiendo desde hace décadas: “a menos que los seres humanos aceptemos la complejidad de nuestros sistemas, no seremos capaces de comprender los profundos cambios que estamos viviendo como sociedad global”. Hoy, en medio de una pandemia que por primera vez en la historia ataca a escala planetaria, paralizando todos los mercados, las relaciones sociales y la vida cotidiana en su conjunto, la socióloga y académica nacida en los Países Bajos, Saskia Sassen (1947), vuelve a insistir: “nuestras economías y nuestras crecientes necesidades de todo tipo han ido marcando una nueva época. Pero en sistemas complejos -como lo son nuestras grandes ciudades- no es siempre fácil establecer que hemos entrado en una nueva época. Las manifestaciones de este cambio van siendo más y más evidentes, pero aún no lo son en el aspecto visual dominante”. Para Sassen, los cambios que se han venido dando durante las últimas dos décadas se parecen mucho al Coronavirus: invisibles a simple vista.
Saskia Sassen es socióloga y académica de la Universidad de Columbia en EEUU. En 1991 acuñó el término de «ciudades globales».
Sin embargo, la socióloga -quien también es una persona global o lo que antes se llamaba cosmopolita, pues creció en Buenos Aires antes de estudiar en Francia, Italia y Estados Unidos- tiene experiencia en descifrar estos cambios complejos o, al menos, atisbar algunos de sus fenómenos más prominentes. Lo hizo en 1991, cuando acuñó el término “ciudades globales” para referirse a las transformaciones que el neoliberalismo llevó a cabo en las grandes metrópolis mundiales -Nueva York, Tokio o Londres-, dando repercusión global a lo que allí sucediera a nivel cultural, económico o político. En 2014 arremetió con su libro Expulsiones, donde llevó más allá los conceptos de exclusión e inequidad, describiendo una serie de nuevos eventos en los que el capitalismo generó niveles de desigualdad inéditos, expresados a nivel económico, democrático y medioambiental. Es así como, en esos años, ya identificaba lo que tenían en común los desempleados dados de baja, las clases medias marginadas de los centros urbanos y los ecosistemas devastados: todos sufrían lo que ella llamó la «expulsión».
Invitada por el Festival Puerto de Ideas, Sassen dio una conferencia virtual en junio pasado al público chileno, y por estos días -aún atrapada en Londres debido a la crisis sanitaria del Coronavirus, que no da tregua- comenta las últimas noticias aparecidas sobre el panorama en Estados Unidos, país donde normalmente desarrolla su carrera como investigadora y académica en la Universidad de Columbia.
–¿Cómo ve el actual panorama político de EE.UU. y las próximas elecciones para Trump en vista de su criticado manejo de la pandemia?
Estrictamente hablando, está bastante claro que, si hay elecciones más o menos ordenadas, gana Biden. El problema es que Trump simplemente no lo va a aceptar. Su capacidad de mentir y violar la ley nos la ha mostrado a través de los años. Además, una vez que salga del gobierno donde él está aún a la cabeza, lo van a arrestar. Así que el pronóstico es que él se queda en el gobierno. Algunos están diciendo que se negaría a salir del gobierno cuando se acabe este término, porque sabe que se iría a la prisión en cuanto deje de ser presidente. Ha abusado de la ley de una manera espectacular. Es una especie de monstruo dispuesto a violar todas las reglas del juego. Aunque el hecho de que esté ahora con la enfermedad puede cambiar las cosas, ciertamente.
-Hasta antes de la pandemia, siempre se había visto a EE.UU. como el gran faro del mundo, en el sentido de que, si existía alguna crisis mundial, sería sin duda el primer país en ir al rescate, cuestión que no ha sucedido en esta pandemia. ¿Cómo lo evalúa usted?
La caída de las grandes ciudades americanas en cuanto a poder, inteligencia, capacidad de ayudar y saber cómo manejar la crisis, todo eso y más se ha ido perdiendo, al igual que el reconocimiento público. Las decisiones de Trump en cuanto a la crisis han sido de no creerse, tanto por sus mentiras como por su incapacidad de desarrollar alguna modalidad de combate al virus y de ayudar a los desaventajados. Si uno compara este país rico que es Estados Unidos con, por ejemplo, otro país rico como Alemania, la diferencia es enorme. Da igual si ambos son ricos, Estados Unidos ha mostrado una indiferencia que da miedo, mientras que Alemania ha logrado uno de los mejores resultados en minimizar el efecto del virus.
«No veo que esta sea la muerte del capitalismo. Me puedo imaginar nuevas modalidades extractivistas que van a surgir precisamente por la pandemia, como la concentración de las necesidades y recursos por parte de las clases altas y las clases medias de ingresos altos, mientras que las clases pobres se empobrecen agudamente».
-En su opinión, ¿cuáles son las lecciones que hemos podido aprender con esta crisis sanitaria y cuáles serán los cambios profundos que tendremos como sociedades globales a la luz de esos hechos?
Es difícil establecer cuántas y cuáles son las lecciones que hemos podido aprender, quizás es así porque no es fácil, no nos es cómodo reconocer que las pautas de una época han ido cambiando y ahora empieza a mostrarse, a hacerse evidente, el hecho de que una nueva “cultura”, por así decirlo, se ha instalado. Y, en parte, no podemos reconocerlo porque esa nueva cultura tiene aún muchos elementos familiares, elementos que han existido y se han mantenido a través de las décadas. El cambio en sistemas complejos, como lo es una ciudad, no es siempre visible, no se anuncia diciendo: “OK, ¡llegó el cambio!”. En mi lectura, hay tres elementos en juego. Uno es que hemos entrado en una nueva época. Y en sistemas complejos no es fácil entender o notar este cambio. Lo que yo veo es una serie de cambios, no todos evidentes, que se han ido acumulando y en ese proceso han generado nuevas tendencias. O sea, no es que el cambio en sistemas complejos como lo es una gran ciudad implique que lo podamos ver con nuestros ojos. La inmovilidad de todo ese cemento -calles, torres, puentes y mucho más- genera una especie de camuflaje y es ese camuflaje lo que mayormente vemos. No vemos tanto las aplicaciones de nuevas capacidades e innovaciones.
-Al comienzo de la pandemia, algunos intelectuales plantearon que estábamos asistiendo a la muerte del capitalismo, ¿lo ve usted posible?
En efecto, creo que el jaque que vive el sistema sigue siendo parte de la situación. La pandemia afectó especialmente a los más pobres, los que viven en viviendas pequeñas con mucha gente, etcétera. Los hogares ricos, por lo menos de clase media alta, también perdieron a familiares y amigos, pero menos que los pobres, los pobres están mucho más expuestos al virus que las clases medias. Pero en cuanto al capitalismo, creo que lo que sufrió fue básicamente una crisis monetaria y momentánea que ya pasará. No veo que esta sea la muerte del capitalismo. Me puedo imaginar nuevas modalidades extractivistas que van a surgir precisamente por la pandemia, como la concentración de las necesidades y recursos por parte de las clases altas y las clases medias de ingresos altos, mientras que las clases pobres se empobrecen agudamente. También los inmigrantes y refugiados van a perder capacidad de reclamaciones, porque los ricos y las clases medias ricas se enfocarán más en sus propios intereses, y me los puedo imaginar llegando a ser extremos en cubrir sus propios intereses.
Efectivamente, hace ya una década, Saskia Sassen hablaba en Expulsiones sobre cómo las economías se estaban contrayendo y la biosfera, deteriorándose. “La concentración de la riqueza favorece el proceso de expulsión de dos tipos: el de los menos favorecidos y el de los superricos. Se abstraen de la sociedad en la que viven físicamente. Evolucionan en un mundo paralelo reservado a su casta y ya no asumen sus responsabilidades cívicas”. Y también advertía: “una nueva crisis financiera sucederá, estoy segura. He estado escudriñando las finanzas durante treinta años y los mercados son demasiado inestables, hay demasiados datos para analizar, demasiados instrumentos, demasiado dinero. Occidente ya no reina sólo en los mercados. No sé cuándo ocurrirá esta crisis ni qué tan grave será, pero algo se está gestando”, aseguró en una entrevista a Le Monde en 2014.
–¿De qué manera los fenómenos que usted describe afectan a los países latinoamericanos, donde las economías aún dependen de esas grandes ciudades globales?
A mi parecer, por todo el mundo, en cada país, existen más o menos actores que siguen extrayendo y extrayendo valores de todo tipo –desde minerales a plantaciones hasta sistemas financieros. Una de las modalidades más marcantes de esta época que vivimos es cómo hemos reducido a gran velocidad y con mucha violencia el espacio de nuestro planeta: hemos matado diversidad de plantas y árboles, un gran número de especies de animales y peces, etcétera. Y, a medida que avanzamos con esto, vamos reduciendo el espacio de miles y hasta millones de plantas, aguas limpias, arenas y tanto más. Y se ve también en nuevas industrias como lo son Facebook o Google. Es bien importante que reconozcamos que cada innovación brillante y útil nos puede servir para algo que no vemos como algo negativo -el poder de extraer información de nosotros, de lo que queremos, de lo que nos estamos enfermando, de lo que nos es útil-, que al mismo tiempo no es tan bueno para el medio ambiente, porque como todos los sectores extractivos, también estas industrias dejan detrás masivas cantidades de basuras, metales, líquidos y más. Todo lo electrónico ha agregado montañas de basura muy difíciles de desaparecer, y aún no hemos visto suficientes iniciativas para reciclar o eliminar.
-¿Cómo cree que ha influido la pandemia para entender estos fenómenos?
