Presentamos esta nueva revista, Palabra Pública, con la cual la Universidad de Chile quiere invitar a una conversación y proponer un encuentro que convoque constructivamente tanto al conjunto de nuestra comunidad universitaria como al país.
Se trata de contribuir a reinstaurar una primacía para las palabras. Resituarlas, pues parecería que han sido desplazadas y sobrepasadas y que, también ellas, habrían pasado a cumplir un rol subsidiario dentro de la vida nacional. El poder crea realidades, especialmente el poder económico. Entre las realidades que este puede crear está el poder político.
La idea de verdad se vincula intuitivamente al resultado del ejercicio de intercambiar y contrastar palabras. Alternativamente, las palabras pueden servir para justificar decisiones ya tomadas, verdades ya declaradas, por estimarlas las más convenientes para quien habla y, frecuentemente, ordena. Las palabras van siendo arrinconadas, restringidas, subordinadas a intereses.
En un discurso en la Universidad de Columbia, al celebrarse los 50 años de la caída del nazifascismo, Umberto Eco afirmaba: “Todos los textos escolares nazistas o fascistas se basaban en un léxico pobre y una sintaxis elemental, con el fin de limitar los instrumentos para el razonamiento complejo y crítico”.
Lograr que el poder político se independice del económico es un objetivo de la mayor importancia para todos. A su actual subordinación parece haber contribuido como causa el debilitamiento de la potestad de las palabras. Al mismo tiempo, este último se puede entender como un resultado de esa subordinación. Devolverles preponderancia a las palabras debiera ayudar a devolverle altura a nuestros foros cotidianos.
La afirmación de que una figura vale más que cien palabras puede tener un significado alternativo: en una campaña electoral los costosos carteles con retratos copando las calles priman sobre las propuestas programáticas. Hace ya varios años, cuando Craxi, quien entre otros cargos fuera eurodiputado, con claridad inaudita hablaba del nuevo financiamiento de la política, nos reímos de lo que considerábamos una osadía. En retrospectiva, hubiera sido mejor tomarlo en serio.
Hay otra acepción del término palabra, con la cual también nos identificamos, que se refiere a un compromiso en conciencia que habrá de cumplirse sin requerir de acciones coercitivas. En un cierto sentido, la gratuidad de la educación superior representa eso. Representa la confianza en que el entregarle educación gratuita a un joven genera en él un compromiso con la sociedad que le permitirá seguir una carrera, que él sabrá retribuir.
Queremos que esta revista permita una mayor vinculación de la Universidad con la sociedad y que también sea una herramienta para que el público conozca, valore, juzgue y participe de nuestras tareas.
El que esta revista aspire a constituirse en una palabra pública, la hace plural, ciudadana, perteneciente a todos, contribuyente de la cohesión social. Preocupada del bien común. Afín a la historia, a los objetivos de nuestra Universidad.
La querella presentada por la ciudadana Michelle Bachelet en contra de la revista Qué Pasa por la publicación de una nota en la cual un oscuro operador la involucraba en el caso Caval, no sólo abrió un debate en torno a la libertad de expresión y el derecho a la honra, recogido profusamente por los medios de comunicación. También provocó, aunque de manera acotada, que la escandalosa concentración de la propiedad de los medios en manos de unas cuantas familias, que además comparten una similar visión política y cultural de la sociedad, fuera esgrimida como argumento por quienes en las últimas dos décadas y mientras fueron gobierno, nada hicieron para impedirla.
De ahí que la reflexión efectuada por la Presidenta de la República al día siguiente de presentada la querella: “hay una libertad limitada cuando la libertad de expresión está en manos de unas pocas familias”, para muchos no pasó inadvertida. Sobre todo entre quienes por años hemos insistido en que una de las grandes deudas de los gobiernos de la Concertación con el fortalecimiento de la democracia y la constitución de ciudadanía ha sido precisamente este punto.
En ese escenario se inscribe Palabra Pública. Porque la que hoy presentamos es una revista que asume como premisa que la libertad de expresión y la diversidad de medios de comunicación que contengan discursos y miradas plurales son esenciales para medir el espesor de una democracia. Al mismo tiempo, se trata de una publicación que tiene por objetivo instalar conversaciones que efectivamente enriquezcan y densifiquen el espacio donde se produce el diálogo ciudadano.
Qué duda cabe: tanto el pluralismo como la diversidad resultan factores centrales de la libertad de expresión.
Esta nueva apuesta editorial de la Universidad de Chile cierra el ciclo de la iniciativa que la precedió, “El Paracaídas”, y abre otro intentando ampliar el espectro de lectoría tanto dentro como fuera de la Universidad, invitando así a un diálogo donde “lo público” sea percibido como inherente al ethos republicano y no un atributo secundario transable en las leyes del mercado.