El virus nos obligó a limitar el salir de nuestras viviendas y eso ya es un cambio enorme. Y un cambio que se constituye, además, como respuesta a un peligro, pero a un peligro que es invisible. Entonces, el hogar es un refugio básico, en el sentido que es absolutamente necesario y al mismo tiempo no es una solución. En gran parte, lo bueno que puede salir de este momento dramático y cruel es que nos muestra la capacidad de ser destruidos por estos “agentes” invisibles que son estos virus, y que debemos construir y desarrollar alianzas de todo tipo a través del mundo.
En esa línea, junto a Mary Kaldor -directora de la Unidad de Investigación sobre Sociedad Civil y Seguridad Humana de la Escuela de Economía y Ciencia Política de Londres-, Saskia Sassen acaba de lanzar un nuevo libro, Cities at War (2020), donde reúnen a un equipo internacional de académicos para examinar las ciudades como sitios de guerra e inseguridad contemporáneas. Al mismo tiempo que explica por qué y cómo la violencia política se ha urbanizado cada vez más, apunta hacia la capacidad de la ciudad para dar forma a un tipo diferente de subjetividad urbana, que ofrece resistencia y esperanza para un futuro más pacífico y equitativo. “Bajo las condiciones que vivimos hoy, es importante no hacer guerra entre nosotros, los humanos. Al contrario, es el momento para respetarnos mutuamente y para reconocer la contribución que podemos hacer todos a una vida manejable”, dice.
Si bien la generación de alternativas de autonomía territorial es posible en el proceso constituyente, un desafío será encontrar espacios para la generación y ejercicio de la autonomía y la libre determinación en aquellos territorios diferentes a los ancestrales, pues ese derecho se entiende como una prerrogativa de las naciones en cuanto tales, independientemente del lugar geográfico que ocupen.
Por Verónica Figueroa Huencho
El proceso de reforma constitucional que se avecina nos ofrece una oportunidad histórica para pensar con mirada de futuro cuál es la sociedad que queremos construir, cuáles son los nuevos pilares, valores y principios que deseamos rijan nuestra convivencia, y qué país queremos legar a las futuras generaciones. Se trata, sin duda, de un proceso sin precedentes, no sólo porque (por primera vez en nuestra historia) se discutirán de forma participativa los contenidos de una nueva Constitución, sino porque también se hará con la participación de los pueblos indígenas.
En ese sentido, se requiere una nueva forma de gobernanza, es decir, debemos repensar cuál será el conjunto de reglas y acuerdos que regirá la convivencia, cuáles serán los mecanismos de toma de decisiones más apropiados para dar cabida a las múltiples representaciones identitarias que encarnan los pueblos indígenas y que permitan equilibrar (dentro de las reglas del juego democrático) la toma de decisiones efectiva de quienes hemos sido excluidos de manera permanente por el Estado de Chile. Esta exclusión tiene múltiples aristas, siendo la asimetría de poder que se refleja en la idea de una nación superior por sobre otra, la más evidente. Se ha invisibilizado a los pueblos indígenas utilizando todos los medios de los que dispone este Estado, desde aquellos vinculados a la representación política y los espacios públicos y de poder hasta otros relacionados con la educación, la salud, los medios de comunicación o las representaciones culturales.
Verónica Figueroa Huencho, profesora del Instituto de Asuntos Públicos (INAP) de la Universidad de Chile y vicepresidenta de su Senado Universitario.
Por lo tanto, surge la oportunidad de generar cambios estructurales, los que no solamente son impulsados por los pueblos indígenas, sino también por una gran parte de la sociedad chilena que empatiza, cada vez más, con sus demandas y propuestas. Las movilizaciones sociales que se produjeron con fuerza después del 18 de octubre de 2019 estuvieron marcadas por la presencia en las calles de las banderas mapuche, del mapudungun en las consignas y de diferentes símbolos propios del pueblo mapuche como referencia. Asimismo, la encuesta CADEM de agosto 2020 daba cuenta que un 76% de las personas encuestadas está de acuerdo con que el pueblo mapuche es discriminado por la sociedad chilena, junto con un 79% que cree que la solución al denominado “conflicto en La Araucanía” pasa por la vía política y el diálogo. El desafío es, por tanto, traspasar estos apoyos y sensibilidades al proceso constituyente, de manera de reflejar de manera fidedigna los cambios que la mayoría de esta sociedad quiere.
Entre las principales propuestas de los pueblos indígenas para la nueva Constitución Política se encuentra, en primer lugar, el reconocimiento de un Estado plurinacional, pues la lógica de un Estado-una nación no ha permitido el ejercicio de los derechos de los pueblos indígenas, excluyendo su reconocimiento y participación de los proyectos políticos en cuanto naciones preexistentes. En ese sentido, un Estado plurinacional supone reconocer la existencia en este territorio de diferentes naciones (no sólo la chilena), lo que obliga al Estado a encontrar, definir y entregar nuevos espacios para que todas estas naciones se sientan representadas y partícipes de la construcción de un proyecto social y político como es, efectivamente, pensar al propio Estado. No supone, por tanto, la supremacía de una nación sobre otra, sino más bien la búsqueda de nuevas formas de participación y de definición de las reglas del juego basadas en el respeto y en la equidad. La plurinacionalidad, por lo tanto, debe ir acompañada del reconocimiento de la interculturalidad, donde las diferentes naciones participan en condiciones equitativas en los procesos de toma de decisión, enriqueciéndose mutuamente y contribuyendo así a la ampliación de alternativas y soluciones a los problemas emergentes, especialmente aquellos que debemos enfrentar en los próximos 50 años. La plurinacionalidad, como proyecto político, no significa poner en riesgo la existencia del Estado, sino encontrar nuevas formas que den legitimidad a éste, favoreciendo y potenciando una mejor transferencia de poder hacia los territorios donde la propia idea de un Estado unitario no ha permitido el reconocimiento de la diversidad geográfica de nuestro país.
Otra propuesta relevante es, en virtud del reconocimiento de un Estado plurinacional, el legítimo ejercicio del derecho a la autonomía y a la libre determinación. La libre determinación como derecho humano se consagra en dos pactos internacionales de derechos humanos fundamentales, adoptados por la ONU en 1966: el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Si bien la generación de alternativas de autonomía territorial es posible en el proceso constituyente, un desafío será encontrar espacios para la generación y ejercicio de la autonomía y la libre determinación en aquellos territorios diferentes a los ancestrales, pues ese derecho se entiende como una prerrogativa de las naciones en cuanto tales, independientemente del lugar geográfico que ocupen. Si tenemos en consideración que los procesos migratorios de los pueblos indígenas fueron forzados por la acción del Estado, con mayor razón cabrá encontrar los espacios para el reconocimiento apropiado de los derechos legítimos de estos pueblos. El derecho de determinación es fundamental para los pueblos indígenas porque les permite visualizar su propio futuro, establecer sus propios objetivos y tomar las decisiones necesarias que posibiliten transformar esas visiones y objetivos en realidades.
Aquí, nuevamente debemos desmitificar la idea de que el ejercicio de la autonomía y la autodeterminación sólo se puede dar a nivel de Estado: las naciones, dentro de estos Estados, pueden ejercer ese derecho dentro de sus límites. De acuerdo con la Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas (2007), suscrito por el Estado de Chile, “Los pueblos indígenas tienen derecho a la libre determinación. En virtud de ese derecho determinan libremente su condición política y persiguen libremente su desarrollo económico, social y cultural” (artículo 3). Además, “Los pueblos indígenas, en ejercicio de su derecho a la libre determinación, tienen derecho a la autonomía o al autogobierno en las cuestiones relacionadas con sus asuntos internos y locales, así como a disponer de medios para financiar sus funciones autónomas” (artículo 4).
Finalmente, es importante señalar que a estas propuestas se suman otras vinculadas a la generación de adecuaciones institucionales, políticas y normativas, entre otras, para permitir el ejercicio de los derechos colectivos de los pueblos indígenas en los tres poderes del Estado, favoreciendo, entre otros, la representación política de los pueblos indígenas, la incorporación de elementos del derecho consuetudinario, la participación efectiva en los procesos de formulación e implementación de políticas públicas, entre otros. Asimismo, esto debe ir de la mano del reconocimiento de derechos culturales, económicos y lingüísticos, entre otros, para los pueblos indígenas, de manera que puedan asegurar la transmisión de su cultura, especialmente en espacios públicos y de ejercicio del poder.
Como reflexión final, es importante comprender que estas propuestas que surgen desde la mayoría de los pueblos indígenas no pueden ser entendidas como una concesión o el reconocimiento de beneficios desde la sociedad chilena hacia los pueblos indígenas. Más bien, deben ser consideradas como parte de una nueva forma de visualizar un proyecto de convivencia basado en principios de respeto, donde emergen formas comunitarias y colectivas de interrelación y de representación, donde la concreción de conceptos como el Küme Mongen (buen vivir) traen aparejados sistemas de relaciones equitativas con la madre tierra y con todos los seres que habitan en ella. Por lo tanto, no pueden ser promovidas sólo por los pueblos indígenas, sino que requieren ser incorporadas también a los planteamientos que surjan desde las propias formas de organización de la sociedad chilena, para asegurar su instalación en la agenda del mecanismo que la propia ciudadanía escoja para definir los contenidos de la nueva Constitución.
Las propuestas de los pueblos indígenas permiten soñar con una nueva sociedad. Esperemos estar a la altura.
La frecuencia con que escuchamos frases como “diversificar las exportaciones”, “transformar nuestra matriz productiva” o “crecer respetando el medio ambiente”, parece tener una relación indirectamente proporcional con nuestra capacidad de ponerlas en práctica. Una realidad que puede cambiar después de una crisis social y sanitaria que hasta los más conformistas reconocen podría ser un punto de inflexión en la manera como Chile se desarrolla. En la antesala de un proceso constituyente que forzará la toma de definiciones en la materia, conversamos con Ricardo Ffrench-Davis, Maisa Rojas y José Miguel Ahumada para encontrar señales que nos guíen por ese camino.
Por Francisco Figueroa
La economía chilena enfrenta serias dificultades para encontrar una senda de desarrollo justo y sostenible. El dilema no es nuevo: Chile completa 20 años de productividad estancada y al menos 15 de bajo crecimiento. Pero lo añoso del dilema no le ha quitado complejidad. Por el contrario, las crisis social, ambiental y sanitaria han enredado los propios términos del dilema y ampliado significativamente sus alcances. ¿Se escondían nuestras desdichas actuales en los logros pasados? ¿Cuánto aguanta el planeta el imperativo del crecimiento? ¿Son siquiera preguntas que la sociedad y el Estado puedan responder? ¿O estamos indefectiblemente en manos de los superricos?
Ricardo Ffrench-Davis, cofundador de CIEPLAN y Premio Nacional de Humanidades y Ciencias Sociales, reduce la incertidumbre reponiendo la centralidad de la desigualdad: “no hay crecimiento sostenible si no es incluyente”. Maisa Rojas, directora del Centro de Ciencia del Clima y la Resiliencia (CR)2 y presidenta del Comité Científico de la COP25 para Chile, pone sus esperanzas en el camino hacia la carbono-neutralidad: “nos obliga a pensar en el largo plazo”. Y José Miguel Ahumada, profesor del Instituto de Estudios Internacionales y especialista en economía política del desarrollo, reconoce lo difícil pero ineludible de “introducir una racionalidad pública” en la determinación de las inversiones de los grandes grupos económicos.
El economista y académico de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile, Ricardo Ffrench-Davis.
RICARDO FFRENCH-DAVIS: “PARA TENER UN CRECIMIENTO SOSTENIDO TIENES QUE ACORTAR LAS DISTANCIAS ENTRE LOS DE ARRIBA Y LOS DE ABAJO”
—La crisis social que estalló en octubre parece haber develado la contracara negativa de cosas que considerábamos logros económicos. ¿Cómo se relacionan las virtudes y los defectos del desarrollo económico chileno de las últimas décadas?
Es muy interesante entender cómo fue posible que los primeros siete u ocho años de los últimos 30 hiciéramos logros tan importantes en reducción de la pobreza, del desempleo, crecimiento del producto e inversión productiva. Eso, en mi interpretación, fue consolidando esperanzas. Pero fueron apareciendo vicios tremendos (financiamiento de la política, Sename, ataques a las mujeres, colusiones), las reacciones fueron muy lentas debiendo haber sido brutales, y se deterioró la política macroeconómica. Chile, en 1990 y 91, fue contra la corriente poderosísima del Consenso de Washington al controlar la cuenta de capitales (los flujos especulativos) y el precio del dólar, nuestro nexo con la economía internacional. Pero el 99 el Banco Central retrocede y entrega el manejo de esas dos variables cruciales a los mercados financieros internacionales, y se colgó 100% de una creencia neoliberal profundamente equivocada: si frenamos la inflación, el resto se ajusta automáticamente. Nuestros empresarios empezaron a irse y parte de ese espacio lo ocupó la empresa extranjera. Tú no puedes hacer desarrollo incluyente y que las empresas extranjeras sean muy determinantes. Hubo un adormecimiento de nuestra dirigencia.
—Ese crecimiento de cuya ralentización eres crítico, ¿importa en cantidad tanto como en calidad?
En el mundo se ha ido aprendiendo que no hay crecimiento sostenible en el tiempo si no es incluyente. El mercado libre es ineludiblemente generador de desigualdad, que es mala para la innovación, la diversificación productiva, las pequeñas y medianas empresas. Para tener un crecimiento sostenido tienes que acortar las distancias entre los de arriba y los de abajo. Eso ha ido tomando fuerza en los analistas más avispados del ámbito de la economía. Para crecer tienes que hacer crecimiento incluyente en el proceso, no después. ¿Lo ha hecho alguien? Europa occidental, Canadá y el Estados Unidos de Roosevelt. Con educación pública, a la que van ricos y pobres y apostando por la innovación no arriba, sino también desde abajo. Tenemos que agregar el manejo de nuestra macroeconomía, nuestro tipo de cambio, nuestra demanda agregada, nuestras tasas de interés. No podemos manejar la macro mundial obviamente, pero sí la interna; eso se hizo en los noventa eficazmente.
—¿Y podemos diversificarnos con la actual matriz primario-exportadora?
No hay que perder lo que tenemos. Son decenas de miles de millones de dólares al año que financian nuestras importaciones. Necesitamos que eso se desarrolle, agregándole valor, y desarrollar nuevas actividades. La coreana era una economía agrícola el 65 y se convirtió en una economía industrial campeona en el mundo. Si somos el principal exportador de cobre en el mundo, ¿por qué no podemos producir más bienes y servicios intermedios para su producción e incluso exportarlos? Algo producimos, pero podríamos mucho más. E imitar a los oceánicos y los escandinavos, que pasaron de exportar troncos de árboles a casas y tableros y tecnología. Para exportar bienes intermedios que hoy importamos, podemos cooperar con nuestros vecinos cupreros. Entrar al mundo con otros de la región.
—Al financierismo opones el productivismo, paradigma también cuestionado por la crisis socioambiental. ¿Se puede conciliar desarrollo y medio ambiente?
Claro que sí. En todo lo que es renovable, regular mejor los volúmenes de manera que no liquide la renovabilidad. El yacimiento de cobre no es renovable, lo sacas y te va a quedar el hoyo. Ahí, yo digo, que no nos preocupe que quede el hoyo, pues da empleo e ingresos hoy. Lo importante es que, cuando lo saques, no destruyas el agua de los ríos y el aire. Eso significa costos y hay que pagarlos. No se puede pensar sólo en el PIB de hoy día, hay que avanzar en los valores agregados para suplir el agotamiento de lo no renovable. Entre otros, son muy importantes los impuestos verdes. Tienen que conversar medio ambiente y economía, capital y Estado, y para eso hay que estar a favor de todo tipo de acuerdos, pero sin ceder las banderas centrales de lucha. Haber cedido esas banderas el 99 (tipo de cambio y cuenta de capitales libre, macro manejada por los mercados financieristas, que viven de la especulación) ha sido mortal para Chile, nos deterioró el empleo y la economía.
—¿Qué principios económicos y rol del Estado en la economía debiéramos consagrar en una nueva Constitución?
La economía al servicio de la gente. Con una visión latinoamericanista: construyamos desarrollos convergentes con nuestros vecinos. Y una economía que sea amigable con el medio ambiente, participando, adoptando y siguiendo fielmente acuerdos internacionales en la materia como Escazú, y aplicando las políticas internas para eso, incluido el sistema tributario que requiere recaudar más y progresivamente.
“En el mundo se ha ido aprendiendo que no hay crecimiento sostenible en el tiempo si no es incluyente. El mercado libre es ineludiblemente generador de desigualdad, que es mala para la innovación, la diversificación productiva, las pequeñas y medianas empresas”.
Ricardo Ffrench-Davis es doctor en Economía de la Universidad de Chicago, Estados Unidos, profesor titular de la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile y cofundador y director de la Corporación de Estudios para Latinoamérica (CIEPLAN). Presidió el Comité de las Naciones Unidas de Políticas para el Desarrollo (2007-2010) y fue galardonado con el Premio Nacional de Humanidades y Ciencias Sociales (2005). Es un activo integrante del Foro para un Desarrollo Justo y Sostenible.
MAISA ROJAS: “EL CONCEPTO DE BIEN COMÚN DEBE ENTENDERSE INDISOLUBLEMENTE RELACIONADO CON LA NATURALEZA”
—En 2018 nos dijiste que la crisis de la cual el cambio climático es síntoma “es el resultado de una construcción masculina del planeta y su desarrollo”. ¿Puedes ahondar en esa afirmación?
Lo central es que es una crisis de desarrollo y parte de esa crisis es una manera masculina de desarrollarse, de una visión de un mundo con recursos infinitos que uno puede conquistar. Es momento de instalar valores dentro de la esfera pública que asociamos a lo femenino. Tradicionalmente, tenemos un set de valores que apreciamos en la esfera pública y otro distinto para la privada. En la esfera privada está bien la empatía, la solidaridad, la colaboración; el cuidado, digamos. Pero para la esfera pública valoramos la competencia, la no colaboración, la conquista. Ese es el problema. Ha llegado el momento de apreciar esos valores también en la esfera pública.
—¿Por qué ese momento es ahora? ¿Qué lo define como crucial?
Desde mi perspectiva en cuanto a cambio climático, el momento actual se inicia en 2015 con la firma del Acuerdo de París, un punto de inflexión bien importante para -por lo menos en términos de emisiones- enfrentar esta crisis. Después viene, en 2018, el muy influyente informe del IPCC sobre calentamiento global, que dice que es posible todavía limitar el calentamiento a 1,5 [grados Celsius], un espacio relativamente seguro y justo para el desarrollo humano y de nuestro planeta, y que esa pequeña ventana de oportunidad se nos cierra en los próximos diez años. Y después viene, en 2019, un informe de biodiversidad que dice que más de 1 millón de especies están en peligro de extinción. Y bueno, siendo chilena, después viene octubre con una crisis social y marzo con una crisis sanitaria que nos hablan de lo mismo. Entonces, el “momento” se ha ido reduciendo de este siglo a esta década, a este año.
—¿Y cómo piensas que estamos parados frente a lo que nos queda de ventana?