De allí la variedad de nombres que fortalecen el Consejo Editorial de esta revista, al que se han sumado académicos, investigadores e intelectuales provenientes de diversas áreas del conocimiento de nuestra Universidad. Por ello también la existencia en cada número de un dossier dedicado a un tema central que profundiza en argumentos para alimentar un debate como lo es, en esta oportunidad, el rol de las universidades estatales.
Si “la Chile” piensa en Chile, nuestro desafío es expresarlo no sólo en las aulas, las investigaciones, o la extensión, sino además en sus medios. De eso trata Palabra Pública.
“Necesitamos un canal conectado con los nuevos tiempos, que esté donde están las audiencias y que sea capaz de convocarlas. La generación de contenidos de la señal pública tiene que estar presente en una diversidad de formas, aire, cable, OTT, web, motores de búsqueda, etc. Las nuevas tecnologías generan nuevas formas de convivencia entre los medios audiovisuales y crean un escenario de múltiples operadores en televisión abierta e infinitos en internet.”
Por Nicolás Acuña
La televisión está viviendo una transformación profunda. El advenimiento del mundo digital segmentó aceleradamente las audiencias. La pelea por la atención del público que golpeó a la televisión abierta en los ‘90 con la penetración del cable aumentó sus dificultades con la entrada de los OTT (Over the Top Contents, es decir, contenidos en la nube) como Netflix y servicios online como YouTube.
Hoy no sólo los diarios enfrentan el mundo de un ciudadano = un medio, sino que también la televisión en Chile y el mundo.
Los más golpeados son los canales de televisión abierta, cuyo modelo de negocios se basa en generar grandes volúmenes de audiencia transversal y amplio alcance. Con la segmentación de las audiencias eso será cada vez más difícil.
Es en ese contexto y de manera muy tardía donde aparece la televisión digital terrestre en Chile (TDT). Es una nueva forma de ver y de trasmitir señales de televisión. Básicamente, la tecnología permite que quepa más contenido en el ancho de banda donde antes sólo podía existir una señal HD, es decir, gracias a esta tecnología podrían existir más canales y con mejor definición.
La idea es que los canales que hoy conocemos tengan más de una señal, y en vez de siete, podríamos tener 12 canales de TV abierta y gratuita. Estos podrían llegar incluso a subdividirse en dos o tres si se opta por una más baja calidad de imagen. Nuestra ley de TDT llegó muy tarde y ya suena extemporánea. La verdadera revolución de la televisión está ocurriendo en internet. Las nuevas plataformas de contenidos audiovisuales, como las OTT (Netflix, Fox Play, Amazon) y los motores de búsqueda (Google, YouTube), representan un desafío gigantesco para el ecosistema mediático. No sólo la forma de ver televisión cambió (desde “miro lo que me dan” a “veo lo que quiero, cuando y donde quiero”), sino que también los contenidos y el modelo de negocio.
Chile, donde la mayoría ve televisión a través de un operador de cable, pareciera que tener más canales de alta definición gratis y nuevos actores en un mercado muy cerrado y competitivo no es un buen negocio. Esto podría explicar en parte el retraso de este proyecto en el Congreso.
Los canales de señal abierta existentes están viviendo momentos complejos y de profunda reestructuración. ¿Qué incentivo tendrían para multiplicar su problema?
El escenario actual es muy complejo para los canales tradicionales. Todos están en rojo, menos MEGA, que con millonarias inversiones y apropiándose del área dramática de TVN y del equipo de programación de Canal 13, logra pequeñas utilidades en relación a la inversión. Los canales agrupados en ANATEL entraron en crisis cuando los grandes consorcios económicos compraron señales de TV abierta (CHV, MEGA, C13).
La búsqueda por liderar el mercado en el menor tiempo posible y asegurar influencia elevó los costos a niveles que la TV chilena desconocía. Eso, sumado a una audiencia cada vez más segmentada y menos fiel y, por ende, a la dispersión de la inversión publicitaria en nuevas plataformas, creó la tormenta perfecta.
En 2014 Canal 13 perdió casi 20 mil millones de pesos; el 2015 el más afectado fue TVN, con pérdidas que superaron los 27 mil millones. En el caso del canal estatal esta pérdida no fue por aumento de costos, sino por una disminución de ingresos por concepto de publicidad de más del 50 por ciento en menos de seis meses.
Este escenario plantea no sólo una crisis financiera, sino que pone en entredicho la necesidad de tener un canal público.
La televisión pública es un atributo diferenciador, no una limitante. Los Indicadores de Desarrollo Mediático de la Unesco reflejan la relevancia de que existan medios públicos, privados y comunitarios, ya que son uno de los pilares de la convivencia democrática.
Un canal público crea sentido de nación, democratiza el acceso a contenidos de calidad y se preocupa de la ciudadanía que el mercado deja de lado: niños, adultos mayores y minorías, entre otros.
El miedo a que el canal estatal actúe como una prolongación del aparato comunicacional del Gobierno parece una justificación para que siga funcionando como hasta ahora. Existen innumerables ejemplos en el mundo de canales públicos independientes de los gobiernos: BBC, PBS, TVNZ, TV pública de Canadá y muchos más. También existen ejemplos de canales gubernamentales que son aparatos comunicacionales del gobierno de turno. Nadie está proponiendo eso para TVN y en este escenario medial sería un canal sin audiencias.
La verdad es que en los últimos años la ley que determina el autofinanciamiento ha hecho que TVN se diferencie muy poco de los otros canales del mercado. Sus señales regionales, la señal internacional y algunas horas de programación cultural son esfuerzos financieros importantes que realiza TVN y cargas que sus competidores no tienen. Pero el esquema de financiamiento a través de la publicidad, que exige grandes volúmenes de rating, ha impedido que la señal estatal cumpla con su rol de canal público, que implica, por ejemplo, atender a las audiencias que el mercado tiene abandonadas, como los niños.
Las preguntas esenciales en este debate son ¿necesitamos un canal público? ¿Queremos asegurarnos de que haya un medio masivo que no dependa de un grupo económico, que atienda a los grupos más vulnerables de la sociedad, que asegure para los públicos más inquietos pero sin acceso al cable, buena programación, que enfatice lo chileno, que recorra nuestra historia en distintos formatos, que mantenga nuestro idioma?
Y la segunda pregunta es ¿cómo garantizar que un canal sea realmente un medio público? Es fundamental su independencia del gobierno de turno, del poder político y del mercado. Hay decenas de medidas que podrían tomarse para garantizar la independencia de TVN más allá de quien pague sus cuentas. Hoy las pagan los avisadores, que también han tratado de influir con sus presiones.
Se puede garantizar la pluralidad de sus contenidos, la imparcialidad de su programación. Varios de los canales mencionados anteriormente realizan una rendición de cuentas a la población y a sus parlamentos, además de utilizar mecanismos de evaluación de calidad, audiencias, alcance y aprobación.
Un canal financiado por el Estado, bajo estos parámetros, garantizaría la producción de contenidos regida por el interés público y no por estándares comerciales.
Necesitamos un canal conectado con los nuevos tiempos, que esté donde están las audiencias y que sea capaz de convocarlas. La generación de contenidos de la señal pública tiene que estar presente en una diversidad de formas, aire, cable, OTT, web, motores de búsqueda, etc. Las nuevas tecnologías generan nuevas formas de convivencia entre los medios audiovisuales y crean un escenario de múltiples operadores en televisión abierta e infinitos en internet.
Antes, la escasez de la TV estaba dada por la distribución. Hoy el desafío ya no es ése, sino generar la fuerza creativa y los recursos que aseguren calidad sin tan alto costo. Los más beneficiados con la TDT serán aquellos que podrán acceder a calidad HD y tal vez a más señales sin tener que pagar a un cable operador, y quizás sea posible el ingreso de nuevos actores a la creación de contenidos. Con esto se democratizará en parte el acceso a la información y la protección de la diversidad. Ya no son esos atributos exclusivos de los canales públicos y es por esto que un generador de contenidos financiado por el Estado tiene que ser de excelencia y sus estándares tienen que ser muy superiores a los de los canales privados. Debe ser un canal de calidad, representativo, imparcial y plural, como lo es la BBC en Reino Unido.
La firma de la indicación sustitutiva que modifica el estatuto de TVN y crea un canal cultural educativo de libre recepción, gratuito y sin publicidad, genera inmensas expectativas en el medio audiovisual. En régimen tendría que crear gran cantidad de proyectos para los productores independientes. Esto ayudaría a levantar un sector que se encuentra en un momento de mucha inestabilidad. Pero, sobre todo, la creación de este canal es una tremenda oportunidad para que Televisión Nacional de Chile pueda cumplir con su misión pública: promover y difundir los valores democráticos, los derechos humanos, la cultura, la educación, la participación ciudadana, la identidad nacional y regional, la multiculturalidad, el respeto y cuidado del medio ambiente, la tolerancia y la diversidad.
“Resulta indispensable reconocer la necesidad imperiosa de avanzar en el establecimiento explícito de una política de Estado de cohesión y desarrollo regional del talento, con sus respectivos instrumentos y recursos, para generar mejores oportunidades en todos los territorios.”