En muchos aspectos, estamos todos de acuerdo en que la pandemia es un punto de inflexión en cuanto a darnos cuenta de lo rápido que uno puede cambiar comportamientos. La capacidad de transformación social es muy impactante, y puede ser positiva justamente para enfrentar en particular el cambio climático. Es nuestra última oportunidad. Y hay señales superpositivas en Europa. Estados Unidos es otra historia y sabremos recién en noviembre qué resulta, y China es un misterio. Europa, por lo menos, está comprometida con la acción climática e incluso en el peak de la pandemia se comprometen con impulsar la reactivación económica con los objetivos de cambio climático y sustentabilidad en general. Yo diría que en América Latina se escucha el tema. Y créeme que en Chile también, aunque nuestro ministro de Hacienda no lo vea, lamentablemente.
Maisa Rojas es Doctora en Física de la Atmósfera de la Universidad de Oxford, Reino Unido, académica de la Universidad de Chile y directora del Centro de Ciencia del Clima y la Resiliencia (CR)2
—Chile se ha comprometido a reducir las emisiones de carbono, pero, ¿es compatible el objetivo de esas medidas con seguir dependiendo de la extracción de recursos naturales?
Lo que uno quisiera es que el compromiso de Chile con ser carbono neutral signifique hacer las cosas de una manera distinta. Lamentablemente, uno sí podría ser carbono neutral y seguir siendo exportador de cobre. Para ser carbono neutral hay que, básicamente, transformar todas las fuentes de energía a renovables. Pero si las plantas solares las van a venir a hacer ingenieros de España o Italia, no tiene un gran plus versus si las hacemos acá, con la innovación que necesitan y si pensamos, más que en mega grandes centrales, en algo mucho más distribuido. Entonces, yo diría que es una tremenda oportunidad de cambiar, incluso si lo hacemos mal va a ser un país mucho mejor. Por ejemplo, eliminamos las zonas de sacrificio. Ahora, en cuanto a nuestra otra vulnerabilidad con el tema del agua, este camino hacia la carbono neutralidad permite un desarrollo muy distinto, pero no es automático. Lo que sí, es que nos obliga a pensar a largo plazo. Es una agenda a 30 años que va a determinar el desarrollo. En ese sentido, es una enorme ganancia para el país.
—¿Qué actividades inciden más en la escasez hídrica y cómo la transición hacia la carbono neutralidad puede incidir allí?
Tiene que ver sobre todo con la agricultura y, por lo tanto, con el Código de Aguas, con tener una legislación que no toma en cuenta que vivimos en un clima cambiante. La idea detrás de los derechos de agua perpetuos es que el agua es una cantidad fija, y eso es una gran mentira, se contrapone a principios biofísicos. La carbono neutralidad a veces se piensa sólo como reducir las emisiones, pero va junto con la resiliencia, que es la capacidad de un grupo o sociedad o ecosistema para mantener sus características intrínsecas después de una perturbación o un cambio que es continuo.
—En abril nos dijiste: “el cambio climático es el telón de fondo del siglo XXI y (…) definitivamente debe ser incorporado en una nueva Constitución”. ¿Cómo lo harías?
Lo primero es decir sí, el cambio climático es nuestro telón de fondo, nuestra realidad. Escribir estas reglas comunes cuando uno ya tiene ese entendimiento, va a ser bien determinante. Vamos a tener que ir avanzando en escribir una Constitución que incluya una relación distinta con la naturaleza. ¿Qué debiera decir exactamente? La verdad es que no me lo imagino todavía, porque la Constitución actualmente sí da el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, pero la realidad es otra.
—Solemos invocar el principio de interés público contra empresas contaminantes que se amparan en el derecho de propiedad y la libertad de empresa, pero ese principio también puede interpretarse como hacer lo mismo, pero desde el Estado. ¿Cómo repensarías la noción de interés público?
Claro, creo que es el concepto de bien común, el bien común debe incluir no solamente a los habitantes, sino que entenderse indisolublemente relacionado con la naturaleza. Somos parte de este ecosistema, de este planeta, no puede haber bien común ni bienestar humano sin cuidar la naturaleza. En ese sentido, hay que incorporar una visión más amplia que sólo la antropocéntrica. Tenemos que pensar la distribución, la igualdad, dentro de los límites que nos ofrecen la naturaleza y este planeta.
“Para ser carbono neutral hay que, básicamente, transformar todas las fuentes de energía a renovables. Pero si las plantas solares las van a venir a hacer ingenieros de España o Italia, no tiene un gran plus versus si las hacemos acá, con la innovación que necesitan”.
Maisa Rojas es doctora en Física de la Atmósfera de la Universidad de Oxford, Reino Unido, profesora asociada del Departamento de Geofísica de la Universidad de Chile y directora del Centro de Ciencia del Clima y la Resiliencia (CR)2, de la misma casa de estudios. Presidió el Comité Científico Asesor de la COP25 para Chile y es investigadora del Núcleo Milenio en Paleoclima del Hemisferio Sur.
JOSÉ MIGUEL AHUMADA: “ES URGENTE CIERTO NIVEL DE PARTICIPACIÓN PÚBLICA EN LOS GRANDES CONGLOMERADOS ECONÓMICOS”
—Hay quienes sostienen que nuestro problema es el “capitalismo de amigos” y promueven como solución un “verdadero” capitalismo, competitivo e innovador. ¿Es un sueño realista y deseable?
José Miguel Ahumada es doctor en Estudios del Desarrollo de la Universidad de Cambridge, Reino Unido, y profesor asistente del Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad de Chile.
El problema con esa hipótesis es que, si bien es coherente teóricamente, ese modelo de libre comercio con el que se contrasta nunca ha existido. El capitalismo, como sistema social, tiende endógenamente a generar estas grandes estructuras organizativas, a conquistar mercados. La conformación de los grandes conglomerados económicos es connatural a la competencia capitalista. En la idea del capitalismo de amigos, lo que se ve como solución es únicamente tratar que no vuelvan a coludirse, no atacando el problema de fondo, que es, creo yo, la naturaleza de estos conglomerados, su estructura familiar y determinada por la competencia monopolística, lo que significa que su inversión va hacia sectores donde la ganancia es inmediata, no a sectores riesgosos, como la energía renovable o construir capacidades productivas donde no hay ventajas comparativas. Estos grupos, por su propia racionalidad económica y no porque sean amigotes, invierten en sectores que son socialmente improductivos y que, económicamente, han perdido la bencina que tuvieron en los noventa.
—Con lo concentrada de nuestra economía, no es raro que hablemos mucho de diversificar nuestra matriz productiva pero poco de cómo hacerlo: parece que no está en nuestras manos. ¿Cómo recuperar esa capacidad?
Un problema es que los núcleos de acumulación que determinan el tipo de desarrollo del país están en los grandes conglomerados económicos, allí está la estructura organizacional que permite o no generar políticas de largo plazo para modificar la estructura productiva. ¿Qué sabemos de los casos que han sido relativamente similares a Chile y han logrado un despliegue de nuevas capacidades productivas y de diversificación exportadora? Un típico caso es Corea del Sur, pero más interesante me parece Finlandia, porque lo hicieron en democracia y con una matriz exportadora, en 1950, muy similar a la chilena: exportaban cobre y celulosa y el PIB per cápita era prácticamente igual al nuestro. Los finlandeses hicieron dos tipos de política. La primera, generar encadenamientos productivos para diversificar las exportaciones a partir de los recursos naturales, no sólo desde las empresas públicas, sino también vía alianzas con los grandes conglomerados, con subsidios condicionados a que pudieran establecer esos encadenamientos productivos. Ese fue un periodo para diversificarse en torno los recursos naturales, lo que genera límites. La segunda, en los 70, fue que el Estado creó un conjunto de instituciones para la innovación, con espacios donde sentaban a discutir a sindicatos, gremios, el Estado y la sociedad civil para pensar la política de desarrollo a 30 años. Y lo que se decidió fue dar un salto a invertir en sectores electrónicos y de telecomunicaciones. Ahí, por ejemplo, Nokia pasó de producir celulosa a los celulares que conocimos. Y dar subsidios a exportaciones sujetos a que los grandes conglomerados hicieran proyectos de innovación con instituciones públicas locales e incluyendo a la pequeña y mediana empresa. Así se fue formando un tejido productivo. Esto fue posible al complementarlo con la educación pública, gratuita y de calidad, el 67, y una reforma tributaria progresiva.
—¿Y cómo introducir la mirada de largo plazo en esas grandes empresas? ¿Participación pública en las juntas directivas? ¿De los sindicatos?
Políticamente es, por supuesto, muy complejo, pero es urgente cierto nivel de participación pública en estos conglomerados. Finlandia, por ejemplo, tiene pocas empresas estatales, pero tiene un holding financiero público que controla alrededor de 17 de las 20 empresas más grandes de Finlandia. Son empresas privadas, pero el Estado tiene mayoría accionaria, eso permite que haya una racionalidad pública a la hora de determinar las inversiones. No implica la estatización, son actores que están en el mercado y la competencia, pero su cálculo es más de largo plazo. Esto que Keynes llamaba socialización de la inversión, pero vía el sector financiero, es políticamente muy difícil, pero abre una puerta para cierto control de hacia dónde va la inversión de estos grandes conglomerados, que permita, por ejemplo, diversificar hacia sectores productivos y no sólo aprovechar monopolios internos.
—Es difícil imaginar la viabilidad de una estrategia de diversificación en un solo país. ¿Qué papel le asignas a la integración regional?
La integración es fundamental, no porque la sugerencia que yo hago implique sustitución de importaciones, no, no, es integrarnos de otra forma al comercio internacional. Imaginemos que ya no queremos sólo hacer duraznos en almíbar, sino maquinaria para su producción. No vamos a encontrar mercados para eso en Estados Unidos, China ni la Unión Europea. ¿Con qué país tenemos la canasta diversificada más grande? Con Bolivia. Entonces la pregunta es qué mercado vamos a estimular, y ahí yo creo que debe ser el latinoamericano. Eso abre otro conjunto de problemas, porque un proyecto de integración implica una tensión con Estados Unidos, por los acuerdos comerciales que se firmaron durante los gobiernos de la Concertación.
“Desarrollo no es crecer cuantitativamente, es un cambio cualitativo; pasar de una estructura productiva que se especializa en sectores intensivos en recursos naturales y explotados por una fuerza laboral de baja cualificación, a sectores intensivos en conocimiento y explotados por una fuerza laboral de alta cualificación”.
—Otra tensión es con el medio ambiente. ¿Cómo se concilia desarrollo y medio ambiente?
Creo que hay cierta confusión. Se habla de desarrollismo desde fines de los noventa, pero ese régimen fue extractivista, el Estado tuvo un rol redistributivo, pero no modificó las estructuras productivas. Para mí, eso no fue un proceso de desarrollo, sino un típico caso de crecimiento periférico. Desarrollo no es crecer cuantitativamente, es un cambio cualitativo; pasar de una estructura productiva que se especializa en sectores intensivos en recursos naturales y explotados por una fuerza laboral de baja cualificación, a sectores intensivos en conocimiento y explotados por una fuerza laboral de alta cualificación. El desarrollo no implica necesariamente un crecimiento cuantitativo de la producción, sí de la torta, eso es verdad, porque pasar de un sector extractivo a uno intensivo en conocimiento crea más riqueza, pero este tipo de transformación productiva hace que unos sectores crezcan y otros decrezcan, y si se integra con las energías renovables, se puede conjugar con la sostenibilidad medioambiental.
José Miguel Ahumada es doctor en Estudios del Desarrollo de la Universidad de Cambridge, Reino Unido, y profesor asistente del Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad de Chile. Es coordinador académico del Magíster en Desarrollo y Cooperación Internacional de la misma casa de estudios y autor del libro The political economy of peripheral growth: Chile in the global economy (2019).
La atención mundial que ha concitado la generación de una vacuna que ponga a raya el Covid-19 y los anuncios de los organismos internacionales sobre cómo se propaga la enfermedad, cómo se trata y cómo creamos estrategias que nos permitan superar las crisis social y política tras la pandemia nos han mostrado como nunca hasta qué punto dependemos del conocimiento. ¿Cuál es su lugar en la sociedad actual? ¿Quién lo genera? ¿Nos sirve para cambiar lo que somos como comunidad? Esas son algunas de las preguntas que el vicerrector Flavio Salazar, la académica Adriana Bastías y el académico Claudio Gutiérrez se hicieron en esta conversación registrada el pasado 7 de octubre.
Por Jennifer Abate C.
¿De qué manera deberíamos comenzar a pensar el desarrollo del conocimiento y cuál es el rol que este debe jugar en una sociedad que pretende avanzar hacia el desarrollo?
Flavio Salazar: durante la última etapa, en el desarrollo del sistema capitalista que se produjo después de la Revolución Industrial, el conocimiento no sólo ha sido un elemento de cultura o de bienestar general, sino que se ha transformado también en una mercancía y se ha insertado, como todas las acciones del trabajo humano, en la lógica del sistema capitalista que hoy impera. Llevándolo al plano actual, no existen sociedades que hayan avanzado, desde el punto de vista del progreso general, sin tomar en cuenta el tema de la generación de conocimiento. Desde el siglo XX en adelante, todos los países que han tenido cierto éxito y progreso han basado sus capacidades en la ciencia, pero no ha sido así en países como el nuestro, donde el elemento central del modelo de desarrollo o del modelo económico ha sido la explotación de las ventajas comparativas, que son los recursos naturales o commodities. En eso hemos tenido un desarrollo muy potente, una industrialización muy importante en ciertos ámbitos como la extracción mineral, el bosque, la pesca, etc., pero con un impacto en la naturaleza y en las comunidades que es muy grande y sin un retorno y diversificación de la economía. Lo que hoy uno se plantea es una discusión en la cual podamos poner el conocimiento dentro de un plan de desarrollo nacional y que sea uno de los pilares que permita una sociedad distinta.
Flavio Salazar es vicerrector de Investigación y Desarrollo y Profesor Titular de la Universidad de Chile.
Adriana Bastías: como dice Foucault, todo saber, todo conocimiento implica poder, y de alguna forma son dos caras de la misma moneda. Estamos hablando de conocimientos, no solamente del conocimiento. Nuestraproducción de conocimiento se basa en índices, en índices que son publicaciones internacionales que muchas veces no consideran la realidad local ni tampoco la realidad regional, por lo tanto, se alejan de una ciudadanía que valore lo que nosotros hacemos o la generación de conocimientos. Para quienes somos de regiones, esto es más evidente, porque la generación de conocimientos o la valoración del conocimiento suele concentrarse en ciertos sectores, en ciertas universidades a las que acceden ciertos grupos sociales. Esto se va replicando y va generando una endogamia académica donde las mismas personas se autopublican y van, de alguna forma, generando una máquina de reproducción de papers. Este paperismo no tiene muchas veces que ver con la realidad o con la necesidad social de la generación de conocimiento para el bienestar social de todas las personas.
Claudio Gutiérrez: enfatizo en lo que decía Adriana: hay que hablar de conocimientos, no de conocimiento. Los conocimientos son parte de lo que nosotros vamos adquiriendo en la medida en que hacemos cosas, en todas las direcciones. Cuando uno habla de desarrollo, está hablando de una manera de ser, una manera de hacerse, una manera de construir una comunidad, una sociedad en la que participan las personas. El desarrollo tiene que ver mucho con ser sujeto, con entender qué somos, tiene que ver nuestra identidad como comunidad, como personas. En general, cuando uno habla de desarrollo, inmediatamente piensa en el desarrollo económico, porque ese es un sesgo brutal que tenemos hoy, equivocado para los tiempos que vivimos; no funciona. Pero el desarrollo es más amplio que ese ordenamiento, esa mirada económica. Hoy, por lo menos el PNUD y pensadores como Manfred Mac-Neef y Amartya Sen tienen una noción de desarrollo mucho más marcada en lo humano.
“Para entender dónde estamos, quiénes somos, cuál es nuestra identidad, hacia dónde vamos, necesitamos conocimientos de todo tipo, necesitamos conocimientos de la disciplina, necesitamos conocimientos de la naturaleza, necesitamos conocimientos de nuestros vecinos y necesitamos conocimientos de cada una de las personas y de las comunidades”. Claudio Gutiérrez
Para entender dónde estamos, quiénes somos, cuál es nuestra identidad, hacia dónde vamos, necesitamos conocimientos de todo tipo, necesitamos conocimientos de la disciplina, necesitamos conocimientos de la naturaleza, necesitamos conocimientos de nuestros vecinos y necesitamos conocimientos de cada una de las personas y de las comunidades; no estamos hablando del conocimiento que se produce en el noratlántico y baja y llega a través de las grandes ciudades y se distribuye a la población, como pensaban conservadores como Bello. No, los conocimientos vienen desde abajo también, están en las comunidades de diferente tipo. Es un tremendo desafío: cómo juntamos estas dos variables de los conocimientos con el desarrollo de una sociedad.
¿De qué hablamos cuando hablamos de modelo de desarrollo?¿Por qué es relevante tener una conversación sobre qué es y hacia dónde debe ir en momentos de crisis como elque enfrentamos actualmente no sólo en Chile, sino que en todo el mundo?
Flavio Salazar: concuerdo en que durante todo el siglo XX y parte del siglo XXI se ha posicionado una visión bastante estrecha, basada solamente en el crecimiento económico, y ya sabemos por experiencia propia e internacional que el crecimiento tiene dos elementos: por una parte, no garantiza el bienestar de todos, puede garantizar el bienestar de una minoría; por otra, genera daños de sustentabilidad ecológica que pueden amenazar incluso la supervivencia de la humanidad. Cuando nosotros planteamos un nuevo modelo de desarrollo, se trata de uno que se haga cargo de esas carencias y esas brechas, que sea beneficioso para la mayoría de las personas y que, de alguna manera, garantice los derechos mínimos que gran parte de la ciudadanía está solicitando, que no sea depredador. Chile, en las últimas décadas, ha desarrollado muy fuertemente el modelo neoliberal, que ha penetrado con lógicas de mercado todo el ámbito de la vida de las personas, por eso tenemos una salud de mercado, una educación de mercado, tenemos todos los elementos que constituyen una sociedad de mercado. Creo que uno no puede prescindir de un análisis de la realidad actual, no puede prescindir de tomar en cuenta las fuerzas que operan, los intereses que existen, las oposiciones, porque si uno no lo hace de esa manera, entonces es muy difícil establecer una propuesta que tenga viabilidad. Una vez identificados esos elementos que mencioné, que son los elementos básicos, podemos proponer un modelo que pueda generar la adhesión de una mayoría ciudadana que permita que esto se haga realidad.
Adriana Bastías es Doctora en Ciencias mención Ingeniería Genética Vegetal de la Universidad de Talca y bioquímica de la Universidad Austral de Chile.
Adriana Bastías: creo que hablar de un modelo de desarrollo implica decir que hay ciertos lineamentos que buscan el desarrollo de una nación, un territorio. Nosotros ahora ya sabemos que, dada la crisis climática, debiésemos hablar de un desarrollo sustentable, que no solamente involucre el aspecto económico, sino que también el ámbito social, político y cultural. Los sistemas de protección social están muy relacionados con los modelos de desarrollo que históricamente han tenido lugar. ¿Por qué en un momento de crisis es necesario pensar en un nuevo modelo? Básicamente, porque uno se da cuenta, frente a una crisis social, a un estallido social que casi cumple un año, de que el modelo se agotó. Frente a una economía de mercado con una fuerte desigualdad que podemos ver en el índice de Gini o en otros índices, es necesario pensar en un nuevo modelo de desarrollo que podemos generar a través del proceso constitucional, más allá de que en la práctica sea difícil por los altos quórum.
Claudio Gutiérrez: cuando uno habla del modelo de desarrollo, debería pensar más globalmente en qué queremos como país. Para la época de Pedro Aguirre Cerda estaba bien el “pan, techo y abrigo”, pero hoy necesitamos más que eso. ¿Qué queremos? ¿Hacia dónde queremos ir? ¿Cómo queremos insertarnos en el mundo? Quiero poner un ejemplo sobre esto. Recuerdo un foro, hace un año, discutiendo con otro colega sobre la academia uruguaya, sobre la Universidad de la República, y me acuerdo de cómo se reían de mí cuando yo les decía: “habría que mirar de otra manera esa universidad, que no aparece en ninguno de esos rankings que nos encantan, y preguntarse cuál es el rol que juega esa universidad que produce el conocimiento y los profesionales que ese país pequeño necesita”. Estoy esperando encontrarme con esa gente de nuevo para mostrarles que Uruguay tiene sólo 49 muertos por Covid, 49 muertos en total, nosotros llevamos 60 al día o algo por ahí. ¿Cómo esa sociedad pudo hacer eso? Ese resultado no depende del número de papers publicados, no depende de los enganches que uno tenga con los grandes centros mundiales para traer o no la vacuna. Depende de una población educada, depende de un sistema de salud sólido, depende de una infraestructura sistemática. Uruguay tenía un modelo de desarrollo distinto, donde la universidad cumplía una función distinta a la de acá. ¿De dónde salieron los médicos uruguayos que lograron esos niveles de detección del Covid? ¿De dónde salió ese sistema de salud? ¿De dónde salió la población educada que hizo lo que había que hacer? ¿De dónde salieron los economistas que ordenaron el país de esa manera? Ahí hay una idea de lo que puede ser un modelo de desarrollo y de educación enganchado con una visión de país diferente.
“Todos los países que han tenido cierto éxito y progreso han basado sus capacidades en la ciencia, pero no ha sido así en países como el nuestro, donde el elemento central del modelo de desarrollo o del modelo económico ha sido la explotación de las ventajas comparativas, que son los recursos naturales o commodities”. Flavio Salazar
De sus palabras se desprende que consideran que es necesaria una nueva forma de pensar Chile. Pero, para aterrizar, ¿cómo se cambia el modelo de desarrollo de unpaís?
Flavio Salazar: es complejo. En cierta medida, concuerdo con varios de los aspectos que se han tocado acá, pero hay matices, y esos matices son importantes porque uno de los elementos claves, yo lo mencioné, es lograr un consenso en nuestras visiones, porque no se trata de pensarse como iluminados que van a generar una solución. Para mí, el tema económico sigue siendo uno de los temas centrales, sobre todo en un país que no ha alcanzado el nivel de desarrollo y que no ha alcanzado a cubrir las necesidades básicas de su población. No es lo único, sin duda, pero es crucial. Lo que hemos tenido en estos últimos años es una exacerbación de los elementos económicos y en eso estoy absolutamente de acuerdo. Cualquier idea de cambio va a encontrar necesariamente férrea oposición de quienes hoy han sido beneficiados de forma absoluta por este modelo, y que cuentan no sólo con el respaldo de un número de individuos, sino que también con el respaldo de los medios de comunicación, de las Fuerzas Armadas. Creo que hay que centrarse en romper la hegemonía del modelo económico neoliberal, generar una forma de relacionarnos que sea distinta, que releve la importancia de lo público.
Claudio Gutiérrez es profesor titular de la Universidad de Chile e investigador senior del Instituto Milenio Fundamentos de los Datos.
Adriana Bastías: creo que el actual modelo se caracteriza por una alta concentración del ingreso y del poder económico, que va ignorando unas desigualdades bastante generalizadas. Pensando en la crisis ambiental, específicamente, somos altamente dependientes del carbono, hemos depredado nuestros recursos naturales. Lo que estamos produciendo requiere una baja tecnología porque estamos extrayendo recursos: no hemos creado un valor agregado a lo que estamos produciendo. Me gustaría mencionar que el modelo de desarrollo que se discuta y sobre el cual se llegue a acuerdo debería generar mecanismos de participación democrática por parte de los territorios, actualmente son casi inexistentes y creo que es necesario descentralizar las decisiones. Sin duda, tenemos que discutir el término del derecho a la propiedad, que en la actual Constitución está muy arraigado y ve al agua como propiedad. Tenemos que discutir para ver si llegamos al consenso de que eso no debiese ser así y que debiese ser considerado un bien universal, un bien de todas y todos.
Claudio Gutiérrez: para cambiar el modelo se necesita, decía bien el vicerrector, mayorías, se necesita una conciencia generalizada de los cambios. Mi impresión es que el 18-O es exactamente esa conciencia generalizada de la gente, que dijo “no va más”. Si no tenemos eso, no hay posibilidad siquiera de cambiar nada. ¿Qué cambios se quieren? Aquí hay dos tipos de cambios, bueno, hay muchos, pero voy a insistir en dos tipos de cambios: de demandas materiales, querer mejorar los sueldos, querer otro tipo de salud, querer otro tipo de educación; y otro ámbito de demandas fundamentales que tienen que ver con la dignidad. En Chile, cuando te encuentras con alguien, lo jerarquizas, está arriba tuyo o está abajo; si está arriba tuyo, le hablas despacio, si está debajo, le gritas. Yo no olvidaría, cuando hablamos de cambiar el modelo, de esos dos bloques: los cambios materiales y los de dignidad de las personas. Desgraciadamente, no tengo la varita mágica para decir cómo hacerlo, pero creo que la clave acá son mayorías y convencimiento de que los cambios hay que hacerlos. Creo que lo fundamental ahora es convencer a la gente de que esos cambios son posibles.
Adriana Bastías: una última cosa. Sin duda, la desigualdad de género es algo que se ha hecho patente y se ve con fuerza en Chile y en el mundo, no es casualidad que un movimiento como Lastesis haya surgido en Chile y se haya replicado en el mundo. Ahí hay una desigualdad y una molestia generalizada que es evidente y que también debiese considerarse, y esperamos que se tome en cuenta en el proceso constitucional. Eso va generando cambios, cambios que ojalá se vean y sean evidentes en un modelo de desarrollo que sea menos desigual o que genere menos desigualdad de la que se ha creado en Chile.
Quiénes son
Flavio Salazar. Vicerrector de Investigación y Desarrollo y Profesor Titular de la Universidad de Chile. Director alterno del Instituto Milenio de Inmunología e Inmunoterapia. Ha participado en diversas sociedades científicas y es ex presidente de la Sociedad Chilena de Inmunología y ex presidente de la Asociación Latinoamericana de Sociedades de Inmunología.
Adriana Bastías. Doctora en Ciencias mención Ingeniería Genética Vegetal de la Universidad de Talca y bioquímica de la Universidad Austral de Chile. Docente de la Universidad Autónoma de Chile. Actualmente es la presidenta de la Red de Investigadoras, una asociación que promueve la equidad de género en la investigación en todos los ámbitos del conocimiento.
Claudio Gutiérrez. Profesor titular de la Universidad de Chile en el Departamento de Ciencias de la Computación e investigador senior del Instituto Milenio Fundamentos de los Datos. Es Licenciado en Matemáticas por la Universidad de Chile, Magíster en Lógica Matemática de la Universidad Católica de Chile y Ph.D. en Computer Science en la Wesleyan University, Estados Unidos.
Hemos dedicado bastante reflexión a los motivos de la derrota que sufrió la UP en 1973. No ha sido ni será tiempo perdido, pero es también indispensable preguntarse cómo fue que la izquierda triunfó en 1970 y buscar en la respuesta posibles hilos de inspiración para las batallas venideras.
Por Jorge Arrate
Hay muchas razones para conmemorar eventos históricos. En el caso del triunfo de Allende el 4 de setiembre de 1970, hace medio siglo, la principal es que esa victoria fue la culminación de una lucha larga cuyo objetivo explícito era cambiar el signo del poder dominante en la sociedad chilena. La Unidad Popular y su proyecto ha sido el único intento cabal, en más de doscientos años de Chile republicano, por impulsar una transformación igualitaria y radical en el modo como convivimos los chilenos.
Hemos dedicado bastante reflexión a los motivos de la derrota que sufrió la UP en 1973. No ha sido ni será tiempo perdido, pero es también indispensable preguntarse cómo fue que la izquierda triunfó en 1970 y buscar en la respuesta posibles hilos de inspiración para las batallas venideras. Para ello hay que indagar cómo se desarrolló el ciclo anterior hasta que alcanzó la gran victoria de hace cincuenta años. No se trata de buscar un prototipo o de calcar los principales rasgos del movimiento popular de entonces. El pasado no es profecía del futuro. Entonces, a lo que podemos aspirar es a, una vez consideradas las grandes diferencias entre ayer y hoy, encontrar un acicate para innovar, renovar, inventar la mejor forma de luchar hoy, en el siglo XXI.
Desde Recabarren a Allende el movimiento popular (así se le llamaba) engrosó sus filas en un trayecto lleno de avances y retrocesos, de acuerdos y rupturas. En cada lugar que visitaba, Recabarren echaba a andar un partido, el POS, creaba un sindicato, iniciaba la publicación de un periódico e instaba a la creación de una “filarmónica” para desarrollar la cultura y atender a las necesidades de recreación de los obreros y sus familias. Por su parte, los anarco-sindicalistas desarrollaban un poderoso instrumento de lucha: las sociedades de resistencia, cuya arma era la huelga. En el extremo sur, en Punta Arenas y Puerto Natales, emergía una veta socialista autóctona que en 1933 se fundiría en la naciente organización nacional. El movimiento popular creció y se configuró en el desarrollo simultáneo de los partidos de trabajadores, el Partido Comunista y el Partido Socialista, y las corrientes sociales cuyos protagonistas eran los sindicatos y los estudiantes y, más tarde, las organizaciones de arrendatarios y pobladores. Grupos de mujeres levantaron desde comienzos de siglo las primeras banderas feministas.
Un rasgo relevante del movimiento popular fue la generación de una amalgama entre lo político y lo social, en que ambas dimensiones se fundieron en un haz de fuerza en que los partidos ejercían la conducción política. Las cuatro candidaturas presidenciales de Allende fueron momentos de reiteración de una propuesta socialista y de los modos de propiciar su avance. Un segundo atributo significativo, que se consolidó en paralelo al crecimiento del “allendismo”, fue la manera de enfrentar las diferencias en un movimiento que no era uniforme y cuyos integrantes tenían, sobre ciertos tópicos, puntos de vista encontrados.
El movimiento popular chileno, como toda obra humana, tuvo insuficiencias e imperfecciones, pero su potencia residía en estas dos características esenciales: uno, nunca admitió una separación entre la lucha política y la lucha social, que eran una sola y misma tarea. Dos, aprendió duramente a converger sin renunciar a las diferencias legítimas, que se debatían públicamente, y que, en definitiva, no fueron obstáculos, sino factor de enriquecimiento.
En el último medio siglo, el mundo, América Latina y Chile han vivido cambios radicales. Con el desmoronamiento de la experiencia socialista que encabezó en Europa y Asia la Unión Soviética, el retroceso de la socialdemocracia europea y el consiguiente apogeo del mercantilismo neoliberal, el mapa geopolítico, económico y cultural ha cambiado sustancialmente. La riqueza y el ingreso se han concentrado en los países más ricos y, dentro de cada país, rico o pobre, en los sectores de más alto ingreso.
En Chile, el impacto de la derrota de 1973, del retroceso internacional de las ideas socialistas, de la acción exterminadora de la dictadura y su perfil autoritario-comercial y de la interminable transición a la democracia que discriminó a un sector de la izquierda y restó fuerza a las organizaciones sociales, confrontó a los herederos de Allende con nuevos desafíos. En medio siglo no se han repuesto las condiciones que hicieron posible el éxito del movimiento que expresó la Unidad Popular: el mundo político en general y amplios sectores de la izquierda perdieron paulatinamente los lazos que debían amalgamarlo con los movimientos sociales, tanto los históricos como los emergentes, como el movimiento ecologista, el feminismo de masas, el que aglutina las demandas de diversidad sexual o los que representan las aspiraciones de los pueblos originarios. Por otra parte, la izquierda se ha enriquecido con la emergencia de nuevas organizaciones partidistas, pero no ha logrado conciliar sus diferencias. Hasta ahora emprende con timidez tareas convergentes, pero sin profundizar en la elaboración de un proyecto común y de una estrategia para impulsarlo.
El levantamiento popular o “estallido” del 18-O ha abierto un nuevo capítulo en este ciclo que está en curso y pareciera que ha logrado despertar energías dormidas capaces de superar objetivos exigentes. Una vez más, la historia demuestra que sus caminos no son fáciles de predecir. Sin mediar una crisis económica clásica o una crisis política abierta, las ideas de libertad, justicia, igualdad y dignidad abrieron su propio camino, más allá de los cauces tradicionales, como un caudal que hace caso omiso al surco establecido y abre nuevos trayectos, distintos, múltiples, heterogéneos, si bien convergentes en torno a un conjunto de ideales compartidos. El 18-O sumó trabajadores y desocupados, jóvenes sin posibilidad de estudio o trabajo y multitudes de estudiantes universitarios y secundarios, mujeres cansadas del abuso y sometimiento, adultos mayores indignados con la baja consideración social que se les depara, personas afiliadas a muchísimas diversas organizaciones de base, también mujeres y hombres que concurrieron a las protestas en su condición de individuos y movidos por un impulso espontáneo. Al mismo tiempo, mientras el 18-O mostró la indignación ciudadana ante los perfiles, en buena parte ocultos o disimulados, de nuestra convivencia nacional, la pandemia que se desató en marzo pasado los puso en evidencia, como si Chile hubiese decidido montar una exposición de sórdidas inequidades, abusos y privilegios largo tiempo escondidos por un velo erigido a fuerza de la repetición e imposición del credo neoliberal.
La carencia de un vínculo activo y fluido entre las organizaciones políticas y la compleja sociedad y el fraccionamiento del vector de conducción, que han limitado al movimiento popular en los últimos decenios, no apagaron el fuego del descontento popular y la demanda por otro modo de vivir. El vacío se ha llenado con el resplandor de plurales destellos de lucha y creatividad, en que los jóvenes, las mujeres, las nuevas generaciones portadoras de conciencia ecológica y de respeto por nuestros orígenes, emergen como grandes protagonistas.
La historia nos dice que hay muchas maneras de lidiar por una sociedad mejor y que en cada tiempo surge un diseño que nunca es copia del anterior. Estamos presenciando, a cincuenta años del gran triunfo de Allende y de la izquierda en 1970, el desarrollo de un nuevo ciclo impulsado por un nuevo pueblo que tiene la tarea de establecer su derrotero y modos de luchar. Innovación, renovación, creatividad aplicadas a la vida política y social. ¿Cómo será el “movimiento popular” del siglo XXI? ¿Cómo serán los partidos que lo integren? ¿Cuál será su relación con movimientos y organizaciones surgidas de la vida social?
Para debatir y contestar esas cuestiones cruciales, el movimiento popular que encabezó Allende es una referencia indiscutible. La Unidad Popular enarboló un proyecto, nunca separó los ámbitos político y social de la contienda, supo reconocer las diferencias en su interior y potenciar su significado. Es una historia para inspirarse, no para copiar.
Un fantasma recorre Chile: el fantasma de la discrepancia. Consagrados intelectuales y comentaristas denuncian un clima hostil a la deliberación razonada. Y ponen en el banquillo a las redes sociales y los campus universitarios, al feminismo y a las nuevas generaciones. Aquí, voces reacias al fatalismo desmenuzan el fenómeno. Y observan el asomo de una situación marcada por el claroscuro: una sociedad más activa y deliberante, pero también menos capaz de procesar sus diferencias y encontrar puntos en común.
Por Francisco Figueroa
Nadie en Chile ha muerto por lapidación ni linchamiento en lo que va de 2020, tampoco en años recientes, pero las víctimas de este tipo de agresiones entre los intelectuales parecen ser legión. El sentido, por supuesto, es figurado. Se trataría de “lapidaciones” y “linchamientos” verbales y, en un sentido más estricto, virtuales y hasta anónimos. “Asistimos al terrible espectáculo de la desmesura y la ostentación del odio, que convierten el espacio público en la fosa de un circo romano”, escribió en junio en El Mercurio Cristián Warnken, en una columna que tituló “La epidemia de la intolerancia”, luego de recibir críticas por entrevistar al exministro de Salud, Jaime Mañalich, en un estilo que muchos consideraron complaciente.
Dos meses más tarde, Canal 13 elegía también el tema de la tolerancia para estrenar el retorno del programa de conversación política “A esta hora se improvisa”. Sus panelistas discutieron con constantes referencias a los términos estadounidenses del debate, donde el peso de la “corrección política” estaría asfixiando el ejercicio de la libertad de expresión y dando lugar a nuevas formas de censura, como la ejercida a través de la “cultura de la cancelación”. El concepto, popularizado (y demonizado) por Donald Trump, alude a la práctica de quitar apoyo o boicotear a figuras públicas que ofenden o naturalizan la violencia contra grupos discriminados.
Ilustración de Fabián Rivas.
Pero si hay un hito que marcó la aproximación de muchos intelectuales al problema de la tolerancia en el debate público fue la carta “sobre la justicia y el debate abierto”, publicada en julio por la revista norteamericana Harper’s, en la que más de 150 intelectuales del mundo anglosajón alertan contra lo que consideran una radicalización del debate progresista que degrada su calidad y capacidad de hacer frente al autoritarismo tipo Trump. Que la carta surgiera en buena medida como contrapunto a las formas del movimiento Black Lives Matter, en plena epidemia de brutalidad policial en Estados Unidos, le valió una dura crítica de Judith Butler. En diálogo con la directora de Palabra Pública, Butler calificó la carta como un gesto “paternalista”, que “defiende el elitismo, no la conversación”, añadiendo que las críticas, por duras que sean, son oportunidades para que los intelectuales aprendan de sus errores y ganen más conocimiento.
Palabra Pública consultó a académicos de diversas disciplinas para indagar en qué hay detrás de una controversia que ha encontrado terreno fértil en la discusión pública chilena y que se ha intensificado desde la revuelta social de octubre de 2019.
El valor moral de la indignación
La doctora en Filosofía Política y académica de la Universidad de Chile, María José López, estudia el papel de las emociones en política. Sus trabajos más recientes hacen conversar sobre el asunto a Hannah Arendt, Humberto Giannini y Martha Nussbaum. Desde allí observa el lugar de emociones como la rabia y la indignación, cuya expresión considera “un signo de vitalidad necesario en una democracia”.
“La democracia puede perfectamente acoger la indignación moral y política; debe hacerlo, incluso, porque indignarse por una injusticia, por ejemplo, supone que hay cosas que en una democracia simplemente no se pueden tolerar y está bien descubrir y compartir esos límites, e ir haciéndolos cada vez más claros”, sostiene la académica. López recuerda que, en la tradición filosófica aristotélica, la ira es una emoción clave para la salud de una democracia.
María José López, doctora en Filosofía Política y académica de la Facultad de Filosofía y Humanidades de la Universidad de Chile.
Humberto Giannini, por ejemplo, “da a la ira un especial rol en el descubrimiento de la ofensa moral”, recuerda López, pues no la reduce a una expresión de odio o desahogo, sino que la considera un “índice moral, al señalar una situación de injusticia que debería ser reparada”. Decía el filósofo de la vida cotidiana en Del bien que se espera y del bien que se debe (1997): “La iracundia es la expresión de un resentimiento. Pero también, una forma de liberarse de él”. Ya en los noventa, recuerda López, Giannini era crítico de una democracia de los acuerdos que “neutralizaba las diferencias, paralizaba el diálogo y la expresión democrática. En una cancha mal nivelada, no hay acuerdos ni deliberación, hay ejercicios de fuerzas donde unos imponen y otros ceden, nadie razona. ¿Para qué razonar si tengo la fuerza?”
La filósofa estadounidense Martha Nussbaum ha sido citada con frecuencia en este debate, especialmente a partir de su libro La monarquía del miedo (2019), donde vincula esa emoción con la polarización de la vida pública contemporánea y la degradación de la convivencia en sociedades como la estadounidense. Pero al leerla, sostiene López, no se puede perder de vista que “una de las cosas más importantes que dice es que las emociones políticas no son tontas, no son ciegas, no son ‘irracionales’”. En el esquema de Nussbaum, añade, “la ira nos habla de un mundo injusto, donde existe, sin embargo, la posibilidad de reparación”.
Una esfera intelectual devaluada
“Caracterizar este tiempo por la intolerancia es al menos una hipótesis insuficiente”, asegura el exrector de la Universidad de Valparaíso, Aldo Valle. “La homogeneidad que resulta de la pasividad y de la hegemonía que no deja intersticio alguno para la disidencia que incomoda es mucho peor y es una forma de intolerancia previa”, añade. Valle habla desde su experiencia en una de las instituciones más señaladas por la intelectualidad conservadora como cantera de odiosidad e intolerancia: la universidad. Pero su trayectoria cuenta una historia distinta.
Valle llegó a ser rector de la Universidad de Valparaíso en 2008 como figura de consenso entre académicos y estudiantes movilizados contra las irregularidades de la administración anterior. Y no sólo se mantuvo en el cargo, además presidió el Consorcio de Universidades del Estado (CUECH) entre 2011 y 2015, y el Consejo de Rectores de las Universidades Chilenas (CRUCH) entre 2015 y 2020. Reconocido como persona de consensos por pares, autoridades y estudiantes, considera la conflictividad concentrada en las universidades durante la última década como síntoma de algo mucho más grande.
Aldo Valle, ex rector de la Universidad de Valparaíso.
“En la medida en que graves conflictos estructurales no se abrían a la sociedad de un modo transversal, las universidades eran el espacio para un antagonismo radical en su interior. La revuelta social de octubre de 2019 demostró que lo que ocurría antes y por años en las universidades era una señal de un proceso que envolvía a amplios sectores sociales. Lo que quieren los estudiantes no es tan distinto de la demanda transversal que circula por el país”, reflexiona Aldo Valle.
Paradójicamente, la relevancia de las universidades también podría estar en la raíz del malestar de algunos intelectuales. La masificación de la educación universitaria, piensa Valle, “termina desde luego devaluando el prestigio y reconocimiento que antes proveía y, correlativamente, reservando a una élite ese prestigio social”. Además, asegura, “las tecnocracias no necesitan intelectuales que discrepen o desordenen los discursos, las creencias y las prácticas”. Impera, a su juicio, “un uso privado de la razón. Chile ha vivido largo tiempo sin una esfera de deliberación intelectual y cultural diferenciada y, a la vez, participativa”.
Expresión sin encuentro
Manuel Antonio Garretón, si bien es crítico de los intelectuales que, como Warnken, han calificado posiciones discrepantes como inspiradas “en el odio y el mal”, se niega a reducir el problema a una “victimización de sectores intelectuales más bien de derecha o cercanos al poder”. El sociólogo y Premio Nacional de Humanidades y Ciencias Sociales piensa que “en la sociedad chilena sí hay un problema de intolerancia”.
“La intolerancia a aquello que contradice los grandes valores que la humanidad ha ido aceptando consensualmente como irreversibles e indiscutibles, es un avance civilizatorio”, dice Garretón. El problema, sostiene, es cuando en una sociedad no hay “condiciones para desarrollar y debatir las posiciones diferentes”, lo que iría asociado “a la disponibilidad de recursos institucionales, comunicacionales e intelectuales para desarrollar esas diferencias y la creación de espacios de encuentro entre las diferencias”.
Manuel Antonio Garretón, sociólogo y Premio Nacional de Humanidades y Ciencias Sociales.
Para Garretón, el drama de la sociedad actual es la ausencia “de instituciones que vayan cristalizando las opiniones y resolviendo aquellas diferencias que son necesarias de resolver para la toma de decisiones”. La intolerancia en la sociedad industrial, señala, se daba “entre cuerpos sociales que contaban con mediaciones ideológicas o institucionales como el sistema de partidos”. Esas mediaciones estarían ausentes en lo que llama “sociedad digital”.
Estamos pasando, postula el sociólogo, “a un tipo de sociedad en la cual las mediaciones institucionales necesarias y los espacios de encuentro entre diversidades son espacios de expresión, sin el momento del encuentro. Entonces, desde mi tribu digital, soy muy tolerante, porque no las escucho ni las leo, claro que cuando aparecen, no las acepto”. No es un problema de “confianza en las instituciones”, remata. “El problema es mucho más profundo: no las necesito”.
El negocio de la polarización
Con la masificación de las plataformas de redes sociales, “efectivamente hay un giro en lo que entendemos como esfera pública”, asegura Patricia Peña, periodista y académica del Instituto de la Comunicación e Imagen de la Universidad de Chile. Su aproximación al impacto de estas plataformas en la vida pública, asegura, sigue la actitud de Umberto Eco: “ni apocalíptica ni integrada. El gran problema es que habíamos olvidado que estas plataformas son empresas y que la moneda de cambio somos nosotros”.
El despegue de Twitter, Facebook y WhatsApp se dio en Chile a partir del terremoto de 2010, asegura la investigadora, cuando muchas personas se abrieron cuentas para hablar e informarse sobre la catástrofe, “época, además, en la que era muy influyente una corriente positivista que veía estas plataformas como herramientas democratizadoras, y avanzaba la pérdida de credibilidad de los grandes medios de comunicación”. Pero no fue sino hasta el escándalo de Cambridge Analytica, en 2015, añade, que nos dimos cuenta de que “en estas plataformas se daba una manipulación y polarización de la opinión pública”.
Patricia Peña, periodista y académica del Instituto de la Comunicación e Imagen de la Universidad de Chile.
“La polarización tiene que ver con el juego que se hace en estas plataformas, que te meten en burbujas donde la realidad es negra o blanca y los matices no funcionan”, explica Peña. “Son dinámicas con las que terminas validando tus propias creencias. Si busco información sobre el proceso constituyente y tengo una cierta inclinación, voy a encontrar información que la refuerza. Termino leyendo de acuerdo a lo que yo creo, no me vinculo con toda la diversidad de otras opiniones. Ese es el efecto más perverso”, asegura.
Sin embargo, la académica advierte contra el peligro de caer “en la tentación en la que cayeron los autores del informe Big Data, según la cual estas plataformas tenían la fuerza para ser una de las causas del estallido social”. Más relevante que el impacto directo de estas plataformas, cuyo acceso sigue siendo acotado en la población, es su relación con los medios, sostiene la periodista. “Twitter y la televisión se empiezan a llevar demasiado bien. Los softwares de escucha social, el monitoreo de hashtags, que estaban hechos para medir evaluación y posicionamiento de marcas, se empiezan a usar como una suerte de people meter. Y allí viene la crítica constructiva que uno puede hacer: ¿qué está validando el medio televisivo cuando dice ‘se dijo en redes sociales’?”.
Otra dimensión problemática, asegura Peña, es que “este Internet de las plataformas es un Internet muy patriarcal, está hecho y diseñado por hombres blancos, del norte, con una cierta educación”. Una de las implicancias de este sesgo de género, agrega, “tiene que ver con el consentimiento. Que nos acostumbráramos a bajar aplicaciones sin leer los términos y condiciones y decir acepto, acepto, acepto, es lo que hoy cuestiona el movimiento feminista. Tenemos que cuestionar esta cultura del no consentimiento, muy engañosa y patriarcal. Tenemos que ser capaces de reapropiarnos de Internet, que esta no es la única forma de crear una plataforma de red social”.
¿Aprender a vivir en el conflicto?
“Me parece que cuando se habla tanto de las formas de la discusión y del disenso se olvida el fondo. La democracia es conflicto”, asegura María José López. “El conflicto también es necesario y parte de la riqueza de la misma experiencia de la diferencia vivida que debería ser propia de una democracia. Pero hay que aprender a vivir en el conflicto, hay que aprender a discutir en serio, hay que educarnos en la discrepancia y eso va a demorar tiempo y va a requerir ganas y voluntad”.
